Avanzan las negociaciones por la paz

En la década de los 90, el gran capital guatemalteco cansado de delegar en otras personas la conducción del Estado, tomó la decisión de acuerpar a alguien que los representara, porque formaba parte de ellos. Con esto, se produjo una especie de «matrimonio» entre el poder económico y el político del país.

Qué mejor candidato que Álvaro Arzú, empresario e integrante de una de las familias vinculadas en algún momento a transformaciones revolucionarias, y luego devenida en la producción y desarrollo del país. Por lo mismo, expresaba el respaldo y apoyo de esos empresarios, además del apoyo de un importante número de habitantes.

Con la llegada de Álvaro Arzú a la presidencia de la república se aceleraron las negociaciones de paz, especialmente a partir del nombramiento de Gustavo Porras Castejón, como el interlocutor gubernamental de esas negociaciones. 

Gustavo se hizo acompañar de un equipo profesional y comprometido con la firma de la paz, entre quienes figuraban personalidades como Raquel Zelaya. El mismo presidente, se había percatado que la presencia guerrillera en el país frenaba cualquier tipo de inversión y desarrollo.

En el inicio del gobierno de Arzú, fue de la mano de la participación –por primera ocasión después de muchas décadas–, de una fuerza democrática ubicada a la izquierda del espectro político. Se trató del Frente Democrático Nueva Guatemala, que llegó a convertirse en la tercera fuerza política en las elecciones de 1995. Esto le dio mayor credibilidad a ese proceso de negociaciones en favor de la paz.

Arzú tomó posesión el 14 de enero de 1996, nadie imaginó en aquel momento el avance que las negociaciones de paz iban a tener. Todavía estaban pendientes los acuerdos referidos a reformas a la ley electoral y a la Constitución Política de la República, así como el papel del ejército en una sociedad democrática y el papel de la sociedad civil, además del componente referido a los aspectos socioeconómicos y situación agraria.

Esos acuerdos llevaban más de dos años en agenda y no había sido posible que los discutieran. Sin embargo, en esos primeros meses posteriores a la toma de posesión, los tres fueron firmados y con ello se avanzó hacia los acuerdos relacionados con la desmovilización, reducción del ejército, desminado y la definitiva firma del documento que nos llevaría a la paz.

Luego de tres décadas es importante reconocer esto en su justa dimensión, pues aunque persista la violencia común, el Estado ha cesado en su práctica de violación a los derechos humanos por razones políticas.