El Sindicato de Trabajadores de la Educación de Guatemala (STEG) continúa manifestando para presionar al Ministerio de Educación (Mineduc), bloqueando algunas de las vías principales en todo el país. Durante …
En resumen
- El Mineduc ha iniciado más de 6,500 procesos disciplinarios contra docentes que se han ausentado sin justificación.
- El STEG sigue impulsando bloqueos ilegales pese a órdenes judiciales y uso de la fuerza pública para desalojarlos.
- Autoridades analizan el calendario escolar y lo ampliará en los departamentos más afectados por la huelga docente.
El Sindicato de Trabajadores de la Educación de Guatemala (STEG) continúa manifestando para presionar al Ministerio de Educación (Mineduc), bloqueando algunas de las vías principales en todo el país.
Durante el fin de semana circuló desinformación sobre que ocurriría un paro nacional este lunes. Diversas cuentas anónimas confirmaban bloqueos con cierres de fronteras y aduanas.
Esto a pesar de que el pasado viernes 11 de julio, cuando hubo varios desalojos en carreteras, maestros confirmaron que la dirigencia les había dicho que depondrían las acciones.
Extraoficialmente, se conoció que dejaban a discreción de la dirigencia en cada departamento continuar o no con las acciones de hecho.
Según lo ocurrido este 14 de julio, al menos en 16 puntos de varias carreteras ha habido bloqueos.
Por su parte, el Gobierno confirmó que tiene contempladas acciones para evitar que continúen estas acciones. O que aumenten.
El presidente Bernardo Arévalo, durante una conferencia de prensa, afirmó que la dirigencia del STEG impulsa «acciones ilegales».
Arévalo afirma que el Gobierno continúa desalojando incluso con el uso de la fuerza pública. Esto, amparado en resoluciones judiciales que ordenan el cese inmediato de las acciones.
Denuncia penal
Las acciones del STEG impidieron el paso de ayuda humanitaria al bloquear el acceso a San Vicente Pacaya o Santa María de Jesús, afectados por los sismos de la semana pasada.
Por esta razón, la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) presentó una denuncia penal en contra de la dirigencia magisterial.
Otra denuncia penal fue presentada en junio por el Ministerio de Cultura, por daños al Palacio Nacional y sus alrededores, debido a la instalación de champas que han dañado la infraestructura.
Una más es de la Procuraduría General de la Nación, por el incumplimiento de acuerdos previos sobre huelgas, que el STEG ha incumplido.
Anabella Giracca, ministra de Educación, mencionó que las acciones afectan a entre el 10 y el 15% de los centros educativos. El departamento más afectado es Huehuetenango donde un 50% de las escuelas están cerradas.
«La dirigencia del STEG, a pesar de su agresiva retórica, ha tenido públicamente que anunciar que por fin acatará la orden judicial de deponer las ilegales convocatorias a asambleas permanentes», menciona Giracca.
Piden accionar
Sin embargo, como se ha indicado, dichas órdenes no se han cumplido. Por ello, instó al Ministerio Público (MP) a avanzar en las investigaciones y exhortó a la Corte de Constitucionalidad (CC) a resolver amparos pendientes.
Las peticiones al MP y a la CC no son nuevas, la semana pasada lo anunciaron y mediante un comunicado lo reiteraron.
Las acciones del sindicato de maestros iniciaron desde finales de mayo, y como resultado el Mineduc ha iniciado más de 6,500 procesos disciplinarios. La razón, abandono de labores sin causa justificada.
Actualmente, esos maestros están por cumplir dos meses de no presentarse a sus labores.
Atención en cuatro departamentos
Según la ministra, los cuatro departamentos más afectados por las medidas sindicales son Huehuetenango, Izabal, El Progreso y Jutiapa. El Mineduc contempla la posibilidad de ampliar el calendario escolar en esos centros educativos.
Ahí se concentra la mayoría de las más de 5 mil escuelas que mantienen el paro. La población escolar afectada es de 300 mil, según el Mineduc.
Según Giracca, la decisión de continuar clases más allá del tiempo establecido para cumplir con los 180 días de clases al año no afectará a los establecimientos que trabajan.
Además, asegura que se trabaja en una metodología para garantizar refuerzos académicos.
«Durante años, se eludió confrontar los privilegios ilegales otorgados en pactos colectivos que convirtieron al sindicato en un “ministerio paralelo”», asegura Giracca.
«Hoy honramos el mandato del artículo 78 de la Constitución, el Estado a través del ministerio dirige la política educativa y no un grupo particular».
La ministra también menciona que el diálogo sigue abierto para avanzar en la firma del Pacto Colectivo.
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