Guatemala compra reconocimiento facial y videovigilancia con IA sin control ni ley de datos, lo que expone una serie de riesgos para la ciudadanía y el cumplimiento de derechos humanos. Pero además, el Estado gasta millones de quetzales en compras troceadas, mediante procedimientos que no son todo lo transparentes que la normativa internacional demanda. Varias de estas contrataciones se han hecho a empresas señaladas y con vínculos cuestionables.