Eduard Martín Borregon y María José Longo Bautista Esta serie de investigaciones contó con el apoyo del Pulitzer Center. Entre 2022 y 2026, en el Sistema de Información de Contrataciones …
Eduard Martín Borregon y María José Longo Bautista
Esta serie de investigaciones contó con el apoyo del Pulitzer Center.
Entre 2022 y 2026, en el Sistema de Información de Contrataciones y Adquisiciones del Estado de Guatemala, conocido como Guatecompras, se adjudicaron al menos 122 eventos relacionados con Inteligencia Artificial para videovigilancia.
Suman Q69,940,405, ($9,125,032.53). El patrón es revelador: nueve de cada diez de esas adjudicaciones (el 91%) se hicieron por compra directa, por debajo del techo de Q90 mil que exime de licitación pública.
El gasto se justifica en una razón legítima y esperada por la sociedad: la seguridad ciudadana Pero lo que está en juego no aparece en ningún contrato: la privacidad, la protección de datos personales y el derecho a la protesta.
Algoritmos para las manifestaciones
En octubre de 2025, la Municipalidad de Guatemala compró un servicio de inteligencia artificial para 50 cámaras del Centro de Monitoreo C4, la dependencia que se encarga de monitorear la capital y que tiene a su cargo las cámaras de seguridad del municipio.
Justificó la compra como una acción para optimizar la visualización en seguridad vial, peatonal y monitoreo ambiental. Dentro de las bases y especificaciones de la compra, estableció que necesitaba que los algoritmos de análisis incluyeran el conteo de personas en aglomeraciones.
El evento se adjudicó a la empresa Intelligent Camera Unification, Sociedad Anónima, por Q89,849.76 para un servicio de 12 meses.
La empresa presentó un informe sobre la entrega del servicio en el que describe los algoritmos implementados y su uso. Sobre el conteo de personas, entre otras funciones, señala que se ha utilizado en diversas aplicaciones, como la detección de grandes aglomeraciones que podrían indicar manifestaciones o huelgas.
«Esto vulnera el ejercicio de la libertad de expresión, de la movilización y de la asociación en ese sentido» advierte Sara Fratti, experta en Derechos Digitales y gerente de alianzas estratégicas de la Iniciativa Latinoamericana por los Datos Abiertos. «Muchas veces este tipo de sistema se utiliza para monitorear, para saber o intentar saber quién está detrás de ciertas manifestaciones y lo que busca es criminalizar el ejercicio de tus derechos», añade.
Fratti invita a pensar qué pasaría si estos datos o esta información cayeran en manos equivocadas en un contexto de represión social o de manifestaciones. «Lo complejo de este tipo de sistemas es que hoy podemos estar viviendo en democracia, pero mañana no sabemos», dice la experta.
Para Jamila Venturini, co-directora ejecutiva en Derechos Digitales, organización en América Latina que trabaja la intersección entre derechos humanos y tecnologías, cualquier tipo de sistema de videovigilancia en espacio público, asesorado por inteligencia artificial y reconocimiento facial, tiene un impacto crítico en el derecho a la libre manifestación.
«Permite justamente identificar personas en situaciones de protesta política y a partir de eso, hacer algún tipo de persecución, criminalización, vigilancia, control, seguimiento», dice Venturini.
Cinco meses después de la compra del servicio de inteligencia artificial, en marzo de 2026, la Municipalidad de Guatemala adjudicó una compra más a la misma empresa. Se trata de la adquisición de servicio de reconocimiento facial con inteligencia artificial, también para el Centro de Monitoreo C4. El costo fue de Q89,900.
Las cámaras del C4 no se reparten de forma uniforme por la ciudad. En la Zona 1, el Centro Histórico, la densidad llega a 94 cámaras por kilómetro cuadrado —frente a menos de una en la periferia residencial—, con equipos que apuntan a la Procuraduría de los Derechos Humanos, la embajada de Estados Unidos y la Corte Suprema de Justicia, según el anexo técnico de la propia municipalidad.
Intelligent Camera Unification no tiene más contratos con instituciones públicas, aparte de estas dos compras de la municipalidad de Guatemala. La empresa fue creada seis meses antes de la primera adjudicación, en abril de 2025, por el coreano Jinsu Chang y el estadounidense Jason Andrew Oh. Oh también se presentó como propietario de la empresa Evo Advisory Services Inc, constituida en Panamá en 2023.
La comuna no es la única institución que adquirió sistemas de vigilancia que usan IA para reconocimiento facial.
La Universidad de San Carlos de Guatemala, que ha enfrentado protestas en oposición al fraude del rector Walter Mazariegos, también está entre las instituciones que han comprado esta tecnología. Lo justifica como una necesidad de reforzar la seguridad.
En 2023 adquirió dos kits de circuito cerrado de seguridad con 16 cámaras para el campus de Retalhuleu, con inteligencia artificial para distinguir rostros y vehículos. En ese año también compró 24 cámaras con reconocimiento facial para el centro metropolitano, en ciudad de Guatemala. Un año después, en 2024, 16 cámaras con reconocimiento facial para el campus central, también en la capital.
El desamparo de los datos personales
El reconocimiento facial no significa que las instituciones usen cámaras de mayor calidad: es identificación biométrica a distancia, masiva y sin consentimiento. El rostro, a diferencia de una contraseña, no se puede cambiar.
Al consultar a la Municipalidad de Guatemala sobre el uso de esta tecnología en manifestaciones y huelgas, a través de la respuesta a una solicitud de información pública aseguró que únicamente se usa por el «impacto vial», sin dar mayor detalle.
Otras instituciones públicas que han realizado estas compras justifican las adquisiciones de forma similar.
En las bases para la contratación, explican el uso de la IA en videovigilancia para diferentes acciones: detección de movimiento de personas y vehículos, identificación de rostros, reconocimiento facial, reconocimiento de placas, búsqueda de rostros, identificación de personas que cometen delitos, almacenamiento de datos, conteo de personas y vehículos.
En algunos casos no se especifica claramente que se usará Inteligencia Artificial, pero se menciona la tecnología AcuSense, que utiliza algoritmos de inteligencia artificial para el análisis de imágenes.
«Es crucial que haya medidas de transparencia proactivas relacionadas a la compra, al despliegue y al monitoreo de esos sistemas» recuerda Venturini.
El secretismo de Guatemala no es único en la región: en junio de 2026, las organizaciones Electronic Frontier Foundation (EFF), TEDIC y CEJIL llevaron ante el Sistema Interamericano la negativa del Estado paraguayo a informar sobre sus tecnologías de vigilancia, y sostuvieron que los Estados deben dar a conocer sus capacidades y contratos de vigilancia, y evaluar su impacto en derechos humanos antes de desplegarlos.
Sin una ley de protección de datos, pero con jurisprudencia internacional
Guatemala no tiene una ley de protección de datos personales, como es la tendencia global y regional. Las especialistas recuerdan que una legislación a nivel nacional sería una solución para que las reglas estuvieran más definidas.
«Necesitamos regulaciones más progresistas que justamente protejan derechos humanos en el entorno digital», dice Fratti.
Una ley específica ayudaría a evitar usos indebidos de estos sistemas de videovigilancia. Además, regularía desde el tiempo y la forma de almacenamiento de las imágenes, hasta quiénes acceden a ellas, las formas de borrado y cómo se informa a la ciudadanía que está siendo grabada.
También ayudaría a controlar el acceso a los datos de las empresas que venden el equipo o que lo rentan, como sucede en la Municipalidad de Totonicapán, que desde el 30 de diciembre de 2024 alquila el servicio de videovigilancia al comerciante Marlon Iván Tzul Tzul.
A pesar de que Guatemala no tiene esta ley específica, hay resoluciones internacionales que ya han confirmado responsabilidades que el Estado debe asumir.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos —cuya jurisdicción Guatemala reconoce— ya fijó el piso mínimo. En el caso Miembros del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (CAJAR) contra Colombia, de 2023, reconoció por primera vez el derecho a la autodeterminación informativa como derecho autónomo. También estableció que ninguna vigilancia estatal es legítima sin autorización judicial previa, necesidad, proporcionalidad y control independiente.
No existe ningún permiso, licencia o autorización previa que las municipalidades o instituciones públicas deban tramitar ante el Ministerio de Gobernación para la instalación de cámaras de videovigilancia o la apertura de centros de monitoreo en Guatemala. Así lo aseguró Karen Ortíz, viceministra de Tecnología del Ministerio de Gobernación, en respuesta a una solicitud de información pública para este reportaje.
Ninguna de las compras de reconocimiento facial documentadas en Guatemala pasaron por procesos que aseguraran que cumplen con este mínimo que propone la CIDH.
Sin manuales ni protocolos en los centros de videovigilancia
Analistas consultadas para este reportaje coinciden en que los centros de monitoreo de videovigilancia deberían además tener protocolos o manuales relacionados con el uso y el alcance de los datos; documentos que busquen proteger los derechos humanos. Algo que casi no ocurre.
La mayoría de los centros de monitoreo de videovigilancia de las municipalidades de Guatemala no cuentan con reglamentos para la protección de datos personales, según se constató en esta investigación a través de solicitudes de información pública.
Existen municipalidades, como la de ciudad de Guatemala y la de Santa María Visitación, en Sololá, que dicen no tener mecanismos de protección de datos personales para los centros de monitoreo o circuitos de cámaras de videovigilancia. Lo justifican en que no recaban o capturan datos personales. Aunque en el caso de la Municipalidad de Guatemala incluso compró Inteligencia Artificial para reconocimiento facial.
Hay otros casos como el de Antigua Guatemala, que tiene un manual de normas y procedimientos, pero no incluye detalles técnicos importantes sobre la protección de la información al momento del almacenamiento o el tipo de borrado.
«Hay varios tipos de borrado» explica María Encalada, analista de tecnologías en la ONG Derechos Digitales. «Borrado físico, lógico, hay respaldos… (y debe haber) políticas claras de dónde se cifran y dónde se guardan».
Además, Encalada considera que «la forma más segura tanto local como en la nube es que la información sea cifrada». «La información se captura, si es que se va a analizar, se analiza o se procesa, se sella y se guarda. Ese sellado implica que se necesita una llave para poder después abrirlo y leerlo. Esa llave debería ser solamente de acceso o de conocimiento de la municipalidad», añade. Todo esto es lo que debe ir en los manuales y protocolos.
Otras municipalidades aceptan la necesidad de regulación en datos personales, pero, aunque el centro tiene meses o años en funcionamiento, dicen que aún está en construcción de un mecanismo para protegerlos. Así pasa en las municipalidades de San Pablo La Laguna o Pastores, en Sacatepéquez.
En algunas de las respuestas recibidas por información pública, las instituciones hacen referencia a elementos que no tienen relación con la protección de datos personales. Por ejemplo, la municipalidad de Santa Catarina Pinula dijo usar «Firewall» como mecanismo de protección de datos personales. Un firewall es el sistema de gestión de accesos a la red de una computadora y «no tiene nada que ver con el cuidado de datos personales», confirma María Encalada.
Los manuales y documentos que regulen el uso de datos son importantes, pero Jamila Venturini, de la organización Derechos Digitales, hace énfasis en algo aún más importante y preventivo.
«Recomendamos que se haga un análisis de impacto en derechos humanos de manera previa, que involucre un conjunto de actores sociales más amplio que solamente las autoridades encargadas de la compra y de la implementación del sistema. Antes de cualquier tipo de daño, analizar posibles impactos, si fuera el caso explorar medidas de mitigación», dice Venturini.
Las normas y los derechos a medias
San Pablo La Laguna es un municipio con una mayoría de personas indígenas; el 98% tiene ascendencia tz’utujil. Tiene una población que, de acuerdo con la municipalidad, no supera los 10 mil habitantes.
En 2024, el concejo aprobó dos proyectos para la videovigilancia: la construcción de un plan maestro de monitoreo y vigilancia y la ampliación de este. Ambos incluyen el uso de inteligencia artificial. Suman Q 881,400.
Aunque este municipio tiene un manual de uso de las cámaras de seguridad, este no se cumple completamente. Por ejemplo, uno de sus componentes es el aviso a la ciudadanía sobre la videovigilancia con un cartel visible que indique que hay cámaras, quién es el responsable del sistema y donde ejercer los derechos.
Sin embargo, en una visita al municipio, se pudo constatar que las cámaras están instaladas en los postes públicos sin información y sin un cartel como lo establece el documento.
Gaspar Ixcaya Culum es el alcalde de San Pablo. Llegó al cargo en 2024, con el partido Vamos. En una entrevista en la municipalidad, en junio de 2026, Ixcaya justificó que se había informado a la ciudadanía sobre las cámaras de forma oral, en reuniones del Consejo Municipal de Desarrollo (Comude) y por perifoneo en el territorio. Considera que es suficiente, aunque al final de la entrevista él y los integrantes de su concejo que están presentes prometieron revisar el tema.
La realidad es que en el territorio no toda la población está informada de que funcionan cámaras. Consultamos a once personas del municipio que caminaban por la calle y dijeron desconocer el tema.
Una vecina y un comerciante local aseguraron que sí saben de las cámaras. Ella, maestra, dijo que se informó porque asiste al Comude, mientras que él aseguró que fue a través de las redes sociales.
Andrea Quiacain, coordinadora de la organización de mujeres Estrella Tz’utujil, lamenta que «cuando se colocan las cosas o se hacen las compras, no hay comunicación. No hay un acuerdo con la sociedad civil». «Cuando hay una buena coordinación la población se queda en paz», añade.
Durante la entrevista en la municipalidad, tanto el alcalde como los miembros del concejo municipal aseguraron que los datos y las grabaciones de las cámaras están protegidos con una clave de acceso que sólo tiene una persona. Aunque el monitoreo lo hacen cuatro trabajadores, explicaron que los demás solo vigilan, pero no pueden ingresar al archivo de las imágenes.
Según afirmaron, los videos se entregan a la Fiscalía, la Policía, los juzgados o a los vecinos si hay una denuncia de por medio. Aun así, en la propia entrevista, el alcalde se ofreció a mostrar un video de las cámaras de seguridad que aseguró tenía en su celular.
«Lo que aquí es importante es proteger la seguridad de la gente. Aquí está todo en orden. Tal vez hay algunos detalles que nosotros no sabemos, no tenemos experiencia ni conocimiento en cámaras. Es nuestra primera experiencia», concluyó Ixcaya.
Los riesgos de un mal uso de los datos
El hecho de no contar con reglamentos tiene riesgos. Por ejemplo, puede usarse el centro de monitoreo para persecución política o para criminalizar a la ciudadanía.
Personal municipal que está en contacto con los centros de monitoreo también puede utilizarlo para acoso, violencia de género, o venta de datos, sin ningún control.
También se debe tomar en cuenta los sesgos de la Inteligencia Artificial. Como ya ha sucedido en Argentina, donde el sistema de reconocimiento facial identificó como delincuente a una persona inocente.
La Evaluación del Panorama de la Inteligencia Artificial (AILA) del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) revela que Guatemala presenta rezagos en regulación y ética en el desarrollo de la Inteligencia Artificial. Señala que persiste la ausencia de marcos normativos y de gobernanza.
«La ley de protección de datos, los lineamientos en cuanto al sector público, cómo hacer las evaluaciones, el impacto de los algoritmos, los estándares de transparencia. Si no tenés esos elementos, obviamente hace que tus estándares sean todavía un poquito bajos», explica Carlos Benitez, representante del PNUD en Guatemala.
En septiembre de 2024, el Ministerio de Gobernación y la Municipalidad de Guatemala firmaron un convenio para que la Policía Nacional Civil acceda a unas 4 mil cámaras municipales y a sus sistemas de reconocimiento facial y lectura de placas.
El Ministerio Público (MP) informó que solo tienen un convenio de funcionamiento interinstitucional con centros de monitoreo municipal, con la Municipalidad de Cobán, y que al momento de solicitar imágenes de cualquier institución pública se trabaja con cadena de custodia como cualquier otra prueba.
El Ministerio de Gobernación y el MP coinciden en que no han entregado a ninguna institución pública o municipalidad bases de datos con datos personales o registros biométricos. En el caso de la Municipalidad de Guatemala justifica la compra de reconocimiento facial con inteligencia artificial «para identificar con precisión a perpetradores de delitos».
Al consultar sobre la base de datos con la que la municipalidad hace la identificación, se informó que no cuentan con bases de datos de personas con antecedentes y que se incluyen imágenes de personas al sistema de la comuna por comportamientos sospechosos.
En el Ministerio de Salud Pública y en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) también se usa la Inteligencia Artificial para la videovigilancia. Salud informó que carece de una política institucional para el control de las grabaciones y la captura de los datos. Mientras el IGSS aseguró que estaba contenido en el Acuerdo 1090 de la Junta Directiva.
En el sitio web del IGSS el Acuerdo 1090 hace referencia al Reglamento para la administración del recurso humano, no menciona los datos personales o el registro biométrico.
La falta de control, la ausencia de protección de datos, la carencia de conocimientos, el incumplimiento de normas, la poca o nula transparencia, exponen un panorama de riesgos en Guatemala. Como se ve en otros países de la región, una adopción de videovigilancia basada en IA sin regulación conlleva a vulneraciones graves de los derechos.
Cómo se hizo esta investigación
Los datos de contratación provienen de Guatecompras, el sistema estatal de compras públicas, que publica en el estándar internacional de datos abiertos Open Contracting Data Standard (OCDS). Sociedad.info extrajo y estructuró esos registros con su plataforma de investigación TeseoETL y los cargó en una base de datos analítica.
Para no depender de una lectura manual imposible, el universo supera los dos mil procesos, se usó una búsqueda semántica asistida por algoritmos: un conjunto de términos en español e inglés («reconocimiento facial», «videovigilancia», «biometría», además de marcas concretas como Hikvision, Dahua o ZKTeco) rastreó las compras relacionadas con inteligencia artificial entre 2020 y 2026. Los resultados se clasificaron automáticamente y luego se verificaron uno a uno de forma manual, descartando falsos positivos. Los documentos de las compras —bases técnicas, contratos, anexos— se procesaron con reconocimiento óptico de caracteres (OCR) para poder leer los PDF escaneados.
Toda cifra citada se contrastó contra la fuente original en Guatecompras, se duplicó por número de procesos y se trianguló con 180 solicitudes de acceso a la información pública, 23 entrevistas, consultas en el registro mercantil y reporteo en los territorios que hizo Agencia Ocote, además, el uso de estas herramientas no sustituyó el criterio periodístico: la inteligencia artificial ayudó a encontrar y ordenar las compras; la verificación y la interpretación son humanas.
Investigación y redacción: Eduard Martín-Borregón y María José Longo Bautista
Edición: Carmen Quintela
Fotografías: Luis González y Christian Gutiérrez
Diseño: Sofía Cabrera
