Empresas vinculadas al Grupo HAME son las que más casos abiertos por delitos ambientales acumulan en Guatemala.
Texto: José David López
Hace más de ocho años, el 16 de enero de 2013, los vecinos de ocho comunidades del municipio de Coatepeque, Quetzaltenango, en el occidente de Guatemala, denunciaron en el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN) que Palmas del Horizonte, una empresa productora de palma de aceite, había empezado a drenar una laguna y a talar los árboles de un bosque en su finca El Retiro.
Los líderes de las aldeas señalaron en la denuncia que, desde el 20 diciembre de 2012, Palmas del Horizonte había usado maquinaria pesada para abrir un canal y conectar la laguna —conocida como Pampa Guamuchal— con el río Pacayá. Aseguraron que, por medio de ese conducto, el agua había comenzado a drenarse hacia el río que abastece a las comunidades Madronales, El Izotal, Carrizales, Nuevos Horizontes, Las Palmas, Las Palmas I, Barillas y Las Morenas.
“Desde entonces, volúmenes considerables de agua han salido a través de este canal, afectando al río Pacayá y a la población de varias comunidades”, describieron en la denuncia, pero no detallaron de qué manera se dañaba al cuerpo de agua.
Para los pobladores de las ocho aldeas había una única explicación: la empresa pretendía secar la laguna, talar el bosque de ceibas y robles que la rodeaban, y ampliar así el espacio de cultivos de palma en su finca.
El Grupo HAME
El grupo empresarialAgroindustrias HAME S.A, fundado por Hugo Alberto Molina Espinoza, cuyas iniciales le dan el nombre a la corporación, empezó sus operaciones en Guatemala en 1952, con el cultivo de algodón en Ocós, San Marcos.
En 1987, sin embargo, el Grupo sustituyó el algodón por la producción de palma de aceite y sus plantaciones han llegado a extenderse en el norte, sur y occidente de Guatemala. Incluso han ampliado sus operaciones a México y Costa Rica.
En su última memoria de labores el Grupo HAME asegura que ocupa 55,500 hectáreas en las que produce palma. La Gremial de Palmicultores de Guatemala (Grepalma) no tiene los datos segregados por empresa pero en 2019 indicó que en Guatemala se registraban 121,222 hectáreas de plantaciones de palma de aceite. Es decir, el grupo Hame tendría el 46% del área cultivada.
La Alianza Periodística Tras las huellas de la palma consultó el sitio web de la Dirección de Catastro y Avalúos de Bienes Inmuebles de Guatemala (DICABI) para corroborar la información del Grupo HAME, pero en los registros no se encontraron datos de todas las empresas del grupo. Las fincas que aparecen sumaban 7277 hectáreas con cultivos para septiembre de 2021.
Entre febrero y agosto de este año, como parte de la base de datos elaborada para esta investigación, la Alianza Periodística Tras las huellas de la palma realizó solicitudes de información pública al Ministerio de Ambiente, el Ministerio de Energía y Minas, la Procuraduría de Derechos Humanos, la Procuraduría General de la Nación, el Consejo Nacional de Áreas Protegidas, el Ministerio Público y el Organismo Judicial.
En ellas se solicitó información sobre denuncias y casos abiertos en contra de empresas palmicultoras por delitos ambientales. En total, se obtuvieron datos de 48 casos y según la base de datos elaborada, ocho son del Grupo HAME y cinco de Palmas del Horizonte, una empresa vinculada a esta corporación. En dos de estos 13 casos hubo sanciones económicas, uno del Grupo HAME y uno de Palmas del Horizonte.
En Guatemala, el conglomerado HAME está conformado por varias empresas productoras de banano y palma de aceite. En su página web, el grupo únicamente registra cinco sociedades que cultivan y extraen aceite de palma: Repsa, El Triunfo, Santa Rosa, Atlántida, Regia y Olmeca.
Sin embargo, en un documento de la asociación internacional World Compliance Association (WCA) y en Guatecompras —el portal de compras y contrataciones del Estado de Guatemala— aparecen otras empresas como Palmas del Horizonte, que por lo menos comparte el domicilio fiscal, número telefónico y representantes legales con las empresas Olmeca, Regia, Atlántida, Santa Rosa, Repsa, y El Triunfo. Palmas del Horizonte es, además, la empresa con la que empezamos esta historia, la misma que ha sido denunciada por drenar una laguna en Coatepeque.
Según una tesis publicada en la Universidad Rafael Landívar, Palmas del Horizonte pasó a llamarse El Triunfo en el 2016: “Agroservicios El Triunfo S.A., anteriormente conocida como Palmas del Horizonte S.A. (PAHOSA), forma parte del grupo de empresas que integran la Corporación Grupo HAME”.
Un listado de 2019 de la multinacional Unilever todavía mencionaba a Palmas del Horizonte como una de sus empresas proveedoras y la identificaba con el código PO1000007504. Sin embargo, ese mismo código aparece en la Mesa Redonda sobre Aceite de Palma Sostenible (RSPO) a nombre de El Triunfo.
La Alianza Periodística Tras las huellas de la palma quiso consultar a Grupo HAME acerca de la vinculación entre Palmas del Horizonte y El Triunfo, pero no accedieron a una entrevista ni respondieron las preguntas enviadas por correo electrónico.
Cuando se llamó al Grupo HAME, al número telefónico que tiene publicado en su sitio web, y se solicitó hablar con algún representante de Palmas del Horizonte, la persona que atendió la llamada confirmó que Palmas del Horizonte era la misma empresa que El Triunfo. La recepcionista transfirió la llamada a un número en el que no respondió nadie.
El Grupo HAME produce los aceites Olmeca y los aderezos Regia, y también es proveedor de la multinacional Nestlé que alberga marcas como Nido, Maggi, Purina, Nesquik, Nescafé, Kit-Kat y Gerber. En 2018 Nestlé suspendió sus relaciones con Repsa, una de las empresas de HAME, luego de los señalamientos por el ecocidio en el Río la Pasión, en Sayaxché, Petén, y su implicación en un caso de corrupción. Aún así, en un reporte publicado en marzo de 2021, la multinacional informó que en octubre de 2020 levantaron la suspensión, “debido al progreso hecho para abordar problemas pasados y garantizar una producción sostenible en el futuro”.
Una fumarola y el canal para drenar
Una semana después de que las comunidades de Coatepeque presentaron la denuncia contra Palmas del Horizonte, el personal del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN) llegó hasta la zona para hacer una inspección.
Según el expediente del MARN, el paso fue bloqueado por el equipo de seguridad de la empresa, que impidió que siguieran más allá de la puerta de ingreso a la finca. Los encargados del Ministerio caminaron hacia otros predios aledaños y desde allí confirmaron los señalamientos de los vecinos.
En un informe de febrero de 2013, el MARN dejó constancia de la existencia del canal artificial que conectaba la Pampa Guamuchal con el río Pacayá —que estaba drenando la laguna— y de la deforestación del bosque. “Había una fumarola causada por la quema de madera y sotobosque, producto del corte de cobertura vegetal y árboles”, describió el MARN.
En la denuncia que presentaron en el Ministerio, en enero de 2013, los pobladores de la zona señalaron que el agua de la laguna había contaminado el río Pacayá y que este ahora tenía tonos verdosos. Sin embargo, este hecho no fue incluido en el informe del Ministerio.
Tiempo después las comunidades adjuntaron imágenes satelitales al expediente, en las que mostraba que la laguna se había reducido en un 63%: pasó de 130 hectáreas a 48. Sin embargo, en el expediente tampoco aparece ningún dictamen del MARN que confirme o contradiga este dato.
Sara Ortiz, ingeniera ambiental e investigadora del Instituto de Agricultura, Recursos Naturales y Ambiente (IARNA) de la Universidad Rafael Landívar, afirma que el daño en el río y las comunidades depende de la cantidad de agua que fue drenada y la contaminación de la laguna. “Si la laguna estuviera sin contaminación, el aumentar la cantidad de caudal del río puede ser bueno y malo. Bueno, porque diluye la posible carga contaminante y aumenta el nivel de oxigenación al incrementar la velocidad del río. Lo malo es que el incremento en el caudal puede afectar a los animales y plantas del río, que podrían ser arrastrados”, explica.
De acuerdo con Ortiz, si la laguna estuviera contaminada, el dragado y las inundaciones repentinas por el desborde del río pueden contribuir a la dispersión de contaminantes.
Sin estudio de impacto ambiental
En octubre de 2013, el MARN decidió sancionar a Palmas del Horizonte. Entre sus consideraciones para multar a la empresa, el Ministerio no mencionó el daño ambiental señalado por las comunidades, pero sí hizo referencia a otra situación igualmente grave: la compañía no tramitó un estudio de evaluación de impacto ambiental antes de construir el canal en la finca El Retiro.
Según la Ley de Protección y Mejoramiento del Medio Ambiente, las empresas están obligadas a presentar este documento en el MARN antes de desarrollar cualquier proyecto. Si no lo hacen, deben pagar una multa de entre 5 mil y 100 mil quetzales (entre 645 y 14 mil dólares, aproximadamente).
Llama la atención que, meses antes de la sanción, Carlos Enrique Arévalo García, presidente de Palmas del Horizonte, reconoció en un memorial entregado al MARN que no contaban con el estudio y por eso había decidido suspender los trabajos. Sin embargo, la autoridad ambiental solo le impuso una multa de 51 mil quetzales (alrededor de 6,500 dólares) que la compañía pagó, según dice el expediente.
Julio González, activista del colectivo Madre Selva, una organización que investiga, brinda consultorías y da acompañamiento legal a comunidades en temas ambientales en Guatemala, dice que sanciones como la que impuso el MARN a Palmas del Horizonte no son suficientes. “Las sanciones son de risa. El daño ambiental es irreparable. Los ecosistemas no se recuperan. Tampoco se toman en cuenta los daños a la salud a corto y mediano plazo que causa la disminución del acceso al agua”, señala.
A pesar de todo, y aunque el Grupo HAME no respondió a nuestras preguntas sobre el vínculo entre Palmas del Horizonte y El Triunfo, existen dos casos en los que el conglomerado empresarial ha sido señalado por operar sin estudio de evaluación de impacto ambiental.
Repsa, situada en Petén, en el norte del país, tiene dos casos abiertos en el MARN. El primero se inició después del ecocidio en el río La Pasión, en Petén, cuando, en 2015, toneladas de peces muertos aparecieron a lo largo de 150 kilómetros del río.
Según la investigación del Ministerio Público, las lagunas de oxidación de Repsa, usadas para tratar los desechos de la palma procesada, se desbordaron y el derrame llegó al río. La Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA) realizó una inspección en las instalaciones en la que confirmó el daño ambiental y descubrió una tubería a través de la que se descargaban desechos en el agua.
El caso no avanzó en los tribunales. Un juzgado ordenó la clausura temporal de la empresa mientras avanzaba la investigación, pero la resolución fue anulada un mes después por una Sala de Apelaciones. Hasta ahora no ha habido capturas ni citaciones contra los directivos de Repsa. La Fiscalía de Delitos Contra el Ambiente no dio más información al respecto.
Según la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), la empresa no tenía estudio de evaluación de impacto ambiental. La Alianza Periodística Tras las huellas de la palma solicitó el documento al MARN, pero a la fecha de publicación de este reportaje no lo había enviado.
El segundo caso contra Repsa se abrió en 2020, después de que el Consejo Nacional de Áreas Protegidas (CONAP) señalara que su plantación de palma de aceite en el caserío El Tamarindo, en Sayaxché, Petén —cerca de áreas protegidas en el sur de ese departamento—, operaba sin estudio de evaluación de impacto ambiental. Esto fue confirmado en una inspección realizada posteriormente por el MARN. El expediente sigue en investigación.
A pesar de las denuncias, en los expedientes del MARN entregados a la Alianza Periodística Tras las huellas de la palma no aparece ninguna sanción contra Repsa. La única penalización contra la empresa recogida en los registros públicos es una multa de 5 mil quetzales (650 dólares) impuesta por el Ministerio de Energía y Minas en 2019, después de que la compañía construyera depósitos de gasolina para consumo propio sin contar con los permisos.
Raúl Maas, director del Instituto de Agricultura, Recursos Naturales y Ambiente (IARNA) de la Universidad Rafael Landívar, asegura que “los montos de las sanciones por este tipo de casos están alejados del impacto que generan estas acciones”. Además, dice que “es muy difícil cuantificar el valor de los servicios ambientales, pero esos son los montos que están en la ley y es ahí cuando uno se da cuenta de que esta se queda corta”, explica.
Maas asegura que algunas empresas prefieren pagar la multa por no tener el estudio de impacto ambiental, antes que frenar las obras o los proyectos para dedicar tiempo a su elaboración. Según la ley, después de ser multadas las empresas tienen seis meses para entregar el estudio de impacto ambiental. “El negocio será clausurado en tanto no cumpla”, indica la norma, pero los expertos consultados aseguran que esto no siempre ocurre.
Además, otras empresas deciden fraccionar sus proyectos y elaborar varios estudios de evaluación de impacto ambiental “con el objetivo de diluir el impacto que tendrán sus intervenciones”, añade Maas.
El director del IARNA recuerda que una ley que regule el uso de los recursos hídricos podría ayudar a impedir que ocurran casos similares al de la laguna Pampa Guamuchal. Sin embargo, en Guatemala, donde no existe una Ley de Aguas, la agroindustria puede emplear el líquido que necesita para sus plantaciones o ganado sin controles de las autoridades.
Una alternativa para sancionar estos casos es llevarlos por la vía penal.
Las denuncias en la fiscalía
En enero de 2014, tres meses después de sancionar a Palmas del Horizonte por el caso de la laguna Pampa Guamuchal, el MARN denunció a la empresa ante el Ministerio Público por el delito de contaminación. En la demanda señaló que los daños a la laguna y el bosque habían tenido un “impacto irreparable a la naturaleza”. El caso quedó bajo el control de la Fiscalía de Delitos Contra el Ambiente que, según el MARN, tiene al menos otro expediente abierto contra Palmas del Horizonte.
En 2015, el MARN recibió otra denuncia contra la empresa, por talar árboles de hule en un terreno de 620 hectáreas en el municipio de Coatepeque, apenas a 20 kilómetros de Pampa Guamuchal, y señaló en un informe que “pudo observar que ya no existen árboles de hule” y en su lugar había “una plantación de palma africana de aproximadamente tres meses de haber sido sembrada”. En ese mismo documento añadió que Palmas del Horizonte no contaba con un estudio de evaluación de impacto ambiental.
Ya en 2016, la empresa respondió a través de un memorial que no tenían una finca con plantaciones de palma dentro de las coordenadas descritas. Sin embargo, en el informe del MARN se había registrado que durante la inspección, dos representantes de Palmas del Horizonte habían impedido el paso al personal del ministerio: José Ruiz Sett, jefe de gestión ambiental del Grupo HAME, y Carlos Enrique Árevalo García, representante legal de Palmas del Horizonte.
Estos datos se incluyeron como evidencia en una denuncia que el MARN presentó contra Palmas del Horizonte en el Ministerio Público el 12 de mayo de 2016.
Sin información de los casos en el Ministerio Público
Hasta hoy, más de cinco años después, se desconocen los avances de la Fiscalía en los dos casos referidos por el MARN —el de la Pampa Guamuchal y el de bosque de hule de Coatepeque—. En los registros del Ministerio Público no aparecen estas dos denuncias que, según los expedientes del MARN, el ministerio presentó contra la empresa. Únicamente aparece una denuncia contra Palmas del Horizonte, presentada por el delito de contaminación el 18 de mayo de 2016, aunque no hay más datos sobre la misma.
Por la fecha, podría tratarse de la denuncia del MARN en Coatepeque o la presentada por Sindey Samuel, exministro de Ambiente de Guatemala, contra Palmas del Horizonte y otras seis empresas, a las cuales señaló de desviar ríos en mayo de 2016.
Sin embargo, hasta ahora, el Ministerio Público no ha facilitado más información del avance de estos procesos. Yoni Morales, jefe de la Fiscalía de Delitos Contra el Ambiente, aseguró a la Alianza Periodística Tras las huellas de la palma, a través de llamadas y mensajes de texto, que daría información de estos casos en una entrevista. Pero hasta el día de la publicación de este reportaje no concretó una fecha.
Julio González, representante de Madre Selva, afirma que la mayoría de denuncias por delitos ambientales que se presentan ante esta Fiscalía no avanzan. Según su análisis, los fiscales no están capacitados para conocer temas ambientales: “dicen que no tienen laboratorios ni equipo para tomar las muestras para demostrar la contaminación”, señala.
De acuerdo con el Código Penal guatemalteco, el delito de contaminación tiene una pena de uno a dos años de prisión y una multa de hasta 5 mil quetzales (645 dólares). El castigo por el delito de contaminación industrial puede ascender a 10 años de prisión y una multa de hasta 10 mil quetzales (1,300 dólares). Aun así, en Guatemala las penas de menos de 5 años son conmutables.
“Las leyes en Guatemala están diseñadas para que persista la impunidad. Se lleva a la cárcel a cualquiera por robar una gallina o cualquier otra cosa, pero no por la contaminación que causan las industrias”, critica González.
El caso contra Palmas del Horizonte por la Pampa Guamuchal terminó siendo emblemático. Cuando el MARN sancionó a la empresa por 51 mil quetzales en 2013, le dio un plazo de seis meses para presentar el estudio de evaluación de impacto ambiental. La empresa no cumplió. Dos años después, las comunidades volvieron a denunciar a Palmas del Horizonte, ya que el canal artificial que conectaba la laguna con el río seguía en funcionamiento.
El MARN le solicitó de nuevo el estudio a la empresa, pero la compañía únicamente informó que lo estaba elaborando y solicitó un plazo de tres meses más para cumplir con el requisito. Era el 24 de noviembre de 2015. Tres días después, el MARN decidió suspender las operaciones de Palmas del Horizonte en la Pampa Guamuchal, pero según el expediente de la autoridad ambiental, la suspensión solo duró 25 días.
El giro a favor de Palmas del Horizonte
El 15 de diciembre de 2015 Palmas del Horizonte apeló el fallo del MARN y, el 22 de diciembre, la entidad emitió una resolución que favoreció a la empresa y anuló la suspensión.
En el expediente no se aclara si Palmas del Horizonte finalmente entregó el estudio de evaluación de impacto ambiental. Sólo hay una resolución, de julio de 2016, en la que se confirma que la suspensión está levantada. Se solicitó al MARN el listado total de estudios de evaluación de impacto ambiental de la empresa, pero a la fecha de publicación de este reportaje no fueron entregados.
Las comunidades impugnaron la decisión del MARN, pero los vecinos no volvieron a tener noticias del caso hasta un año y medio después, cuando la autoridad ambiental le ordenó entonces a su delegación de Quetzaltenango que regresara a la finca de Palmas del Horizonte para verificar si aún existía el canal artificial. En un memorial del 6 de agosto de 2018, la delegación se limitó a decir que las coordenadas a las que viajaron correspondían a una zona del departamento de San Marcos, donde no tenían jurisdicción. La laguna está en la zona fronteriza de los dos departamentos.
El caso en contra Palmas del Horizonte acabó de esa manera. En el expediente, de 374 páginas, no hay una hoja más.
En una comparación de imágenes satelitales de noviembre de 2016 y noviembre de 2020, se puede observar como la Pampa Guamuchal redujo su tamaño en estos años.
La Alianza Periodística Tras las huellas de la palma intentó entrevistar a Mario Rojas Espina, ministro de Ambiente, para saber por qué su cartera no le dio seguimiento al caso, pero no respondió las llamadas a su celular.
El equipo de comunicación del MARN tampoco facilitó la entrevista con Rojas, pero ofreció una entrevista con Kellyn Omar Castillo, titular de la Dirección de Cumplimiento Legal, la dependencia del Ministerio encargada de tramitar las denuncias por daños ambientales. Sin embargo, esta cita tampoco se dio.
También se trató de entrevistar a Alfonso Alonzo, ministro del MARN en el periodo anterior, pero no contestó las llamadas ni los mensajes enviados a su teléfono.
Las otras acusaciones: ríos desviados y un caso de corrupción
En 2010, Palmas del Horizonte fue acusada de desviar el río Mopa, en Coatepeque, aunque los detalles de la denuncia, presentada en el MARN, se desconocen. La entidad aún no ha entregado la copia del expediente a la Alianza Periodística Tras las huellas de la palma, a pesar de que fue solicitada por la ley de acceso a la información pública.
En 2018 la Procuraduría de Derechos Humanos (PDH) señaló al Grupo HAME de abrir canales que desviaban las aguas del río Madre Vieja hacia las plantaciones de palma de aceite de la empresa, al sur de Guatemala. Un año después, el conglomerado también fue señalado de crear un canal artificial para desviar el agua del río Suchiate, que divide a Guatemala y México, para abastecer sus cultivos.
La Alianza Periodística Tras las huellas de la palma buscó una entrevista con algún representante del Grupo HAME para consultarle acerca de los señalamientos. El equipo de comunicación de la compañía indicó que se debía enviar una solicitud por correo electrónico, al que también se mandaron una serie de preguntas. Hasta la fecha de publicación de este reportaje no habían dado respuesta.
El Grupo HAME también está implicado en un caso de corrupción. Directivos de Repsa están señalados de pagar sobornos a la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) a cambio de agilizar la devolución del pago de un crédito fiscal. Dos hijos de Hugo Alberto Molina Espinoza, fundador del Grupo HAME, podrían enfrentar un juicio por este caso.
