A criterio del presidente de la República, Alejandro Giammattei, basta su palabra para creer que en este país se “garantiza la libertad de expresión como un principio fundamental para la existencia de una democracia”, pero no es así. Su voz ya no tiene fuerza, tampoco credibilidad. 

En Guatemala se persigue a la prensa independiente –tanto en la ciudad de Guatemala como en los demás departamentos y territorios– por el trabajo que realiza, por cuestionar el discurso oficial, por hacer las preguntas incómodas para el poder, por investigar la corrupción que se ha institucionalizado en la vida pública y por no callar. 

En ese afán por garantizar su impunidad y mantener sus privilegios, el gobierno y sus aliados dentro y fuera del Estado han manipulado la institucionalidad del sistema judicial. Desde el Ministerio Público y los tribunales persiguen a las personas que se oponen a sus fines. De esta manera, se pretende silenciar no solo a la prensa independiente, sino también a defensores de derechos humanos y a otros actores de la sociedad, en abierta violación a la libertad de expresión, un derecho individual y colectivo.

En ese sentido, nos preocupa el acoso judicial en contra de los periodistas Juan Luis Font y  Carlos Ernesto Choc. Ambos enfrentan una persecución penal por el trabajo periodístico que realizan desde los medios ConCriterio y Prensa Comunitaria.

La información es un bien público al servicio de la ciudadanía y estas intimidaciones para callar a la prensa dañan la democracia. ¿Cómo se enterará la sociedad de lo que sucede en el país si las voces de las y los periodistas son silenciadas? 

Cuando la prensa deja de hacer su trabajo, pierde la sociedad, pierde Guatemala.

Guatemala, 7 de abril de 2022.