Pacientes denuncian a médico de El Progreso por agresión sexual

En los últimos ocho años, las quejas en contra del médico Ernesto Rivas Castellanos se han acumulado en denuncias de mujeres que relataron haber sufrido agresiones sexuales.

Aseguran que fueron víctimas de estos abusos durante la consulta médica en el Hospital de El Progreso, en Guastatoya. 

Agencia Ocote tuvo acceso a los expedientes y confirmó que en el libro de reportes de enfermería del hospital y en el libro de quejas de la Unidad de Información en Salud y Atención al Usuario, las mujeres escribieron de su puño y letra el relato de lo que vivieron durante la consulta. Las denuncias también quedaron registradas en el libro de actas del hospital. 

La mayoría de las víctimas coinciden en un señalamiento. Aseguran que el médico Ernesto Rivas Castellanos les tocó el clítoris mientras les hacía un tacto vaginal. 

Ellas declararon en las denuncias que le pidieron que parara, que no lo hiciera y una incluso intentó tirarse de la camilla. Las pacientes cuestionaron que esto no era normal. 

Rivas Castellanos tiene 70 años. Al menos los últimos 25 los ha pasado en el Hospital de El Progreso. Es médico general, pero según explica la dirección del centro, antes de que el hospital contara con especialistas en pediatría o ginecología, Rivas atendió estas especialidades. Algunas veces aún lo sigue haciendo.

«Me dijo que tenía que hacer pipi teniendo sus dedos adentro»

«A pesar de que me quería tirar de la camilla, no me lo permitió diciéndome que era normal y también me dijo que tenía que hacer pipi teniendo sus dedos adentro. Nunca un médico me había tratado de la forma en que me examinó, me siento ofendida. Informo esta situación para que pongan cartas en el asunto». Este es el relato de una de las pacientes. Presentó su denuncia el 7 de agosto de 2017. 

La mujer contó que el hecho ocurrió mientras el médico Ernesto Rivas Castellanos la «manipulaba vaginalmente».  

Ese mismo año, el 8 de agosto de 2017, una paciente se negó a pasar de nuevo con Rivas Castellanos porque en una consulta previa la había agredido. Ella denunció esto ante el hospital. «La examinó de manera inadecuada, le soplaba en su parte íntima y le pidió que lo besara», se lee en el acta 53-2017 del libro de actas del hospital, en donde quedó registrada la queja. 

«El doctor cometió el abuso de primero introducirme un dedo y no conforme me introdujo el otro, luego con el dedo pulgar comenzó a tocar mi clítoris, me estaba masturbando. Cerré las piernas y le manifesté mi descontento. Él continuó, diciendo que era para ver si tenía fluido», escribió otra de las víctimas sobre Rivas en su denuncia del 9 de agosto de  2017. 

El siguiente año, las denuncias siguieron. «Tocando mi parte íntima, como masajeando mi clítoris y luego procedió a introducirme su mano, dándome ese masaje en el clítoris, diciendo que era porque tenía como un honguito», se lee en una queja del 27 de julio de 2018. 

«Me tocó y me masajeó dos veces», denunció otra paciente el mismo día.

Desde julio de 2018 no aparecen más quejas en los archivos a los que tuvo acceso Agencia Ocote. Hasta abril de 2024. 

Entonces, una paciente planteó una denuncia en dos instituciones. En la Unidad de Información en Salud y Atención al Usuario y ante la directora del hospital; y en el Ministerio Público.  

Relató que el médico Ernesto Rivas Castellanos introdujo los dedos de una de sus manos en su vagina y con la otra le tocó el clítoris. Solo uso un guante, para la mano cuyos dedos introdujo vaginalmente. La paciente expresó en su denuncia que fue algo inapropiado, ya que otros profesionales no le habían realizado así los exámenes. Manifestó estar muy molesta por la falta de respeto.  

«Cuando sentí que era algo incómodo, le dije al doctor que si eso era necesario, porque ya me habían hecho el papanicolau y hasta me habían dejado tratamiento», explicó la paciente en la denuncia planteada en el hospital.

Una de las agresiones ocurrió delante de un niño que acompañaba a su madre a la consulta. 

Tres de las pacientes que denunciaron tenían entre 21 y 29 años. Hubo una menor de edad que acudió al hospital porque estaba embarazada. Todas llegaron a la consulta desde diferentes lugares del departamento de El Progreso. 

Dos de las mujeres con las que Agencia Ocote logró comunicarse prefirieron no hablar del tema por temor a represalias y porque deben seguir viendo al médico en los servicios de salud. No cuentan con recursos económicos para pagar un centro privado.  

Según autoridades y personal del hospital, existen pacientes y familias que tienen buenas referencias del médico, que para la consulta piden pasar con él por su capacidad en la medicina. 

Pero también hay otras que no quieren ser atendidas por él. Mujeres que solicitan al personal del hospital ser enviadas a consulta con otro médico. 

Las quejas no fueron escuchadas

Cinco de las quejas contra Rivas se registraron entre 2017 y 2018. En ese entonces, el director del hospital era José Benedicto Luna Oliva. 

Las denuncias quedaron archivadas. De acuerdo con el personal de Recursos Humanos, se abrió un expediente en contra de Rivas para una sanción administrativa, pero el director nunca lo firmó, lo que impidió que avanzara. 

Ocote intentó localizar al exdirector Luna Oliva, pero ya no trabaja en el hospital y no fue posible contactarlo por teléfono.  

En julio de 2022 llegó al hospital una nueva directora, Mara Judith Gómez Balcárcel, con quien acudió una de las víctimas para denunciar lo que había vivido en 2024. 

Sentada en una mesa a la par de su escritorio en el Hospital de El Progreso, Gómez Balcárcel asegura que cuando escuchó la queja de la víctima desconocía las denuncias anteriores. El personal le informó que no era la primera vez que ocurría, pero que las autoridades anteriores no habían hecho nada. 

La directora del centro dice que ordenó que se siguiera con el proceso y que acudió al Ministerio Público para colocar la denuncia de lo ocurrido para que se investigara. 

La falta del médico fue considerada grave por el comité de dirección integrado por Gómez Balcárcel y por Aura Marina Llamas, jefa de Recursos Humanos; Edgar Contreras, subdirector médico, Pedro Pineda, subdirector técnico; Lesbia Pérez, asesora jurídica; Iris Amparo Salazar, jefa de enfermería y Alma Cordón Matta, gerente administrativa financiera. De acuerdo con el proceso administrativo, Rivas Castellanos fue citado a una junta mixta que incluye autoridades del hospital e integrantes del sindicato. A la cita llegaron Nadya Mendoza, Dayana Cante y José Morales, del Sindicato del San Juan de Dios.

Según quedó recogido en el acta número 29-2924, del 15 de abril de 2024, la directora, acompañada del resto de autoridades, le hizo saber la denuncia en su contra y tuvo cinco días para que presentara pruebas a su favor. 

De acuerdo con el oficio HP 151-2024, no presentó estas pruebas. El proceso siguió y la solicitud de destitución fue enviada al Ministerio de Salud el 2 de mayo de 2024. 

«Soy intolerante con la corrupción», dice hoy Gómez Balcárcel. «Este tipo de situaciones no las podemos permitir. Si otros directores dejaron pasar la situación yo no lo concibo de esa manera. Procedimos como dicta la ley. Sabemos que nos vamos a quedar sin un médico, pero vamos a evitar que las personas sean vulneradas», asegura . 

Al enterarse de los señalamientos anteriores, la directora se dio cuenta de que había patrones que se repetían en las quejas de las pacientes. A pesar de haber iniciado el proceso de destitución y de las prohibiciones para prevenir más casos, se registró un hecho más.

La séptima queja ocurrió  en septiembre de 2024. Una paciente denunció a Rivas porque no le pareció correcto que durante la revisión el médico tocara su clítoris y le diera lo que ella, igual que otras mujeres, define como «un masaje». 

Luego de la denuncia, la directora Gómez ordenó al médico que se limitara únicamente a atender casos de medicina general y ninguno de ginecología y, cuando fuera necesario, remitiera a las pacientes con el especialista.  

También se le ordenó que no atendiera a ninguna paciente sin presencia de un familiar o una enfermera. La directora reconoce que hacer cumplir esta orden no siempre es fácil. Hay pacientes que no quieren que ingresen sus familiares y no siempre hay personal disponible para que acompañe al médico.

También asegura que, por ahora, no pueden hacer mucho más. Según dice, no pueden retirar a Rivas del hospital sin una orden de destitución.

  

La destitución que tarda en llegar 

En mayo de 2024, Mara Gómez Balcárcel, la directora del hospital y Aura Marina Llamas Barrera, la jefa de Recursos Humanos, enviaron el expediente de destitución al Ministerio de Salud. Diez meses después, todavía no hay resultados. 

Como el Ministerio de Salud está emplazado, necesita una autorización judicial para poder despedir o destituir al personal.. 

El emplazamiento  ocurre cuando hay un conflicto económico colectivo y se mantiene hasta que el sindicato y el ministerio tengan una negociación sobre mejoras para los trabajadores. 

Para que un juez o jueza autorice la destitución, se debe llevar un proceso judicial laboral que puede demorar años.  

El proceso de destitución de Rivas Castellanos está a cargo del área legal de la Procuraduría General de la Nación (PGN) y se conoce en el Juzgado Décimo Tercero Pluripersonal de Trabajo y Previsión Social de Guatemala. 

La PGN y la secretaria del juzgado accedieron a conversar con Agencia Ocote para este reportaje, pero advirtieron que no darían información particular del caso por ser un proceso legal en trámite. Solo puede ser divulgado entre las partes involucradas. 

Ambas fuentes dieron información general sobre el proceso de destitución.

Erick Patzán, jefe de la procuraduría del Estado, del área laboral de la PGN, explicó que a causa de la mora judicial y el gran número de expedientes, el trámite para lograr una destitución es lento. Suele durar entre año y medio y dos años, aunque tienen casos con una demora extrema de cinco años. 

Marta Zamora, secretaria del Juzgado Décimo Tercero Pluripersonal de Trabajo y Previsión Social de Guatemala, informó que el proceso de destitución idealmente debería llevar unos seis meses. Contó que con frecuencia los retrasos ocurren por dificultades para localizar al trabajador y notificarle. Reconoció que aún tienen en trámite procesos del 2017 y 2018. 

El 20 de marzo de 2025, el Departamento de Comunicación Social del Ministerio de Salud confirmó a Ocote que «el incidente de terminación promovido por el Estado en contra de Rivas Castellanos fue declarado con lugar». Abogados expertos en temas laborales explican que esto significa que ya hay una autorización judicial para el despido del médico.

Aunque la resolución es del 13 de enero de 2025, Salud dice desconocer si hubo o no una apelación del médico, Afirma que luego de la fase judicial se remitirá el expediente a recursos humanos para el acuerdo ministerial de destitución.  

«Puede encoger sus piernas y bajarse de la camilla»

Agencia Ocote logró hablar con Ernesto Rivas Castellanos. 

El martes 25 de febrero de 2025, el médico se encontraba en el área de emergencia del Hospital Regional de El Progreso. Rivas es un hombre de mediana estatura, cabello canoso. Ese día vestía una filipina blanca. Al escuchar el tema de la entrevista, accedió, pero pidió que fuera en un lugar más privado. 

En un pasillo del hospital por donde transitaba poca gente, negó todos los señalamientos.

Aseguró que su procedimiento para realizar una revisión vaginal consiste en colocar «un lubricante en el introito vaginal para ingresar un espéculo».  

Al consultarle si este procedimiento incluye tocar o palpar el clítoris de las pacientes, dijo que no lo había hecho y que de haber ocurrido las pacientes habrían podido encoger las piernas y bajarse de la camilla. 

«No puede ocurrir algo así porque usted no está atada, ni nada. Usted puede encoger sus piernas, bajarse y decirle a la que esté ahí: “Mire seño, el doctor me hizo tal y tal cosa”», afirmó. 

Añadió que ha atendido a más de 5 mil mujeres y ha practicado más de 400 cesáreas sin quejas. «En la puerta entran y salen enfermeras. ¿En qué cabeza cabe que uno va a hacer algo fuera de lo normal aquí?», se preguntó Rivas. 

Sobre el proceso de destitución, aseguró que él sí había presentado pruebas de descargo, a pesar de que la directora del hospital lo niega y de que en el expediente no se encuentran. 

Al pedirle permiso para acceder a los indicios a su favor, dijo que lo consultará con su abogado, profesional del que no aceptó dar el contacto. Al cierre de este texto no había compartido las pruebas que asegura que lo eximen.

Concluyó que está por iniciar el proceso para jubilarse.  

En espera de justicia

En 2024, tanto la paciente como la directora del hospital plantearon denuncias contra Rivas en el Ministerio Público. 

Se consultó a la Fiscalía por medio de la Unidad de Acceso a la Información Pública sobre el estado de la denuncia. 

En la resolución UDIP/6 2025 – O01629/ bglpd indicaron que se debía presentar el consentimiento expreso por escrito del titular de la información o acreditar ser su representante legal. También una copia del documento personal de identificación. 

En el portal de la Comisión Nacional contra la Corrupción se registra el expediente M0008-2024-7797 de una denuncia por el caso del médico Rivas Castellanos y señala que está en investigación.  

Mynor Melgar, oficial de probidad del Ministerio de Salud, quien da seguimiento a los casos por corrupción de esta cartera, informó que el MP ya notificó que el caso fue desestimado. Según Melgar, el portal de la CNC aún no está actualizado, por ello aparece aún «en investigación».  

Una fuente interna del Ministerio Público confirmó que Rivas Castellanos tenía dos denuncias por violación, pero ambas fueron archivadas.

Se intentó conocer en el Ministerio Público sobre el récord de denuncias en contra de  Rivas Castellanos, pero la respuesta fue la misma. Para obtener la información indicaron que se debía presentar por escrito el consentimiento expreso del titular de la información.  

El médico Ernesto Rivas aseguró que el proceso en el Ministerio Público está abierto, porque lo citaron para una declaración. No mencionó en qué fecha. Aunque agregó que se enteró de que la persona que lo denunció no llegó a ratificar la denuncia. «Yo no sé qué pasó», concluyó.

Aunque la persecución de un delito le corresponde al Ministerio Público abogadas consultadas por Ocote analizan el caso y coinciden en que los hechos denotan violencia sexual. 

Stephanie Rodríguez y Jovita Tzul, abogadas especializadas en derechos humanos, coinciden en que los hechos denunciados por las víctimas son un ejemplo de violencia sexual, que dependiendo de las particularidades de cada historia podrían encajar en los delitos de violación o agresión sexual.

Otro punto en el que coinciden: la falta de denuncia ante el Ministerio Público del personal y autoridades que supieron sobre las quejas de las pacientes del 2017 y 2018 contribuyen a la impunidad. Las personas podrían ser investigadas por una posible omisión de denuncia.

Tzul aseguró que los funcionarios que no denunciaron tienen una responsabilidad, «porque si se hubiera hecho desde el principio, se hubieran evitado más casos».

Para Rodríguez es importante exponer que había una relación de poder del médico hacía las pacientes y un estado de indefensión de ellas. «Cuando tú te estás haciendo un examen estás acostada, en estado de indefensión. Estos elementos hay que visualizarlos», recordó.

Otras instituciones saben de las denuncias por agresión sexual

Cuando Ocote visitó el hospital para obtener la versión de la directora y del médico, encontró a una persona que aseguró que trabajaba en la Contraloría General de Cuentas. 

Dijo que estaba en el hospital como parte del Programa Municipio Fiscalizado, para hacer un informe sobre su visita y las quejas en contra del médico.  

Se solicitó a la Contraloría General de Cuentas la información sobre el informe. La institución se limitó a responder que el personal que trabaja en este programa no realiza este tipo de visitas.

Probidad pedirá que se reabra la investigación contra el médico de El Progreso

Mynor Melgar, oficial de probidad del Ministerio de Salud, informó que tuvo conocimiento de los hechos a partir del 13 de enero de 2025, cuando requirió a la directora del hospital de El Progreso la información sobre expedientes con denuncias penales, para analizarlos. 

Concluyó que el caso es uno más de corrupción. 

«La corrupción no solo es despojar del patrimonio al Estado mediante la sustracción de fondos. Una de las manifestaciones de la corrupción también es llevar adelante acciones que riñen con la ética, con la moral y con lo que se espera de un funcionario», dijo Melgar.    

Sobre la desestimación del caso, indicó que está coordinando con los abogados de la PGN para que se tomen las acciones legales que permitan activarlo de nuevo en la Fiscalía.   

Para promover la denuncia de este y otros casos de corrupción, Melgar indicó que están en el proceso de creación de una campaña y capacitando al personal para que sepa la importancia de informar las irregularidades. «¿Quién sabe cuántos otros casos pudieron haber existido así?», se pregunta Melgar.  

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Investigación y redacción: María José Longo Bautista 

Edición: Carmen Quintela y Alejandra Gutiérrez 

Diseño: Oscar Donado 

Fotografía de portada: Christian Gutiérrez 

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Queremos seguir investigando. Si conoces más casos de médicos o funcionarios y empleados públicos con denuncias por violencia sexual puedes escribir a redaccion@agenciaocote.com