Mientras Guatemala enfrenta escasez, contaminación y conflictos por el agua, una nueva iniciativa de ley reabre el debate sobre quién debe controlar y administrar este recurso en el país.
Este es un podcast conversacional sobre la ley de aguas. Haz click en el reproductor para escucharlo:
Lee aquí la transcripción del episodio
Sonia Gutiérrez: Bueno, quiero empezar diciendo que una ley de aguas en Guatemala sigue siendo una deuda histórica del Estado.
Belinda Chá: Nos dimos cuenta de que a pesar de que sea un proceso que sí está consultando a varias voces, terminaba excluyendo a las personas que diariamente tienen estos problemas relacionados al agua.
Mirna Ramírez: El sector económico poderoso de este país quisiera estar dentro de la toma de decisiones.
Sonia Gutiérrez: El Congreso hace lo que quiere, porque quienes mandan son quienes financian a los diputados y a las diputadas del Congreso.
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Kristhal Figueroa: Bienvenidas y bienvenidos al podcast de Agencia Cote. Soy Kristhal Figueroa, periodista de Agencia Cote y me acompañan Mirna Ramírez del Pacto por el agua, la diputada Sonia Gutiérrez y Belinda Chá de la Red de Jóvenes por el Agua.
Guatemala es uno de los países con mayor riqueza hídrica de Centroamérica. Cuencas hidrográficas, ríos, lagos, acuíferos y, sin embargo, millones de personas no tienen acceso a agua potable segura. Las comunidades rurales indígenas son las más afectadas: dependen de ríos y nacimientos que enfrentan altísimos niveles de contaminación o que están siendo afectados por la deforestación y la crisis climática. Y en paralelo, los conflictos por el agua se multiplican, entre comunidades y empresas, entre municipios, entre usos domésticos y usos extractivos. Guatemala tiene recurso, pero no tiene las reglas para protegerlo.
Hoy queremos conversar precisamente sobre la iniciativa de Ley de Aguas, la propuesta que el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN) ha impulsado a través de un proceso de consulta nacional. —Por cierto, nos hubiera gustado contar también con el Ministerio de Ambiente en esta conversación, pero argumentaron que por motivo de agenda no podrían estar presentes—. Queremos hablar, además, de qué beneficios concretos traería una ley así para un país con estos problemas tan profundos en el acceso al agua y también quién podría oponerse a regularla. Y si eso permite explicar por qué Guatemala, en 2016, sigue siendo uno de los pocos países de la región sin una ley de aguas aprobada. Bienvenidas a la conversación.
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En agosto de 2024, el gobierno del presidente Bernardo Arévalo anunció la creación de un Gabinete Específico de Agua. También inició un proceso nacional por medio del cual la ministra de Ambiente y Recursos Naturales, Patricia Orantes, visitó distintos territorios del país. A través de este proceso, el poder ejecutivo construiría una iniciativa la Ley de Aguas.
En la primera ronda de visitas de la ministra, los participantes del Proceso Nacional del Agua le presentaron sus propuestas y preocupaciones sobre la gestión del agua. La segunda funcionó como especie de retroalimentación donde el ministerio comunicó sus principales hallazgos a nivel nacional.
Grabamos esta conversación en la última semana de mayo de 2026. Hasta el momento, el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales había publicado un primer borrador de iniciativa de ley, sobre el cual la población podía presentar sugerencias y comentarios.
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Kristhal Figueroa: Entonces, ahora sí me gustaría comenzar con Belinda. Sabemos que ustedes participaron en este Proceso Nacional de Aguas, el proyecto por medio del cual el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales planificaba construir la iniciativa de Ley de Aguas junto a la población. ¿Cómo fue este proceso?
Belinda Chá: El proceso justo convocó a varias organizaciones, a personas individuales, convocó al sector privado, al sector público en general, a todos aquellos que estuvieran relacionados con el uso y acceso al agua.
En nuestro caso, nosotros participamos en los diálogos por el agua construyendo todo el proceso y también enviamos una propuesta al ministerio porque hubo un momento donde estaban recibiendo como propuestas específicas para cuestiones que se deberían incluir en la en la iniciativa.
Nosotros enviamos nuestra propuesta relacionada a la importancia de incluir las voces de las juventudes y, específicamente, cómo la educación ambiental también tiene que llegar al final a las juventudes, especialmente a las juventudes rurales y periurbanas.
Kristhal Figueroa: Sabiendo que ustedes presentaron una propuesta, ¿Recibieron después algún seguimiento o ahí quedó?
Belinda Chá: Presentamos la propuesta y sí, el viceministro la firmó de recibido, pero luego ya no hubo un seguimiento. Luego en la iniciativa pues sí vimos que habían tomado cosas, pero eran cosas más generales, como la inclusión pues a los grupos vulnerados. Pero realmente no hubo un seguimiento ni quedó como dentro de la iniciativa un eje prioritario sobre la juventud, los adolescentes y la niñez con respecto al uso y manejo del agua.
Entonces, creemos que si bien todo el proceso se vio como «de integración de múltiples voces», al final pues la iniciativa no toma en cuenta todos esas voces que se consultaron y de las cuales sí tenían elementos y sí tenían este instrumentos para poder incluirlas.
Kristhal Figueroa: Muchas gracias, Belinda. Y pues justo antes de pasar al análisis como tal de este borrador de propuesta que ya existe, me gustaría pues que pensáramos en el Proceso Nacional de Aguas como tal. Desde las primeras etapas de este proceso, representantes de pueblos indígenas denunciaron que no estaban siendo involucrados en la construcción de la iniciativa. Posteriormente, el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales anunció diálogos exclusivos para autoridades indígenas. Mirna, ¿fueron realmente incluidos o escuchados los pueblos indígenas en esta propuesta?
Mirna Ramírez: Nosotros como organizaciones que trabajamos en las comunidades y con los pueblos indígenas, tuvimos un análisis de las dos iniciativas que están en el Congreso y de ahí surgen 19 puntos importantes que pedimos al equipo del MARN que está construyendo la iniciativa que los incluya.
Luego de los primeros borradores que sacó el ministerio, establecimos que de los 19 puntos, hay cinco matizados porque no están con la sustancia que desde el pacto del agua queremos que incluya.
Kristhal Figueroa: Entonces, ¿podríamos decir que los pueblos estuvieron ahí en el proceso de construcción en los diálogos, pero que realmente sus propuestas y preocupaciones no se ven del todo en la propuesta ya de iniciativa de ley?
Mirna Ramírez: Así es y hoy que estuvo la ministra con nosotros (la alianza del Pacto por el Agua), nos dijo que sí. Le pedíamos que (se incluyera) esta consulta a los pueblos indígenas que son los que cuidan el agua, los bosques… Los pocos que hay todavía porque sabemos de la deforestación, la venta y la tala de madera y entonces, nos aseguró que sí, que en el último borrador que van a presentar al Congreso en junio o en julio sí contempla la inclusión.
Kristhal Figueroa: Gracias, Mirna. Y pues justo ahora que hablamos de esos temas que sí fueron incluidos en la iniciativa, me gustaría preguntarle, diputada, ¿cuáles pueden considerarse esas grandes victorias que se alcanzarían con esta ley de aguas?
Sonia Gutiérrez: Bueno, quiero empezar diciendo que una ley de aguas en Guatemala sigue siendo una deuda histórica del Estado ya que desde que se promulgó nuestra Constitución Política de la República no se ha aprobado, no existe una ley de aguas. Estamos hablando ya 40 años que el Congreso de la República no ha aprobado ninguna ley, a pesar de que han habido intentos, hay varias iniciativas de ley de diferentes legislaturas, pero interpreto que la no existencia es porque hay intereses de sectores económicos, élites del país, como bien lo decía Mirna, señalando precisamente quiénes son esos máximos consumidores del agua que lo utilizan para ciertos fines, propósitos.
Entonces, el agua en nuestro país se ha convertido en un negocio para estas grandes empresas y eso obedece también a que han habido fuertes influencias de estos sectores que no han permitido que avance una iniciativa de ley o una ley de aguas, es decir, no es casual su ausencia o su inexistencia.
Ahí creo que quiero resaltar la primera victoria: Si se lograse aprobar una ley, porque el esfuerzo que ahorita ha habido con este gobierno de abrir una convocatoria a los diferentes sectores, creo que ese es el primer resultado de un consenso. Tal vez no una consulta, pero sí un consenso que recoge las diferentes visiones de los diferentes sectores que sí se refleja en esa iniciativa y que si es aprobada por el Congreso, podríamos decir que recogería el sentir de la mayoría de la sociedad guatemalteca.
Ahí está el primer elemento. El segundo es si se define también cómo se va a administrar el agua, porque yo creo creo que ese es el gran debate. Cuando empezamos a discutir una ley de aguas, quién es el que va a administrar.
Hoy se habla de una propuesta de esa Superintendencia (Nacional del Agua), pero también debemos de reconocer que las comunidades, los pueblos tienen también sus propias formas de administración. Si eso va a estar incluida en una propuesta de iniciativa de ley, creo que también garantizaríamos esas propias formas de organización de las comunidades y los pueblos.
Y tercero, el hecho de que también se pueda regularizar el uso y el manejo del recurso. Creo que el derecho al agua es un derecho humano que debe ser concebido en la Constitución y por supuesto en la ley, pero también concebir que el agua es un elemento vital para nuestra existencia. También es un ser vivo.
Kristhal Figueroa: El Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales ya hizo público un primer borrador de la iniciativa de ley que está a la espera de los comentarios de organizaciones y de la población en general. Pensando pues justamente en este borrador, quisiera preguntarte, Belinda, si existen no negociables que no hayan sido incluidos en esta iniciativa.
Belinda Chá: Entonces, yo creo que el no negociables tendrían que ser que no se conciba el agua únicamente como un recurso de uso y aprovechamiento sin garantizar también que el agua es un bien, que el agua es vida. También creo que es importante que se garantice o se plantee que el agua tiene memoria. Al final, pues muchas de las cuestiones que suceden alrededor del agua, se deben normar: que no se aproveche al nivel de exterminio del agua, básicamente, sin dejar a las comunidades expuestas.
Yo creo que también, otra cosa que se debe garantizar y no debería ser un «negociable» es que los conflictos relacionados al agua también puedan tener una primera solución dentro de las propias comunidades, por ejemplo.
Y también se debe garantizar que exista educación ambiental. Al final, si se quiere implementar algo, no se debería implementar de manera lejana a los pobladores. Lo vimos también con la ley de clasificación de residuos sólidos. Creo que al final si se excluye a las poblaciones de poder implementar esto, no se va a tener un pues una implementación exitosa.
Kristhal Figueroa: ¿Y consideras que estos no negociables sí se ven plasmados en la iniciativa del Ministerio de Ambiente?
Belinda Chá: Creo que parcialmente, porque si bien las cosas se plasman en una iniciativa, no necesariamente eso significa que se implementen de una manera correcta.
Kristhal Figueroa: Belinda justo entró al siguiente tema que quiero discutir y es que ya mencionaba los temores. ¿Qué preocupaciones despierta la iniciativa de ley de aguas en la población, Mirna?
Mirna Ramírez: En principio la privatización. Y eso lo hemos dicho cada vez que tenemos comunicación con la ministra o con el equipo que está elaborando la iniciativa.
Y la privatización pasa, digamos, por lo que decía la diputada: el sector económico poderoso de este país quisiera estar dentro de la toma de decisiones. La ministra hoy decía que no puede estar el sector económico si ellos también van a ser fiscalizados con el uso del agua y van a ser penalizados.
Y creo que ahí eso significa un reto, digamos, para quienes estamos empujando puntos claves en una iniciativa que es de beneficio a toda la población y como lo decía Belinda, pues es un bien común, que no es negociable, no tiene precio.
Kristhal Figueroa: Y pues justo me llama mucho la atención esto de que quienes están aprovechándose del agua, por ejemplo, la agroindustria, «no puede ser juez y parte». Sin embargo, en el Proceso Nacional del Agua, sí hubo un diálogo específico en cada región con población civil, otro diálogo con autoridades indígenas y hubo un diálogo también con el sector de agroindustria.
Entonces, diputada, ¿Es posible realmente crear una ley de aguas que incluya a todas estas poblaciones?
Sonia Gutiérrez: Es un poco compleja la respuesta porque así como decía yo hace un momento, que no hay una ley de aguas obedece al sector económico que tiene mucha influencia en el Congreso de la República y eso da a pensar lo difícil que es llegar a una aprobación. Máximo cuando vemos de dónde proviene y en este caso veo una diferencia entre la formulación de otras iniciativas con la que actualmente están impulsando desde el Ejecutivo con la participación ya de las compañeras que han manifestado, porque entonces lo que se busca es verdaderamente una ley que refleje el interés de los diferentes sectores.
Ya de allí, vamos a encontrar un choque a lo que el Congreso está acostumbrado a hacer, porque el Congreso hace lo que quiere, porque quienes mandan son quienes financian a los diputados y a las diputadas del Congreso. Entonces, es bien complejo pensar que por qué si esta ley va a ser aprobada y por qué las otras iniciativas de ley no han avanzado. Ahí encontramos un paredón de cómo está configurado el Congreso de la República.
Segundo, es que si avanza la iniciativa de ley, que esperemos llegue pronto, hay todo un proceso legislativo.Primero pasará a que la conozca el pleno, segundo a que se remita una comisión de trabajo, que en este caso sería la que le compete: la Comisión de Ambiente. Y ya luego, el dictamen puede ser favorable, desfavorable con modificaciones. Hasta que exista un dictamen también favorable, entonces pasa a su debate… los tres debates hasta encontrar su aprobación. ¿Por qué mencionar todo ese proceso?
Porque desde el primer momento en que se presenta una iniciativa de ley, no vamos a esperar que esa iniciativa se apruebe tal cual fue presentada por toda la fase que ya les he mencionado. Hasta en el último momento que se apruebe, ahí pueden los diputados a través de las enmiendas de Quirós, que le llaman, hacer cambios.
Entonces, tampoco es una garantía que así como la presenten ahora significará. Entonces, ese es un poco el temor que a mí me genera mucho con este tipo de iniciativas porque también abrimos la posibilidad a que le hagan cambios a su antojo, a sus intereses.
He ahí el riesgo que a mi juicio también despierta máximo si es una iniciativa que proviene de los diferentes sectores que vamos a encontrar desde mi punto de vista. Por la experiencia que yo tengo, vamos a encontrar un rechazo de muchos diputados.
Kristhal Figueroa: Entonces, ¿Usted sí ve muy probable que esto suceda, que se quieran hacer cambios en el Congreso?
Sonia Gutiérrez: Primero es que llegue la propuesta. Yo creo que aquí hago un poco la crítica que el gobierno se ha tardado mucho en hacer esta propuesta. Ya llevamos más de un año, creo yo, que están en discusión y eso también es un llamado al Ejecutivo, principalmente, porque el Ejecutivo tiene la facultad de presentar iniciativas y luego estamos ya vislumbrándonos a un proceso electoral el otro año.Eso nos va a entorpecer muchos procesos también.
Pero bueno, no quiero ser pesimista sino, más bien, lo que pretendo es motivar a aquellos que tienen ese interés realmente que se inicie su debate y su proceso. Yo creo que en la ciudadanía es importante estos espacios para dialogar para que también hagamos una presión en el Congreso, así como también al Ejecutivo porque de verdad es un tema que ahora, al no existir una ley de agua, los sectores económicos son los que más se están beneficiando.Porque sí les interesa a estos sectores que no exista una ley de gobierno.
Kristhal Figueroa: ¿Mirna? ¿Algo que agregar?
Mirna Ramírez: Sumarme a esto que exponía la diputada con relación al temor que también tenemos en las organizaciones de que cuando llegue, la iniciativa sufra demasiadas modificaciones y que entonces no respondan a lo que hemos venido analizando y construyendo desde las organizaciones que conformamos el Pacto por el Agua.
Entonces sí es un temor y eso también no me ve a querer que la iniciativa de ley contenga todos nuestros puntos consensuados, analizados. Que no hay ninguna garantía porque sabemos que con el actual Congreso, a excepciones de como la diputada y algunos cuantos otros que se salvan, la mayoría responden a los intereses económicos cuando ponen la mano debajo de la mesa.
Es un temor muy grande y eso nos preocupa y nos va a preocupar, incluso cuando conozcamos la última versión de la iniciativa y veamos qué de lo que estamos poniendo el Pacto por el Agua, pero en qué condiciones lo está poniendo. Por ejemplo, si solo dice que «van a consultar a los pueblos indígenas», no queremos consulta, queremos decisiones de los pueblos indígenas porque ellos son los que cuidan los bosques, cuidan el agua.
Kristhal Figueroa: Bueno, ahora que ya mencionábamos al sector privado, también me gustaría mencionar que este último borrador plantea también la posibilidad de otorgar licencias de aprovechamiento especial del agua. Algunos defensores del territorio, como Bernardo Caal, han expresado preocupación, pues considera que puede dar paso posiblemente hacia la privatización. Belinda, ¿ustedes comparten también esta preocupación?
Belinda Chá: Tal vez con relación a las licencias, yo creo que el problema un poco es también que ahora todo se está planteando de una manera muy «armoniosa».
O sea, como una manera en la que sabemos que actualmente sí existe apertura para hablar con el MARN, por ejemplo. Sí existe apertura para hablar con la ministra, con los ministros, pero en un futuro en Guatemala no sabemos cómo esto va a existir, no sabemos quiénes van a dar las licencias y si quiénes den estas licencias, al final, van a estar a favor de la población y de las comunidades que habitan estos territorios o van a estar a favor de las industrias, que es lo que usualmente se ve en Guatemala.
Lo que usualmente se ve en Guatemala es que las autoridades responden a los intereses económicos.
Kristhal Figueroa: Y pues precisamente estos megaproyectos que ya Belinda mencionaba, por ejemplo, la llegada de hidroeléctricas, han provocado conflictos sociales en algunas regiones de Guatemala. Diputada, ¿podría una iniciativa de ley de aguas brindar herramientas para mediar, resolver o incluso evitar este tipo de problemas?
Sonia Gutiérrez: Definitivamente que sí, todo tendrá que obedecer también a cómo queda aprobada la ley y si verdaderamente es una ley que logre de alguna manera identificar estos puntos que generan conflicto. Porque hablar de una ley de agua, como ya lo estamos abordando, pasa por determinar quién va a ser la autoridad que va a administrar ese uso, aprovechamiento y el Estado tiene que ser el ente rector para administrar, pero tomando en cuenta la particularidad que también somos como país.
A mí me parece interesante que la propuesta que está en el ambiente ahora discutiéndose, incluye la gobernanza por parte de las comunidades.
Ahí es donde encontramos un primer asunto de carácter oral: si esta iniciativa de ley verdaderamente va a tomar en consideración esa gobernanza de los pueblos y las comunidades y que la logre armonizar con un Estado, con una institucionalidad que también vele por esa por ese control, por esa capacidad de administración en armonía. Ahí disminuimos un conflicto, pero si se crea una superintendencia que anula la concepción de la gobernanza de las comunidades en la administración y el uso, ahí vamos a encontrar un primer problema.
Si en el último minuto sale una ley a favor de las élites que tienen el control político de este país, va a generar un mayor conflicto a la sociedad guatemalteca, porque el agua, repito, no es solamente un bien que usamos para nuestros usos domésticos sino que no solamente es un derecho humano, es que es un ser viviente.
Ese avance me gustaría que tuviera la iniciativa. Otros países como Colombia, a través de sentencias internacionales, ya reconocen el agua como un ser vivo. Que no solamente el ser humano se aproveche de él, sino que hay que depender de él.
Kristhal Figueroa: Y pues justo este último borrador si bien pues plantea la creación de una Superintendencia Especial del Agua, también da ciertas responsabilidades no solo al gobierno central, sino también a entidades autónomas y descentralizadas y sobre todo los gobiernos municipales. En el pasado han sido precisamente las municipalidades concentradas en la Asociación Nacional de Municipalidades o ANAM, quienes han detenido la implementación de reglamentos relacionados con el agua y el ambiente, como el de la clasificación de desechos sólidos y el de manejo de aguas residuales. ¿Ve usted un riesgo en que de ser aprobada esta iniciativa de ley, la ANAM busque también impedir su implementación?
Sonia Gutiérrez: Si esta ley quedara aprobada y tomara en cuenta estas visiones de los diferentes sectores que se están ahorita escuchando, estoy casi segura que sí va a ser un rechazo absoluto de la ANAM.
Y esto porque ya tenemos los antecedentes de que sí se han opuesto a los temas de desechos sólidos, al tema de protección al ambiente. La ANAM, lamentablemente, hoy ya no es una instancia que responde verdaderamente el interés local de las comunidades, sino que ya es un gremio, una corporación de alcaldes que han mercantilizado el poder público.
Realmente la ANAM no responde, ya no tiene esa confianza y por el contrario, yo lo veo como una amenaza frente a este tipo de iniciativas que lo que buscan realmente es llevar a la ciudadanía, un interés social. Las municipalidades cumplen una función importante, el Código Municipal, la Ley de Consejos de Desarrollo establecen claramente que son las municipalidades las que tienen que velar por el saneamiento, el agua potable. Estos temas están en la última lista de interés de las municipalidades.
Kristhal Figueroa: Desde 1991 se han presentado al menos trece iniciativas de ley de agua. Esta no es la primera, pero ninguna ha avanzado. Mirna, ¿qué tiene de diferente esta iniciativa más allá del proceso más consultivo del que ya platicábamos?
Mirna Ramírez: Conocer la apertura que este gobierno tuvo para decir «queremos dejar regulado el uso de agua a través del mecanismo de la superintendencia, de la consulta de los diálogos y de lo que pueda contener la iniciativa».
Lo que nos dijo la ministra hoy nos deja todavía, digamos, con algunas dudas, pero ella habla de cuál va a ser el directorio de cómo se va a tomar en cuenta (a los pueblos indígenas). Está el Consejo Consultivo de Pueblos Indígenas, pero insisto, debemos saber cómo es porque no es solo «bueno, ahí está, vengan».
Actualmente, el presidente tiene reuniones mensuales con pueblos indígenas. Sin embargo, hay crítica porque no han avanzado mucho todas las propuestas de ahí, en esos espacios de discusión con el presidente. No han caminado.
Creemos que esta iniciativa, por lo menos el gobierno central a partir de la elaboración por el MARN, ha permitido oír voces. Posiblemente no todas, como decía Belinda, porque no lograron, en el tiempo que estipularon al principio, llegar a todas las comunidades, porque siempre hemos dicho: el occidente y el oriente están distintos con el sur y el norte.
Entonces ahí fueron como los municipios seleccionados. Pero posiblemente se quedaron muchas y lo decía Belinda. No todas las comunidades, no todos los pueblos conocen que hay una iniciativa de ley, que el gobierno aperturó el diálogo para poder tener una iniciativa consensuada.
Kristhal Figueroa: Justo ustedes desde el Pacto por el Agua se reunieron hoy con la ministra a discutir esta iniciativa. En esa conversación, ¿Les dijo ella que la iniciativa se va a hacer pública antes de ser presentada en el Congreso o va a ser hasta ese momento en el que la población ya se entere de esa redacción final?
Mirna Ramírez: Ella nos dijo que ya tenían el borrador final. Que pretenden entregar ese borrador al Congreso en junio o en julio a más tardar.
Un poco porque también lo que se hablaba anteriormente: los tiempos políticos se pasaron para este gobierno.Y la diputada no me dejará mentir, así son los tiempos políticos para las iniciativas cuando es año preelectoral y donde ya los diputados, los partidos políticos que están ahí representados empiezan a hacer campaña anticipada.
Queremos conocer la ley. Sí dijo, en algún momento, que a veces los diputados quieren conocer la iniciativa antes que la población. Tenemos que pensar en estas cuestiones de desconfianza, de que ellos puedan quererla conocer para empezar a manipularla.
Y ese es el mayor temor que tenemos, que llegue (al Congreso), se pueda manipular y que se elimine todo lo que responde a la necesidad de toda la población.
Kristhal Figueroa: Una ley de aguas vendría a poner ponerle las reglas a un juego que hasta el momento no ha sido normado. Belinda, ¿a quién perjudicaría una ley de agua si se llegara a aprobar?
Belinda Chá: Justo lo que hemos hablado. Creo que al final, si una ley de agua se aprueba y esta ley de aguas contiene pues el sentir, el pensar de las comunidades indígenas y ya necesariamente, específicamente las necesidades que por tanto tiempo se ha pedido y al final también le pone como un tope al exceso de uso que le han dado a las industrias y al desaprovechamiento, creo que perjudicaría el sector económico.
Pero justo como lo mencionaba la diputada, yo creo que también soñar o aspirar con una ley que perjudique directamente al sector económico es muy complejo para la realidad política de Guatemala actualmente, porque al final, en el Congreso pueden existir leyes geniales que realmente benefician a la población, pero no necesariamente son las leyes que se aprueban.
Al final, la mayoría de las leyes que se aprueban —por no decir todas— son leyes que benefician a la misma élite económica, a los mismos de siempre, a quienes han puesto ahí a los diputados.
Entonces, yo sí creo que probablemente si llegaron a eso, pues hay que tener cuidado con que no perjudique a las poblaciones y que no dañe las formas comunitarias en las que ya se gobierna y se gestiona el agua.
Sonia Gutiérrez: Yo creo que ahí está un poco la polarización que se ha generado por muchos años en la no existencia de una ley. Como bien dice Belinda, hasta ahora quien se ha opuesto ha sido el sector económico porque lo perjudicaría.
Sin embargo, dadas las afectaciones que se están generando, la escasez de agua y la conflictividad de las comunidades, el cambio climático… Al final sí necesitamos urgentemente una ley de agua que no es para perjudicar a nadie.
Desde mi punto de vista, hay un tema legal que está establecido en la Constitución que quedó pendiente y que no se ha resuelto hasta el día de hoy. No le conviene a nadie que estemos acabando nuestros recursos, nuestros bienes naturales y el sector económico tiene que empezar a entender que esto al final perjudica a todo nuestro país, a toda nuestra sociedad.
Entonces, una ley de esta naturaleza deberíamos verla como una necesidad de regular, administrar, y (establecer) controles para el bienestar común de la sociedad guatemalteca. Por lo tanto, creo yo que no debemos de verlo desde un enfoque de a quién perjudica. Más bien, convirtámoslo en a quién beneficia: que yo creo que nos beneficia a todos, incluyendo al mismo sector económico del país.
Kristhal Figueroa: Yo creo que esta es una manera ideal para ir también cerrando este espacio. Pues ya ustedes también lo mencionaban: el Proceso Nacional de Aguas también fue enfrentando distintos retrasos. Fue lanzado desde agosto del 2024 y, originalmente, se había planteado que ya para septiembre del año pasado la iniciativa estaría construida. Ya vamos a ocho meses de retraso y justo Mirna decía que incluso ya pasó el tiempo político.
Aún así, me gustaría preguntarle a las tres: ¿Ven más posibilidades ahora de que la ley se apruebe? ¿Qué ha cambiado en el panorama en estos últimos diez años?
Sonia Gutiérrez: No ha cambiado nada en la clase política en el Congreso, que es el punto oral donde se aprueban las leyes. Sin embargo, a pesar de que estamos a destiempo para esta iniciativa, en el mejor de los casos es que avancemos, que su proceso avance y ahí creo que vuelvo a decir la importancia y la prontitud con la cual se debe presentar y ahí sí es responsabilidad del Ejecutivo, de su facultad de iniciativa de ley.
Entonces, una vez presentado, inicia su proceso. En el mejor de los casos, que lo dejáramos aprobado en esta décima legislatura, que estamos a un año y seis meses de que se acabe, pero si no, al menos queda avanzado. Y en la siguiente legislatura, que esperamos tener diputados y diputadas que verdaderamente vayan enfocado a un interés social.
Eso también: la ciudadanía tendrá voz y voto en otro año para una nueva reconfiguración del Congreso, que tanto necesita el país. Leyes como estas son las que deben ir en el compromiso de los nuevos diputados y diputadas.
Belinda Chá: Lo que ha cambiado un poco es que por el mal manejo y la mala gestión del agua, estamos llegando a puntos de no retorno en muchas cosas.
Entonces, yo creo que también existe una necesidad generalizada de la población. Muchos están viviendo en sectores donde el agua llega una vez a la semana. Entonces, también yo creo que existe ya esta necesidad, esta presión de la sociedad civil, pero también de distintos sectores al entender que que es urgente y es necesaria la ley.
Mirna Ramírez: Yo agregaría que lo que ha cambiado es que hay mayor información, no para todas las comunidades, pero me parece que los diálogos que se abrieron en los municipios, en las cabeceras municipales dieron pie para que más gente de la que participó en la marcha por el agua en el 2016 tenga interés y porque porque sumado a eso está lo que decía la diputada, la escasez de agua. Belinda lo acaba de decir.
Hay colonias que no tienen agua durante varios días. En las comunidades están secos los ríos, secas las lagunas, los cultivos no dan el fruto que se espera cuando es la cosecha, porque justamente no existen fuentes de agua, porque (los ríos) se han desviado, porque se han secado, porque se han contaminado. Esto permite entonces que tengamos hoy un calor terrible que provoca enfermedades.
Eso significa que no tenemos fuentes de agua donde podamos saciar, digamos, las necesidades básicas que la población necesita.
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Este podcast fue producido por Agencia Ocote, con apoyo financiero de Justicia Alimentaria. La edición sonora es de Carlos Díaz y la edición periodística de Carmen Quintela. La imagen de portada es de Christian Gutiérrez. Yo soy Kristhal Figueroa, periodista de Agencia Ocote.
Si quieres escuchar más sobre la ley de aguas, te invitamos a explorar nuestro sitio web: agenciaocote.com.
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