Por primera vez, Gloria Castro no se sienta junto al resto de acusados. Ocupa un asiento en una de las mesas de la defensa, cerca de su abogada defensora, Iveth …
- La abogada de Gloria Castro argumenta que la única función que su clienta tenía el 7 de marzo del 2017 era emitir recomendaciones para otras autoridades garantes.
- García solicitó que se investigue a la niña que inició el incendio dentro del salón.
- Castro asegura que realizó acciones para proteger a las niñas, como presentar una exhibición personal.
Por primera vez, Gloria Castro no se sienta junto al resto de acusados. Ocupa un asiento en una de las mesas de la defensa, cerca de su abogada defensora, Iveth García.
Castro sostiene un rosario entre sus manos mientras su defensa presenta sus conclusiones para la jueza Ingrid Cifuentes. Es la primera de los abogados defensores en hacerlo.
A diferencia del resto de los acusados, la Fiscalía de Femicidio del Ministerio Público (MP) acusa a Gloria Castro de un solo delito: incumplimiento de deberes. Tan solo una semanas atrás, el fiscal Édgar Gómez solicitó a la jueza que la condene a cuatro años de prisión y la inhabilitación de ejercer su profesión como psicóloga.
La criminalización de una de las adolescentes
La estrategia de la abogada de la exdefensora de la Niñez y Adolescencia de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) ha sido la misma desde el inicio del juicio. Durante este año y medio, García ha intentado establecer que su clienta cumplió con las responsabilidades de su puesto el 7 de marzo de 2017, cuando niños, niñas y adolescentes huyeron del hogar.
García también se ha esforzado por desligarla del incendio que cobró las vidas de 41 niñas y adolescentes, el día posterior. Se ha mantenido al margen de los señalamientos y argumentaciones de otros abogados defensores que buscan criminalizar y estigmatizar a las víctimas y sobrevivientes.
Pero hoy, eso cambió. En sus conclusiones, García menciona un acta que los acusados, junto a otras autoridades, firmaron el 7 de marzo de 2017. En el documento, se mencionan los nombres de las y los adolescentes.
«En el punto decimotercero indica que son los que se encuentran en conflicto con la ley penal para poder ser trasladados a un órgano jurisdiccional correspondiente por los actos en los que participaron el día de hoy (7 de marzo)», indica la abogada.
La abogada señala que la evidencia conocida durante el juicio ha demostrado que fue una de las adolescentes quien provocó el incendio el 8 de marzo de 2017.
«Por eso aquí se establece que deberán (los adolescentes mencionados) ser presentados a un órgano judicial competente. Y como consecuencia de dicho acto, se deberá certificar lo conducente en el momento procesal oportuno en contra de dicha adolescente», señala la abogada.
Gloria Castro «solo podía recomendar»
El 7 de marzo de 2017, Castro cumplió con las obligaciones de su cargo, según García. Solicitó apoyo del personal de la PDH y promovió una exhibición personal para las y los adolescentes.
«Mi patrocinada solicitó a los agentes que les quitaran los grilletes a los adolescentes retenidos. Ya que los mismos no eran adolescentes en conflicto con la ley penal», agrega la abogada.
La abogada argumenta que, según sus funciones, establecidas en el artículo 92 de la Ley de protección integral de niñez y adolescencia, Castro no podía ordenar que cesaran las violaciones a los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Solo podía recomendar que se hiciera.
Según García, la acusada no realizó ninguna acción u omisión contra los adolescentes. Esto considera que se demostró con las pruebas testimoniales y los dictámenes psicológicos de las niñas que fueron evaluadas.
Castro se retiró del Hogar Seguro el 7 de marzo porque una autoridad superior, la procuradora dos de la PDH lo autorizó. Lo hizo bajo el argumento de que las niñas, niños y adolescentes ya estaban resguardados por la institución a su cargo, según García.
La abogada también argumenta que, en 2017, la PDH llevó a cabo un proceso administrativo para revisar el trabajo de Castro. En él resolvieron que, el 7 de marzo de ese año, ella cumplió con sus deberes.
La jueza Ingrid Cifuentes aún debe escuchar las conclusiones de los abogados de los otros seis acusados por el caso. Luego de eso, emitirá una sentencia y resolverá las solicitudes presentadas por la defensa, la fiscalía y las familias de las víctimas durante esta etapa.
