A Fáctibot, nuestro chatbot contra la desinformación, llegó la consulta de si la propiedad de un funcionario con inmunidad se puede o no allanar. Esto tras conocerse que, en la …
A Fáctibot, nuestro chatbot contra la desinformación, llegó la consulta de si la propiedad de un funcionario con inmunidad se puede o no allanar.
Esto tras conocerse que, en la búsqueda de una mujer desaparecida, el Ministerio Público (MP) no allanó una propiedad de la alcaldesa de Zacapa, Karen Xiomara Ovalle Madrid,pese a contar con orden de juez.
Claudia Pamela Rivas, de 30 años, era directora financiera de la Municipalidad de Huité, Zacapa, y desapareció el 26 de noviembre de 2025. Casi un año después, su paradero sigue desconocido y la investigación del MP apunta a que Haroldo Lorenzana Terraza, alias «Haroldito», señalado de narcotráfico y cuñado de la alcaldesa, sería el responsable.
El 12 de abril de 2026, el MP y la Policía Nacional Civil (PNC) ejecutaron allanamientos en los municipios de Huité, Río Hondo y Usumatlán, autorizados por el Juzgado de Primera Instancia Penal de Zacapa.
El juzgado autorizó 31 diligencias en igual número de inmuebles, en búsqueda de indicios sobre la desaparición; sin embargo, el MP informó de resultados en 30. En una de las propiedades, en la aldea La Pepesca, Río Hondo, los investigadores no entraron.
Según un informe de la PNC, citado por Prensa Libre, una fiscal ordenó verbalmente no ingresar debido a que la propiedad pertenece a Karen Xiomara Ovalle.
«Por orden verbal de la licenciada (…) del Ministerio Público, no se ingresará a la vivienda en virtud de que es el inmueble de la alcaldesa de Zacapa», señala el informe policial, revelado por Prensa Libre el 26 de octubre.
Y argumenta que ella «goza de inmunidad o derecho de antejuicio».
Entonces, ¿puede o no allanarse la casa de una persona con inmunidad?
La decisión de la fiscal de no ejecutar el allanamiento ha dejado la duda en redes sociales: ¿la inmunidad de un funcionario público alcanza a sus propiedades?
Carlos Ruano, exjuez y doctorando en Derecho Constitucional, explica las razones por las cuales no en cualquier momento se puede allanar la propiedad de una persona con derecho de antejuicio.
Para Ruano, esa propiedad es una extensión de la persona sobre quien existe la garantía de que no puede «ser detenida ni sometida a procedimiento penal». Para hacerlo, previamente se le debe retirar la inmunidad, según el artículo 3 de la Ley en Materia de Antejuicio.
Considera que la clave en el caso de la alcaldesa es si esa vivienda es «la morada de la funcionaria». Asegura que tanto la Constitución como el Código Procesal Penal protegen el lugar donde vive esa persona.
«Si esa es la casa donde ella vive con su familia, donde tiene sus cosas y es adonde regresa después de salir del trabajo, entra en esa esfera de protección por su inmunidad», afirma.
«Es distinto si, por ejemplo, no es la casa que ella utiliza para vivir. Digamos que tiene una segunda casa, una que alquila», explica.
Y aclara que eso es algo que los investigadores debieron determinar antes de solicitar los allanamientos. «Por eso creo que si el MP se dio cuenta ahí y decidió no realizar la diligencia, estuvo bien. Lo debieron hacer constar en el acta». Asegura que «ahí el juez fue sorprendido» al autorizar la diligencia.
Interpretaciones legales
El exjuez también asegura que, como el derecho «es sujeto a interpretaciones», si se realizara el allanamiento a cualquier propiedad a nombre de la persona (viva o no en ella), su defensa podría alegar que no puede ser allanada y revertir cualquier acción.
Por ello, considera pertinente que, en toda diligencia se investiguen previamente estas circunstancias.
Sin embargo, hay circunstancias en las cuales las autoridades pueden ingresar.
Por ejemplo: si una persona es perseguida y se refugia en la vivienda de alguien con inmunidad.
De igual forma, si la persona con inmunidad es sorprendida cometiendo un delito en su vivienda, puede ser detenida y la vivienda allanada. Esto es porque el Código Procesal Penal valora la vida (de una posible víctima) «por encima del trámite formal».
El mismo Código Procesal Penal permite, según Ruano, que un juez pueda ordenar diligencias menores contra alguien con inmunidad ante el temor fundado de perder una prueba y acciones indispensables «para fundar la petición» de retiro de inmunidad.
«La Corte de Constitucionalidad ha avalado diligencias mínimas, pero no las que buscan investigar o procesar directamente al funcionario», afirma Ruano.
Se intentó contactar en repetidas ocasiones a la alcaldesa al teléfono registrado en la municipalidad de Zacapa, pero nadie contestó. Por su parte, Prensa Libre asegura que lo intentó a través de un número de celular registrado por ella en Segeplan, pero tampoco le fue posible.
Interpretaciones con respaldo jurídico
El 23 de febrero de 2018, la exjueza Erika Aifán autorizó el allanamiento de la vivienda del magistrado Eddy Orellana Donis, a quien ya se le había retirado la inmunidad por el caso Comisiones Paralelas 2014.
Meses después, Orellana, encarcelado por recibir sobornos en ese caso, solicitó un antejuicio contra la jueza Aifán por abuso de autoridad. El argumento de Orellana fue que su captura se dio en la casa que compartía con su esposa, la magistrada Doris Lucrecia Alonso.
La Corte Suprema de Justicia lo rechazó porque la investigación estaba dirigida contra Orellana y no contra Alonso, quien en ese momento gozaba de inmunidad.
Los magistrados de la CSJ rechazaron, sin entrar a conocer, una solicitud de antejuicio promovida por el magistrado separado del cargo Eddy Orellana, contra la jueza de Mayor Riesgo D, Erika Aifán. https://t.co/dnRCkvYiKi
— Diario La Hora (@lahoragt) June 22, 2021
Ruano, recuerda otro caso: cuando era juez en Sacatepéquez, autorizó allanamientos en la municipalidad de San Lucas Sacatepéquez por anomalías en la emisión de licencias ambientales.
Hubo varios concejales detenidos, y la defensa argumentó en la audiencia de primera declaración que las diligencias debían declararse ilegales porque ahí se encontraba el alcalde y tenía derecho de antejuicio.
«Yo marqué la diferencia de que no era su residencia, donde él vivía y por eso se podía entrar. Una oficina no es igual que una casa», afirma. «Es como cuando han ocurrido diligencias en el Congreso, en ministerios y hasta en juzgados», asegura.
Sin embargo, el exjuez Ruano reconoce que «falta mucho por legislar en Guatemala al respecto y es necesario aclarar hasta dónde llega la inmunidad de una persona».
