En la última actualización del semáforo de contagios del Ministerio de Salud, el 63.8% de los municipios de Guatemala se encontraba en alerta roja. El 2 de julio, el MSPAS anunció nuevas restricciones, que después aclaró que eran únicamente recomendaciones. En Fáctica te explicamos cuáles son las medidas vigentes, cuáles son las recomendaciones, qué está haciendo el Ministerio de Salud para lograr que se cumplan, si son suficientes y si existen sanciones para las personas que no lo hagan.
El 25 de julio de 2020, el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) estableció en el acuerdo 187-2020 un sistema de alertas sanitarias para la atención de la pandemia de COVID-19, que sería actualizado en los meses siguientes. La última actualización se aprobó el 1 de octubre de 2020, en el acuerdo 234-2020.
Este sistema funciona a través de la medición periódica de tres indicadores: las pruebas que se realizan por cada mil habitantes, el porcentaje de pruebas positivas y la incidencia de casos confirmados por cada 100 mil habitantes.
A partir de los resultados de estos indicadores se establece en qué color de alerta (rojo, naranja, amarillo o verde) se encuentra cada municipio de Guatemala. Dependiendo del color, se deben cumplir una serie de medidas para evitar que los contagios aumenten.
El mapa de alertas, que se actualiza cada dos semanas, mostraba al 26 de junio de 2021 un 63.8% de los municipios de Guatemala (217 de 340) en alerta roja. Esto significa que la incidencia de casos confirmados está por encima de 25 por cada 100 mil habitantes, que el porcentaje de pruebas positivas supera el 15% y que se han realizado menos de 0.6 pruebas por cada mil habitantes.
El 5 de julio de 2021, el MSPAS registraba 305,319 contagios acumulados y 9,548 muertes desde marzo de 2020.
En esta última actualización del semáforo, el 18.8% de los municipios están en alerta naranja, el 17.4% en amarillo y no hay ninguno en alerta verde. Departamentos como Guatemala, Sacatepéquez, El Progreso, Escuintla y Santa Rosa tienen todos sus municipios en alerta roja y naranja. En lo que va de 2021, no se habían registrado tantos municipios en rojo como ahora. Según personal de comunicación del Ministerio de Salud, solo hubo cifras de contagios tan altas en el período entre julio y septiembre de 2020.
Desde que se implementó el sistema de alertas, solamente un municipio ha estado en alerta verde. San Martín Zapotitlán, en Retalhuleu, alcanzó un 0.96% de contagios por cada 100 mil habitantes del 8 al 21 de enero de 2021. Pero, actualmente, el municipio está en alerta roja.
Las restricciones
Ante el aumento de casos y el hallazgo de variantes del virus SARS-CoV-2 (Alpha, Beta y Gamma), el 2 de julio, el MSPAS anunció nuevas medidas con el objetivo de contener y disminuir los contagios de COVID-19 en el país. Sin embargo, hasta ahora, estas no han sido aprobadas en un acuerdo ministerial que las haga oficiales. En un comunicado publicado después de la conferencia donde se anunciaron las nuevas medidas, el MSPAS aclaró que emitiría un acuerdo para oficializarlas, pero, hasta el momento, este no se ha publicado.
Hasta que el Ministerio de Salud no publique las nuevas medidas en un acuerdo oficial, las restricciones que se encuentran vigentes son las que se aprobaron el 1 de octubre de 2020, en el acuerdo 234-2020. Las municipalidades podrán decidir si hacen cumplir o no las recomendaciones que anunció el MSPAS el 2 de julio.
Estas son algunas de las restricciones que se establecieron en octubre para los municipios con alerta roja (actualmente más de la mitad de Guatemala). El transporte urbano, extraurbano y turístico puede circular, siempre que mantenga su ocupación al 50%.
En los mercados satelitales cantonales y municipales debe mantenerse una distancia de 1.5 metros entre personas, y en supermercados, el aforo permitido es de una persona por cada cuatro metros cuadrados. Deben limitarse horarios específicos para grupos de riesgo, como personas mayores de 60 años.
En sus recomendaciones del 2 de julio, el MSPAS indicó que el aforo para estos lugares debe ser únicamente del 25% de su ocupación (en los municipios en alerta amarilla y naranja podría aumentar al 50%) y a las 19:00 deberían terminar sus actividades.
Según el acuerdo vigente, en centros y plazas comerciales, únicamente se permite una persona por cada 10 metros cuadrados y los clientes solo pueden entrar a los mismos para ingresar a los establecimientos. Los estacionamientos deben habilitarse al 40% de su capacidad y áreas comunes de reuniones, juegos y espectáculos deben permanecer cerradas.
Para las áreas de alimentación ubicadas en centros comerciales, conocidas como food courts, el MSPAS aplica las mismas regulaciones que a cualquier restaurante, que son iguales a las de los hoteles, bares, parques nacionales o sitios arqueológicos. Es decir, una persona por cada 10 metros cuadrados en áreas de mesas internas con ventilación natural y una persona por cada 2.5 metros cuadrados en áreas al aire libre. Se permiten grupos de hasta 10 personas por mesa. Por ejemplo, en un restaurante de 500 metros cuadrados, cerrado pero con ventilación natural, pueden estar hasta 50 personas, incluido el personal.
En las nuevas recomendaciones, se sugiere que las áreas de alimentación de los centros comerciales funcionen únicamente con el servicio de llevar comida fuera de los establecimientos y que en los bares y centros de diversión nocturna solo se permitan grupos de cinco personas máximo por mesa.
Los parques públicos pueden estar abiertos. Deben mantener un aforo de 10 metros cuadrados por persona, se permiten actividades individuales y en grupo, siempre que sean de 10 personas o menos. En estos espacios está prohibida la venta de comida y el establecimiento de comercios.
Eventos, ferias, conciertos y centros de diversión están permitidos y tienen un límite de aforo de 100 personas, siempre que cumplan con el espacio de 10 metros cuadrados por persona, tanto en interiores (con ventilación natural) como exteriores.
Las piscinas públicas pueden estar abiertas para deporte individual y deben tener horario especial para personas de alto riesgo o mayores de 60 años. Cualquier deporte que se practique de forma individual puede realizarse. También están permitidos entrenamientos de deportes olímpicos que permitan mantener una distancia de al menos 1.5 metros entre las personas. En los gimnasios no están permitidas las clases o actividades grupales.
Los cines, teatros, iglesias o templos pueden abrir en un municipio que tenga alerta roja, siempre que respeten el aforo de 10 metros cuadrados por persona. Por ejemplo, en una sala de cine con 200 butacas, de unos 140 metros cuadrados, pueden estar hasta 14 personas.
En las recomendaciones del 2 de julio, el MSPAS sugirió que los espacios cerrados como restaurantes, bares, cines, teatros e iglesias o espacios abiertos como parques únicamente se llenen al 25% de su capacidad y que sus actividades concluyan a las 19:00 horas. Además, que para cines y teatros los boletos estén a la venta a través de internet para no hacerse filas en taquilla.
Según el acuerdo vigente, los centros de trabajo pueden operar, siempre que se mantenga un aforo de cuatro metros cuadrados por persona y ventilación natural. En agricultura y ganadería, el distanciamiento entre personas debe ser de 1.5 metros y se deben evitar aglomeraciones mayores a 10 personas en transporte y actividades en estos sectores.
El uso de mascarilla, el distanciamiento social y otras medidas de prevención de contagios continúan, independientemente del color de alerta de cada municipio.
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¿Son suficientes las medidas?
En las últimas semanas de junio la tasa de positividad se elevó en Guatemala. Según el tablero COVID-19 del MSPAS, el 5 de julio se hicieron 8,690 pruebas y el 32% resultaron positivas.
Otros países con cifras menos graves están tomando restricciones especiales. Por ejemplo, en Chile, donde el 30 de junio se reportó un 7.68% de positividad en sus pruebas, el 12 de junio el Ministerio de Salud decretó un nuevo confinamiento en varias regiones metropolitanas, debido al aumento de contagios.
En Australia también han aumentado las restricciones por el incremento de contagios. La ciudad capital, Sídney, mantiene un confinamiento desde el 27 de junio de 2021, que se prevé dure dos semanas, para contener un brote del virus. Desde que inició la pandemia, Australia reporta 30,804 casos de esta enfermedad y el 7.32% de su población tiene esquema completo de vacunación, según datos de la Universidad Johns Hopkins al 5 de julio. En Guatemala, hay un acumulado de más de 300 mil contagios y apenas del 0.98% de la población tiene el esquema completo de vacunación.
Samuel Perez Álvarez, diputado de Movimiento Semilla, considera que una cuarentena total en Guatemala podría ser una salida para frenar los contagios. Pero ve que no hay voluntad por esta alternativa, a pesar de que han presionado a las autoridades del Ministerio de Salud, a través de citaciones.
“Otros países están volviendo a la cuarentena, sobre todo por mantener el control en el aumento de casos. La ministra (Amelia Flores) y el presidente (Alejandro Giammattei) deben tener como prioridad la salud de las personas, porque el mapa de alertas ya parece insuficiente”, asegura Perez.
Andrea Villagrán, diputada por el partido BIEN, ve complicado otro confinamiento “por las presiones del sector empresarial”, dice. “Es necesario presionar para que se vele por el cumplimiento de las regulaciones, porque la prioridad debe ser evitar contagios para salvar vidas”, concluye.
Edgar González Barreno, epidemiólogo y coordinador del Programa de Medicina Comunitaria de la Universidad Rafael Landívar, considera que esta nueva ola de contagios es una consecuencia del cansancio de las personas, pero también de la falta de voluntad del ministerio de proteger a la ciudadanía, de controlar que se cumplan las regulaciones y de negociar la compra de vacunas.
“Las normas pueden ser más contundentes”, dice, en relación a las nuevas recomendaciones del Ministerio de Salud. “Limitar el contacto entre personas sí ayuda a cortar la cadena de transmisión, pero el monitoreo y cumplimiento de las autoridades está funcionando mal”, recalca. Según González, el seguimiento de casos, el rastreo de contactos, la vigilancia para que se cumplan las regulaciones y la vacunación son factores que deberían estar funcionando mejor.
Patricia Letona, directora de la Secretaría de Comunicación de la Presidencia, explica a Fáctica que la apuesta del Ejecutivo no está en el confinamiento de la población, sino en continuar con la adquisición de vacunas para “avanzar en la vacunación masiva” e intensificar las acciones de comunicación para hacer conciencia sobre las medidas de seguridad sanitaria.
“Esta semana (del 5 al 11 de julio) se recibirá una cantidad importante de vacunas: 1.5 millones de Estados Unidos (donación), 400 mil de Rusia (compra) y 150 mil de México (donación)”, asegura Letona. Hasta ahora, de las 1,429,800 dosis de vacuna contra la COVID-19 recibidas en Guatemala, el 25% han sido donaciones. De 8 millones de dosis pagadas al Fondo de Inversión Directa de Rusia, únicamente se han recibido 350 mil.
“Urge certeza del aprovisionamiento de vacunas. En lugar de decir que las personas son completamente responsables de la pandemia, la administración de dosis tiene que aumentar”, enfatiza González.
El cumplimiento de las medidas
En la conferencia de prensa del 2 de julio en la que anunciaron las recomendaciones, las autoridades del MSPAS no explicaron cómo se garantizaría que la población cumpla con las medidas. Esto tampoco está especificado en el acuerdo de octubre de 2020, que regula las restricciones actuales. La Dirección de Comunicación del ministerio asegura que la labor de supervisar y garantizar el cumplimiento de las regulaciones está a cargo de varias entidades del Gobierno.
En esa línea, Jorge Aguilar, portavoz de la PNC, explica que “los operativos son multisectoriales”: la Policía Nacional Civil (PNC), el Ministerio de Salud, el Ministerio Público (MP), municipalidades y, de ser necesario, el Instituto de Migración y la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) deben velar porque se cumpla el acuerdo, detalla.
“Si una persona desea denunciar el incumplimiento de las regulaciones, lo más rápido es hacerlo a través de la PNC. Pueden comunicarse vía telefónica al 110”, añade Aguilar, que asegura no tener datos de denuncias ni de acciones llevadas a cabo por la Policía contra personas que no hayan cumplido las disposiciones.
Aunque en el acuerdo publicado por el MSPAS tampoco se especifican sanciones concretas según la medida que se incumple, la Dirección de Comunicación del ministerio asegura que es el Código de Salud el que regula esto. En el artículo 219 se establecen una serie de sanciones que se imponen si se infringen las disposiciones de los reglamentos, leyes y disposiciones de salud vigentes.
Estas sanciones van desde una notificación por escrito, a multas de entre 2 y 150 salarios mensuales mínimos (fijado en Q2,825 para 2021), o el cierre temporal o definitivo de un establecimiento que incumpla las medidas.
Sin embargo, las sanciones solo se aplican a los encargados de los comercios que incumplen con las regulaciones y no a personas individuales, seǵun explica Aguilar. El vocero de la PNC lo ejemplifica con una denuncia que recibieron en junio de 2021, por una aglomeración en un bar de la zona 11 de Ciudad de Guatemala.
Según explica, se canceló un evento en el que había 77 personas en un espacio reducido. “Uno de los presentes resultó positivo a la prueba de COVID-19, así que se coordinó una ambulancia para su traslado. Se multó al (responsable del) comercio y se cerró de forma temporal”, comenta.
“Algunos operativos se trabajan previo a los eventos. Si la ciudadanía conoce de algún evento clandestino a llevarse a cabo, se puede comunicar con nosotros”, acentúa.
Para el epidemiólogo Edgar González, las medidas son de ayuda para evitar contagios, pero dejan de ser funcionales cuando no se hacen cumplir. “Si las autoridades no están detrás de la población, solo son un documento más”, concluye.
“La autoridad parece invisible. Hay un acomodo en cuanto a verificar y sancionar a quienes no cumplen con las restricciones”, añade la diputada Andrea Villagrán.
