Después de las tormentas
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Encerradas y en silencio: denunciar durante la cuarentena en Guatemala
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En un país con altos índices de violencia de género e impunidad, durante la cuarentena obligatoria las denuncias bajaron. Según expertos, las mujeres están en más riesgo que antes: el confinamiento complica la denuncia. Agencia Ocote reproduce el trabajo colaborativo producido por la Red Latinoamericana de Jóvenes Periodistas de Distintas Latitudes.


Periodistas: Melisa Rabanales (Guatemala), Miranda Mazariegos (Guatemala) 

Ilustradora: Isa Valladares (Guatemala)

El primer caso de COVID-19 en Guatemala se reportó el viernes 13 de marzo; y tres días después, el presidente Alejandro Giammattei impulsó medidas de contención. Dentro de esas estaba el cierre inmediato de las fronteras del país; la cancelación de escuelas, universidades y otras actividades educativas; y el cese de trabajos no esenciales, actividades religiosas y transporte público. 

Una semana después, el 21 de marzo,  se impuso un toque de queda de 12 horas, en el cual quedó prohibida la circulación de vehículos y personas de 16:00 a 4:00 horas. Desde entonces, se han ido modificando estas medidas —a veces para fortalecerse, a veces para aflojarse— pero el resultado, para las mujeres guatemaltecas, sigue siendo el mismo: se ven obligadas a pasar mucho más tiempo en casa con posibles agresores y sin acceso a las vías necesarias para solicitar ayuda.

Los delitos en contra de las mujeres y niñas son de los más denunciados en el Sistema de Justicia de Guatemala. Desde el comienzo de la cuarentena, se podía predecir que las cifras de violencia intrafamiliar iban a aumentar alrededor del mundo, ya que las familias tenían que convivir mucho más tiempo juntas, con el estrés agregado de la crisis sanitaria y económica mundial. En Guatemala, el domingo 12 de abril, el presidente dijo en cadena nacional que los índices de violencia intrafamiliar habían aumentado durante la cuarentena y exhortó a las mujeres a denunciar a través de la línea oficial: 1572. 

Sin embargo, unos días después, la Secretaria de la Mujer del Ministerio Público (MP), Lucrecia de Cáceres, ofreció datos que señalaban un comportamiento totalmente opuesto. Según ella, las denuncias habían bajado en un 75% para finales de marzo de este año y no habían comenzado a subir hasta principios de abril. Pero aún así, explicó su preocupación ante la reducción de denuncias, ya que según ella, “no es posible que baje tan drásticamente y que no exista la violencia. Al contrario, es el silencio de muchas mujeres en sus hogares que se deriva, probablemente, de la falta de transporte, el toque de queda y otras medidas que por seguridad y salud son necesarias en el país”. Por eso, concluyó que su llamado era el mismo que el del presidente unos días antes: exhortar a las mujeres a denunciar la violencia que sufren. 

Asimismo, Dorotea Gómez, defensora de la mujer de la Procuraduría de los Derechos Humanos, enfatizó en que las medidas de contención de la COVID-19 han complicado las vías de denuncia para las víctimas de violencia doméstica. Desde PDH, Gómez ha acompañado a mujeres que no han podido denunciar porque no hablan español como lengua materna, no pueden llamar a los números de emergencia, no tienen transporte o les da miedo hacerlo con el agresor en casa. Y finalmente, en Guatemala, un país donde muchos crímenes quedan impunes, si las mujeres no conocen o no confían en que el Estado las protegerá cuando denuncian es muy difícil convencerlas a que lo hagan.

Diez puntos sobre la violencia de género en el contexto de la pandemia

La legislación no define “violencia de género” como tal. En la “Ley contra el Femicidio y otras Formas de Violencia Contra la Mujer” se define violencia contra la mujer, “cuando por condición de género, en las relaciones de poder o confianza, en el ámbito público o privado quien agrede, cometa en contra de ellas prácticas discriminatorias, de violencia física, psicológica, económica o de menosprecio a sus derechos”. 

El número oficial del Ministerio Público es 1572. Sin embargo, hay otras maneras de denunciar: a través de un botón de pánico que se descarga con una aplicación y en línea. Muchas denuncias se hacen directamente a la Policía Nacional Civil, al número 110.  

No, las líneas oficiales del Ministerio Público son nacionales.  

A través del 1572 se recibe la denuncia y se ofrece atención inmediata a las mujeres, poniendo en marcha un protocolo que incluye a la Policía Nacional Civil, bomberos y centros asistenciales en caso de riesgo. 

Según datos oficiales del Observatorio de la Mujer del Ministerio Público, se recibieron 201 llamadas en marzo y 278 hasta el 17 de abril de 2020, lo que suma un total de 479 llamadas a la línea 1572. Es importante mencionar que las medidas de contención del COVID-19 comenzaron hasta mediados de marzo. 

Según datos oficiales del Ministerio Público, hubo un total de 3,569 de denuncias de mujeres agraviadas en marzo de este año. La institución asegura que estas mujeres han recibido atención jurídica y psicosocial dependiendo de su caso, aunque no hay una forma de corroborar esta afirmación con las mujeres que solicitaron ayuda. 

El Ministerio Público contabilizó  un total de 3,569 de denuncias de mujeres en marzo de este año, en comparación con 5,159 en el mismo periodo del año pasado. Las cifras preliminares de abril de este año muestran que ha habido 1,836 denuncias. En febrero 2020, el número de mujeres agraviadas fue de 4,964. Las denuncias abarcan violencia contra la mujer, violencia económica y femicidio. 

Además, en una conferencia de prensa, Lucrecia de Cáceres, Secretaria de la Mujer del MP, dijo que durante la cuarentena se han reportado un total de 95 denuncias de violencia intrafamiliar hasta el 14 de abril. 64 de esas eran mujeres de 0-59 años y 25 en mujeres adultas de más de 60 años. (6 casos fueron en hombres de más de 60 años). Según una conferencia de prensa del Ministerio Público el 14 de abril 2020, el 25% de todas las denuncias que recibieron en marzo fueron a finales del mes (después de iniciada la cuarentena). Antes de la cuarentena, el promedio era de 155 mujeres diarias. A partir del 13 de marzo, el día que comenzó la cuarentena, el promedio era de 30 mujeres diarias, y en abril ha subido a 55 mujeres diarias, además de un promedio de cinco a seis violaciones. 

Según Lucrecia de Cáceres, Secretaria de la Mujer del Ministerio Público, desde que notaron que las denuncias bajaron considerablemente a partir de las medidas de contención del COVID-19, crearon una ruta junto a la Policía Nacional Civil y construyeron una plataforma para agilizar el proceso de denuncia. Además, han impulsado la campaña “La violencia no es normal” a través de redes sociales, para concientizar y erradicar la violencia contra la mujer; y atenderán el número de emergencias en cuatro idiomas indígenas. Sin embargo, en el país se hablan 22 idiomas mayas y no hay datos oficiales que muestren la eficiencia de dichos programas.

Mujeres Transformando el Mundo, el Grupo Guatemalteco de Mujeres,  la Fundación Sobrevivientes, entre otras organizaciones feministas, han activado sus propias líneas de emergencia. Además han lanzado campañas en las redes sociales como el “No estás sola” para fomentar la denuncia ante el Ministerio Público. 

Según datos oficiales del Ministerio Público, hubo un total de 13 femicidios en marzo de este año, a comparación de 19, en marzo del 2019. Asimismo, en febrero de este año se contabilizaron 27 femicidios en el país.  Además, se registraron 28 muertes violentas en marzo en causas asociadas a hechos criminales según el Instituto Nacional de Ciencias Forenses. Y desde el comienzo de la cuarentena, hay una media de 3 mujeres desaparecidas al día, aunque aún se están analizando los datos para establecer una relación entre las desapariciones y mujeres que huyen de sus agresores. 


Esta pieza fue producida por la 4ta generación de la Red LATAM de Jóvenes Periodistas de Distintas Latitudes y dos periodistas aliadas. “Violentadas en cuarentena”, una investigación colaborativa regional realizada en 19 países de América Latina sobre la violencia contra las mujeres por razones de género durante la cuarentena por la COVID-19.

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