«Aquí se cumplió lo que dice la Biblia: construir sobre la roca», parafrasea Rufino López, un joven electricista, mientras observa una enorme estructura de piedras con una sonrisa de satisfacción …
«Aquí se cumplió lo que dice la Biblia: construir sobre la roca», parafrasea Rufino López, un joven electricista, mientras observa una enorme estructura de piedras con una sonrisa de satisfacción en el rostro.
Así, sobre el juego de rocas de más de cinco metros de altura, formado en una montaña de San Pablo, en San Marcos, algunas comunidades de dicho municipio y de Tajumulco y Malacatán construyeron su propia microcentral hidroeléctrica.
Tres años después de estar en funcionamiento, abastece a unas 350 familias de este municipio al occidente de Guatemala.
La iniciativa es una respuesta a los altos cobros que la compañía ENERGUATE realizaba en la región. «Las comunidades pasaron de la resistencia a la propuesta», dice Udiel Miranda, director institucional de la asociación Comisión Paz y Ecología (Copae).
Privatización y cobros excesivos
En 1996 el Congreso de la República aprobó la Ley General de Electricidad (Decreto 93-96). Este fue el primer paso del proceso de privatización de los servicios públicos en el país. El decreto no desmonopolizó el sector eléctrico, solo permitió el ingreso de empresas transnacionales que se quedaron con el mercado.
En 1998 la española Unión Fenosa adquirió la generación y distribución de energía en 19 de los 22 departamentos. Tres décadas después y luego de la venta a otras transnacionales, actualmente es Grupo Romero de Perú el que administra ENERGUATE en 21 departamentos a excepción de Sacatepéquez.
Durbin Gómez, investigador de la Copae, considera que esta ley representa un «nudo grande». «El modelo energético no está hecho para que las comunidades puedan gestionar sus propios recursos, sus propios bienes. Está hecho para que empresas externas vengan, los extraigan y lo conviertan en lucrativo», explica.
Los precios de la energía eléctrica pronto aumentaron tras la privatización. En 2008, los cobros eran insostenibles para esas comunidades de San Marcos. Los pobladores comenzaron a recibir facturas por 500 o 600 quetzales (entre 65 y 79 dólares) mensuales, aunque habitaban en casas con apenas tres bombillas.
Se organizaron para revisar sus deudas y encontraron algunas que se acumularon hasta por 20,000 quetzales; cobros que, dadas sus condiciones económicas, les fue imposible pagar. Sostuvieron diálogos con la empresa y buscaban disminuir los precios, pero no tuvieron éxito.
«No queríamos de regalado, queríamos pagar una cuota justa», explica Abigail Pérez, coordinador del Consejo de Autoridades Ancestrales Mayas Mam.
La llegada de proyectos extractivos
En 2011, el Ministerio de Energía y Minas (MEM) y el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN) autorizaron la licencia de Hidro Salá. Este era un proyecto propiedad del Grupo Fabrigas que pretendía desviar por ocho kilómetros el cauce del río Salá.
Las comunidades de San Pablo se organizaron. «Dijimos: Nos cobran cara la energía y ahora usarán nuestros ríos», recuerda Pérez.
«¿Cómo es que las cosas pueden funcionar así?», sigue preguntándose.
En los años siguientes, las comunidades resistieron al proyecto hidroeléctrico. Se registraron enfrentamientos entre la Policía Nacional Civil (PNC) y comunitarios. Como resultado, doce personas —principalmente líderes comunitarios y autoridades ancestrales— fueron criminalizadas y estuvieron en prisión. Otras salieron al exilio y una más, Santiago Gamboa, fue asesinada.
Las comunidades también iniciaron una lucha legal. El 5 de diciembre de 2018, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) les otorgó un amparo provisional. La corte reconoció que el Estado de Guatemala, a través del MEM y el MARN, violó los derechos colectivos del pueblo maya Mam al autorizar la hidroeléctrica sin una consulta libre, previa e informada.
Mientras esta lucha se gestaba, otra más ocurría en el seno de San Marcos. En San Miguel Ixtahuacán, a unos 85 kilómetros de San Pablo, la Mina Marlin extrajo oro por más de doce años. Detrás dejó un legado de conflictividad, violencia y contaminación ambiental.
La necesidad de acompañamiento
En 2005, los líderes comunitarios le habían pedido al entonces obispo de San Marcos, Álvaro Ramazzini —hoy cardenal de la Iglesia Católica— el acompañamiento de la Pastoral Social a la problemática con la minería, que también ocurría en otros municipios del departamento, como Sipacapa.
Como respuesta, Ramazzini creó la Comisión Diocesana Contra la Minería, que luego cambió de nombre a Comisión de Pastoral para el Acompañamiento. Durante sus primeros años dicha organización realizó monitoreos alrededor de la mina Marlin para generar información sobre la contaminación de las fuentes de agua.
Esta organización es hoy la Copae. Aunque la investigación en ecología política continúa siendo una de sus principales líneas de trabajo, se han agregado otras tres. Realizan esfuerzos de comunicación, articulación política, por ejemplo, con el Consejo del Pueblo Maya (CPO) y defensa legal en casos de criminalización por el ejercicio de los derechos colectivos. Su mandato constitutivo es la promoción y defensa de los derechos humanos.
La respuesta: una hidroeléctrica propia
Las comunidades Nueva Castalia, Nuevo Horizonte, Nueva Jerusalén, La Independencia y Bella Vista, en San Pablo junto con Tajumulquito, en Tajumulco y San Bernardo, en Malacatán, decidieron construir su propia hidroeléctrica en 2016.
Para iniciar el proyecto, los vecinos reunieron 55,000 quetzales (unos 7,200 dólares) para comprar un terreno en la montaña de Nueva Castalia. Además, reunieron la documentación para constituir su personería jurídica.
Contrataron a ingenieros para realizar un estudio topográfico y otro de impacto ambiental. Sus líderes también viajaron a la Zona Reina, en Quiché, para conocer el funcionamiento de las microcentrales comunitarias que ya existían en esa región.
Los vecinos colocaron la primera piedra en la bocatoma —el punto del río desde donde se toma el agua— en 2023. Unas doscientas personas de las comunidades apoyaron en el proceso de construcción voluntaria, que duró meses. Los camiones dejaban el material de construcción en la carretera y decenas de mujeres, hombres, ancianos y niños lo cargaban en una caminata de al menos veinte minutos entre la montaña, bajo el intenso calor de la bocacosta marquense.
Para garantizar la construcción acordaron una cuota provisional mensual. Los vecinos que la pagaban se convirtieron en «asociados»: dueños de la obra. Jonathan Velásquez, el presidente de la asociación, calcula que han invertido unos 6 millones de quetzales en la infraestructura.
Durante este proceso, Copae les ha brindado formación técnica y asesoría legal, que tres años después les continúa dando.
Inicia el funcionamiento
La central hidroeléctrica comenzó a funcionar en 2023. Toma una porción de agua del río Salá, la eleva por una tubería de 600 metros hasta una cámara de carga, un depósito de agua que funciona como desarenador a media montaña.
Posteriormente, el agua cae hasta la casa de máquinas, donde se encuentran las turbinas que generan energía. De ahí, la red de distribución traslada la energía a las comunidades y el agua regresa al río.
Las comunidades bautizaron el proyecto como Hidroeléctrica Maya Comunitaria (HidroMaya), como un reconocimiento a sus raíces maya Mam.
«Fue una gran alegría. Nos sentamos, admirando cómo pudimos hacer algo que pensábamos que no podríamos, que pensábamos que solo los “poderosos” y “con dinero” podían construir», recuerda Abigail Pérez.
Los asociados pagan 50 quetzales mensuales por el abastecimiento de energía eléctrica a sus hogares. Este dinero se destina al mantenimiento de la infraestructura.
Un proyecto replicado
En San Marcos ya funcionan cuatro hidroeléctricas comunitarias: dos en el municipio de San Pablo, una en Tajumulco y otra en Tacaná. Además, existen otras dos en construcción, también en San Pablo.
Uno de los proyectos en construcción es HidroQuetzalí, manejado por la Asociación de Energía Independiente El Quetzalí, que cuenta con 350 familias asociadas.
El proyecto, que inició en 2023, al igual que las otras iniciativas, ha enfrentado retos. Principalmente, la falta de recursos económicos.
El Quetzalí es un caserío conformado por exagricultores de fincas que quebraron a finales del siglo XX. «Vinieron a ver cómo compraban un predio de 15 metros por 10 metros. Solo tienen para vivir, no hay (tierra) para cultivar», explica Isaac Velásquez, presidente del Consejo Comunitario de Desarrollo (Cocode) de la comunidad.
Sus habitantes ahora se dedican a cortar y vender hoja de maxán –tradicionalmente utilizada para envolver tamales– y a quebrar piedra para venderla como piedrín.
Cuando Agencia Ocote visitó el territorio (julio de 2026), su construcción acababa de retomarse. Había estado pausada porque se quedaron sin material hasta el día anterior, cuando Copae gestionó una donación de 100 bolsas de cemento.
Los proyectos hidroeléctricos (funcionales y en construcción) conforman la Red de Soberanía Energética, acompañados por la Copae. En este espacio, las personas intercambian experiencias de trabajo en sus comunidades.
Se reúnen cada dos semanas para dar seguimiento a los proyectos y su manejo. La llegada de las centrales hidroeléctricas les ha traído tranquilidad.
«Nos sentimos tranquilos porque la energía es de nosotros», finaliza Jonathan Velásquez.
