Guatemala

Una de las primeras veces que el caserío Raxtul Rubeltzul, una pequeña comunidad rural del municipio de Senahú, Alta Verapaz, sonó en los medios tradicionales, fue cuando un equipo de voleibol infantil de la escuela logró clasificar a los juegos centroamericanos. Pasaron años y la comunidad no volvió a ser nombrada. Hasta que en abril de 2020, medios comunitarios viralizaron un video en el que mostraban a los habitantes del lugar cargando el cuerpo de Hilda Chub por un camino de terracería. La llevaban entre cinco hombres cubierta por una sábana blanca que solo dejaba descubierta una parte de su corte (indumentaria utilizada por las mujeres indígenas mayas que se asemeja a una falda) rojo. Atrás, su agresor: Santiago Sub, de 53 años, caminaba escoltado por un agente de la Policía Nacional Civil y por miembros del Consejo Comunitario de Desarrollo (COCODE). Niños y niñas del lugar miraban la escena. Otras mujeres corrían detrás del cuerpo, como desesperadas. En plena cuarentena por la pandemia, Hilda se convirtió en la cuarta víctima de femicidio de Senahú.

Hilda era una mujer maya q’eqchí’ de 34 años, morena, alta y de cabello negro. Era originaria del Barrio Vista Hermosa, de la Cooperativa Actelá, otra comunidad rural del altiplano guatemalteco, ubicada a 30 kilómetros del centro de Senahú. El idioma natal de Hilda era el q’eqchi’ y como la mayoría de los habitantes de su región, hablaba poco español. “Era una persona muy amable”, recuerda Selvin Caal, vecino y amigo de sus hermanos, Arturo y Henry.

Caal recuerda que la vida en Actelá era tranquila, pero la pobreza y el hambre siempre han tocado la vida de los habitantes. La familia de Hilda vivía en una casa pequeña de madera y techo de lámina, la electricidad no llegó hace mucho. Senahú es uno de los municipios más pobres y con menor escolaridad del país. Según el Censo del 2018, el  38% de sus habitantes no tuvo acceso a educación y el 46% de las personas solo pudo asistir a nivel primario. Hilda es parte de esas cifras, pudo cursar solo los primeros años de primaria y después se dedicó a los trabajos del hogar sin ganar un centavo. Sus hermanos hombres sí pudieron terminar los estudios.

“Habrá tenido unos 17, 18 años cuando se la llevaron”, dice Selvin. Así acostumbran a referirse los habitantes del lugar al momento en que una mujer se va de la casa para vivir con su esposo. Hilda dejó muy joven Actelá para vivir en el caserío Raxtul Rubeltzul, la comunidad de Santiago Sub, su pareja. Él es pastor evangélico, lo que significa que es considerado como una autoridad dentro del caserío. 

Raxtul es una comunidad pequeña rodeada de vegetación. Llegar es difícil, el camino es de terracería y no cualquier carro lo logra. Solo hay dos escuelas, la de párvulos y primaria. Además, la mayoría de viviendas no cuentan con servicios básicos como electricidad o agua potable. Tampoco hay mucha posibilidad de comunicación, la señal es muy mala y los pocos que tienen acceso a un teléfono son los líderes comunitarios. La comunicación que tiene el caserío con el exterior es a través de Martín Chub, el presidente del COCODE.

Martín cuenta que Hilda llegó a Raxtul como que fuese una extranjera, sin familiares cercanos, y se instaló en una casa como la mayoría del pueblo: pequeña y con tablas de madera. Ahí vivía junto a Santiago y sus cuatro hijos e hijas, el más grande de 10, y el más pequeño de 4. Hilda se dedicaba tiempo completo a cuidarlos, a hacer tortillas, moler el maíz y trabajar en los oficios de la casa. Santiago daba prédicas en la iglesia evangélica del lugar. Nadie recuerda que ella hablara de violencia. Pero tal vez sí lo hizo, el problema es que saberlo resulta cada vez más difícil: con la comunicación mediada por las autoridades y otros pastores de la comunidad, tanto para los familiares de Hilda en Actelá, como para otros vecinos y vecinas en Raxtul, hablar sobre el caso parece no ser una opción. Selvin lo intentó, pero fue cuestionado varias veces por algunos habitantes. Además, la falta de acceso a servicios básicos y de justicia y la poca presencia del Estado, hace que para mujeres como Hilda, sea muy difícil denunciar.

El 24 de abril, en pleno toque de queda, miembros del COCODE llamaron a la policía. Una mujer había sido asesinada en la comunidad. Era Hilda Chub. Algunos líderes comunitarios dijeron que todo había empezado con una “discusión en casa”. Santiago se quitó el cinturón del pantalón y le pegó varias veces a Hilda. Ella trató de defenderse, pero ante los golpes tuvo que correr y cayó en un barranco de más de 6 metros de altura. Aún no se sabe si la caída le ocasionó la muerte o fue la golpiza que le había dado antes. El Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF) no proporciona información personal sobre las víctimas, así que es difícil determinar la manera exacta en la que Hilda murió. Pero cuatro niños y niñas se quedaron sin madre ese día. Ninguno de los familiares de ella vivía en Raxtul y su cuerpo fue trasladado en la palangana de un pick-up de la policía.

Dos de los familiares la reconocieron por el video de Facebook. “Ella es mi familia” y “Ya coordinamos con el Ministerio Público, eso no se va a quedar así”, fueron algunos de los comentarios. Ninguna de las dos personas respondió a los mensajes después de eso. A los niños, autoridades de Actelá los sacaron de  Raxtul y están viviendo con algunos familiares de Hilda en Actelá, en la Cooperativa Las Nubes. Tampoco fue posible acceder a ellos.

A Santiago las autoridades del COCODE lo retuvieron y entregaron a la Policía Nacional Civil (PNC) En la comisaría dio una entrevista en q’eqchí’ al medioSala de Prensa donde negaba tener un vínculo y aseguraba que Hilda “estaba muy alterada, así que decidió sacar el cincho para asustarla, ella corrió y murió al caer en un barranco”. El Ministerio Público lo tipificó como femicidio, y  el caso se encuentra en un procedimiento intermedio en el Juzgado de Primera Instancia Penal de delitos de femicidio y otras formas de violencia contra la mujer del departamento de Alta Verapaz. Algunos periodistas de la región afirman que Santiago salió de la cárcel en los últimos días de septiembre, pero la Fiscalía de Alta Verapaz no quiso brindar información sobre el caso.

El caso de Hilda no volvió a aparecer más en los medios. El Ministerio Público ni siquiera registró su edad, tampoco la relación o el vínculo que la unía con Santiago, aunque varios confirmaron que eran pareja. En los registros del MP el “NO REGISTRADO” aparece como denominador común en los campos que indican relación, identidad de género y edad. A Santiago lo identificaron como “agricultor” y no como pastor evangélico, oficio al que también se dedicaba. Algunos pastores evangélicos que conocían a Hilda y a Santiago decidieron colgar el teléfono cuando se intentó preguntarles acerca del caso. Otros líderes afirmaron que “fue un accidente”.

En Raxtul parece que Hilda es solo una leyenda.

Este perfil se construyó con información recolectada de entrevistas a vecinos, líderes y periodistas, y cotejada con notas informativas e información oficial. Gracias al apoyo de los comunicadores Nelson Yalibat (qepd), Federico Icaal Maas y Rony Morales.

Este texto forma parte de “Violentadas en cuarentena”, publicada en Distintas Latitudes, una investigación colaborativa regional realizada en 19 países de América Latina y el Caribe sobre la violencia contra las mujeres por razones de género durante la cuarentena por la covid-19. Esta investigación fue apoyada por el Fondo Howard G. Buffett para Mujeres Periodistas de la International Women’s Media Foundation.