La comisión de postulación para integrar la nómina de candidatos a Fiscal General para el período 2022-2026 lleva dos días entrampada. El miércoles 20 de abril los comisionados debían haber conformado el listado de seis aspirantes, como dicta la Constitución. Sin embargo, el jueves 21 de abril todavía no había sucedido.

Los candidatos a jefe del Ministerio Público deben conseguir al menos las dos terceras partes de los votos favorables de los comisionados para ser parte de la nómina, que es enviada al Presidente de la República para que elija al próximo Fiscal General.

Es decir, los aspirantes tienen que lograr los votos de 10 de los 15 miembros de la comisión, integrada por la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, los decanos de las facultades de Derecho o Ciencias Jurídicas y Sociales de las universidades de Guatemala, el presidente de la junta directiva del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG) y el presidente del Tribunal de Honor de dicho colegio.

Si en la primera ronda de votación no se llega a un acuerdo, la comisión repite las votaciones hasta que la nómina quede integrada. Hasta la tarde del jueves 21 de abril, solo habían elegido a cinco candidatos. En la primera ronda de votación, la comisión voto a favor de Néctor Guilebaldo de León, Jorge Luis Donado, Darleene Monge Pinelo, Gabriel García Luna y Henry Elías Wilson.

La discordia llegó con María Consuelo Porras, la actual Fiscal General. Porras tiene el apoyo de ocho de los comisionados: Fernando Chacón, presidente del CANG; Esvin Racancoj, presidente Tribunal de Honor del CANG; Henry Arriaga, decano de la Usac; Fernando Sánchez, decano de la Universidad Panamericana; Luis Aragón Solé, decano de la Universidad San Pablo; Alejandro Arenales, decano de la Universidad del Istmo; Ana Suasnávar, de la Universidad de Occidente; y Silvia Patricia Valdés, presidenta de la Corte Suprema de Justicia. Los otros siete comisionados han votado reiteradamente en contra de Porras. 

El miércoles a medianoche se suspendió la sesión, que se retomó el jueves por la mañana. Después de ocho rondas de votación, en las que de nuevo no se llegó a un consenso, Valdés Quezada indicó que la comisión había sido notificada a las 11 de la mañana de un amparo enviado por la Corte de Constitucionalidad. 

Los abogados Mynor Cate Chirix y Erick Miguel Castillo López -quien ha ejercido como defensa de la familia de Sergio López Villatoro, conocido como “El Rey del Tenis”, sindicado por manipular el proceso de elección de las cortes del país- presentaron el amparo.

Pidieron que la CC solicite al Presidente de la República y a la comisión de postulación elegir a los candidatos con las mejores puntuaciones para el puesto de Fiscal General del MP. 

Según el amparo, que Luis Roberto Aragón Solé, secretario de la comisión, leyó, los abogados indican que existe una amenaza de que la comisión integre una nómina en la que excluya a quienes obtuvieron mayor calificación. Esto, alegan, implicaría que Giammattei eligiera como Fiscal General a alguien con poca calificación.

Los abogados se refieren al puntaje con el que la comisión de postulación calificó a los aspirantes a Fiscal General. Los comisionados decidieron los puntos sobre 100 que le darían a los méritos éticos, académicos, profesionales y de proyección humana de cada candidato y después de valorar sus hojas de vida y sus entrevistas, dieron puntuaciones individuales, como lo establece el artículo 12 de la Ley de Comisiones de Postulación.

Las puntuaciones quedaron de la siguiente manera: 

Con el amparo, los abogados buscan que las personas con mejores calificaciones sean las que integren la nómina de candidatos a Fiscal General. Esto implicaría que María Consuelo Porras, que fue la mejor calificada, estuviera entre los aspirantes. 

También estaría en el listado Walter Brener Vásquez Gómez, que fue el cuarto mejor calificado, y saldría de la nómina Henry Alejandro Elías Wilson, que quedó octavo en la lista de calificaciones. 

Sin embargo, ¿puede la CC interceder en la decisión de la comisión de postulación? 

Las competencias de la Corte de Constitucionalidad

Edie Cux, abogado de la organización Acción Ciudadana, asegura que la CC no es el órgano competente para conocer este amparo, ya que la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad indica en su artículo 11 que la Corte tiene “calidad de Tribunal Extraordinario de Amparo, en los amparos interpuestos en contra del Congreso de la República, la Corte Suprema de Justicia, el Presidente y el Vicepresidente de la República”. No menciona a las comisiones de postulación, que no pertenecen a un poder del Estado.

“Es una incompetencia. Pero puede interpretarse como fraude de ley, porque a pesar de que conocen que no es su competencia, aún así, le dieron trámite”, añade Cux, que analiza que incluir al Presidente como parte del amparo pudo haber sido una estrategia de los abogados para que la CC lo conociera.

La abogada e investigadora Andrea Reyes Zeceña coincide en que la resolución del amparo no es competencia de la CC. Recuerda que un hecho similar sucedió en 2019, cuando la Corte resolvió un amparo en contra de la Comisión de Postulación para magistrados de Cortes de Apelaciones, por irregularidades en el proceso. “No debe interceder, pero tampoco ha habido consecuencias (en casos anteriores)”, señala.

Según el abogado Olivio Orellana, expresidente del CANG, cuando la CC recibió el amparo debió haberlo enviado a un juzgado de instancia para que ahí se conociera y resolviera. En cambio, la Corte lo envió directamente a la comisión de postulación y dio un plazo de seis horas a los comisionados para enviar el expediente del caso o un informe con argumentos para resolver si procede o no el amparo.

Silvia Patricia Valdés aseguró en la sesión que ya se realizó el informe y se envió a la Corte de Constitucionalidad en la tarde del jueves. Valdés no leyó el informe públicamente y alegó que la discusión y votación de la comisión para integrar la nómina, debía continuar por mandato Constitucional. Después de un total de nueve rondas sin desentrampar el proceso, la comisión se declaró en sesión permanente y suspendió la reunión, que retomará el sábado 23 de abril a las 12:00 horas.

Cux asegura que, independientemente de lo que haya argumentado la comisión de postulación en el informe que envió, la CC podría resolver que la nómina de candidatos a Fiscal General debe estar integrada por las personas mejor calificadas. 

“La decisión de la CC puede ser política y sin atender lo jurídico. Pero aducirían una competencia que no tienen. Es una treta jurídica para dar rápida solución al trámite”, señala Cux. 

Según Orellana, si esto ocurre, no habría manera de retrotraer el fallo de la CC, ya que “las resoluciones de la Corte de Constitucionalidad no son apelables. Sólo procede aclaración y ampliación“, explica. Así lo dicta el artículo 184 de la Constitución y el artículo 69 de la Ley de Amparo: “Contra las resoluciones de la Corte de Constitucionalidad sólo procede la aclaración y ampliación”.

“La CC debe ser ejemplo de respeto a la ley y ordenar que se remita el expediente a donde corresponde”, concluye el abogado.