Fue de los pocos aliados que le quedaron a Jimmy Morales mientras fue presidente, y hoy le dicta de frente a Alejandro Giammattei sus prioridades para el presupuesto 2021. Se pronuncia inmediatamente a favor de cualquier situación que tenga qué ver con abusos de poder, obstaculización de la justicia y preservación de privilegios, pero calla y evade cuando salen a flote escándalos de corrupción y tráfico de influencias, en los que casi siempre resulta estar inmiscuida.

La gran patronal, a quien me refiero, se envalentonó muchísimo después de la salida de la CICIG. Retomó espacios de poder perdidos, fortaleció su influencia en la Corte de Constitucionalidad, la Corte Suprema de Justicia y el Congreso a través de los diputados que integran el Pacto de Corruptos, y mantiene cierto grado de incidencia en algunos medios de comunicación convencionales, también manchados por escándalos de corrupción.

Sin embargo, algo que parece no podrá recuperar -¡ojalá así sea!- es su credibilidad y solvencia para presentarse como un actor que represente intereses colectivos. Ha quedado demostrado una vez más, que su objetivo primordial no es buscar prosperidad para todas y todos, sino mantener la enorme brecha de desigualdad que le permita a sus integrantes seguir siendo los principales beneficiarios de esta tragedia que tenemos de país.

En medio de feroces ataques provenientes de quienes se ven con un pie en la cárcel, la Fiscalía Especial contra la Corrupción encontró poco más de 122 millones de quetzales en una residencia rentada por el ex ministro de Comunicaciones, José Luis Benito, quien junto con el expresidente Morales recibió siempre la bendición del CACIF.

El punto es que ese dinero no surgió de la combustión espontánea, o brotó solito como maleza con el paso del tiempo. Ese dinero proviene de un corruptor, y los corruptores estructurales fueron plenamente identificados gracias a la labor conjunta entre la CICIG y el Ministerio Público antes de Consuelo Porras. Ahora, no solo reconocemos el edificio donde tienen sus oficinas, sino también sus cuentas en tuiter.  

Pero el descaro puede más. Aún sabiendo lo que son y lo que representan, se han atrevido a plantear como asunto de urgencia nacional, la aprobación de la Ley de Infraestructural Vial, que entre otras cosas crea la Superintendencia de Infraestructura Vial (SIVIAL).  La misma estaría integrada por “directores” nombrados por Giammattei, que evidentemente responde a los objetivos de estos empresarios, por el actual presidente del Congreso y otros funcionarios que a todas luces tienen conflicto de intereses. Y, como no podía faltar, también habría un representante de la Agencia Nacional de Alianzas de Desarrollo de Infraestructura Económica (ANADIE).

Medidas de forma que, otra vez, no resuelven el fondo. Aun con la crisis económica ocasionada por la pandemia del COVID-19, y contradiciendo sus prioridades asumidas en la toma de posesión, el Ejecutivo da un espaldarazo a esta visión y le apuesta por construir más carreteras, en vez de enfrentar con políticas públicas los indicadores de pobreza que se han agudizado en el país.

Seguro saldrán con el argumento de siempre, que la apuesta por mayor infraestructura reactiva el empleo y la economía, pero ya no nos tragamos ese discurso. Hemos visto claramente la calidad de las obras, el tiempo que tardan en ejecutarlas y el destino al que va a parar mucho de ese dinero, que debió utilizarse en su adecuada construcción.  Reactivar la economía tampoco es generar empleos temporales y mal pagados.

Si lo que les preocupara realmente fuera reactivar la economía, estarían promoviendo que políticas públicas de protección social como el Bono Familia, continuaran ejecutándose en beneficio de las familias. Al fin de cuentas, la reactivación económica requiere de dinero, y si no hay dinero para consumir no hay nada qué reactivar.

Cierto es que este programa presenta grandes deficiencias y no ha llegado a hogares en donde dicha plata se hace urgente, pero también es cierto que ha sido un bálsamo para muchas de ellas, que vieron terriblemente afectados sus bolsillos estos siete meses de crisis sanitaria.

Es preferible que parte del erario se vaya a los comercios, tiendas, mercados y pacas, que a las caletas de otro mañoso más.

Mientras tanto, el CACIF seguirá justificándose y demandando un accionar estatal que responda en exclusiva a sus prioridades. No olvidemos que una de las razones por las que la patronal siempre se consideró enemiga de la CICIG fue porque la desnudó como la que es, una generadora de corrupción e impunidad.

Ahora, que han reestructurado su injerencia adentro de la oficina de la Fiscal General del MP, han garantizado, al menos por un tiempo, que la persecución penal se enfoque en los corrompidos, hacia los que una vez les fueron útiles. Tienen el suficiente poder para quedar otra vez al margen de todo señalamiento penal, y con ello venderse con la “solvencia” para venir y proponer sobre asuntos de país, que al final les sirven únicamente a ellos.

Ojalá que las fuerzas políticas medianamente decentes que aún tienen presencia en el Congreso aprueben un presupuesto en función de la gente y no en atención a intereses sectoriales. Ya basta de darle espacio y atención a criminales con iniciativa.

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FERNANDO BARILLAS SANTA CRUZ

Periodista que ha aprendido a utilizar las letras como revolver y puente. Crítico de su país, aunque aún confía que el amor de pronto haga el milagro. Poeta clandestino, viajero cuando puede y soñador irremediable. Consultor en comunicación e integrante de Antigua Al Rescate.

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