Banderas ondean, mientras un autobús se incendia. Una manifestación custodiada por una Policía impasible. Aquí una crónica de lo que sucedió el #28N
A las 4 de la tarde del sábado, en la Plaza de la Constitución en Ciudad de Guatemala el ambiente es como si la selección de fútbol estuviera a punto de anotar un gol. En los alrededores de la plaza central las tradicionales ventas con parafernalia para la protesta: vuvuzelas, banderas azules y blanco, gorros y bufandas.
Las voces y los carteles despliegan un variopinto listado de demandas. Las principales son el repudio a la corrupción, la renuncia del presidente Alejandro Giammattei, la destitución del ministro de Gobernación, Gendri Reyes, y la depuración en el Congreso de la República.
Por horas, un micrófono abierto situado en el escenario frente al Palacio, es el centro de atención. Hay fila para hablar a la plaza. Parte de la multitud escucha. Otros vitorean en grupos, bailan, conversan o beben una cerveza.
Mientras, el Palacio es custodiado por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC). Decenas de policías, con pañuelo celeste y blanco al cuello, sostienen rosas blancas. Una actitud distinta a la semana anterior.
“¡Refundemos el país!”, “¡La Policía no nos cuida!”, “¡Guatemala, tu nombre inmortal!”. Entre tambores, bailes y gritos transcurre la tarde. A pesar del ánimo cívico, la atmósfera está enrarecida. Una semana antes, en el mismo sitio, decenas de personas fueron dispersadas con gases lacrimógenos de la PNC. Este sábado todo está en calma aparente. Hasta que se eleva una columna de humo denso y la muchedumbre, curiosa, corre hacia ella. La fuente es un autobús vacío en llamas, parqueado entre la sexta avenida y sexta calle de la zona 1 de la capital.
“¡Infiltrados! ¡Infiltrados! ¡Infiltrados!”, denuncia un grupo. Señalan una decena de jóvenes acusados de haber iniciado el fuego. Los bomberos extinguen las llamas.
En la Plaza las banderas se reagrupan para ondear al ritmo de las consignas, mientras anochece. La manifestación en la plaza se mantiene pacífica, las calles aledañas reúnen a grupos exaltados.
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Lanzan piedras a la Policía, pintan las paredes del Palacio y de Casa Presidencial. Quiebran cámaras con botellas, uno lleva un martillo.
La Policía observa.
Una familia, vecina de la Casa Presidencial, sale apresurada de su casa. “Nos vamos porque esto ya se puso feo. Ay, Dios, olvidé mi mascarilla…”, dice una mujer que aprieta la mano de su hija. Ponen doble candado a la puerta de madera y caminan con celeridad. No saben a dónde irán.
El sábado anterior el conflicto era entre Policía y manifestantes; ahora es entre ellos mismos. Unos buscan una manifestación pacífica, otros no escuchan y lanzan piedras.
Policías, manifestantes, delegados del Procurador de los Derechos Humanos (PDH) e incluso periodistas de Ruda, Prensa Libre-Guatevisión, Nuestro Diario y de la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas (FGER) fueron atendidos por los bomberos y la Cruz Roja. Este sábado las agresiones venían de los mismos grupos de manifestantes que algunos insistían en calificar como infiltrados. Según Jorge Aguilar, vocero de la PNC, 38 agentes resultaron heridos y fueron hospitalizados.
Un par de bombas lacrimógenas dispersaron al grupo de manifestantes que arrinconaba a los policías.
Quedó nada más, frente a la plaza silenciosa, el cadáver de un autobús que fue retirado el lunes.
El saldo y un análisis
Jorge Aguilar, vocero de la PNC asegura que el ministro Reyes había dado una orden específica desde la mañana: proteger la vida, resguardar la seguridad de la población y resistir ante toda insinuación de violencia. “Si los agentes reaccionan, activan la ley de contagio. Y eso desencadenaría más violencia”, dice.
En su discurso del sábado 28 por la mañana, Reyes dijo a los agentes: “esta noble institución, la institución del pueblo de Guatemala, la institución que protege a todos los guatemaltecos, es del pueblo y está para servirle al pueblo”.
El cambio radical entre la actuación de cada sábado era evidente. El primero, la represión. El segundo, la impasibilidad.
“El 21 de noviembre hubo una falta de atención operativa y una alteración del trabajo policial. La detención de personas fue arbitraria. Una semana después, la PNC quiso hacer evidente su filosofía de prevención”, analiza Francisco Rivas exministro de Gobernación (2016-2017). Rivas atribuye la nula reacción de las fuerzas policiales a que no tuvieron la información completa de lo que sucedía en la manifestación. “Faltó planificación, faltó coordinación, faltó personal”, analiza.
Rivas explica que la Policía Nacional Civil (PNC) fue creada a partir de los Acuerdos de Paz, firmados en 1996 para terminar con el conflicto armado interno en Guatemala. El objetivo de esta nueva Policía fue terminar con la violencia ejercida por la extinta Policía Nacional (PN), para garantizar un modelo de seguridad democrática en el que se resguardan los derechos constitucionales de todos los guatemaltecos.
Según Aguilar el plan de este último fin de semana fue la prevención y el resguardo: “La lectura es diferente. Este sábado la manifestación fue pacífica y luego un grupo pequeño de personas quiso manipular el orden. La instrucción era no caer en esa jugada”, afirma.
“El actual ministro y el director de la PNC tienen presión en su contra. Eso les motivó a no responder ante la violencia”, asegura Rivas, en referencia a las críticas hacia el director de la PNC, José Antonio Tzubán Gómez y a Gendri Rocael Reyes Mazariegos.
Aguilar reconoce que hubo agentes policiales que utilizaron la fuerza física contra la población. “Si hubo malos agentes policiales, tendrán que enfrentar procesos penales. Ya siete fiscalías (entre ellas la fiscalía de periodistas) han solicitado información para sus investigaciones”, asegura.
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“Es urgente la intervención de las fuerzas de seguridad debido a (que) hay personas armadas”, publicó la oficina del PDH en redes sociales, como llamado al Ministerio de Gobernación. Esto después que el presidente del Congreso, Allan Rodríguez solicitara la intervención del procurador Jordán Rodas.
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