Lo sucedido recientemente en El Salvador tras la toma de posesión de la nueva Asamblea Legislativa -ahora con mayoría absoluta del partido que llevó al poder a Nayib Bukele-, mantiene preocupados en Guatemala a muchos actores que, con fundamento, temen que esta acumulación de poder alrededor de la figura del presidente sea el inicio del fin de la democracia en el vecino país, y el retorno a prácticas autoritarias de las cuales nos costó tanto salir como región.

No pienso profundizar sobre lo que allá sucede, porque no soy salvadoreño y no entiendo con certeza por lo que atraviesan, pero sí puedo constatar que su ciudadanía está satisfecha con la labor de su gobernante, lo cual se refleja en los abrumadores resultados electorales obtenidos por Nuevas Ideas, en el marco de la legalidad y las normas que exige esa misma democracia que hoy pareciera estar bajo amenaza.

Yo volteo a ver a mi país, o a ese trapeador al que insistimos en llamarle país. Y tengo muchas dudas, muchas interrogantes que invaden mi cabeza respecto a esa defensa feroz de la democracia, cuando el sistema democrático como tal, en el caso específico de Guatemala, está conducido por delincuentes y oportunistas que ocupan las más altos puestos, y cuyo trabajo ha sido beneficiar en exclusiva a ciertos sectores minoritarios, a los cuales se deben y representan con absoluta lealtad.

Y me lo pregunto, porque yo no le veo una salida por las buenas y guardando las formas al estancamiento y abandono en el que las mafias incrustadas en el poder nos mantienen. Es justo esa respuesta la que busco en las interrogantes que me planteo en la cabeza: Si la ruta tomada por Bukele no es la correcta, ¿cuál debería ser entonces el camino adecuado para nosotros en particular?

Es innegable que Alejandro Giammattei y sus diputados aliados, los nuevos magistrados de la Corte de Constitucionalidad, los de la Corte Suprema de Justicia y del Tribunal Supremo Electoral, la fiscal general del Ministerio Público, la patronal y otros actores, desprecian constante y sistemáticamente las necesidades básicas de la gente. Ni hablar de pensar en atender con seriedad los problemas estructurales que alimentan la desesperanza, la migración y la violencia.

Y lo hacen con descaro, a mansalva, con premeditación y alevosía, utilizando precisamente el sistema democrático que tanto se defiende, para escudar sus perversidades.

Por lo mismo, tampoco es extraño que muchos soñemos con sacudirnos a ese montón de criminales que tienen cooptado el poder, y mandar por un tubo de una vez por todas a la élite depredadora aglutinada en el CACIF.

En tal contexto, los argumentos que se utilizan para cuestionar y condenar lo ocurrido en El Salvador provocan ruido y confusión porque acá, en nombre de la democracia, la institucionalidad y el Estado de Derecho, la sociedad guatemalteca se mantiene hundida, indefensa y a merced de los caprichos e intereses de estos grupos.  

Es cierto. No podemos ni queremos vivir en un Estado represor, que te considera enemigo político y te manda a la cárcel por ello, o te censura y persigue por manifestar ideas contrarias a las oficiales. Pero tampoco podemos avanzar con un Estado debilitado, inepto y cooptado, incapaz de atender con eficiencia y responsabilidad las necesidades sensibles de la población, y que no la ayude a obtener condiciones que garanticen su salud, educación, seguridad y desarrollo.

Eso es lo que tenemos en Guatemala. En cambio, en El Salvador pareciera que existe una respuesta al menos adecuada desde el Estado, y por eso el respaldo de la ciudadanía hacia las medidas de Bukele.

Si no queremos que nos pase lo de El Salvador, de pronto nuestra salida empieza por reconocer que no tenemos democracia sino “pistocracia”, como atinadamente le llama Quique Godoy. Aquí se gobierna, se legisla y se acciona en función de las ganancias y la preservación de privilegios, no por el desarrollo del país: así de simple.

A fin de cuentas, a quienes preocupa si vivimos o no en democracia somos los que hemos tenido el privilegio de la educación y contamos con lo básico para subsistir en este pantano. Pero para las familias del Corredor Seco, por poner algún ejemplo, la pistocracia ha hecho que dé lo mismo cómo se le llame al sistema que nos rige, pues el mismo ni les resuelve, ni les respalda, ni les apoya, ni acompaña. No les sirve a ellos ni a nosotros.

Quizás la salida adecuada sea apostarle a fortalecer la lucha contra la corrupción y la impunidad, como un camino para arrebatar las instituciones de las garras de las mafias. Ruta cuesta arriba porque, si las mismas están controladas y operadas por los grupos de poder, pasaremos mucho tiempo como el perro mordiéndose la cola.

Contar con mecanismos de probidad y transparencia deberían ayudar a que el Pacto de Corruptos frene el saqueo y deje de actuar con el descaro que le caracteriza, sabido de que de no hacerlo sus protagonistas terminarán en la cárcel, como sucedió cuando la CICIG operaba en el país.

Por ahora, la FECI es la única que mantiene esta lucha en solitario. Si no fuera por el apoyo abierto y manifiesto de los Estados Unidos, hace ratos hubiese sido desarticulada y toda esperanza estaría perdida. Pero si ella no cuenta con el apoyo decidido de la ciudadanía, esa misma que está harta de los abusos y los excesos impulsados en nombre de la institucionalidad y el Estado de Derecho, poco o nada va a cambiar.

Hablar de democracia y defenderla va más allá de la retórica y la teoría. Requiere también de entender los efectos directos que su práctica tiene en la gente. Porque al final, en un país hundido en la desigualdad como el nuestro, la población siempre preferirá acceder a mejores condiciones de vida y obtener certezas, sin que importen tanto las formas y los buenos modales.

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FERNANDO BARILLAS SANTA CRUZ

Periodista que ha aprendido a utilizar las letras como revolver y puente. Crítico de su país, aunque aún confía que el amor de pronto haga el milagro. Poeta clandestino, viajero cuando puede y soñador irremediable. Consultor en comunicación e integrante de Antigua Al Rescate.

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