En 2024, Guatemala vivió una montaña rusa de violencia contra defensoras y defensores de derechos humanos. Aunque se iniciaba un gobierno democrático, la tensión y la inestabilidad política permitieron la …
En resumen
- Publicado recientemente, el informe 2024 registra un total de 4,133 agresiones a diversidad de actores sociales, siendo enero y mayo los picos de estos ataques.
- De la última década, de 2014 a 2024, el acoso social y las agresiones físicas fueron en aumento a partir de 2020 alcanzando su punto más alto en 2023, con un registro de 9,496 casos.
- Las principales víctimas de agresiones en 2024 fueron las personas operadoras de justicia, con 2,048 denuncias, y periodistas, con 1,227 casos.
En 2024, Guatemala vivió una montaña rusa de violencia contra defensoras y defensores de derechos humanos. Aunque se iniciaba un gobierno democrático, la tensión y la inestabilidad política permitieron la continuidad de las agresiones sociales.
La Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos de Guatemala (Udefegua), hizo público su último informe a finales de julio. En el mismo se registra que operadores de justicia, periodistas y pueblos indígenas fueron el principal blanco de agresiones.
Comparado con 2023, en 2024, el primer año de gobierno de Bernardo Arévalo, las cifras redujeron. Sin embargo, siguen siendo altas y no reflejan una transformación estructural.
Según Udefegua, 2024 registró 4,133 agresiones, siendo enero el segundo mes más alto con 432 casos. Esto se vincula precisamente con la compleja transición de Gobierno y Congreso.
Mayo fue el peor mes, con 442 denuncias. Este fue el inicio del proceso de postulaciones para la elección de Cortes, anunciado por el Congreso a finales de abril.
Para julio y agosto hubo un nuevo repunte, que coincidió con la etapa final del proceso y designación de magistrados de la Corte Suprema de Justicia y Cortes de Apelaciones.
Udefegua registra que las principales víctimas fueron quienes alzaron la voz para proteger los espacios democráticos y de justicia en los procesos de ese año.
Contra operadores de justicia se registraron 2,048 casos y contra periodistas, tanto nacionales como comunitarios, fueron 1,227. Ambos sectores concentran la mayoría de ataques documentados.
Para la politóloga Gabriela Carrera, la continuidad de agresiones demuestra una estrategia sistemática de criminalización que busca mantener neutralizadas las voces críticas de la corrupción.
Esto evidencia la correlación de fuerzas en el Organismo Judicial, estratégico para cualquier grupo de poder. «Es evidente que la criminalización se intensifica en momentos estratégicos de la elección de Cortes», asegura.
Carrera comenta que el objetivo de las agresiones es garantizar no perder otro poder del Estado. En este caso la impunidad de las Cortes.
«Lo que buscaron evitar fue que llegaran jueces independientes, con los cuales no pudieran hacer contubernios y negocios que mantuvieran la corrupción e impunidad».
Como cada año, la mayoría de agresiones contra personas, comunidades y organizaciones se dieron en forma de estigmatización, sumando 2,176 casos.
En menor cantidad hubo difamaciones, hostigamientos, calumnias y amenazas.
Quiénes son los agresores
Según las denuncias de las víctimas, sus principales agresores en 2024 fueron los netcenters, con 3,501. Según los registros de Udefegua, estas acciones forman parte de «campañas sistemáticas y orquestadas» que emplean tácticas de difamación, discurso de odio, amenazas y estigmatización pública.
Los ataques digitales «no son incidentes aislados, sino parte de una estrategia coordinada».
Aunque con muchas menos acciones, entre los agresores también se ubicaron grupos fundamentalistas y conservadores y correligionarios de partidos políticos.
¿Por qué la mayoría de agresores digitales son anónimos?, la politóloga nos recuerda que es para cuidar su identidad, pues hay indicios suficientes sobre que esas estructuras están ligadas con instituciones de investigación y justicia.
Si la víctima lograra identificar a los agresores, Carrera comenta que no habría sanciones a pesar de la denuncia, ya que el MP siguen repitiendo «a las claras estas narrativas».
La pérdida de la confianza en el ente investigador contribuye a ese problema. «Hoy no tenemos un MP independiente que vele por los derechos de las personas», finaliza.
Registro histórico de denuncias
Del histórico de agresiones en la última década, el gobierno de Alejandro Giammattei fue el más negativo para defensores de derechos humanos.
Esto luego de que la gestión de Jimmy Morales desmantelara la lucha contra la corrupción, en complicidad con Consuelo Porras al frente del Ministerio Público (MP).
Para el primer año de Giammattei las denuncias se duplicaron de 494 a 1,055. El incremento fue consistente hasta alcanzar su punto más alto en 2023, con 9,496 casos.
Según Brenda Guillén, coordinadora general de Udefegua, este aumento se explica por la contienda electoral de ese año, lo que convirtió a 2023 en un período atípico.
En contraste, a partir de 2024 se reporta una disminución del 56%. Guillén señala que esta reducción responde a que, con la llegada de Bernardo Arévalo y Karin Herrera a la vicepresidencia, el poder Ejecutivo dejó de ser un actor que promoviera agresiones.
El Legislativo y el Judicial siguen siendo vistos como promotores de estas prácticas, según Guillén, junto con el MP.
Vías legales para una víctima
Ana Lucía Xiloj, abogada maya K’iche’, comenta que ante cualquier tipo de agresión es importante que se presente una denuncia ante el MP, para que se lleve a cabo una investigación en la unidad de Delitos contra Activistas y Defensores de Derechos Humanos.
«Lamentablemente, las denuncias que se presentan ante el Ministerio Público, no son investigadas o pueden tardar años», añade.
Sin embargo, resalta la importancia de denunciar, ya que permite documentar el caso para poder utilizar otros mecanismos que brindan protección a la víctima ante ataques, agresiones.
Entre ellos está la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, las Naciones Unidas o la misma Procuraduría de los Derechos Humanos.
Xiloj menciona que también existen organizaciones no pertenecientes al Estado que pueden brindar refugio a la víctima.
«Muchas veces esta información es confidencial, justamente porque se pretende proteger a las personas y reservar los datos de la organización», afirma.
En cuanto a las denuncias de agresiones digitales, la abogada afirma que es una situación más compleja, ya que no es tan fácil descubrir quién es la persona que está detrás de las cuentas agresoras.
«Lamentablemente en Guatemala se tiene una carencia de legislación para investigar ciberdelitos», expresa.
La abogada también aconseja que las personas pertenecientes a grupos de defensores puedan tener una red de contactos para obtener apoyo o refugio al momento que surja una amenaza o ataque.
