Texto: Carolina Amaya

A la altura del kilómetro 56 de la carretera hacia San Luis La Herradura, una calle llena de baches es la puerta de entrada al Centro Integral de Desarrollo Comunitario La Herradura. Son las tres y media de la tarde y el olor a cloaca golpea con la misma fuerza con la que se sienten los rayos del sol en esta zona costera de La Paz, uno de los departamentos más calurosos ubicados en el centro de El Salvador, que alcanza temperaturas arriba de los 33 grados.

Al fondo de la calle principal de esta comunidad que está llena de un fino polvo, un grupo de niños se cuelga de un puente que cruza el arroyo Las Micas. El agua parece limpia, pero los niños gritan que está “chuca”, un localismo para decir que está sucia, contaminada.

Por más tentador que sea, los niños no pueden mojarse en el riachuelo. Ahí van a dar las aguas negras que forman parte de su cotidianidad; las mismas que inundan calles y casas cuando las tuberías colapsan, algo recurrente desde 2012, año en el que la planta de tratamiento dejó de funcionar y la vida en esta comunidad del municipio de Santiago Nonualco cambió.

Los niños conocen al hombre de 56 años que vive con su esposa en la sección llamada Polígono C del Centro Integral de Desarrollo Comunitario, mejor conocido como CIDECO La Herradura. Se llama Óscar Maravilla y cada vez que las aguas negras comienzan a salir por los baños o coladeras de las casas, él hace honor a su apellido: entra a los colectores y con la ayuda de una pequeña máquina de bombeo, drena las aguas negras hacia el arroyo Las Micas. Cada vez que realiza ese trabajo, el hombre recibe lo que reúnen sus vecinos: entre 5 y 20 dólares.

Hace casi dos décadas, la Fundación CIDECO El Salvador construyó esta comunidad; su creación tuvo como objetivo brindar viviendas a las familias de San Luis La Herradura y Santiago Nonualco, en el departamento de La Paz, que resultaron damnificadas por los terremotos que afectaron a El Salvador en enero y febrero de 2001. Con los sismos más de un millón y medio de salvadoreños perdieron sus hogares. La Paz y La Libertad fueron los departamentos más afectados.

En diciembre de 2004, la entonces entidad estatal conocida como Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local (FISDL) donó a Fundación CIDECO 110,195.47 dólares para, entre otras cosas, construir el sistema de agua potable e instalar la planta de tratamiento de aguas residuales en la comunidad.

En 2012, la fundación desmanteló el sistema de agua potable y abandonó la planta de tratamiento. Desde entonces, las 227 familias de la comunidad instalaron sistemas para extraer agua del subsuelo y compran la que utilizan para beber. Además, tienen que lidiar con las aguas negras que brotan cotidianamente de cada agujero de la urbanización.

En El Salvador, los habitantes del CIDECO La Herradura no son los únicos que tienen plantas de tratamiento de aguas residuales que no funcionan. Estas instalaciones que, en teoría, tendrían que evitar la contaminación del agua y prevenir problemas ambientales y de salud, se transforman en todo lo contrario, a partir de que se les abandona y no se les da mantenimiento.

Desde 1987, El Salvador —país que no ha ratificado en su Constitución el derecho humano al agua y el saneamiento—  cuenta con reglamentos y leyes que le permiten al Estado exigir plantas de tratamiento a nuevas urbanizaciones y a empresas que descargan aguas residuales. Pero más del 95 % de las aguas residuales domésticas se descargan sin ningún tratamiento, según el Plan Nacional de Saneamiento elaborado en 2015. En este informe, que el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) entregó vía acceso a la información, la dependencia reconoce que los escasos sistemas de saneamiento que existían, no cumplían con los límites de contaminación permitidos en la normativa vigente.

En 2017, la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA) elaboró un nuevo Plan Nacional de Agua Potable y Saneamiento de El Salvador. En el documento, la institución registró 197 plantas de tratamiento de aguas residuales en el país, de las cuales 61 contaban con tratamiento previo al vertido, es decir que 136 plantas contaminan ríos o quebradas.

Entre 2016 y 2021, el Juzgado Ambiental de San Salvador ordenó medidas cautelares —acciones para prevenir un daño ambiental— en contra de propietarios públicos y privados de 23 plantas de tratamiento, en cuatro de los siete departamentos sobre los cuales tiene jurisdicción el juzgado, de acuerdo con información de la Corte Suprema de Justicia.

En 21 de esos casos, el juez Rafael Menéndez —uno de los jueces removidos a inicios de este año tras emitir fallos contrarios al gobierno del presidente Nayib Bukele— solicitó la suspensión inmediata del vertido de aguas residuales a ríos. En las inspecciones, el juez ambiental y el equipo técnico de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) —conformado por químicos, agrónomos forestales, técnicos en saneamiento ambiental y otras especialidades— descubrieron que solo una de las 23 plantas funcionaba en forma adecuada.

El juez envió 22 expedientes a la Fiscalía General de la República (FGR) para que los procesara por el delito de contaminación ambiental, que se castiga con cárcel de cuatro a ocho años. Entre esos expedientes se encontraba el de la planta de la Fundación CIDECO; en este caso, el juez determinó que estaba abandonada.

Para esta investigación, El Intercambio realizó solicitudes de información a la Fiscalía para conocer cuántos de estos expedientes terminaron con una condena. La Fiscalía respondió que solo se registraron cuatro condenas por el delito de contaminación ambiental en el periodo de  2017 a 2021, pero no especificó si alguna de ellas era por mal funcionamiento de plantas de tratamiento.

Al revisar los expedientes de las 23 medidas cautelares dictadas por el Juzgado Ambiental, es posible identificar que 15 de las plantas de tratamiento pertenecen a empresas privadas (13 inmobiliarias), cuatro a instituciones del Estado, dos a oenegés y en uno de los casos había infractores públicos y privados.

En El Salvador hay plantas de tratamiento de aguas residuales que son operadas por empresas, gobierno y fundaciones. La entidad pública que opera plantas de tratamiento es la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA), mientras que el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) es la dependencia responsable de supervisar el adecuado funcionamiento de todas las plantas.

En el país centroamericano, por ley, las inmobiliarias deben instalar plantas de tratamiento para asegurarse que las descargas de las aguas negras que producen sus desarrollos urbanos no contaminen los ríos y otros cuerpos de agua. Sin embargo, muchas de estas plantas terminan abandonadas.

En el Área Metropolitana de San Salvador, por ejemplo, existen 43 plantas de tratamiento de aguas residuales de origen doméstico, es decir, aquellas aguas generadas en actividades diarias del hogar. De esas 43 plantas, 26 fueron abandonadas, de acuerdo con datos incluídos en el más reciente Plan Nacional de Agua Potable y Saneamiento de El Salvador, publicado por el ANDA en septiembre 2017. Ahí también se reconoce que el país carece de regulación para el caso de plantas de tratamiento de aguas residuales en abandono, las cuales provocan focos de contaminación y vertidos sin tratamiento a cuerpos receptores, como los ríos.

Picazón y calenturas

La última vez que Maravilla, el vecino de la comunidad CIDECO La Herradura que drena sus aguas negras, se metió a uno de los colectores, tuvo “una picazón en todo el cuerpo y calenturas”. Así lo cuenta María Dolores de Maravilla, su esposa. Por más que se lavaba las manos, el mal olor permaneció por casi un mes. Y, para colmo, perdió un empaque de la máquina que recién había comprado para bombear el agua. “Lejos de ganar, perdí”, se lamenta Maravilla, mientras lava el patio de su casa.

La familia Maravilla fue una de las primeras en llegar a esta comunidad que edificó la Fundación CIDECO El Salvador. Esta organización no gubernamental se integró en septiembre de 2001, cuando 46 empresarios del país donaron 100 dólares cada uno, de acuerdo con el acta de su fundación. Esta ong recibió 2 millones 964 mil doscientos 75 dólares de donativos para construir y entregar viviendas a las familias damnificadas por los sismos, según un informe de la Corte de Cuentas de la República.

Para las 227 familias damnificadas que comenzaron a habitar el desarrollo en 2001, la comunidad CIDECO La Herradura era como un sueño. El centro urbano tenía mercado, clínica, iglesia, colegio y una planta de tratamiento de aguas residuales, recuerda Luis Alonso Hernández, habitante de la comunidad y presidente de la directiva comunal que formaron los vecinos y llamaron Asociación para el Desarrollo Humano Integral y Sostenible (Adhis).

El sueño de la comunidad se rompió en 2012. Los propietarios de las casas cayeron en cuenta de que el documento que firmaron, creyendo que era una escritura de donación, en realidad era un crédito hipotecario. Ese año, un banco amagó con realizar los primeros embargos. Los vecinos presentaron una demanda por estafa y fraude contra Fundación CIDECO y así lograron un acuerdo para que no los desalojaran.

La relación entre la comunidad y la ong se rompió. En ese mismo 2012, la Fundación CIDECO suspendió el suministro de agua potable y retiró las bombas que mantenían en funcionamiento la planta de tratamiento de aguas residuales. Una semana después comenzó la crisis sanitaria en la comunidad: las aguas negras se regresaban por el retrete y las alcantarillas. “Nos echamos una semana limpiando los pozos (colectores)”, recuerda Óscar Maravilla. Desde entonces, el olor de las aguas residuales se instaló en la comunidad.

A 73 kilómetros de donde Óscar Maravilla destapa los colectores de aguas residuales, María de Galeano también padece los estragos de las plantas de tratamiento de aguas residuales abandonadas.

La mujer de 63 años vive en El Corralito, caserío que se encuentra en el municipio de Zaragoza, en el departamento de La Libertad. Cuando era niña, se bañaba en las aguas del río San Antonio.

Cuando recorre la orilla del río, María de Galeano cuenta que aún en verano el San Antonio era caudaloso y de agua transparente. El río hoy sigue siendo vital para ella y las casi 200 familias que habitan en la zona media de la cuenca San Antonio, donde el servicio irregular de agua potable, obliga a que usen el agua del afluente para lavar la ropa y regar sus cultivos.

Aguas arriba, en la cuenca alta se ubica el municipio de Nuevo Cuscatlán, donde viven poco más de 6,800 habitantes. En los últimos años, esa región que se caracterizaba por sus amplias zonas forestales ha registrado un aumento de conjuntos residenciales que descargan sus aguas residuales en el río San Antonio. “Nos echan las aguas negras y, al siguiente día, cuando nos metemos (al río) hay un lodo podrido en el fondo del agua”, dice indignada María De Galeano.

Entre 2012 y 2015, en Nuevo Cuscatlán gobernó Nayib Bukele, actual presidente de El Salvador y quien precisamente vive en uno de los residenciales localizados en ese municipio del departamento de La Libertad. Durante su periodo como alcalde, el boom inmobiliario en la zona siguió con fuerza. En 2014, por ejemplo, Bukele lanzó el programa “Atrayendo inversiones”, que se materializa en su gestión presidencial con la construcción del megaproyecto Ciudad Kalamanda.

Son las nueve de la mañana de uno de los últimos días de noviembre de 2021. El olor fétido se intensifica en las cercanías del riachuelo conocido como quebrada El Ocho o el Sesteadero; ahí es donde una planta de tratamiento descarga las aguas residuales del Residencial Vía del Mar. La historia de este conjunto habitacional data de 1989; es uno de los primeros edificados en la zona alta de la cuenca San Antonio, en Nuevo Cuscatlán.

En 2012, la empresa Vía del Mar dejó de dar mantenimiento a la planta tratadora de aguas del residencial, de acuerdo con las denuncias presentadas por el Foro del Agua, organización civil que defiende el derecho humano al agua y el saneamiento. No se sabe cuánto tiempo la planta funcionó en forma adecuada.

En noviembre de 2017, un equipo técnico del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales inspeccionó la planta. En el lugar no había operarios ni maquinaria en marcha; los técnicos determinaron que estaba abandonada. En el expediente abierto por el Juzgado Ambiental de San Salvador, se consignó que la planta se construyó sin tener un permiso ambiental del MARN y que tenía una tubería subterránea que llevaba las aguas residuales, sin tratar, al río San Antonio.

El 27 de mayo de 2019, el juez ambiental ordenó a la empresa Vía del Mar detener las descargas y realizar “gestiones técnicas para rehabilitar funcionalmente y de manera urgente la planta”. Como respuesta, la sociedad argumentó que trabajaba en una “ampliación de la planta” y que comenzaría un “proceso de donación” de la planta a la ANDA. Hasta enero de 2022, esa donación ni la ampliación no se habían concretado.

Nueve años después de la primera denuncia, el hidrólogo Óscar Ruíz y otros integrantes del Foro del Agua recorren la zona donde se encuentra la planta. Cerca de las nueve y media de la mañana, Balmore García llega al lugar y pone en funcionamiento la maquinaria de la planta; el hombre se presenta como trabajador de la familia Alvarenga, la cual forma parte de la junta directiva de la empresa Vía del Mar.

El hidrólogo Ruiz se extraña al ver la planta funcionar después de tanto tiempo, por lo que con detenimiento observa lo que hace el operador. Balmore asegura que la planta funciona bien desde hace años y que “todo el tiempo se le da mantenimiento”. Sus palabras no concuerdan con la documentación realizada en los últimos años por los integrantes del Foro del Agua. Ellos aseguran que esa planta de tratamiento, en realidad, no funciona. El expediente judicial por la planta abandonada de Vía del Mar, incluso, seguía abierto hasta finales del 2021.

De los 23 expedientes que El Intercambio revisó para esta investigación; 13 son por plantas de tratamiento que funcionan en el departamento de La Libertad y que, de acuerdo con los documentos, contaminan varios ríos, entre ellos el San Antonio y Jute. Una de esas plantas está a cargo de una dependencia del gobierno salvadoreño: la ANDA.

En la década de los ochenta, ANDA construyó una planta para sanear las aguas residuales generadas por los habitantes del pueblo de Zaragoza, donde vive María de Galeano. Los problemas con esta planta comenzaron en 2009, cuando los vientos del huracán Ida destrozaron la caseta y dañaron varios tubos que, hasta diciembre de 2021, no habían sido reparados.

“Han venido quizás como 50 veces a tomar medidas”, pero con el tiempo “se olvidan de eso”, dicen los vecinos de la comunidad. También reclaman que ANDA siga cobrando el servicio de saneamiento; la institución cobra como uso de “alcantarillado”. Por este servicio, las tarifas residenciales van de los diez centavos de dólar hasta 20 dólares, el costo depende del consumo de agua.

Esta planta de tratamiento descarga las aguas residuales a un riachuelo que desemboca en el río El Jute, afluente principal de una de las dos grandes cuencas que hay en el departamento La Libertad. La otra es la cuenca del río San Antonio, el cual recorre 43 kilómetros antes de incorporarse al Océano Pacífico, a través de los manglares de San Diego, al suroriente del departamento de La Libertad.

En su recorrido, el río San Antonio pasa por 42 comunidades, entre ellas el caserío El Corralito. “Para los que habitamos aquí, el río es importante. Y hemos visto con gran tristeza como el río San Antonio se va muriendo”, describe María de Galeano que vive entre las inclinadas calles del caserío, en donde la violencia es parte de la cotidianidad.

Justicia estancada

Al final de la calle principal de la comunidad CIDECO La Herradura, Óscar Maravilla utiliza un largo tronco de bambú para destapar el pozo de aguas negras y lograr que éstas fluyan hasta la quebrada Las Micas. En el mapa de la comunidad es posible identificar 30 pozos, explica. Él no ha ingresado a todos, pero sí a los principales.

Después de que la planta de tratamiento de CIDECO dejó de funcionar y Óscar Maravilla empezó a drenar pozos, la comunidad presentó una demanda por contaminación del arroyo Las Micas en el Juzgado Ambiental de San Salvador.

Según consta en el expediente judicial, ANDA conoció el caso de CIDECO desde 2009, cuando la Gerencia Regional Central, rechazó la donación de la planta de parte de la Fundación CIDECO, porque la maquinaria “no está operando al 100 % y esto conlleva gastos de la institución”. En 2013, en un nuevo documento, el director de ANDA reconoció que había una “emergencia ambiental” en la zona, pues la sobresaturación de los colectores generaba el “rebalse de los inodoros”. Aún sabiendo lo grave del caso, ANDA dejó hasta ahí su gestión.

Con la llegada de Bukele a la presidencia en 2019, el que fuera director de ANDA, Frederick Benítez, ascendió a la presidencia de la institución y llegó a ser el Comisionado Presidencial del Agua. Estuvo en el puesto siete meses, hasta su renuncia del gobierno en mayo de 2021. En febrero de 2020, Benítez fue interpelado en la Asamblea Legislativa por permitir la distribución de agua con mal olor y turbidez en el Gran San Salvador, un conglomerado de 14 municipios en la ciudad.

El Ministerio de Salud tampoco logró que la Fundación CIDECO rehabilitara la planta. La institución hizo inspecciones, entrevistas y ordenó reparar “inmediatamente la planta de tratamiento”, además de limpiar “todos los desechos, desagües de aguas negras y servidas en los pozos”. Eso tampoco sucedió. El 7 de mayo de 2013, la autoridad de Salud envió el caso a la fiscalía.

“Ninguna autoridad ha hecho nada. Ya había una sentencia para ellos (Fundación CIDECO) pero como son gente adinerada, se esconden, se van, nunca dan la cara”, reclama Rosa Cándida López, habitante de la comunidad. Ella se refiere a la resolución de octubre de 2017 del Juzgado Ambiental en la que ordena a la Fundación CIDECO El Salvador “retomar inmediatamente el manejo y administración de la planta de tratamiento”.

En un escrito del 2 de diciembre de 2020, el apoderado de la fundación, Alberto José Hernández Aviles, aseguró que “la planta tiene un avance del 95 % de rehabilitación”. Algo que el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) desmintió en febrero de 2021, cuando hizo una segunda inspección. En su informe al juzgado, la dependencia detalla que la planta no tiene carpeta técnica, un documento básico para la evaluación y asegura que, de acuerdo con el trabajo de campo, el porcentaje de avance “es menor al 95%”.

En junio de 2021, el juez ambiental archivó el expediente de CIDECO, bajo el argumento de que el MARN había retomado la rehabilitación de la planta. Se solicitó entrevista con el juez Rafael Menéndez que lleva el caso, pero no contestó.

“En materia de legislación ambiental se nos agotó todo”, afirma el abogado Rudy Joya, del Centro de Capacitación Profesional (Crefac), organización que acompaña a la comunidad. La Fiscalía tampoco ha investigado la denuncia por estafa y fraude. El abogado sospecha que están esperando que el caso prescriba en 2024.

Durante todo el tiempo que duró el proceso judicial por contaminación ambiental, la Fundación CIDECO cambió de domicilio, y modificó su junta directiva. “Están en quiebra”, asegura el presidente de la directiva de vecinos.

La Ley de Medio Ambiente y su reglamento ordenan al MARN a realizar auditorías a las plantas de tratamiento para que cumplan con el permiso ambiental. Esto no siempre se realiza. En el último año, esas obligaciones han quedado aún más olvidadas.

Entre 2021 y 2022, este ministerio presentó una reducción del 6.45 % de su presupuesto: pasó de tener 14 millones 893 mil dólares a 13 millones 088 mil. Al bajo presupuesto del MARN se le suma el poco personal. En octubre de 2021, la Gerencia de Cumplimiento Ambiental, que se ocupa de las auditorías ambientales para todo el país, solo contaba con 14 personas.

Con la nueva Ley de Recursos Hídricos, aprobada en diciembre de 2021, se creó un impuesto para los vertidos, pero esos fondos serán destinados a la Autoridad Salvadoreña del Agua, ente rector de la nueva ley. En esa normativa no se mencionan mecanismos para la supervisión de plantas.

En pasadas administraciones, las autoridades del MARN tampoco actuaron para vigilar el funcionamiento de las plantas de tratamiento de aguas residuales y evitar daños a la salud y la contaminación de los ríos.

La peñona contaminada

A tres kilómetros de la comunidad CIDECO La Herradura se encuentra un grupo de manglares con 11 tipos de ecosistemas distintos, declarado como Sitio Ramsar Complejo Jaltepeque, categoría que se otorga para tratar de proteger a estos ecosistemas de importancia internacional.

Luis Alonso Hernández, directivo comunitario, recorre en lancha parte del Sitio Ramsar, buscando el lugar conocido como La Peñona, zona donde desemboca la quebrada Las Micas. “La contaminación que sale de la colonia CIDECO llega acá al estero”, dice mientras señala hacia la zona del manglar.

Por su importancia ambiental, las 49,454 hectáreas de manglar fueron declaradas Sitio Ramsar en 2011: alberga 92 especies de peces y ahí llegan a desovar cuatro especies de tortugas marinas clasificadas en Peligro de extinción.

Ser un Sitio Ramsar no ha impedido que el lugar reciba aguas residuales sin tratar ni que se practique pesca industrial de arrastre camaronero. “En ningún estero hay tanta presión como en Jaltepeque”, asegura el biólogo Néstor Herrera.

Hernández encuentra La Peñona: una capa gruesa de grasa cubre el agua que tiene tonalidades amarillas. La corriente es más lenta. Para que un manglar esté saludable necesita entradas de agua dulce y salada, explica el biólogo Herrera. Pero en esa zona, “el agua no está fluyendo. No está entrando agua del mar, solo agua del río”.

El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales registra que un total de 11 ríos, de las cuencas Jiboa, Jalponga y El Guayabo, desembocan en el estero de Jaltepeque. La dependencia clasifica el agua de esos ríos como “mala”.

En la hidrocuenca Jiboa-estero de Jaltepeque descargan sus aguas tres plantas, entre ellas la que está abandonada en la comunidad de CIDECO La Herradura.

De regreso a la comunidad CIDECO, Hernández se detiene a hablar con un hombre flaco, de piel morena y estatura pequeña. Es Benito Soto. Él vive con su esposa y 11 hijos en el Pasaje B de la comunidad. Ambos recuerdan lo que pasó el último fin de semana de noviembre de 2021.

Las tuberías volvieron a colapsar. En la desesperación por drenar las aguas sucias acumuladas, Benito cavó varios hoyos en el jardín de su casa, buscando los tubos del drenaje. No los encontró. Como sucede desde que la planta de tratamiento está abandonada, Óscar Maravilla se encargó de ayudar a Benito y a los demás vecinos que lidiaban con las aguas negras saliendo por todos lados. Después de varias horas de trabajo, lograron controlar el problema.

Benito Soto se queja por el hedor permanente a cloaca: cuando se levantan, cuando caminan por la colonia, cuando comen. El colapso de las tuberías empeora en época lluviosa. “Aquí —dice resignado— la única alternativa es que pongan nuevamente la planta de tratamiento”.

Investigación: Carolina Amaya
Fotografía: Fred Ramos
Edición: Thelma Gómez
Coordinación: Elsa Cabria y Ximena Villagrán

Naturaleza castigada es un proyecto sobre la impunidad ambiental en Centroamérica producido por El Intercambio publicado en alianza con Mongabay, Contracorriente y Ocote, con apoyo de Fundación Ford.