El escenario de la sala principal del Centro Cultural de España (CCE), en la ciudad de Guatemala, está a oscuras. Sobre él, se encuentra una silla y una pequeña mesa. …
El escenario de la sala principal del Centro Cultural de España (CCE), en la ciudad de Guatemala, está a oscuras. Sobre él, se encuentra una silla y una pequeña mesa.
De un costado del escenario sale una mujer mayor, de unos sesenta años, con el cabello canado y recogido. Se sienta en la silla y un reflector la ilumina. Toma su teléfono y con voz de aflicción, comienza a conversar.
El público que se encuentra en la sala del CCE observa atento y en silencio. La mujer en el escenario cuenta que le acaban de cancelar una función de baile en la que han trabajado meses y no sabe qué hacer.
Ella se pregunta, ¿Qué le dirá a los bailarines? ¿Cómo les explicará que no habrá pago? La voz detrás del teléfono, que el público no escucha, le pregunta sobre el contrato.
«No había contrato, fue un acuerdo verbal nada más», dice la mujer con aflicción.
Su tono de voz sube, además de sonar afligida, suena molesta y desesperada. Cuenta que uno de los bailarines sufrió un accidente mientras ensayaban y ahora no hay dinero para pagar médicos o medicinas.
«No hay respeto, no hay libertad creativa, no hay salud… los artistas apenas existimos», dice.
La mujer se queda pensativa, menciona que pese a todo el trabajo que realizó en su vida, nunca podrá jubilarse en condiciones dignas.
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Con este monólogo, el pasado 23 de octubre, la actriz guatemalteca Margarita Kenefic, inició la presentación del estudio «Acceso al Seguro Social para trabajadores del sector cultural en Guatemala».
La iniciativa es impulsada por el CCE, la Red Viva Primavera, la Asociación guatemalteca del audiovisual y la cinematografía (AGACINE), La Revuelta y el Sentidotorio de Derechos Culturales.
El estudio es un primer esfuerzo para diagnosticar las condiciones laborales actuales, percepciones y necesidades de protección social en las personas que trabajan en el sector cultural del país.
Además, generar datos actualizados que permitan fundamentar propuestas dirigidas a instancias gubernamentales e internacionales, que contribuyan al reconocimiento y fortalecimiento de los derechos laborales y de seguridad social de ese gremio.
El estudio se conformó por una muestra de 146 personas, de entre 18 a 35 años. El 50% son mujeres, el 47% hombres y el 3% personas no binarias.
La mayoría de las personas que respondieron se identifican como personas mestizas y la concentración de las respuestas proviene de la capital de Guatemala, 76% en total.
Esa información también evidencia que en el sector cultural guatemalteco trabajan profesionales de educación cultural y artística, gestión cultural, música, producción audiovisual, teatro, artes plásticas, restauración, curaduría, entre otras.
No obstante, solo el 26.7% de las personas encuestadas tiene cobertura del Instituo Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), frente a un 73.3% que no está afiliado.
El informe demanda que en el IGSS existan modalidades adaptadas a las personas independientes que hacen trabajo en el área cultural.
Hasta ahora, aunque el IGSS permite a las personas realizar aportes voluntarios, el requisito principal es tener acreditado como mínimo 12 contribuciones pagadas al programa Invalidez, Vejez y Sobrevivencia (IVS), en los últimos 36 meses calendario.
Además, el aporte voluntario no incluye el uso de servicio médico, esto es algo que los encuestados destacan como una necesidad para el tipo de trabajo que realizan, ya que en muchas ocasiones están expuestos a accidentes.
Incluso, se menciona en el estudio que entre las personas que sí están afiliadas, hay coberturas intermitentes por desempleo o vínculos laborales informales.
Otras barreras mencionadas para lograr seguridad social, son los requisitos de inscripción, falta de información y desconfianza institucional.
¿Cómo se sostiene el sector cultural?
El estudio arroja una paradoja: el sector cultural es un campo diverso, profesionalizado y con alta dedicación, pero sin protección.
El 47.9% cuenta con estudios universitarios de licenciatura y el 21.2% cuentan con una formación técnica, es decir que más de la mitad de la muestra está profesionalizada.
No obstante, la información recopilada refleja que únicamente el 12.3% cuenta con un contrato fijo.
La mayor profesionalización académica de ese sector no refleja más oportunidades laborales, según el estudio.
Otro hallazgo es que la mayoría trabaja en el sector cultural de manera independiente y que, por la precariedad de sus oficios, deben complementar sus ingresos con más de un trabajo a la vez.
Isabel Messina, una de las investigadoras involucradas en la creación del estudio, explica a Agencia Ocote que la encuesta no recabó tarifas ni salarios por ocupación, pero sí permite entender por qué los ingresos son irregulares y difíciles de comparar.
Para ella, el problema empieza desde lo público: «siento que desde que a la cultura se le asigna un presupuesto bastante limitado y con dificultades de ejecución en el ámbito estatal, eso ya representa un indicador de que no no se conocen los mecanismos para trasladar estos fondos hacia necesidades concretas que tengan los trabajadores del sector cultural».
Entonces, el rasgo que atraviesa al sector no es excepcional sino estructural: «La cultura de subsistencia diaria atraviesa a muchos trabajadores en Guatemala, incluyendo al sector cultural y esto impide una proyección sostenible», explica.
Este patrón, muestra por qué los trabajadores deben sostenerse a través de múltiples oficios y trabajos, y no pueden sostenerse únicamente con el trabajo cultural.
La grieta en los derechos laborales y la salud
Con esa falta de acceso al seguro social, el estudio también pone la lupa sobre la falta de atención a salud y la desprotección que vive el sector cultural.
Casi tres de cada diez personas reportaron que han sufrido accidentes, desde caídas y lesiones por esfuerzo, hasta afectaciones auditivas.
Más de la mitad no tiene ningún tipo de cobertura en salud; la atención se fragmenta entre clínicas privadas, hospitales públicos, automedicación y redes personales.
Enfermar, además implica una deuda. Más de la mitad de encuestados se endeudó para pagar los costos médicos de algún tratamiento.
Esos montos van de Q1,000 a más de Q10,000. El 79.5% indicó que dejó de atenderse por falta de recursos y esto ha afectado especialmente a mujeres y diversidades.
Esta exclusión no es algo que influye solo a nivel individual, sino que también compromete la continuidad de los proyectos y la sostenibilidad del sector, clave para la economía.
Economía naranja en Guatemala
El estudio también muestra percepciones importantes sobre las actividades económicas representadas en el sector cultural y que hacen parte de la llamada «economía naranja».
La «economía naranja» ubica a las artes y las industrias culturales entre los sectores de crecimiento más dinámicos del mundo.
La UNESCO subraya que su aporte no es solo simbólico, sino también económico. El sector cultural representa alrededor de 6.1% de la economía global (2.250 billones de dólares anuales).
En Guatemala no hay mayor información sobre cuánto aportan las industrias culturales al PIB, sin embargo en un estudio realizado en 2007 se estimó que las industrias culturales aportaban alrededor del 7.26% del PIB en el país.
Aquí también se muestra una grieta entre la práctica de las actividades del sector cultural y su reconocimiento fiscal.
Aunque la mayoría del sector está inscrita en la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) (92.5%), menos de la mitad se registra bajo una actividad cultural o artística (43.2%).
Muchas personas de ese sector facturan con otros rubros para poder operar, pero eso no refleja su trabajo real y trae efectos: complica el reconocimiento del oficio, afecta trámites y limita el acceso a derechos.
Las demandas y el futuro en el sector cultura
A partir del informe, se solicita que se pueda incluir un apartado específico en el Código de Trabajo, que reconozca las particularidades del trabajo cultural.
En lo operativo, se insiste en modalidades de afiliación al IGSS adaptadas a personas independientes, flexibilización del contribuyente voluntario y programas que contemplen salud física y mental, con atención especializada dependiendo la disciplina.
A esto se suman contratos claros, mecanismos de asociación gremial, educación financiera y campañas informativas.
El estudio recomienda políticas con enfoque de diversidad sociodemográfica y territorial; reformas legales y fiscales que reconozcan la especificidad cultural; un modelo de protección social acorde a trayectorias múltiples; y formación en derechos laborales desde el propio sector organizado.
Al finalizar la presentación del estudio en el CCE, con una voz coral, varios profesionales del sector cultural: Maya Juracán, Joaquín Ruano y André de Paz, alzaron la voz: «No pedimos caridad, exigimos estructura, salud, contratos, derechos y ley que nos reconozca. Queremos derechos, no privilegios.».
Te invitamos a conocer más del estudio y de otras iniciativas que buscan impulsar el reconocimiento de los derechos dentro del sector cultural del país. Ingresa a https://www.sentirlasculturas.com/ para conocer más.
