La Administración de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac) notificó a unos 50 estudiantes que no podían asignarse a sus cursos porque en el sistema no existen sus …
La Administración de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac) notificó a unos 50 estudiantes que no podían asignarse a sus cursos porque en el sistema no existen sus registros como estudiantes. El argumento es falso, según el historial de cada estudiante y un experto forense que nos explica la forma de verificarlo.
Varios de los estudiantes afectados cursan entre octavo y décimo semestre. El argumento oficial: sus expedientes se habrían perdido durante la toma del campus entre 2022 y 2023. Sin embargo, todos los afectados comparten algo más que semestres avanzados: forman parte de la dirigencia y oposición estudiantil al rector Walter Mazariegos.
Tres años sin problemas
Camilla Juárez, estudiante de Diseño Grafico en la Facultad de Arquitectura, con carnet de 2022, nunca había tenido inconvenientes para asignarse semestres. «El primer semestre lo cursé normal, sin ningún problema, pudieron ingresar todas mis notas» relata.
Lo mismo ocurrió en 2024, 2025 y a principios de 2026. «Fue hasta ahora en el segundo semestre de 2026 donde aparece como que mis datos no existieran».
Jennifer de la Cruz, quien buscaba asignarse el décimo semestre de Ciencias Jurídicas y Sociales, inscrita también desde 2022, confirma el mismo patrón. «A mí nunca me dio problema en 2024 y en 2025. Hasta ahorita».
Asegura De la Cruz que un día antes de las asignaciones pudo verificar en la plataforma de Registro y Estadística que figuraba como estudiante activa.
Andrés Luna, de la Facultad de Ingeniería, refuerza la inconsistencia del argumento oficial. «No es cierto que no esté inscrito porque no pudimos haber seguido estudiando de forma regular cuando se restauraron las clases posterior a la toma (2022-2023)».
También asegura que no tuvo «ningún problema al asignarme a mis clases todos los años».
Dirigentes estudiantiles igual a «expedientes perdidos»
Juárez, De la Cruz y Luna coinciden en algo más que la ausencia de problemas previos: participaron activamente en procesos de elección interna, lo que exigía tener sus expedientes en regla.
Otra coincidencia es que los tres son de oposición a Walter Mazariegos, reelecto en un fraude fraguado entre febrero y abril pasado.
Juárez ganó en marzo la representación estudiantil de su facultad ante el Consejo Superior Universitario (CSU), en donde actualmente la mayoría de consejeros sigue ilegalmente en los cargos desde 2025. «Llevaba todas mis constancias, hay evidencia de que había sido una estudiante. No entiendo por qué ahora ya no aparezco».
Asumir el cargo también ha sido de trabas. Lleva cuatro meses sin que le permitan integrarse, y ahora al «no aparecer su registro», menos.
Luna, también electo para el CSU por Ingeniería, asegura que su expediente estuvo «en completa integridad» durante su participación electoral. Pero como Juárez, no le han permitido asumir debido a que la Junta Electoral Universitaria no ha procesado su victoria.
De asumir los cargos para los que fueron electos, tendrían la opción de estar en las reuniones en las que participa Mazariegos y confrontarlo.
Por su parte, De la Cruz fue fiscal en el proceso electoral de Derecho, con la planilla de oposición, para designar a los electores de rector. Recuerda que llegaron a una tercera vuelta y su calidad de estudiante nunca estuvo en juego.
En ese proceso ella documentó y denunció irregularidades. «Duplicaron carnets, gente graduada llegaba a votar, estudiantes llegaban a votar y ya lo habían hecho por ellos», aseguró.
Desarticular el movimiento opositor
Los líderes estudiantiles coinciden en que no hay problemas en el registro, el objetivo es desarticular al movimiento estudiantil opositor.
«Fue un ataque directo de un sector allegado a Mazariegos debido a nuestras opiniones sobre las elecciones a rector y la política universitaria», afirma Luna.
«Quieren desorganizar el movimiento estudiantil a través de infundir miedo», explica De la Cruz.
Y Juárez es más directa: «Nos están quitando nuestro derecho a la educación por usar nuestro derecho a libertad de expresión».
Qué dice la evidencia forense
El analista en informática forense Aníbal Argüello explica que la versión oficial de la Usac no tendría sustento ante un análisis técnico básico. «Cuando uno tiene una base de datos, todos los encargados tienen la obligación de tener backups de la información. Esa regla se llama 321: tres copias de tus datos en dos soportes diferentes y una copia en otro lugar, normalmente en la nube», detalla.
Incluso si fallaran los respaldos digitales, señala, existe un registro físico: «Uno firma documentos, hay documentos físicos que demuestran que se está inscrito en la universidad».
Argüello identifica una inconsistencia que, según él, desmonta por completo la explicación oficial: uno de los estudiantes afectados tiene carnet 2025. «Ellos no podían borrar lo que iba a pasar en el futuro, eso no tiene ningún sentido».
También cuestiona la lógica del supuesto borrado masivo por la toma del campus en 2022-2023. «Eso implicaría que quienes tomaron la Usac tenían un usuario, entraron con permisos de administrador de las bases de datos, hicieron el borrado en los servidores, y de estos estudiantes precisamente. Eso no tiene sentido».
Y añade: «Tendría sentido que se hubieran robado el servidor, pero ellos tienen la obligación de tener backups, entonces solo tenían que volver a montarlo».
¿Cómo desmontar la teoría de la Usac?
Para el analista criminal y consultor internacional, el patrón de los expedientes eliminados —de estudiantes opositores específicos— apunta a una acción dirigida: «Es target, es un objetivo específico».
Según Argüello, determinar qué ocurrió realmente no requiere adivinanzas, sino un peritaje de informática forense que el Instituto Nacional de Ciencias Forenses puede realizar.
El procedimiento, explica, comparable en confiabilidad a una autopsia, seguiría estos pasos:
- Incautar los servidores de la Usac donde se aloja la base de datos de Registro y Estadística.
- Generar una imagen forense de esos servidores para preservar la evidencia sin alterarla.
- Revisar los logs del sistema, que registran qué usuario entró, qué registros borró, cuándo y mediante qué mecanismo.
- Determinar si el borrado fue error o acción deliberada, y en ese caso, identificar a la persona responsable.
- Cotejar con los respaldos obligatorios (regla 321: tres copias en dos soportes distintos, incluida una en la nube) para restaurar la información eliminada en favor de los estudiantes.
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