Abogado del caso Hogar Seguro: «No lo digo yo, lo dicen las pruebas»

Jueves 6 de junio de 2025. Una voz fuerte lucha contra el ruido del golpeteo irregular que hace el aire acondicionado de la sala de audiencias.

El abogado Edgar Pérez Archila es el encargado de exponer sus conclusiones hoy. Es la cuarta audiencia de la etapa final del juicio del caso Hogar Seguro. 

El abogado del Bufete Jurídico de Derechos Humanos representa a 13 de las víctimas del incendio. Sustenta sus argumentos en la declaración de testigos, sobre todo las sobrevivientes, y en la de peritos: personas expertas, médicos, investigadores. También se basa en documentos, fotografías, videos y objetos, todos expuestos en el juicio que lleva más de 100 audiencias. 

El abogado explica que, a pesar de que se dice que las niñas y adolescentes se habían fugado el día antes del incendio, en realidad ellas huyeron.

«Porque estaban cansadas, porque querían libertad. Porque estaban siendo abusadas, porque estaban siendo maltratadas, porque no se les estaba respetando sus derechos. Querían denunciarlo, querían estar libres. No querían seguir comiendo comida descompuesta», recapitula.

Según había expuesto un par de audiencias antes la fiscalía, después de que las niñas intentaran escapar, Santos Torres Ramírez, el director del hogar, pidió que la Policía Nacional Civil llegara al lugar para reconcentrarlas. Esto, a pesar de que las niñas no estaban en conflicto con la ley.

El abogado resume la intervención de la Policía en el uso desproporcionado de la fuerza, tratos crueles, degradantes y humillantes. Golpes, colocación de grilletes, gas pimienta y disparos. Cuestiona que incluso hubo presencia de fuerzas especiales.   

Hace una pausa en la fotografía de una niña frente a un grupo de policías. «Se ve el rostro de angustia, de temor en la adolescente, pero el rostro de los policías es de satisfacción», resalta Pérez. 

El público que está sentado en sillas negras ordenadas en filas, escucha cómo el abogado repite una y otra vez: «No lo digo yo, lo dicen las pruebas». 

Recuerda que, cuando ocurrió el incendio, las niñas estaban encerradas luego de intentar huir de los malos tratos. En un aula, hacinadas y con la puerta cerrada con un candado. 

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Según el abogado, las personas responsables que debían hacer algo «no hicieron absolutamente nada». 

El abogado resalta el acta por la cual los funcionarios a cargo de la protección de las niñas cedieron su responsabilidad a la Policía Nacional Civil.  

Pide que los acusados sean declarados culpables, porque además de las omisiones para protegerlas, crearon las condiciones para que murieran. Asegura que, de acuerdo con las pruebas, previo a la tragedia había reclamos «que no se supieron manejar». 

Como ha ocurrido en las anteriores audiencias, se escucha el nombre de cada uno de los acusados, cuando el abogado los menciona y dice por qué deben ser condenados, cada uno hace algo diferente. 

Santos Torres Ramírez, exdirector del Hogar Seguro y Brenda Chamán, exjefa del departamento de protección especial contra el maltrato de la Secretaría de Bienestar Social, toman nota de lo que el abogado dice. Harold Flores, exjefe de la Procuraduría de Menores de la Procuraduría General de la Nación, cruza los brazos y mira hacía adelante. Luis Armando Pérez Borja, jefe de operaciones de la Policía Nacional Civil, se acerca a su abogado defensor para susurrar. 

Gloria Castro, exdefensora de la niñez de la Procuraduría de Derechos Humanos, cierra los ojos y mueve los pies. Lucinda Marroquín, exsubinspectora de la Policía Nacional Civil, scrollea su celular. 

Hoy todos están libres. Tienen medidas sustitutivas como el arresto domiciliario. El Ministerio Público ha pedido condenas de 4 a 131 años de prisión.

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