El Registro Nacional de Personas (Renap) ha inscrito 11,239 matrimonios de niñas y adolescentes de 9 a 17 años, de enero de 2010 al 15 de abril de 2021. En Guatemala, los matrimonios de personas menores de 18 años se prohibieron en 2017, pero desde entonces se registraron 150. El Renap alega que son inscripciones de matrimonios de años anteriores a la aprobación de la Ley.
Desde 2017, en Guatemala están prohibidos los matrimonios de personas menores de 18 años. A pesar de esto, y aunque los datos reflejan que han disminuido, en los últimos cuatro años aún se registran matrimonios infantiles, de acuerdo con los datos del Registro Nacional de las Personas (Renap).
En septiembre de 2017 se reformó el Código Civil de Guatemala, a través del Decreto 13-2017. El Artículo 83 del nuevo Código Civil detalla la prohibición: “No podrán contraer matrimonio ni autorizarse de manera alguna, el matrimonio de menores de 18 años”. Esta prohibición incluye las uniones legales tanto entre menores de edad, como entre adolescentes y adultos.
Sin embargo, según los datos del Renap, entre el 1 de enero de 2017 y el 15 de abril de 2021, en Guatemala se inscribieron 150 matrimonios de niñas y adolescentes. Antes de la prohibición legal, de 2010 a 2016, la institución registró 11,089.
Los tres departamentos donde más matrimonios infantiles se registraron en los últimos diez años han sido Quiché con 1,497; Huehuetenango, con 1,410 y Quetzaltenango, con 1,215.
Los 150 matrimonios inscritos desde 2017 se realizaron principalmente en Quiché, Guatemala, Quetzaltenango, Retalhuleu, Huehuetenango, San Marcos, Suchitepéquez y Alta Verapaz.
Agencia Ocote consultó a personal del departamento de Comunicación del Renap por qué continúan las inscripciones de matrimonios de menores de edad, a pesar de estar legalmente prohibidos. La respuesta fue que estas inscripciones se han registrado de forma extemporánea. Es decir, que corresponden a años anteriores de que entrara en vigencia el Decreto 13-2017 y no se habían inscrito cuando todavía se permitía el matrimonio de menores de edad.
Personal de Comunicación de la institución aseguró que esto también ocurre con las inscripciones de nacimientos, de divorcios y con las actas de defunción: no siempre se inscriben en el año en el que ocurre el acontecimiento.
De acuerdo con el Renap, en la actualidad, la Inspectoría General de esa institución se dedica a verificar si existen casos de matrimonios infantiles que se hayan realizado después de 2017, para que no se infrinja la normativa.
Sin embargo, Mirna Montenegro, directora del Observatorio en Salud Sexual y Reproductiva (Osar), asegura que en la organización tienen constancia de que las uniones continúan en algunos lugares de Guatemala. Además, puntualiza que, a pesar de que las reformas al Código Civil han sido un avance, “no han impactado en los embarazos en adolescentes”.
En esta gráfica puede observarse cómo los matrimonios infantiles han disminuído en los últimos años, mientras que los embarazos en adolescentes aumentaron en 2018 y 2019.
Montenegro dice que en el Osar han monitoreado si se cumple o no con la prohibición y han identificado que hay comunidades en las que las personas menores de 18 años se siguen uniendo, sin firmar ningún documento, o esperan a que las adolescentes cumplan la mayoría de edad para registrar el matrimonio.
Karla María Morales Diva es coordinadora del proyecto Paz Joven Guatemala. Asegura que el hecho de que se sigan registrando matrimonios infantiles refleja un desconocimiento tanto de las autoridades como de la sociedad y confirma que la práctica sigue existiendo.
Paz Joven también hizo un análisis del cumplimiento del decreto 13-2017 y determinó que las instituciones públicas habían inscrito más de 90 matrimonios en 2019.
Las consecuencias
Unicef ha identificado una serie de consecuencias que los matrimonios infantiles tienen en niñas y adolescentes. Por ejemplo, el impedimento de que sigan asistiendo a la escuela, la dependencia económica y emocional de sus parejas, los efectos en su salud física y psicológica y el aumento de las probabilidades de sufrir violencia.
De acuerdo con información recopilada por el Osar, los matrimonios infantiles han llevado a la deserción escolar de las adolescentes y, en algunos casos, las han orillado a suicidarse.
En 2019, el programa de Estudios de género y feminismos de Flacso en Guatemala realizó un estudio en el que analizó los suicidios de 14 adolescentes que habían pasado por un embarazo. “Una de las causas fundamentales del suicidio en adolescentes embarazadas es la violencia de género. Experiencias relacionadas con violencia sexual, abusos, engaños, maltratos y sensación de aislamiento están estrechamente ligadas a conductas suicidas”, señala el documento.
La socióloga Ana Lucía Ramazzini Morales, quien estuvo a cargo de esta investigación, explica que se han normalizado prácticas violatorias de derechos como los matrimonios o uniones infantiles forzadas. “En las investigaciones realizadas hemos encontrado una correlación entre uniones y embarazos: cuando se da un embarazo, generalmente se da una unión y viceversa. Esto implica grandes riesgos de salud física, social y mental para las niñas y adolescentes”, explica Ramazzini.
[Lee aquí: Según un estudio de UNFPA, las niñas obligadas a ser madres tendrán menos oportunidades]
El Osar documentó el caso de una adolescente de 17 años de Cobán, en Alta Verapaz. En 2018, después de conocer que estaba embarazada de su novio, de la misma edad, sus padres la obligaron a unirse con otro hombre de 28 años.
La joven dijo a la organización que los padres del hombre y los de ella lo acordaron sin su consentimiento. Justificaron ante la comunidad que la pareja se quería y por eso se había unido, pero no los registraron en el Renap porque ella era menor de edad.
Ella terminó abandonando la escuela. Según explicó en el Osar, el hombre con quien se unió la agredía físicamente. No recibió apoyo del Estado. La organización fue la que le dio el acompañamiento médico y psicológico.
La responsabilidad
Dorotea Gómez, defensora de la mujer de la Oficina del Procurador de los Derechos Humanos (PDH), indica que las autoridades que deben garantizar que se cumpla el Decreto 13-2017 son la Secretaría Presidencial de la Mujer (Seprem), el Registro Nacional de las Personas (Renap), la Secretaría de Obras Sociales de la Presidencia (Sosep), el Archivo General de Protocolos del Organismo Judicial y la Procuraduría General de la Nación (PGN).
Gómez asegura que, cuando se registran matrimonios infantiles, estas instituciones deben denunciarlo, ya que es un delito, pero indica que generalmente no lo hacen.
En noviembre de 2019, igual que Paz Joven, la defensoría hizo un análisis del cumplimiento del decreto y comprobó que, entonces, la PDH había identificado al menos 53 matrimonios de niñas y adolescentes, mientras que el Renap registraba 25.
La PDH encontró que en el Renap y en la PGN había un desconocimiento de la reforma al Código Civil y que en la página web del Renap todavía aparecía la información de que adolescentes podían contraer matrimonio con la autorización de sus padres.
En el Archivo de Protocolos del OJ, la PDH comprobó que el personal de la institución únicamente revisaba si las inscripciones matrimoniales cumplían con los requisitos de documentación, pero no garantizaba que cumplieran con la ley vigente. No se verificaba si la persona era mayor de 18 años o no.
“Esto para nosotras es un vacío y denota que no se está tomando con seriedad y suficiente responsabilidad la obligación que tienen todas las instituciones para garantizar que se cumpla lo establecido”, cuestiona Dorotea Gómez.
KarlaMorales, de Paz Joven Guatemala, concluye que es necesario plantear una ruta de atención para garantizar el bienestar de las niñas y adolescentes. Indica que, cuando se conoce un caso de matrimonio infantil, los juzgados y la Procuraduría General de la Nación (PGN), únicamente proponen la institucionalización de las menores de edad en hogares de protección.
Danissa Victoria Ramírez de Paz, directora contra la Trata de Personas de la Secretaría contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas (Svet), indica que la prohibición del matrimonio infantil no entra entre las competencias de la institución, pero aseguraa que abordan el tema, para evitar que el matrimonio sea una solución a un delito de violencia sexual. Asegura que, por el momento, no han conocido ningún caso.
Según Ramírez, 39 consultores de la Svet son los encargados de generar alianzas con autoridades, líderes, padres de familia y adolescentes para socializar los mecanismos de denuncia de delitos sexuales.
El cambio estructural
Ana Lucía Ramazzini recuerda que tener un marco jurídico que prohíbe los matrimonios infantiles es un paso “enorme y valioso, pero no es suficiente”. Aunque haya una ley que regule esto, los cambios en la sociedad no son inmediatos. Indica que es una problemática compleja y necesita abordarse también desde esa complejidad. Necesita un abordaje desde diversos espacios y niveles: comunitario, familiar, educativo y personal.
“La transformación cultural —añade Ramazzini— implica la transformación del imaginario social, que es el conjunto de pensamientos patriarcales en los que se basa, sostiene, justifica y reproduce esa cultura machista”.
Rocío Rosero Garcés, socióloga feminista con formación en antropología, derechos humanos y género, comparte esto. “Las prácticas culturales ancestrales constituyen una barrera enorme en ese sentido. La naturalización de la violencia, de la posesión de los cuerpos de las niñas y adolescentes desde tempranas edades en varias comunidades y pueblos, es un tema que está justificado socialmente, que no se cuestiona”, dice Rosero.
Las dos sociólogas coinciden en que la educación integral en sexualidad es una de las vías para prevenir la violencia y los matrimonios infantiles. “El Ministerio de Educación tiene la obligación de implementar la estrategia a lo largo del sistema educativo, porque proporciona los conocimientos, actitudes y habilidades para identificar las manifestaciones de violencia”, dice Ramazzini.
Además, añade, “la educación sexual ayuda a cuestionar los estereotipos de género y las masculinidades hegemónicas que juegan un papel central en violentar a las mujeres. Esto es fundamental para lograr el cambio en las nuevas generaciones”.
Para Rosero, garantizar y proteger a niñas, adolescentes y mujeres, no significa únicamente hacer una legislación: “Implica, además, políticas públicas de prevención, que es lo que menos tenemos en América Latina. Hay una resistencia que se gesta en los aparatos ideológicos de Estado: en las iglesias, en el Gobierno, en los medios de comunicación que siguen reproduciendo los patrones de naturalización de las violencias contra las mujeres y las niñas”.
“Este no es un trabajo a corto plazo. El cambio de patrones socioculturales es un cambio que tiene que darse a partir de la información, del conocimiento y de la importancia”, resume Rosero.
