Desde hace cuatro décadas, Genara López ha buscado a su hermano, a un primo y a su tío. Los tres fueron arrancados de sus casas en la aldea Tampo, en Tactic, Alta Verapaz, una noche de enero de 1983, durante el gobierno de facto del general Efraín Ríos Montt. En 2016 logró encontrar a uno de ellos. 

Su tío, Jacobo López Ac, fue una de las 565 personas cuyos restos fueron exhumados entre 2012 y 2013 del Comando Regional de Entrenamiento de Operaciones de Mantenimiento de Paz (CREOMPAZ), la que antes se conocía como Zona Militar No. 21 de Cobán.

En 2016, López Ac fue identificado por medio de pruebas de ADN por los investigadores de la Fundación de Antropología Forense de Guatemala (FAFG). El hermano y el primo de Genara, Francisco Guerrero López y Rodolfo López Quej, continúan desaparecidos. 

La búsqueda de justicia ha sido una odisea para Genara y los demás familiares de los tres hombres, que presenciaron los hechos en 1983.

Los mismos familiares han señalado públicamente al entonces jefe de los comisionados militares de Tactic, Baltazar Milián Morales, y al segundo jefe, José Manuel Castañeda Aparicio, de ser los autores materiales de sus capturas y desapariciones forzadas. Hasta ahora, Milián Morales no ha enfrentado ningún proceso penal por su supuesto rol en los crímenes.

En 2012, Castañeda Aparicio fue capturado y procesado por desaparición forzada. En 2014, el Juzgado Primero del Ramo Penal de Cobán, en Alta Verapaz, dictó una sentencia absolutoria. Argumentó que el delito de desaparición forzada había prescrito, a pesar de que la ley guatemalteca y el derecho internacional establecen que la desaparición forzada es un crimen imprescriptible. 

El proceso fue plagado de otros problemas, como constantes intimidaciones a los fiscales y los familiares de las víctimas. 

Sin embargo, los familiares lograron que se revirtiera la decisión. La Fiscalía de Derechos Humanos y los demandantes presentaron un recurso extraordinario contra el fallo por razones de forma y fondo y en octubre de 2017, la Corte Suprema de Justicia anuló la sentencia. 

Luego de años de espera, en septiembre de 2021, Castañeda Aparacio fue nuevamente capturado. El excomisionado militar de Tactic fue enviado directo a juicio oral y público. Este comenzó el 12 de enero de 2022. 

El Ministerio Público solicita que se le imponga una sentencia condenatoria de 150 años por la desaparición forzada de los tres hombres, y de 50 años por el asesinato de Jacobo López Ac. 

El 24 de febrero de 2022 está previsto que un tribunal de alto riesgo, liderado por la jueza Sarah Yoc Yoc, determinará si José Manuel Castañeda Aparicio es culpable.

En sus declaraciones finales ante el tribunal, Genara López dijo: “Lo único que pido en este momento es que sigan buscando a mis familiares. Faltan dos, mi hermano y mi primo. Que sigan buscándolos hasta que los encontremos como a mi tío Jacobo”. 

Se quedó pensativa un segundo y agregó: “También quiero preguntarle a este señor (Castañeda Aparicio) a quién entregaron a mis familiares cuando los secuestraron”. 

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Los hechos

Familiares de los tres hombres han testificado en el caso y han narrado los hechos que sucedieron en 1983.  

Según los testimonios, la noche del 25 y la madrugada del 26 de enero de 1983, Castañeda Aparicio, junto con el jefe de los comisionados militares, Baltazar Milián Morales, patrulleros locales y personal de tropa de alta de la base militar de Cobán, habrían allanado ilegalmente las residencias de Rodolfo López Quej, Francisco Guerrero López y Jacobo López Ac, ubicadas en la aldea de Tampo, en el municipio de Tactic, Alta Verapaz. Después de golpearlos, los habrían secuestrado. No les dijeron a sus familiares a dónde se los llevaron. 

Rodolfo López Quej, que entonces tenía 22 años, trabajaba en el Instituto Nacional de Comercialización Agrícola (INDECA). Su primo, Francisco Guerrero López, tenía 18 años. Su tío, Jacobo López Ac, de 42 años, era promotor de salud y el presidente del Comité Pro Mejoramiento de la aldea Tampo. Los tres eran líderes sociales y trabajaban para mejorar las condiciones de vida de la comunidad.

Regina Bernardina López, hija de Jacobo López Ac, testificó sobre la noche que hombres vestidos de militares llegaron a su casa preguntando por “las armas”. Describió cómo amarraron a su padre a un palo de aguacate con sólo su ropa interior puesta. “Cuando llegué lo abracé . ‘No te asustes, mija’, me dijo mi papá”, relató Regina López al tribunal. 

Su padre señaló a “Zacapa” y “Baltazar” como las personas que después se lo llevarían. 

“Zacapa es el señor que está aquí”, dijo Regina al tribunal, mientras señalaba al acusado. “Él tenía una carnicería en Tactic y fue muy conocido en ese tiempo. José Manuel Castañeda es su nombre”. 

Regina cree que secuestraron a su padre por ser promotor de salud, ya que lo acusaban de curar a miembros de la guerrilla. 

Genara López testificó que Castañeda Aparicio llegó a su casa por primera vez en diciembre de 1982. Buscaba a su primo, Rodolfo López. Ese día disparó hacia la casa. Poco más de un mes después, dijo ante el tribunal, Castañeda Aparicio regresó y se llevó a Rodolfo y a su otro primo, Francisco Guerrero López. 

Dos años después, en 1984, Genara López se unió al Grupo de Apoyo Mutuo, conocido como GAM, para denunciar públicamente los hechos. Este grupo la representa ahora a ella y a los demás familiares en el caso.

“Como yo buscaba a mis familiares y no (los) encontraba, me acerqué al GAM. Cuando se abrió la PDH (Oficina del Procurador de los Derechos Humanos) fui la primera en ir a poner la denuncia”, dijo Genera López. “Cuando fue el primer juicio lo dejaron libre”. 

Dejó de creer en la justicia en ese momento, nos dijo luego de una de las audiencias. “Pero al volverse a abrir el proceso (en contra de Castañeda Aparicio), tengo esperanza de que esta vez se haría justicia”.  

En el segundo juicio, el Ministerio Público presentó varios testimonios que se habían dado en anticipo de prueba. Entre ellos, el de Consuelo Juventina López, hermana de Rodolfo López. 

La madrugada del 26 de enero de 1983, sus padres la despertaron para decirle que se habían llevado a su hermano. Luego, su prima Casilda, quien había presenciado los hechos, le contó lo que había sucedido. 

Fue con sus padres a la comisaría al día siguiente a presentar la denuncia. Dijeron que ellos no sabían qué había pasado ni quién había sido. “Mejor no digan nada porque les puede pasar algo”, dice que les dijeron. “Hasta la fecha estamos en la misma situación. Yo y mis familiares sentimos como si hubiera sido ayer”, asegura Consuelo.

Casilda Carmelina López, la prima de Consuelo, fue testigo presencial de la detención de Rodolfo López y Francisco Guerrero López. Igual que Gerara, Casilda también asegura que desde diciembre de 1982 ya se rumoreaba que los estaban buscando. “El 26 de enero, a la una de la madrugada, se cumplió con el secuestro de Rodolfo y Francisco”, dice. 

“Yo vi cuando tenían a Rodolfo y Francisco tirados en calzoncillo. Para ese momento ya nos tenían rodeados los PAC. Uno de ellos dijo: ‘A Panchito no se lo lleven, él no tiene nada que ver’ (en referencia a Francisco) y otro dijo: ‘No, llévenlo de una vez’”. A su tío Jacobo López Ac se lo llevaron también “por defender a mis primos”, dijo Casilda.

El hijo de Jacobo López Ac, Juan Eliseo López Laj, también testificó en anticipio de prueba que en la noche del 26 de enero, varios hombres armados habían entrado violentamente a su casa preguntando por su padre y por “las armas”. 

“‘¿Dónde están las armas y dónde está Jacobo López?’ decían en idioma castellano, pero también hablaban en idioma poqomchi. Decían: ‘¿Dónde están las armas?’ Rompieron mis diplomas y otros objetos nuestros. Tardaron de 15 a 20 minutos registrando la casa y luego se llevaron a mi señor padre que sólo iba en ropa interior. Él era promotor de salud, después de eso ya no supimos de él”, dijo Juan Eliseo. 

Después continuó: “Yo logré reconocer al señor Castañeda, era comisionado en Tactic. Habían otros que eran de aldeas, pero del que más me recuerdo es de ese señor y Baltazar Milián. Los comisionados militares eran prepotentes en sus acciones. Cuando un joven llegaba a cierta edad, ellos lo iban a citar para que cumpliera y si no quería lo llegaban a sacar a la fuerza”.

La Sirenita

El debate oral por el Caso Tactic que empezó el 12 de enero de 2022 fue aplazado por unos días.

El 19 de enero de 2022, el acusado José Manuel Castañeda Aparacio solicitó permiso al tribunal para visitar a su hija, Ana Sofía Castañeda Deras, conocida como “la Sirenita”, quien actualmente se encuentra recluida en el Centro Preventivo para Mujeres Santa Teresita. Ella fue sentenciada en 2017 y por segunda vez en 2018 por delitos de asociación ilícita y conspiración para el asesinato, por sus vínculos liderando una estructura criminal.

El tribunal accedió a la solicitud del acusado, y aplazó la continuación del debate oral y público para el 31 de enero. También aceptó que en ese tiempo se diligenciara una nueva prueba presentada por Ministerio Público y querellantes: la localización e identificación en 2016 de los restos óseos de Jacobo López Ac.

La mención de “la Sirenita” generó mucha ansiedad en los familiares. Después de la audiencia, Genara López expresó su indignación, pues para ella, “el sólo hecho de mencionar a la hija es como una amenaza hacia nosotros”. 

Durante el primer juicio en 2014, dijo, hombres fuertemente armados llegaron al tribunal y hasta las casas de las víctimas para intimidarlos. Piensa que esa presión pudo haber afectado la decisión del tribunal de absolver a Castañeda Aparicio en aquel momento. 

La nueva prueba: la localización e identificación de López Ac en CREOMPAZ

El juicio se reanudó el 31 de enero de 2022. El tribunal había aceptado recibir la nueva prueba ofrecida por el Ministerio Público, acerca de la localización e identificación de los restos de López Ac.

Cinco peritos de la FAFG testificaron ante el tribunal, entre ellos, Claudia Eugenia Rivera Fernández. Rivera explicó que, a través de una orden judicial, entre 2012 y 2013, la FAFG en coordinación con el Ministerio Público realizó exhumaciones en la antigua Zona Militar No. 21 de Cobán, en Alta Verapaz, hoy conocida como CREOMPAZ. 

Explicó que entonces, hace 10 años, encontraron los restos óseos de 565 personas en 85 fosas ubicadas dentro de la antigua base militar. Según Rivera Fernández, la posición de las osamentas en las fosas excavadas y la localización de objetos con signos de violencia como vendas y lazos son indicadores de que las víctimas encontradas fueron enterradas en las fosas por las personas que habían realizado el hecho violento. 

Omar Bertoni Girón, también de FAFG, dijo que los restos óseos de Jacobo López Ac fueron localizados en una fosa junto a al menos 12 individuos más. No encontraron su cuerpo entero, sino algunos restos óseos: el fémur, la tibia, el peroné y la rótula. Realizaron el examen genético y concluyeron que los restos encontrados coincidían con Jacobo López Ac en un 99.9%. 

El tribunal aceptó una petición por parte de los querellantes de realizar una inspección ocular de la base militar en Cobán. La audiencia en Cobán se llevó a cabo del 8 de febrero de 2022.

Estuvieron presentes los integrantes del tribunal;  Édgar Hernández, el perito de la FAFG que dirigió la exhumación en la antigua base militar; personal del organismo judicial, y  familiares de los tres hombres desaparecidos en 1983. 

El militar que recibió a la delegación señaló que actualmente CREOMPAZ ya no se reconoce como una instalación militar, pues ahora funciona como una base de entrenamiento para operaciones de paz en África.

La diligencia también fue acompañada por sobrevivientes, familiares y miembros de la comunidad de Chicoyogüito a quienes se les expulsó y expropiaron sus tierras para instalar la Zona Militar 21. 

Por años habían intentado ingresar para realizar ceremonias en el sitio sagrado que se encuentra dentro de dicha zona, pero no habían podido, ante la negativa del Ministerio de la Defensa y autoridades de CREOMPAZ. 

Sólo se permitió el ingreso de tres medios de comunicación. Las autoridades militares no querían permitir el ingreso de los abogados de GAM, a quienes finalmente dejaron entrar.

En esta diligencia se visitaron dos lugares. El primero, a pocos metros de la comandancia de la antigua zona militar. Edgar Hernández, el perito de la FAFG, explicó que a partir de información proporcionada por unos testigos, encontraron en este sitio 20 fosas con restos óseos. Hernández mostró al tribunal dos fosas, #16 y #17, en las cuales se encontraron 23 y 64 osamentas respectivamente.

Luego les llevó al lugar donde está ubicada la fosa #27, a unos cinco minutos de la comandancia, en vehículo de doble tracción. Aquí es donde fueron localizados los restos de Jacobo López Ac. Hernández anotó que había evidencia que otra fosa cercana, la #26 fue el segundo lugar de enterramiento. 

El perito de la FAFG también mencionó que aún se encuentran pendientes de realizar más exhumaciones en CREOMPAZ, pues se tiene información de que existen más fosas clandestinas a las que aún no se ha podido acceder ni realizar los procedimientos forenses necesarios. 

Hacia el final

El 17 de febrero de 2022, el tribunal escuchó los argumentos finales de las partes. Juan Carlos Chacón López, el abogado de José Manuel Castañeda Aparicio, aseguró al inicio de la intervención que “la búsqueda de justicia no debe ser una búsqueda de venganza”. 

Añadió, que no se habría logrado demostrar que Castañeda fuera el segundo jefe de los comisionados militares de Tactic, y tampoco que formara parte de las fuerzas de seguridad del Estado. Ante esa y otras dudas, aseguró que el tribunal debería declarar a su defendido no culpable. 

Las familiares de las tres víctimas hicieron un último llamado al tribunal. Sobre su hermano, Rodolfo López, Consuelo López dijo: “¿Por qué se lo llevaron, por qué no aparece a 39 años? Si fuera su familia, le remordiera el corazón y la conciencia a ese señor. Pido que sea condenado y que aparezcan nuestros familiares”. 

Casilda López agregó: “Yo pido, aunque va a costar, pero que digan dónde los fueron a dejar. Nos faltan mi hermano Francisco y mi primo Rodolfo…. Quiero que los sigan buscando dónde están, no sólo ellos, a los 45 mil desaparecidos en Guatemala”.

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Jo-Marie Burt es profesora de ciencias políticas de la Universidad George Mason y asesora principal de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA, por sus siglas en inglés). 

Paulo Estrada es defensor de derechos humanos y miembro de la Asociación Familiares de Detenidos-Desaparecidos de Guatemala (FAMDEGUA). Burt y Estrada son codirectores del Observatorio Judicial Verdad y Justicia en Guatemala.

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Nota de edición: El 24 de febrero a las 11:30 horas se corrigió una imprecisión en la fecha en la que iniciaron las exhumaciones en CREOMPAZ.