Marjorie von Ahn pasó años como presentadora de televisión, analizando cómo las comisiones de postulación elegían a cortes cuestionadas en Guatemala. Vio a su exjefe (Juan Luis Font) y a …
Marjorie von Ahn pasó años como presentadora de televisión, analizando cómo las comisiones de postulación elegían a cortes cuestionadas en Guatemala. Vio a su exjefe (Juan Luis Font) y a una excompañera de escritorio (Michelle Mendoza) salir al exilio, recibió amenazas y, en 2024, ella misma dejó Guatemala durante un año. Regresó en agosto de 2025 con una visión: impulsar cambios en el sector justicia.
Así, Von Ahn, junto con su esposo, el abogado constitucionalista Edgar Ortiz, y cuatro amigos más, fundan Poder Ciudadano, una organización civil que apuesta por una reforma constitucional enfocada en el sector justicia. El grupo y decenas de voluntarios presentaron la propuesta en el Congreso de la República el 28 de septiembre. Lo hicieron junto con 15 mil firmas de personas que también creyeron en el proyecto.
A través de la reforma de 27 artículos (23 reformas y 4 adiciones), proponen cinco cambios fundamentales: Eliminar las comisiones de postulación, sacar al Congreso de la elección de Corte de Apelaciones, renovar las cortes de forma escalonada, plazos largos y sin reelección para magistrados y una carrera judicial normada.
El camino es cuesta arriba: la reforma necesita 107 votos en el Congreso y luego una consulta popular. Por eso Poder Ciudadano quiere que el referendo llegue a las urnas como una «sexta papeleta» en las Elecciones Generales 2027.
En esta entrevista, Von Ahn explica sus motivaciones para la propuesta, la estrategia para comprometer a los diputados y responde a quienes los señalan de buscar candidaturas y a quienes defienden que «la Constitución no se toca».
¿Qué la mueve a promover reformas constitucionales?
Hay un punto en el que el periodismo es muy importante, porque siempre tenés que ser testigo de lo que sucede. Enfrentas una realidad de que cada día es peor: el lunes la noticia es mala, el martes es peor, y el miércoles… Hay un punto en el que dices: «¿Cuánto tiempo voy a estar aquí analizando y comentando las cosas que no funcionan?».
Para mí llegó un punto de desesperación, porque vivimos censura en Canal Antigua y Juan Luis Font y Michelle Mendoza tuvieron que irse al exilio.
¿Fue un impacto directo?
Sí. Vivimos la caída de ese espacio periodístico liderado por Juan Luis Font y Claudia Méndez, y todo el contexto crítico que vino después. Tantos periodistas criminalizados y que tuvieron que exiliarse.
Edgar Ortiz y usted vienen de un entorno más acomodado que el de la mayoría de la población que sufre esos problemas en su día a día. ¿Cómo vivió eso que describe?
Mira, yo parto de reconocer mi privilegio. Soy una mujer en Guatemala que pudo ir a la universidad gracias a su familia, y sé que eso me coloca en una minoría frente a lo que vive la mayoría de las guatemaltecas. Por eso siento la obligación de hacer algo por mi país.
Hay un punto en el que te decís: «Bueno, ¿por qué nadie hace algo para cambiarlo?». ¿Cuánto tiempo vamos a pasar día tras día analizando y criticando las comisiones de postulación, viendo cada vez más jueces corruptos, como en el caso reciente de Roxana Baldetti [que cumple dos condenas por corrupción desde su casa]? ¿Cuánto tiempo más voy a ser solo testigo de lo que sucede? Como Edgar es abogado, creo que eso nos dio una perspectiva de qué podíamos empezar a hacer.
¿Cómo decidieron pasar a la acción?
Nos empezaron a inspirar los movimientos de activismo de Estados Unidos, esos grupos que hacen litigio estratégico.
El quiebre llegó en 2023, cuando vimos que estaban por robarse las elecciones y dijimos: «Bueno, muchá, somos un grupo de amigos, aquí hay varios abogados, un par de comunicadores; hagamos algo».
Entonces comenzamos a litigar esos casos. Te diría que para mí ahí nace realmente Poder Ciudadano, aunque todavía no se llamaba así, porque en verdad somos casi las mismas personas.
También hay una reflexión personal cuando ves a tantos amigos, tantas fuentes, personas cercanas que se van de Guatemala y ya no pueden regresar. Así lo vi, muy de cerca, y me dije: «Esto es algo que me mueve; no es solo un tema de justicia ni solo de abogados».
Mientras esté hecho para que nadie lo entienda, es muy fácil que a nadie le importe. Nadie puede defender algo que no entiende. De ahí la importancia de mi rol como comunicadora: ¿Cómo podemos vivir en un país en el que tenés que ser abogado para entender lo que está pasando? Eso no puede ser.
El gremio de abogados concentra muchos privilegios y también corrupción. ¿Cómo lograr que no solo ellos se involucren en el tema de la justicia?
Aunque creo que ha cambiado mucho, sigue siendo un gremio con un liderazgo muy masculino.
Actualmente hay unos 46 mil abogados, y existe esta lógica de que, como ellos son los que entienden y los que explican, ellos controlan los procesos. Lo de las comisiones de postulación está diseñado para que el ciudadano de a pie no lo entienda, y eso distancia a las personas.
Por eso creo que nuestra gran causa es acercar a las personas todo lo que sucede, porque nadie puede cambiar algo que no entiende.
¿Y cómo se involucran en las elecciones de segundo grado de 2026?
Cuando decidimos como equipo apoyar la campaña para las elecciones del Colegio de Abogados, no teníamos presupuesto y debíamos ser creativos. Como lo único que teníamos eran redes sociales, decidimos llevar la campaña por ahí.
El principal reto es que los abogados no se involucran; son un reflejo de la sociedad. Así como la mayoría de la ciudadanía no participa, los abogados, que ya son una élite dentro de ella, tampoco lo hacen. Vimos que nuestra única opción de ganar las elecciones era lograr que más abogados votaran.
En 2024 tanto usted como Edgar salieron de Guatemala. ¿Cuánto tiempo estuvieron fuera? ¿Qué los motivó a irse?
Estuvimos fuera un año, y fue por prevención. Recibimos amenazas de distintos tipos de forma recurrente, y era un poco esta situación de decir: «Me están amenazando». Además, ese año Edgar se fue a estudiar fuera. En mi caso, puntualmente, tuve dos incidentes de seguridad bastante graves.
¿Cuáles? ¿Se puede conocer algún detalle?
Esto nunca lo he dicho públicamente, porque tampoco lo denuncié en su momento. ¿De qué iba a servir denunciar algo ante el Ministerio Público en 2023?
Un día iba caminando por la calle, cerca de donde vivo, cuando dos vehículos me pararon y me dieron un mensaje muy puntual sobre un video que había publicado. Prefiero no entrar en detalles. En ese entonces solo lo comenté en un círculo de periodistas. Fue poco antes de que decidiéramos irnos.
Cuando fue todo lo del amparo por la democracia, en 2023, pasó lo mismo. Cosas así nos han ido pasando cada vez más en los últimos años. El riesgo que asumimos como familia también es complejo.
Nos preguntábamos: ¿qué va a pasar?, ¿podemos seguir aquí?, ¿tal vez tomamos un poco de distancia? Pero al final, algo muy lindo de que Edgar y yo hagamos esto juntos es que nos apoyamos y nos entendemos.
En agosto de 2025 volvimos a Guate y regresamos con una visión muy clara: «Aquí hay una oportunidad de hacer algo y, mientras podamos estar en el país, tenemos que hacerlo».
A corto plazo, nuestra visión fue entrar al espacio del Colegio de Abogados. Era muy hostil, pero importante. A largo plazo, defendemos que hay que eliminar las comisiones de postulación. Poder Ciudadano salió este año, pero quienes han estado con nosotros saben que es una idea en la que llevamos años trabajando.
Entiendo cuando me dicen que «es un proyecto muy ambicioso» o «¿por qué ahora?», pero vuelvo a decir: «Entonces, ¿ no intentamos nada?». La opinión popular es que nunca nos atrevemos a hacer algo, y yo creo que los derechos que no ejercemos los perdemos. La mayoría ni siquiera sabe que existe una disposición en el artículo 277, literal d), de la Constitución, que nos permite pedir cambios.
Hay distintos niveles: los abogados, los comunicadores, la ciudadanía, las protestas. ¿No cree necesario que haya unión y que cada grupo no actúe aislado?
Es muy importante. Tenemos que encontrar esos puntos mínimos en los que podemos estar de acuerdo. Entiendo y respeto que haya personas que propongan una asamblea nacional constituyente. Es válido, pero no lo comparto, porque prefiero algo viable a un imposible que nunca vamos a alcanzar. Para mí, Poder Ciudadano recoge los mínimos en los que todos podemos estar de acuerdo.
Podemos estar de acuerdo en que no es buena idea que el Congreso nombre a los magistrados de Apelaciones. Podemos estar de acuerdo en que las comisiones de postulación, una y otra vez, nos dan pésimos resultados.
Si todo el sistema está mal, ¿por qué enfocarse solo en reformas judiciales?
Por dos cosas. La primera: si hacés algo muy grande, perdés los consensos. Creo que eso pasó [en la Consulta Popular] después de la Firma de la Paz, o incluso, te diría, con la iniciativa de ProReforma.
Cuando tenés algo tan ambicioso, es muy difícil lograr consensos. Nosotros creemos más en algo pequeño, pero viable, que va a tener un gran impacto. Entonces, enfoquémonos solo en justicia.
Además, la injusticia nos afecta a todos, porque cuando hablás de la justicia civil que no funciona, estás hablando de la justicia del ciudadano, no de grandes casos de corrupción.
La falta de justicia afecta la economía, la prosperidad. También la capacidad del Estado de implementar. Es un eje transversal.
Entonces, es un problema muy grande, con incidencia en muchas áreas, y es un mínimo para cambiar. ¿Quién puede no estar de acuerdo en que necesitamos jueces independientes?
Decía hace un momento que varias personas les han señalado lo complejo de reformar la Constitución. Ustedes, ¿qué tan cuesta arriba la ven?
(Ríe). ¿Es difícil? Sí, es difícil. Si realmente hubiera personas que quisieran el cambio, en el Congreso 10 diputados podrían proponer una reforma constitucional mañana. Pero no lo van a hacer porque no les conviene.
Lo que nosotros usaremos y creemos que es crítico para ellos es el periodo electoral. Esos diputados que nunca aparecen, que nadie sabe quiénes son, van a sacar la cabeza para pedir el voto en 2027. Y en ese momento nos vamos a encargar de que todos los candidatos a la Presidencia y al Congreso digan si están a favor o en contra de la propuesta.
Así como hacen los activistas en Estados Unidos, por ejemplo los provida o los de la Asociación Nacional del Rifle, cuyas estrategias [de comunicación] me parecen maravillosas. Aquí necesitamos 107 diputados. ¿Es difícil? Sí, por supuesto que es difícil. Pero nos vamos a encargar de hacer muy visible quiénes van a estar a favor y quiénes en contra. ¿Quién puede verte a los ojos y decirte: “Sí, la justicia en Guatemala funciona”? Es la sexta peor justicia civil del mundo.
Entiendo que, a partir de ahora, su estrategia será comunicacional y que creen que 2027 es un buen año para posicionarla.
Totalmente. Lo estamos volviendo un tema de campaña. Por eso hemos insistido en que ni Edgar ni yo ni nadie de la dirigencia de Poder Ciudadano pertenece a un partido político ni va a ser candidato en las elecciones. Esto tiene que ser algo más grande que una persona o un partido; tiene que ser un tema de país.
Hablando de política, hay sectores que dicen que lo que ustedes buscan es ser candidatos, que en 2027 van a participar con tal o cual partido.
Me dio mucha risa cuando me mandaron un video de una persona que decía que yo iba a ser candidata. La política es importante, pero creo que se nos ha olvidado el camino cívico, y desde ahí el ciudadano puede lograr muchas cosas. Esa es nuestra gran cruzada.
Y ¿cómo tomar que Goyo Saavedra sí decidió participar con un partido político, siendo una persona cercana a ustedes y al grupo?
Lo primero es que Goyo no tiene ningún rol en Poder Ciudadano. No es parte de la Junta Directiva ni es miembro fundador; somos muy claros en eso. Entiendo que desea participar en política; es válido y lo respeto, pero creo que no era la manera de hacerlo.
En eso difiero con él. Que le vaya bien en su camino, pero en Poder Ciudadano seguimos con el nuestro.
Mi misión es conseguir 107 diputados [para que pase la reforma]. Con la iniciativa ya en el Congreso estamos en otra fase, pero necesitamos que todos los partidos la apoyen. En el momento en que esto se vuelve partidario, se pierde.
¿Creen que en 2027 el Congreso actual podría comprometerse con la reforma?
Vamos a intentarlo. Nuestra visión es «la sexta papeleta». Si logramos que este Congreso conozca la reforma y la apruebe, una gran ventaja sería que la consulta popular podría hacerse junto con las elecciones generales.
Así nos ahorramos el costo de una consulta popular por separado, que además tiene menor participación: imprimimos una sexta papeleta y ahí va el referendo.
Esto tiene un componente distinto: para las elecciones de 2027, el Tribunal Supremo Electoral ya tiene un calendario. ¿Han tenido algún acercamiento para ver la capacidad de incluirlo?
No hemos tenido acercamiento con ellos, pero la Constitución dice que el Congreso lo tiene que conocer «sin demora alguna». Entonces ellos tendrán que hacer lo que tengan que hacer para que avance.
Entender la Constitución y sus posibles reformas no es sencillo. ¿Cómo lograr que los mismos legisladores comprendan la intención del cambio?
Fíjate que Poder Ciudadano es un gran ejercicio didáctico que le explica a la gente: «Mire, esta es la Constitución, estos son sus derechos y, además, usted puede hacer algo para cambiarla». Es un ciclo didáctico completo. Las personas que firmaron la propuesta de Poder Ciudadano tienen, desde ese día, una relación diferente con la Constitución.
En Estados Unidos, por ejemplo, las personas tienen una relación personal con su Constitución: la conocen, saben de qué año es, cuántos artículos tiene. Aquí en Guatemala esa relación es inexistente.
Tenemos una gran visión didáctica: acercar a todas las personas la Constitución y el funcionamiento del Congreso. Ya tenemos una base de 500 voluntarios que han recogido firmas con nosotros. Esos 500 voluntarios son redes multiplicadoras en sus comunidades y están distribuidos en 20 departamentos.
Entonces, parte de la segunda fase es explicar qué pasa con una iniciativa de ley. La mayoría de las personas tampoco entiende cuál es el trabajo de un diputado, cómo se programa una iniciativa, si entra o no en el orden del día, si se vota o no en el Pleno.
Buscamos que la gente le dé seguimiento desde sus comunidades y que ejerza presión, como en Estados Unidos, donde es muy normal llamar a tus diputados: “Mire, yo quiero tal cosa; usted hizo tal otra y no votó por eso”. En Guatemala eso ni siquiera existe.
Es parte de lo que estamos haciendo y por eso el esfuerzo territorial es tan importante. Que los voluntarios de cada departamento, cuando lleguen las campañas de diputados, les pregunten: «Bueno, ¿usted va a votar a favor?, ¿lo va a programar?, ¿está en contra?».
Buscan posicionar el tema constitucional en la etapa electoral, como se hace en el sistema estadounidense. ¿Cómo adaptarían esas grandes ideas al entorno guatemalteco?
Lo primero es subirles a los políticos el costo de lo que hacen.
¿Qué significa eso?
Por ejemplo, la mayoría de personas no sabe cómo votan sus diputados, qué hacen ni qué causas apoyan. Los diputados no pagan un costo político por lo que hacen. En nuestra plataforma ya lanzamos un piloto del Observatorio del Congreso, donde se puede ver cómo votó cada diputado en cada iniciativa.
La idea es acercar al ciudadano de a pie, que no es abogado y no tiene por qué serlo, para que comprenda lo que está pasando.
Una explicación más técnica puede leerse en el libro de Edgar. En la página web está el texto completo con la exposición de motivos. También se puede ver, artículo por artículo, qué se está cambiando. O lo podemos explicar como un resumen de cinco cambios. No todas las personas necesitan leer los 27 artículos [23 reformados y 4 adiciones].
Algunos de esos cambios son de trámites y requisitos, pero otros necesitan reformas más profundas a leyes y reglamentos específicos, ¿cierto?
Sí. Cuando la reforma pase, habrá que hacer cambios a nivel de leyes.
Teniendo eso en cuenta, si la reforma se aprobara en 2027, ¿tienen un estimado de cuánto tiempo se necesitaría para que llegue a la práctica?
Es una buena pregunta. En el mejor de los escenarios, el Congreso actual conoce la reforma, no la cambia sustancialmente, se imprime la sexta papeleta y en la consulta popular gana el sí. Puede tomar uno o dos años.
Creo que ahí los abogados te pueden explicar más, porque ellos tienen mapeadas las leyes que habría que actualizar. No soy la persona para explicar eso, pero sí puede tomar un tiempo.
¿No temen que personas contrarias a estos cambios les generen más ruido que beneficio?
Creo que hay una dosis de polémica que es buena. Es bueno que debatamos. Por ejemplo, hay personas que te van a decir: «La Constitución es sagrada y no se toca». Es su visión y que la defiendan, pero hay cosas que no se pueden arreglar a nivel de leyes. Si queremos eliminar las comisiones de postulación, debe reformarse la Constitución.
Tengo mucha curiosidad de ver qué pasará cuando el tema llegue al Congreso. Ahí vamos a ver realmente quiénes entienden esto, quiénes lo quieren apoyar y quiénes no.
Es evidente que hay distintas posiciones. Pienso en el reciente debate entre Edgar Ortiz y el abogado y exdiputado conservador Fernando Linares.
Constituyente, además.
Exacto. ¿Cómo valoran esas posiciones?
Mira, si ellos no están de acuerdo, que recolecten firmas. Supe que intentaron hacer un par de actividades de recolección de firmas. No sé cuántas habrán juntado, porque yo en el parque vi como a cinco personas. Nosotros, en dos meses, levantamos 15 mil firmas en todo el país, solo con voluntarios.
Pero si alguien desconoce el pasado de esta persona y solo escucha que quien se opone a la reforma es un constituyente…
Es que hay personas que quieren mantener las cosas como están, pero la mayoría de guatemaltecos entiende que el sistema actual no funciona para todos y que hay cosas profundas que debemos cambiar.
Poder Ciudadano explica que su propuesta de reforma no va por la vía de una Asamblea Nacional Constituyente, pues ninguno de los artículos que buscan cambiar (reformar: 23; adicionar: 4; de transición: 6) se encuentra en el Capítulo I, Título II de la Constitución; estos, según el artículo 278, solo pueden reformarse convocando a una Asamblea Nacional Constituyente. Los que busca reformar se basan en el artículo 280, que establece dos terceras partes del Congreso (107 votos) y luego ratificados mediante una consulta popular convocada por el TSE.
