Agosto, 2020. Una mujer recibió una amenaza por un mensaje de WhatsApp donde le advertían: “Tengo un tema muy delicado q hablar con tigo ya q una mujer está ofreciendo dinero por q te matemos y pues casualmente te conoce un compañero y queremos hablar con tigo antes de actuar va” (sic.).

La afectada fue al MP.  Detrás de ella había unas siete personas, que escucharon la conversación que sostuvo con la delegada de la ventanilla. La delegada le preguntó las razones de su denuncia. Ella respondió que la presentaba “por extorsión”. 

De forma apresurada, sin mayor cuestionamiento ni preámbulo, la trabajadora del MP le entregó una hoja de papel con las instrucciones para hacer la denuncia en línea. Ella temía por su vida. Regresó a su casa y presentó la denuncia electrónica.

La mujer consultó a una familiar, que conocía a un investigador policial, quien le sugirió pedir recomendaciones a la División Nacional contra el Desarrollo Criminal de las Pandillas (Dipanda) de la Policía Nacional Civil (PNC), y así lo hizo.

Siguió las recomendaciones que le dieron en Dipanda para su seguridad: bloquear el número desde el que recibió la denuncia, no contestar números telefónicos desconocidos y verificar que sus redes sociales tuvieran mecanismos de seguridad. Hasta hoy, casi nueve meses después, no ha recibido comunicación del MP.

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Antes de que el Gobierno informara sobre el primer caso de coronavirus en Guatemala, el 13 de marzo de 2020, el MP tenía 20 personas asignadas en la sede central del Ministerio Público de la capital, para la recepción de denuncias: 16 en ventanilla de atención y cuatro en asesoría.

El proceso de recepción de denuncias consistía en un primer análisis, en derivar la denuncia a alguna fiscalía y en ofrecer salidas procesales a la unidad que correspondía. Continuaba con la comunicación a la víctima para informarle acerca del destino de su denuncia.

A un año de la pandemia y hasta el mes de febrero de este año, esta institución tenía asignadas a 10 personas en la Oficina de Atención Permanente (OAP) metropolitana; ocho en ventanillas, dos en asesoría y seis en atención en línea.

En los registros del MP, la información de denuncias, según la manera en la se reciben,  se divide en: verbales, que son las que se interponen físicamente en la OAP; electrónicas, que se reciben a través de la aplicación Reportes MP para cualquier delito; y telefónicas, que únicamente registran delitos específicos como violencia contra la mujer y extorsiones.

Las denuncias en línea aumentaron sustancialmente durante la pandemia, por las medidas de distanciamiento y por los cambios instalados en el MP. Estas son realizadas a través del portal del Ministerio Público, donde se debe llenar un formulario con datos generales del denunciante e información de los hechos.

De enero a diciembre de 2019, el MP había registrado apenas 617 denuncias electrónicas. En el mismo período de 2020, se registraron 6,851 denuncias electrónicas. Solo en los tres primeros meses de 2021 (del 1 de enero al 31 de marzo), la Fiscalía recibió 3,019 denuncias electrónicas.

Solo este año, del 1 de enero al 31 de marzo de 2021, el MP recibió 16,500 denuncias verbales, 6,559 telefónicas y 3,019 electrónicas.

En 2020, el Observatorio de Mujeres del MP recibió 209 denuncias diarias de delitos contra la niñez y las mujeres. Hasta el 2 de mayo de 2021, el promedio ascendió a 233 denuncias diarias. En 2020 el dato había sido de 203 y en 2019, de 211 denuncias diarias.

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¿Presencial o en línea?

Otto Santizo, coordinador nacional del Sistema Informático del Ministerio Público, explica que, desde diciembre de 2018, en la gestión de la fiscal general María Consuelo Porras, se creó el mecanismo para recibir las denuncias electrónicas por delitos que no tenían “impacto significativo en atención victimológica”, como el hurto o robo de un teléfono o computadora.

A causa de la pandemia, por las restricciones en la locomoción y el riesgo para las personas de llegar a las fiscalías, incrementó la recepción de denuncias electrónicas, que ya no se limitaron a delitos menores.

“Hubo un incremento no solo por el tema de pandemia, sino porque en 2020 también se abrió (la posibilidad) de denunciar cualquier tipo de delito. Había capacidades desde que nació el proyecto de denuncia electrónica, se coordinó con la Oficina de Atención Permanente”, dice Santizo.

El funcionario explica que la Oficina de Atención Permanente, ubicada en Gerona, en la zona 1 de Ciudad de Guatemala, es la más grande a nivel nacional y tiene una estructura completa de agentes y auxiliares fiscales que recibe todo tipo de denuncias (físicas y electrónicas), las clasifica y remite a la fiscalía especializada que corresponda, o a la fiscalía metropolitana, si son delitos comunes.

Aunque cada fiscalía de Guatemala tiene su Oficina de Atención Permanente (OAP), la recepción de denuncias en general, se centraliza en la unidad que está en Gerona.

¿Quién recibe las denuncias?

Santizo, el coordinador del Sistema Informático del MP, explica que, con la pandemia, cambiaron la forma de capacitar al personal en el uso del sistema para ingresar las denuncias en línea. Antes de la pandemia viajaban a los departamentos y actualizaban a los trabajadores sobre el uso del sistema; tenían guías interactivas, pero por la COVID-19, adoptaron la capacitación virtual, una vez por semana.

Además, “casi todos los días”, cuentan con un capacitador que tiene la sesión abierta para responder, de manera virtual, dudas de los fiscales que reciben las denuncias.  Cuentan con siete capacitadores y una mesa de ayuda conformada por ocho telefonistas que atienden por vía remota para dar apoyo a los fiscales que lo necesitan.

Los trabajadores que atienden presencialmente en la Oficina de Atención Permanente en Gerona también están a cargo de todas las denuncias en línea por turnos escalonados, explica Santizo. Son los delegados que están en las ventanillas donde se reciben las denuncias los que deciden si esta será electrónica, o física.

Si una persona llega a la fiscalía a presentar una denuncia y ahí mismo uno de los delegados decide que esta debe presentarse de manera electrónica, la enviarán de regreso a su casa, como le pasó a la mujer del inicio de este reportaje.

“No ha habido ningún inconveniente, porque la ventaja de la denuncia electrónica es que para nosotros como MP es más fácil, porque viene la razón de los hechos, los documentos anexos. Básicamente el analista revisa esas denuncias.  En la Oficina de Atención Permanente están quienes reciben las denuncias y atrás están los analistas”, dice el entrevistado.

Sin embargo, para las personas entrevistadas en este reportaje, las denuncias electrónicas han representado dificultades. Por ejemplo, las adultas mayores necesitan ayuda de otra persona para interponer la denuncia, o no tienen Internet.

Agencia Ocote consultó a Santizo las razones por las que a las víctimas que llegan físicamente las han enviado a interponer su denuncia en línea o a una subestación policial. Explica que hay delitos que demandan priorizar a la víctima, por ejemplo, las lesiones o la violencia contra la mujer en su manifestación física. Esto, dice, exige tiempo para escuchar, mientras que, en otros casos, el proceso puede realizarse en línea.

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Son unas diez personas en fila, de pie, frente a la entrada del Ministerio Público. En la puerta, una mujer protegida con una mascarilla sostiene una botella de gel en las manos y  pregunta: “¿A dónde se dirige?”. 

Todas las personas deben responder a la pregunta apresurada, para darle paso a quien está detrás. Una hora después, un hombre, que utiliza el mismo protocolo, la sustituirá:

—¿A dónde se dirige? —cuestiona.  

—A interponer una denuncia —responde una mujer. 

—¿Por qué razón?

—Por un delito —responde la joven. 

—¿Denunciará a su cónyuge? —pregunta, mientras el resto de la fila la escucha.

—No, es por extorsión —dice. 

La hace pasar a una ventanilla.

Le consultamos a la mujer que atendía al inicio cuál es el criterio para decidir qué denuncias se presentan en línea o de forma presencial. Responde en la misma línea que Santizo: todo depende del delito.

Dentro del Ministerio Público, la denunciante se encuentra con dos ventanillas. Una mujer y un hombre atienden.  La mujer la escucha. A pesar de que llegó a denunciar el mismo delito que la señora que recibió extorsiones, la delegada decide que, ella sí, puede ingresar e interponer su denuncia de manera física.  

Enviada a una subestación policial

Es el turno de una mujer que fue estafada por un hombre en una red social, quien le prometió que le vendería un vehículo.  Ella no corre con la misma suerte de la joven que fue extorsionada. La mujer de la ventanilla la envía a una subestación de la Policía Nacional Civil (PNC), ubicada en la 17 calle y 14 avenida de la zona 1. Le entrega un papel con la dirección.

La denunciante necesita que alguien la escuche. Llorando, relata que perdió sus ahorros de tres años. Realizó diferentes pagos por casi Q30 mil a un hombre que se ganó su confianza y la de otros comerciantes. Les robó el dinero y nunca les entregó el vehículo que promocionaba en las redes sociales.

“Fueron tres años de trabajo. Yo vendo pasteles y comida. Todos los días me levanto a las 5 de la mañana y me duermo a las 11 o 12 de la noche.  Ese dinero era producto de mis ahorros, de mi esfuerzo”, lamenta. 

La mujer deberá ir a la subestación policial a donde fue remitida. Seca sus lágrimas y se acerca a una patrulla estacionada frente al Ministerio Público para pedir indicaciones y hallar la dirección. Un agente le explica y continúa su camino.

Más tarde preguntaremos al departamento de Comunicación del MP por qué no recibieron la denuncia por estafa.  La explicación es que la Fiscalía recibe todo tipo de denuncias, siempre y cuando no haya hecho el proceso en otra institución para no duplicar expedientes. A los pocos minutos, la denunciante comentó a Agencia Ocote que cuando se dirigía a la PNC fue contactada para ser escuchada en la sede del MP.

El periplo para presentar una denuncia

Diciembre, 2020. Una mujer de la tercera edad pretendía interponer una denuncia por violencia contra la mujer, porque había sufrido violencia económica y psicológica de parte de un hombre de su entorno familiar.

Llamó a la línea 1572 del MP, pero le pidieron que llegara a la institución, por el tipo de denuncia. Como es población vulnerable ante la COVID-19 pidió ser atendida por teléfono.  

En este caso se requirió el apoyo de la Procuraduría de Derechos Humanos (PDH), quien pidió a la Procuraduría General de la Nación (PGN) que interviniera. La PGN, que puede interceder en casos donde los agraviados son adultos mayores, informó que podrían enviar personal y tomar la denuncia pero que, de cualquier forma, la mujer tendría que brindar su testimonio ante el MP.

En el MP le explicaron a la mujer que harían una excepción y le prometieron enviar a personal policial a recoger su declaración.  Para su sorpresa, un despliegue policial con más de diez agentes llegó a su casa. Le explicaron que habían recibido la notificación de que debían “rescatarla”.

Tras las explicaciones de que no se trataba de un rescate, el personal de la PNC dijo que tomarían la denuncia, pero una vez más, debía ir al MP.

Se dio por vencida. A pesar de los riesgos a su salud, fue al MP. Explicó en la ventanilla del Modelo de Atención Integral para las Mujeres lo que había sucedido. Personal del MP le indicó la razón por la que inicialmente no querían tomar la denuncia: consideraban que el delito encuadraba en “estafa” y no en violencia contra la mujer, ya que el victimario le había robado dinero.

Sus abogadas le habían recomendado que la denuncia debía interponerse por violencia contra la mujer, porque entre el agresor y ella había una relación de afecto y confianza.

En el MP la remitieron a la Oficina de Atención Permanente. En la OAP, le informaron que no atendían presencialmente por la pandemia y que debía poner la denuncia en línea. Finalmente regresó a su casa e hizo la denuncia en línea, con el apoyo de otras personas. Sola, no habría podido, asegura.

Al siguiente día, un analista del MP le informó que la denuncia fue desestimada porque no correspondía a la OAP, sino que el delito se enmarcaba en el de violencia contra la mujer.  Ella explotó. Reclamó. El analista que la llamó le colgó el teléfono.

Después de unos minutos volvió a llamar y explicó que harían “una excepción”. Asignaron el caso a la Fiscalía de la Mujer, por el delito de violencia contra la mujer. A través de un juzgado hubo mediación para que el agresor devolviera el dinero que le había robado a la afectada.