Marta* tenía 11 años cuando resultó embarazada tras ser violada por su padre. Su embarazo fue detectado al acudir a un centro de salud local, cinco meses después. Había pasado …
En resumen
- El sistema de Salud registró sólo en 2024 que 1,653 niñas y adolescentes menores de 14 años dieron a luz.
- Las niñas que experimentan embarazos forzados tienen dificultades para acceder a la salud, educación, seguridad social y justicia.
- Guatemala no ha logrado prevenir ni abordar la violencia sexual sistémica y embarazos forzados en niñas y adolescentes.
Marta* tenía 11 años cuando resultó embarazada tras ser violada por su padre. Su embarazo fue detectado al acudir a un centro de salud local, cinco meses después.
Había pasado desapercibido debido a su desnutrición y el inadecuado acceso a la salud en su comunidad.
Los doctores determinaron que la vida de Marta corría riesgo debido a la desnutrición y la incapacidad de su cuerpo de mantener el embarazo por su corta edad.
Sin embargo, aunque en Guatemala es legal el aborto terapéutico (cuando la vida de la madre corre riesgo) nadie le informó de esa posibilidad.
Marta permaneció en su casa todo su embarazo, donde también vivía su agresor.
Dio a luz en su hogar mediante parto vaginal, lo que va en contra de la Ruta de abordaje integral de embarazos en niñas y adolescentes menores de 14 años, creada en 2012 y actualizada en 2016.
El bebé de Marta falleció poco después de nacer.
Las autoridades abrieron un caso y un líder comunitario alertó al agresor de su posible detención, por lo que huyó a México.
Poco después el caso se cerró y el agresor volvió al hogar. No lo procesaron.
Ahí Marta vivía en extrema pobreza y compartía con cinco hermanos.
Un día decidió irse en busca de trabajo. Desde entonces, las organizaciones sociales que la acompañaban desconocen su paradero.
La historia de Marta es la de 14,696 niñas de entre 10 y 14 años que dieron a luz entre 2018 y 2024, según el sistema de Salud en Guatemala.
La violencia sexual en niñas y adolescentes
Las niñas son más propensas a sufrir violencia sexual que los niños.
Entre enero de 2018 y junio de 2024, el 88% de las evaluaciones del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) en casos de violencia sexual a menores de 14 años son a niñas.
En 2024, 1,953 menores de 14 años se convirtieron en madres, según el Observatorio de Salud Sexual y Reproductiva (OSAR).
La cifra supera los dos mil casos en los años anteriores, según el OSAR.
La excepción fue en 2020, año de la pandemia por el covid-19, cuando el país registró 1,626 casos de maternidad temprana.
Esto no significa que la violencia sexual contra niñas se redujo en ese año.
«Hubo un subregistro en esas fechas. No había quien atendiera a las niñas, pues todo el sistema de salud se volcó a la pandemia», explica Paula Barrios, coordinadora de la organización Mujeres Transformando el Mundo (MTM).
Barrios asegura que el sistema de salud «abandonó las demás atenciones, principalmente, las relacionadas con los derechos sexuales y reproductivos».
El toque de queda y las restricciones de movilidad también impidieron que las víctimas de violencia sexual presentaran denuncias.
Pero los datos de cada año tampoco son los totales.
La investigación de Human Rights Watch (HRW) evidenció un vacío de información en los hospitales, por lo que es imposible conocer las cifras reales.
Este subregistro «no es un problema que surge con un gobierno particular, sino que es un problema estructural en la región que nos impide monitorear de forma adecuada la realidad de las niñas», indica Cristina Quijado, la investigadora del estudio.
Enfrentan vulnerabilidad
Como en el caso de Marta, la violencia sexual contra niñas se alerta mucho tiempo después, al identificar el embarazo.
«Esto significa que muchas quedan fuera del sistema de salud en el momento que más lo necesitan», explica Quijado.
Según la investigación, los puestos de salud comunitarios suelen presentar escasez de servicios y medicamentos.
Entre ellos, kits de emergencia para sobrevivientes de violencia sexual, los cuales incluyen anticonceptivos de emergencia que evitarían un embarazo forzado.
Las clínicas especializadas en violencia sexual suelen ubicarse dentro de hospitales, en las cabeceras municipales.
En comunidades como Carchá, en Alta Verapaz, las niñas deben caminar hasta tres horas para acceder a uno.
El derecho a la educación también se vulnera, según el estudio de HRW.
En noviembre de 2024, solo 213 niñas forzadas a continuar con un embarazo se encontraban inscritas en la escuela.
Después de dar a luz, el estigma y los estereotipos de género las alejan aún más del sistema.
En 2018, el gobierno lanzó el Plan Nacional de Prevención de Embarazos en Adolescentes (PLANEA).
Uno de sus objetivos era garantizar la permanencia de las adolescentes en la escuela.
Sin embargo, desde que venció en 2022, no lo renovaron.
El difícil camino hacia las reparaciones
El código penal guatemalteco considera los embarazos en niñas menores de 14 años como violaciones sexuales con agravación de la pena.
Sin embargo, la persecución de este delito no es prioritario para el sistema de justicia.
Entre enero de 2018 y octubre de 2023, 6,697 casos de violencia sexual contra niñas menores de 14 años fueron desestimados.
La cifra de autos de procesamiento (resolución judicial de inicio de un proceso penal) es muy baja.
De esos procesos que sí se iniciaron, solo 102 personas fueron condenadas, según registros del Ministerio Público (MP).
Una psicóloga que trabaja con sobrevivientes de violencia sexual describió el proceso judicial como «tortuoso, largo y desgastante».
Esto lleva a las familias y víctimas a abandonar la búsqueda de justicia.
El sistema también carece de intérpretes para quienes no hablan español y personas sordas que necesitan comunicarse por medio de lenguaje de señas.
«Las fallas del sistema de justicia evidencian la ausencia de un enfoque sensible al género y centrado en las niñas», indica Human Rights Watch en una nota de prensa.
La maternidad en edad temprana tiene consecuencias graves para la salud.
Pueden provocar riesgos de hipertensión e infecciones, eclampsia, anemia e, incluso, la muerte materna y la mortalidad neonatal.
Sistema excluyente
Las niñas se enfrentan a un sistema que las excluye.
A nivel estatal, el programa Vida, gestionado por el Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) es el único destinado a apoyar financieramente a las niñas y adolescentes embarazadas.
Les otorga 1,500 quetzales (unos 194 dólares) mediante transferencia bancaria, aunque no establece la frecuencia con la que se lo otorgan.
De enero a junio de 2024, solo 129 niñas fueron beneficiadas por ese programa. Su alcance es insuficiente, principalmente, debido a los restrictivos requisitos de elegibilidad.
Uno de ellos es que deben contar con un proceso judicial abierto contra el agresor.
También se les prohíbe «vivir con sus parejas», a pesar de que en el entorno de su comunidad muchas de las niñas son obligadas a convivir con su agresor.
«Las autoridades deben garantizar a las sobrevivientes de violencia sexual acceso a atención médica integral, educación y seguridad social, así como las protecciones legales necesarias, justicia y reparaciones», finaliza Human Rights Watch.
(*) Marta, nombre ficticio en el estudio para resguardo de la menor.
Si deseas denunciar hechos de violencia sexual, llama al PBX 1572 o preséntate a las oficinas de atención a la víctima del MP.
