De lo que hace veinte años era selva, hoy queda poco en la finca Naranjitos. Esta se ubica dentro del Parque Nacional Sierra del Lacandón, en la frontera con México. …
En resumen
- Defensores de la Naturaleza denunció destrucción ambiental en la zona intangible de Sierra del Lacandón.
- Más de 1,000 hectáreas de selva fueron afectadas por tala, incendios y ocupación para ganadería.
- La fundación ha presentado 411 denuncias desde 2000; solo 11 han logrado una sentencia condenatoria.
De lo que hace veinte años era selva, hoy queda poco en la finca Naranjitos. Esta se ubica dentro del Parque Nacional Sierra del Lacandón, en la frontera con México.
Al menos 1,005.92 hectáreas de selva fueron afectadas por intervenciones ilegales como la tala de árboles, incendios y el cambio de uso de suelo para ganadería. Esto a pesar de estar prohibido por la Ley de Áreas Protegidas y el Decreto 5-90, que declaró Reserva de Biósfera el norte de Petén.
El daño fue constatado por personal del Consejo Nacional de Áreas Protegidas (Conap) y la Fundación Defensores de la Naturaleza (FDN) en una visita técnica el 29 de abril. Ambas entidades coadministran el parque y realizan monitoreos constantes para evaluar el estado de conservación.
El Parque Nacional Sierra del Lacandón es un área protegida y el segundo parque nacional más grande de Guatemala, con 202,865 hectáreas de extensión. Se ubica dentro de la cuenca del río Usumacinta.
Está conformado por siete tipos de ecosistemas y selvas tropicales vírgenes. Según Defensores de la Naturaleza, el parque nacional «cuenta con la mayor biodiversidad de todo Petén».
La Sierra del Lacandón se divide a partir de una zonificación, planteada en su Plan maestro. La finca Naranjitos se ubica en la zona intangible, aquella donde «el estado natural de los ecosistemas permanece relativamente bien conservado», según el documento.
Las prohibiciones y la evidencia
El Plan maestro prohíbe en la zona intangible actividades como la construcción de infraestructura que dañe el ambiente, el aprovechamiento de recursos, asentamientos humanos y actividades agrícolas, pecuarias, petroleras y mineras.
Esto, con el objetivo de proteger los ecosistemas, sitios arqueológicos y paisajes de interés.
Por ello, la FDN considera que las actividades documentadas el 29 de abril, «constituyen presuntas violaciones a la Ley de Áreas Protegidas, la Ley Forestal, el Código Penal y el marco legal agrario guatemalteco».
En la visita al territorio, el personal del Conap y la FDN documentaron al menos seis kilómetros de deforestación. Observaron, según la denuncia, árboles talados, áreas en proceso de quema de bosque y personas operando motosierras. Esto, además del daño al territorio, genera un riesgo de incendios no controlados.
También documentaron a una persona que portaba una escopeta y le prendía fuego a un área «desmontada», es decir, donde los árboles ya habían sido talados.
Estos terrenos fueron ocupados por ganado. En ellos, se establecieron «aguadas» superficiales excavadas recientemente para captar agua de lluvia para el consumo de dichos animales.
«Este tipo de intervención altera el entorno natural, modifica el flujo hídrico y refleja un proceso de adaptación del terreno a fines productivos ganaderos ilegales», indica la FDN.
Tierra sin autoridad
En el área se abrieron carreteras ilegales y nuevas vías. El equipo observó dos motocicletas que transitaban el área, a pesar de que la circulación está prohibida. Un hombre cargaba una bolsa plástica «con lo que parece ser un animal muerto», según FDN, indicio de caza ilegal.
Los individuos «transitaban libremente de forma deliberada, sin adoptar medidas para ocultar su presencia o acciones, lo que evidencia una presencia regular y sostenida en el área, sin temor a ser sancionados por actividades ilícitas», agrega la fundación.
En el recorrido de verificación se observaron al menos seis casas construidas ilegalmente dentro del área protegida. Las viviendas contaban con internet satelital, mobiliario, cocina y animales domésticos. Estaban conectadas por caminos ilegales y tenían potreros delimitados.
Además, se documentó la presencia de camiones, vehículos tipo picop y maquinaria de construcción. A criterio de la FDN, esta evidencia «sugiere un uso logístico activo y regular en la zona protegida».
También se observó la construcción de un campamento clandestino en la zona central, con camas de madera, ropa, lavaderos y medicamentos. El equipo del Conap y FDN encontró en el suelo casquillos de arma de fuego, medicamentos y árboles marcados con nombres, según la fundación, de «posibles usurpadores».
Más de 400 denuncias
Como resultado de la verificación, la FDN presentó el 13 de mayo una denuncia ante el MP por los delitos de atentado contra el patrimonio natural y cultural de la nación, tráfico ilegal de flora y fauna, usurpación de áreas protegidas e incendio forestal.
También solicitaron que se investigue cualquier otro delito cometido dentro de la zona intangible del Parque Nacional Sierra del Lacandón que «resultase posteriormente de la investigación», según la denuncia.
Esta no es la primera denuncia que la fundación presenta por posibles delitos cometidos en la reserva. Han presentado 411 desde el año 2000 hasta julio de 2024. La mayoría por delitos como usurpación de áreas protegidas, atentado contra el patrimonio natural y cultural de la nación, tráfico ilegal de flora y fauna e incendio forestal.
Sin embargo, de las 411 denuncias, solo 11 alcanzaron una sentencia condenatoria. Se realizaron cuatro desalojos y una aprehensión.
Además, se brindaron 22 criterios de oportunidad. Es decir, medidas alternas a la condena, como la prohibición de ingresar al parque nacional.
No es novedad
La ocupación ilegal y el cambio de uso de suelo para ganado no es una novedad en el Parque Nacional Sierra del Lacandón. Más bien, los hallazgos recientes evidencian la existencia de una «operación organizada, sostenida en el tiempo, sin temor a intervención institucional», indica la FDN.
Estos indicios indican una apropiación territorial progresiva y ordenada, según la institución. Esto provoca la pérdida de flora nativa, el desplazamiento de fauna silvestre, la contaminación y alteración de fuentes de agua.
También provoca la interrupción de servicios ecosistémicos clave como la regulación hídrica, la captura de carbono y la conectividad biológica.
Esto constituye un riesgo operativo para el personal técnico del Conap y la FDN y un grave precedente para la gobernabilidad de las áreas protegidas, a criterio de la fundación.
«La gravedad y continuidad de las acciones ilegales documentadas en Naranjitos amerita una intervención inmediata y articulada de las autoridades competentes», finaliza la FDN.
Esta nota es producto del Diplomado Fundamentos de la Conservación de la Naturaleza, apoyado por la Fundación Luis von Ahn y Defensores de la Naturaleza, coordinado por Laboratorio de Medios.
