En Guatemala, el Código Penal (el texto que regula los delitos y sus penas) es la única ley que menciona la palabra aborto. Y la menciona para hablar de los abortos como eso, como un delito, con sus sanciones y sus diferentes niveles de gravedad. En Guatemala, una mujer puede ir a prisión tres años si interrumpe su embarazo. La pena puede elevarse a 12 años para la persona que realiza la intervención.

Hay un tipo de aborto que no está penado: el terapéutico. Si la vida (la vida, no la salud) de la mujer está en riesgo, un médico puede realizar la intervención pero —remarca el Código Penal— nunca con la intención de buscar “la muerte del producto de la concepción”, siempre con el respaldo de otro profesional de la salud y como última opción.

Aunque existen leyes específicas sobre maternidad saludable y sobre planificación familiar, en estas no hay ningún artículo que mencione las interrupciones de los embarazos. No las contemplan como opción y tampoco como un derecho.

En los últimos años hubo algunos intentos de eliminar el aborto del Código Penal, de despenalizarlo. Pero la presión de grupos conservadores hizo que las iniciativas se quedaran en el limbo. También hubo intentos de reforzar y agravar las penas para las mujeres que abortan, aunque estas interrupciones del embarazo no sean intencionales. Estas han seguido un mejor cauce.

Quetzalí Cerezo Blandón es abogada, especializada en los derechos de las mujeres y directora general de la Asociación Movimiento por la Equidad en Guatemala (AME Guatemala). Fue candidata a diputada del Parlamento Centroamericano (Parlacen) por Movimiento Semilla en las elecciones de 2019, y actualmente es Secretaria de Formación del Comité Ejecutivo Departamental de Guatemala del partido.

Conversamos con ella acerca de las posibilidades de despenalizar el aborto en Guatemala y de las interrupciones de embarazos como un problema de salud pública, algo que todavía no se ha logrado comprender. “Muchas se mueren”, cuenta Cerezo, al hablar de los abortos clandestinos inseguros a los que se someten las niñas, adolescentes y mujeres. “Y esta es una problemática que afecta a las mujeres pobres, que viven en áreas rurales, alejadas. Que afecta a las mujeres indígenas —remarca la abogada—. Y especialmente a las niñas y adolescentes que tienen un embarazo no deseado producto de violencia sexual”.

¿En Guatemala se entiende la situación de los abortos como un problema de salud pública?

En general no se entiende así. La muestra es que está penalizado. El aborto está tratado en el Código Penal, como un delito.

Por el otro lado, existen algunos protocolos que regulan el aborto terapéutico y la atención post aborto. Eso se ha forzado desde los movimientos sociales, los médicos y médicas con un pensamiento progresista basado en los derechos humanos que han empujado esta tendencia a crear mejores regulaciones para tratar a mujeres que llegan a los hospitales para ser atendidas por complicaciones de un aborto. La mayoría son casos de abortos clandestinos y muchos inseguros.

Se trataba de ir rompiendo el estigma del aborto y que las mujeres pudieran llegar a los hospitales públicos y que no se murieran o tuvieran complicaciones severas. Y, además, que esta atención fuera humanizada.

Con una Constitución que se basa en los Derechos Humanos es paradójico querer exigir una atención médica humanizada para las mujeres. Pero es así, el aborto estaba tan estigmatizado que había que pedir a los médicos y médicas que trataran de manera humana y digna a las mujeres.

Este panorama nos da una idea de que el Estado de Guatemala no trata la interrupción voluntaria del embarazo como un derecho humano y como un problema de salud pública, sino que lo trata como un delito criminalizando a las mujeres y poniéndolas en una situación de verdadero riesgo para su vida y su salud.

Las instituciones públicas no llevan un registro de cuántos abortos inseguros se practican, de cuántas mujeres mueren por abortos inseguros, ¿cómo podemos entender la magnitud del problema sin estos datos?

Como el aborto terapéutico estaba despenalizado, se logró integrar un protocolo relacionado al aborto terapéutico (en el Ministerio de Salud). ¿Por qué era tan importante? Porque necesitábamos que hubiera datos fidedignos. Era una manera de visibilizar una situación que las mujeres vivían, que viven aún ahora. Estando despenalizado el aborto terapéutico, las mujeres tienen grandes dificultades para las que se las atienda.

Y eso, las mujeres pobres. Las mujeres que tienen medios, se van con su seguro, a su hospital privado y no hay tanto problema con que le hagan un aborto terapéutico. Pero aquí estamos hablando de las mujeres que acceden al sistema público. ¿Qué es lo que pasa? Por el estigma que ha existido, y aun estando despenalizado, en los hospitales le han dado prioridad al feto y no a la vida y la salud de las mujeres. En muchos casos no sólo les han negado el servicio, también han dejado que se mueran las mujeres, porque han empujado la situación a ese punto.

Aquí hay todo un subregistro. Lo que descubrimos fue que los médicos ni siquiera documentaban los abortos terapéuticos, por temor a que hubiera una acusación o persecución. Se les ponía otro nombre o se ponía que “se resolvía la situación”.

Poco a poco se ha ido desestigmatizando la palabra aborto y se han ido documentando los casos, pero también hay retrocesos. Cuando se contabilizaba la mortalidad materna se contabilizaban las muertes por aborto. Y se veía que el aborto era la tercera o cuarta causa de muerte materna. Pero después empezaron a contabilizar las muertes maternas como hemorragia. Ahora tenemos una situación aun más grave porque están aun más invisibilizadas las muertes por aborto inseguro. El hecho de que el aborto esté penalizado, obstaculiza que tengamos cifras reales de la situación del aborto en Guatemala.

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Comenta que hay médicos que por prejuicios o porque piensan que puede haber consecuencias hacia ellos no practican abortos terapéuticos, a pesar de que están despenalizados. ¿Esto se puede hacer? ¿Pueden negarse?

La objeción de conciencia es un derecho humano que los médicos y médicas tienen. Lo que ha pasado es que los médicos y médicas y las organizaciones fundamentalistas religiosas, sobre todo en América Latina, han abusado de este derecho humano para negarse a hacer los procedimientos de aborto terapéutico o de cualquier otro tipo.

Pero hay regulaciones de la Organización Mundial de la Salud. Un médico puede ejercer su derecho humano a objetar de conciencia, pero bajo ciertas condiciones. En primer lugar, debe atender a las mujeres en emergencia médica. Tiene que atender a la paciente para salvarle la vida, y ya luego la puede referir. No es una cuestión de que se puede negar y dejar que la mujer se muera o que se pueda quedar con una complicación de salud.

La segunda condición es que se tiene que asegurar que en esa referencia la van a atender correctamente, no la puede referir a cualquier médico. De lo contrario caería en negligencia médica.

Son normas internacionales. Pero en el caso del aborto, como está tan estigmatizado, esto no lo enseñan en las universidades, en la práctica médica. Como abogada que he dado formación y sensibilización a médicos, médicas y residentes, me he dado cuenta de que hay un gran desconocimiento de esta situación y un problema de sensibilización.

No la conocen porque no se habla del asunto, no se trata el asunto. Solo a nivel de rumores, de secretividad y clandestinidad, porque está penalizado. La penalización hace un grave daño porque a la hora de que las mujeres llegan con una emergencia médica, los médicos están muy enterados de que pueden objetar pero no de su obligación.

La Constitución dice en el artículo 3 que “el Estado garantiza y protege la vida humana desde su concepción”, que es el derecho en el que se apoyan ciertos grupos para indicar que la despenalización del aborto sería inconstitucional. ¿Es así?

Los grupos religiosos antiderechos están muy bien organizados y han pensado muy bien los argumentos con los que pueden garantizar que el aborto sea penalizado. Uno de ellos es meter en los artículos de las constituciones esta figura de la protección de la vida desde la concepción. Lo han interpretado de una manera restrictiva, como que defender la vida desde la concepción es darle derechos a un feto, lo cual es una contradicción y una aberración jurídica, porque en ningún país está regulado así.

Asimilan el feto como una vida humana y como que los derechos de un feto tienen prioridad sobre los derechos de la mujer. Es una interpretación muy sencilla: dicen que el hecho de que la Constitución diga esto, implica que el aborto debe ser penalizado en todos los casos. Sin entrar en ningún detalle de la práctica y conceptos jurídicos y, por supuesto, sin entrar a la situación que viven las mujeres.

Desde el momento en que nace, la mujer es titular de derechos y adquiere la personalidad jurídica. Esto está regulado en el artículo 1 del Código Civil. Y esto no lo mencionan estos grupos. La teoría de la viabilidad establece que las personas adquieren esa titularidad de los derechos desde el momento en que nacen vivas, desde que es viable su vida.

Ese momento puede ser desde el punto de vista científico a partir de la semana 28 del embarazo. Y esto en lugares donde hay avances tecnológicos y científicos muy grandes, pero en las áreas rurales de Guatemala puede ser a partir de la semana 32.

Además, en base a la legislación internacional, ha habido mucha discusión sobre el concepto de vida. La que lo interpretó en una sentencia muy importante a nivel latinoamericano fue la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Artavia Murillo vs Costa Rica. La Corte dice que no puede asumirse que el feto es lo mismo que una persona. La persona es la mujer, la titular de los derechos es la mujer.

Otra cosa que dice la sentencia es que el aborto no puede penalizarse totalmente en un país, sino que deben existir excepciones a esta circunstancia. El hecho de darle prioridad a la vida del feto por encima de la de la mujer y penalizar el aborto le pone una carga desproporcionada a las mujeres, que la sufren en riesgos a su salud y a su vida.

Estas son las dos conclusiones de una sentencia de una Corte que los países de Latinoamérica deben respetar. Forma parte del bloque de convencionalidad y de constitucionalidad en Guatemala. Pero tampoco la conocen. Y los grupos antiderechos no hablan de esa sentencia y dicen que como no somos parte de la Corte, no tenemos que respetarla.

¿A la hora de legislar y de ejecutar las leyes, prima más la visión religiosa que la legal?

Todo el ordenamiento jurídico nacional e internacional se basa en los derechos humanos de las personas. Hay leyes que regulan el derecho humano de las mujeres a vivir una vida libre de violencia y esto incluye el derecho a la salud sexual y reproductiva. Aquí el problema no es que no se conozca el ordenamiento jurídico.

Son organizaciones que tienen fundamentos cristianos religiosos y hacen una interpretación religiosa que desvía la atención o la implementación de una norma que debería tener como fundamentos los derechos humanos de las mujeres.

Algunas organizaciones y personas tienden a confundir y creer que en la normativa deben prevalecer los principios cristianos antes que la legislación en derechos humanos, y son dos cosas muy diferentes.

El hecho de que se despenalice el aborto no quiere decir que las mujeres están obligadas a hacerse un aborto si no están de acuerdo con él. Esto nunca lo dicen. Siempre ponen la imagen en la cabeza de la gente de que si se despenaliza el aborto, todas las mujeres van a estar obligadas a hacerse un aborto o van a ir a hacer cola para hacerse un aborto. Nadie lucha por el aborto en sí. Ninguna mujer está feliz de hacerse un aborto, es una situación compleja para una mujer.

¿Debería existir una ley específica que regule el tema de aborto?

Esta legislación contradice la normativa que dice que no deben existir normas discriminatorias y que deben sacarse del ordenamiento jurídico nacional. De acuerdo con esto, el aborto no debería estar regulado en el Código Penal, sino en una normativa específica que tuviera como base una problemática de salud pública, y de derechos humanos de las mujeres, en la que los derechos sexuales y reproductivos de las están seriamente afectados. Las mujeres están padeciendo problemas de salud y están muriendo por provocarse abortos clandestinos. Al no despenalizarse, se está ignorando y el Estado está dejando solas a las mujeres.

Eso lo ha reconocido el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidos, el Comité de la CEDAW y hasta el Comité de la Convención del Niño. Todos han recomendado al Estado de Guatemala que despenalice el aborto por lo menos en cuatro causales: que se pueda regular fuera del Código Penal como un problema de salud pública y las mujeres puedan acceder a un aborto porque está en riesgo su vida, porque está en riesgo su salud, en casos en que las mujeres son víctimas de violencia sexual y en casos en que exista una malformación fetal.

En algunos países se ha previsto también en casos en los que las mujeres no tienen las condiciones económicas y sociales para poder tener un hijo o hija y viven en pobreza, en una situación en la que les va a ser imposible encargarse de manera debida de un nuevo ser.

En Guatemala, sobre todo en casos de niñas y adolescentes que quedan embarazadas por violencia sexual, estamos tratando de romper esa barrera, que las niñas y adolescentes puedan acceder al aborto en casos de violación. Por supuesto, todo con el consentimiento de la mujer. Un aborto no se puede realizar sin el consentimiento de la mujer, aunque sea menor de edad, y esta decisión tiene que ser informada. Y para eso el sistema educativo tiene que tener Educación Integral en Sexualidad.

Hace unos años se presentó una iniciativa que buscaba despenalizar los abortos en embarazos de niñas menores de 14 años, que por ley se consideran producto de una violación. La iniciativa no llegó a conocerse en pleno, porque tuvo dictamen desfavorable de la Comisión de la Mujer. ¿Es posible plantear esto con el nuevo Congreso?

Pienso que hay una correlación diferente de fuerzas en el Congreso. Tenemos bancadas que consitutuyen una fuerza progresista y esto mejora las condiciones para que pueda considerarse la despenalización del aborto en casos de violencia sexual contra niñas y adolescentes. Pienso que estas condiciones se están dando, por estos antecedentes, porque la discusión y debate ya se hizo público.

En estas audiencias, por primera vez en la historia se debate de manera pública y esto va creando las condiciones para que algunos sectores empiecen a considerar y a ver la situación de violencia de las niñas y adolescentes. Esto ha sensibilizado a legisladores. Vemos a diputados de partidos conservadores que tienen como fundamento creencias religiosas, que se están tirando a la tendencia que se despenalice. Pero esto va a tomar tiempo y mucho trabajo, porque los grupos religiosos antiderechos siguen fuertes en el Congreso y tienen la mayoría.

Por otra parte, está la iniciativa 5272, que criminaliza los abortos involuntarios, que está en esa constante tercera lectura y que se ha presentado en el Pleno del Congreso en varias ocasiones. ¿Se tiene temor de que finalmente sí se logre aprobar?

Todavía existe el temor, aunque hay un rechazo total a la iniciativa por parte movimientos sociales y de organismos internacionales. Yo creo que ha perdido mucho apoyo en la opinión pública y ha sido desacreditada. Sin embargo, todavía tiene los votos para poderla aprobar. Y la usan como cortina de humo para quitarle la atención a todas las situaciones reales que pasan detrás, este pacto de corruptos.

Lo que sí, es que aunque se lograra aprobar, ratificar y sancionar por el Presidente de la República, esta iniciativa desde ningún punto de vista va a lograr nacer a la vida jurídica porque es totalmente inconstitucional.

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No es que estemos tranquilas y tranquilos pero sí nos estamos preparando. Están preparados todos los recursos de inconstitucionalidad para interponerlos en el momento en que se apruebe.

En términos legales, ¿es lo mismo una despenalización que una legalización del aborto?

Son dos ideas diferentes que se dan en dos etapas diferentes. Despenalizar significa sacarlo del Código Penal y que ya no sea criminalizado. Que esa conducta de realizarse el aborto no se considere una conducta criminal, un delito. Ese sería el primer paso para que las mujeres empezaran a tener acceso a los servicios de aborto en general. Pero no es suficiente.

Después es necesario legalizarlo: regularlo legalmente en una legislación de Derechos Sexuales y Reproductivos. Esto implica también crear protocolos específicos y que las mujeres puedan tener acceso a estos servicios de manera digna y con todos los estándares que deben existir. Y que los médicos y médicas sepan cómo proceder.

Si se consiguiera despenalizar y legalizar el aborto en alguna de sus causales, ¿es posible que en la misma sociedad se deje de criminalizar a las niñas, adolescentes y mujeres que abortan?

El hecho de despenalizarlo ya cambiaría el concepto. Cuando algo está penalizado, si existe el delito, en la cabeza de las personas ya eres un criminal. Y más en estos casos que se utiliza este concepto de criminal o de delincuente como sinónimo de pecado. Se mezcla con creencias religiosas que están sumamente interiorizadas en la ciudadanía.

Puede que esta tendencia a criminalizarlo siga, por esta idea de asociarlo al pecado, pero el hecho de despenalizarlo ya te permite generar las condiciones para conocer la problemática y que se creen las campañas de sensibilización.

Ya luego la cultura, que está muy basada en pensamientos religiosos, tendrá que ir cambiando poco a poco. Es una mentalidad que va a tomar mucho tiempo cambiar.

Tenemos grandes vacíos: hay muchísimas mujeres que no tienen acceso a la educación mínima, a la salud. Son mujeres que no conocen sus derechos y va a haber que hacer un gran esfuerzo para que entiendan que el aborto en un derecho reproductivo, que van a poder tener acceso a él con su consentimiento y que nunca va a ser una obligación.

¿Qué ha supuesto la emergencia sanitaria para los abortos inseguros en Guatemala y qué puede suponer que se esté dejando un sistema de salud pública todavía más dañado?

La situación de la pandemia agrava la situación del aborto clandestino e inseguro. Las mujeres, niñas y adolescentes están sin posibilidad de salir, encerradas con sus agresores, que se vuelven todavía más agresivos y violentos. Ya hay investigaciones preliminares que nos dicen que la violencia contra las mujeres se agrava, sobre todo la violencia sexual. Y UNFPA nos ha dicho que van a aumentar los embarazos en niñas y adolescentes.

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Aunado a esto, el hecho de que el sistema de salud no ha estado funcionando normalmente. Las clínicas, hospitales, puestos de salud, centros de salud… están casi todos cerrados a nivel comunitario. Las mujeres ya no tienen el acceso mínimo.

Si se practican un aborto clandestino e inseguro no van a tener acceso a llegar a un hospital para atención postaborto. También está el problema de que el Estado ha desviado para la emergencia de COVID-19 recursos del sistema de salud que estaban destinados a métodos anticonceptivos y kits de emergencia. Ya llevamos prácticamente un año de retraso en el abastecimiento del sistema de salud.

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En la base de esta problemática habrá muchos más abortos clandestinos e inseguros y esto va a tener una implicación en la salud y van a morir más mujeres. Hay muchas mujeres que han tenido embarazos no deseados y van a buscar un aborto donde sea y como sea. Nos encontramos con todas estas mujeres que están solas, que están con sus agresores y que tienen que buscar un aborto inseguro en unas condiciones mucho más graves que antes. Es una situación grave y va a costar recuperarnos de esto.