Poder Ciudadano es una asociación civil que promueve reformas a la Constitución Política, creada en 1985. Para esto, desde el sábado 4 de julio iniciaron con una recolección de firmas …
Poder Ciudadano es una asociación civil que promueve reformas a la Constitución Política, creada en 1985.
Para esto, desde el sábado 4 de julio iniciaron con una recolección de firmas en parques y restaurantes. Según su portal web, al 9 de julio de 2026 contaban con 3,200 firmas de las 5 mil necesarias para que su solicitud sea formalmente atendida por el Congreso de la República.
A raíz de este movimiento y que durante el fin de semana hubo una afluencia de personas a firmar en algunos centros, como en la Plaza de la Constitución, en la zona 1 de la ciudad capital, en redes sociales se ha desinformado sobre su financiamiento.
Principalmente, se ha mal informado que quienes acuden a firmar han recibido 500 quetzales y que el financiamiento para montar los quioscos lo paga el Gobierno.
«Todo es donado»
La junta directiva de Poder Ciudadano está conformada por Edgar Ortiz, Marjorie von Ahn, Luciano Gil, Luis Miguel Reyes, Nina Lacape y Danilo de Jesús Carías.
Marjorie von Ahn, cofundadora de la entidad, explicó a Fáctica —la unidad de verificación de Agencia Ocote— que esta es una asociación civil que se ha sostenido de donaciones de quienes integran la junta directiva y de voluntarios.
Por ejemplo, von Ahn detalla que ella y su esposo Edgar Ortiz donaron los banners portátiles que se han usado en varios centros. Aclara que otros integrantes de la junta directiva también aportaron: el comunicador Luis Miguel Reyes prestó el equipo de sonido.
Von Ahn añadió que cada persona compró su propio chaleco con el nombre y logo de la organización y los directivos tienen dos que se rotan.
Explica que los voluntarios, que ya suman 300 en 16 departamentos, organizan la recolección en sus comunidades. Cada grupo lo hace con sus propios recursos. Por ejemplo, indicó, en el parque Centro América, en Quetzaltenango, el presupuesto con el que contaban no les permitió alquilar un toldo.
Otros recursos
Luis Miguel Reyes explicó a Fáctica que para la recolecta de firmas en la Plaza de la Constitución necesitaron apoyo económico de otras personas, que aportaron con una planta eléctrica. El toldo lo pagaron desde la junta directiva, con costo de unos Q2 mil.
«Fondos donados no tenemos, lo que tenemos son donaciones pequeñas de voluntarios y lo que nosotros mismos hemos puesto, que siempre llevamos algo», asegura.
Hay otro tipo de donaciones que no son en efectivo, añade, como algunos locales en los que se instalan entre semana para que las personas que asistan puedan también firmar la petición. «Estamos juntando lo que tenemos para poner los centros. Muchas de las jornadas las estamos haciendo en lugares de gente que conocemos, como restaurantes o pequeñas cafeterías», detalla Reyes.
Además, Reyes explica que la construcción de la página web de la organización se hizo con colaboraciones de profesionales. Lo que han tenido que costear es el pago del dominio y el hosting, que en conjunto costó 1,400 quetzales.
La reforma que se plantea
La reforma que plantea Poder Ciudadano es el cambio en 24 artículos de la Constitución, con el argumento de fortalecer el sistema de justicia de Guatemala.
Entre los cambios más importantes está el eliminar las Comisiones de Postulación que eligen a magistrados de Corte Suprema de Justicia, de Cortes de Apelaciones, del Tribunal Supremo Electoral y a fiscal general, entre otros altos cargos del sistema de justicia.
El objetivo es sustituir estas comisiones con un modelo en el cual el Consejo de la Carrera Judicial integre nóminas y se haga un concurso público de oposición.
Otras propuestas para fortalecer la carrera judicial son: sacar al Congreso de la elección de magistrados, plazos más largos y mejor diseñados para las magistraturas, renovar parcialmente las altas cortes y una reforma limitada al sistema de justicia.
