Entre 2008 y 2009 Centroamérica negociaba un Acuerdo de Asociación con la Unión Europea para ampliar el mercado comercial entre las dos regiones. Rubén Morales Monroy, viceministro de Comercio Exterior …
Entre 2008 y 2009 Centroamérica negociaba un Acuerdo de Asociación con la Unión Europea para ampliar el mercado comercial entre las dos regiones.
Rubén Morales Monroy, viceministro de Comercio Exterior de aquel momento, fue designado como el jefe negociador por Guatemala.
Pero Guatemala tenía un inconveniente técnico comercial.
Contrario al resto de países de la región, no contaba con una ley de competencia y para avanzar en las negociaciones debía comprometerse a crear una.
Luego de implementarla, Centroamericana debía crear e implementar un Reglamento Centroamericano sobre Competencia, el cual garantizara a empresas europeas no competir en desventaja al invertir en la región.
Una primera etapa del Acuerdo de Asociación se fue firmando con cada país en los años siguientes, aunque Guatemala siguió sin crear su propia ley de competencia.
Fue en 2016, cuando Morales Monroy asumió como ministro de Economía durante el gobierno de Jimmy Morales, que junto con sus viceministros y un equipo técnico, presentaron la iniciativa de ley en el Congreso de la República.
La iniciativa 5074 permaneció meses en comisiones de trabajo. Pasó en el pleno en primera lectura en 2018, pero luego se archivó hasta 2024.
Este año fue retomada e impulsada, principalmente, por los diputados del oficialista Movimiento Semilla.
¡La X Legislatura vuelve hacer historia 🙌!
— Congreso Guatemala (@CongresoGuate) November 20, 2024
Al aprobar la #LeyDeCompetencia, que defiende y promueve la libre competencia 🛍️🏬.
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El 4 y 11 de abril fue conocida de nuevo en primera y segunda lectura y de nuevo fue enviada a la Comisión de Economía para análisis y más enmiendas.
En sesión de jefes de bloque de 18 de noviembre se agendó de nuevo para conocerse en el pleno y la noche del 19 de noviembre más de 100 diputados la aprobaron en tercera lectura y por artículos.
Esa misma noche lograron el consenso para eliminar un artículo que mantenía el privilegio de sectores como la banca, la telefonía y otros que cuentan con leyes específicas y buscaban ser excluidos del control y sanciones ante posibles casos de competencia desleal.
¿Qué es la ley de competencia?
Esta nueva normativa busca controlar y sancionar prácticas desleales de empresas que afectan el libre mercado e impactan en los consumidores.
Hasta ahora, en América Latina Cuba y Guatemala eran los únicos países que no contaban con esta ley. Cuba sigue sin tenerla.
En opinión de Luis Pablo San José, investigador del área económica del Consejo Nacional Empresarial, la ley busca «liberar el mercado de la concentración de prácticas de control de precios, calidad o distribución de productos por empresas».
«Esto ayuda a liberar la competencia y con ello proteger a los consumidores con el desarrollo del mercado», afirma San José.
El exministro Morales Monroy también resalta que no se debe confundir la ley de competencia con la de protección al Consumidor, pues tienen enfoques y fines distintos, aunque igual los usuarios salgan beneficiados.
Diferencias entre la ley de competencia y la ley de defensa del consumidor
La ley de competencia busca sancionar que una o más empresas acaparen el mercado con sus productos o servicios, acordar entre ellas los precios y que estos no tengan variación o distribuirse territorios para venta.
En Guatemala hay empresas que tienen acaparados los mercados, con diferentes prácticas como: control de precios en las medicinas o el azúcar; la distribución de sectores como el gas propano o las telefónicas y monopolios como el cemento.
En cambio, la Ley de protección al Consumidor ampara a quien adquiere un producto o servicio al velar por la calidad, precios reales, buena atención, resolución de problemas, etc…
«La ley del consumidor va directo con los clientes. Se puede decir que es el consumidor ante un proveedor», según Morales.
«Incluso debería ser ante el Estado porque las municipalidades, por ejemplo, con el agua, la energía eléctrica, la extracción de basura, son servicios que prestan como un proveedor».
Puntos claves de la ley de competencia
En opinión de Luis San José, estos son los puntos clave de la implementación de la nueva ley de competencia:
- Liberar del control empresarial: Se establecen límites para evitar que ciertas empresas dominen grandes porciones del mercado, lo que fomenta la igualdad de oportunidades.
- Cobertura integral: La nueva ley incluye sectores que históricamente mantenían el privilegio de no estar regulados como las telecomunicaciones, la energía eléctrica y la banca, que antes estaban en una “zona gris” sin supervisión.
- Prohibición de prácticas específicas:
- Cárteles: Evita acuerdos entre empresas para manipular precios o mercados.
- Fijación de precios: Sanciona prácticas de abuso de posición dominante para controlar precios.
- Barreras de entrada: Busca impedir restricciones que limiten la participación de nuevos competidores en cualquier mercado.
- Crea una Superintendencia de Competencia: Será un ente autónomo similar a la SAT. Se enfocará en investigar prácticas (no sectores) mediante denuncias y sancionará a quienes violen la ley.
- Sanciones económicas drásticas: Si una empresa es encontrada responsable de práctica desleal puede ser sancionada hasta con 200 mil salarios mínimos diarios, lo que actualmente equivale a unos Q22 millones.
Cuándo empezará a funcionar la ley
Samuel Pérez, economista y diputado de Movimiento Semilla, ha sido uno de los principales impulsores de la nueva ley.
Desde la legislatura 2019-2024 la impulsó siendo presidente de la Comisión de Defensa del Consumidor y es reconocido como el principal negociador para lograr su aprobación.
Pérez informó que, tras ser sancionada por el presidente Bernardo Arévalo, su entrada en vigencia será en enero de 2025.
Sin embargo, la nueva Superintendencia, su directorio y los reglamentos que deberán regir su funcionamiento quedaron establecidos para 2027.
¿Hay aspectos a mejorar en la nueva ley?
En opinión del economista Luis San José, hay varios desafíos pendientes para la nueva ley.
Entre los que destaca están: «La necesidad de definir políticas y manuales claros para su funcionamiento».
Asegura que también se tendrá que tener «una vigilancia constante de las acciones de la Superintendencia y de la conformación del directorio para lograr una implementación efectiva».
«La ley tiene el potencial fomentar la competencia leal, pero su éxito dependerá de una ejecución transparente y evolutiva», afirma San José.
El exministro Morales, por su parte, asegura que «no hay nada perfecto, en el sentido de que las leyes tienen concesiones políticas para lograr crearlas, pero su creación era necesaria».
«La experiencia en otros países es que la crean y conforme pasa el tiempo van mejorándola. Las condiciones o características de cada país evolucionan».
Rubén Morales recuerda también que aquel Reglamento Centroamericano sobre Competencia que la Unión Europea exigió desde 2008-2009 para consolidar una relación comercial sigue siendo una deuda.
«Ahora que Guatemala ya tiene su ley, seguro Europa en el futuro cercano se va a acercar a Centroamérica a decir “bueno ahora trabajemos nuestro convenio y el Reglamento”».
Aunque tarde, para la región será positivo, porque «ahora ya se podrá cumplir con el Acuerdo de Asociación con Europa, porque ellos nos ven como un solo mercado».
«Ahora ya somos una región atractiva para las empresas europeas, pues saben que no corren el riesgo de sufrir prácticas anticompetitivas en nuestros países».
Una ley «no crea competencia»
Consultado recientemente por Ocote, cuando se discutía la iniciativa en el Congreso, Hugo Maúl Rivas, del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN) consideró un daño a la economía una ley de este tipo.
A criterio de Maúl, economista e investigador, más que regular el mercado, será un control que dañará la economía al perseguir empresas.
Asegura que la misma no aborda adecuadamente las condiciones estructurales que limitan la competencia y que se necesitan políticas de Estado integrales.
«Hablamos de competencia en países europeos donde hay desarrollo institucional y lo queremos aplicar en situaciones como la nuestra, en donde coexisten informalidad laboral, tributaria, incumplimiento de normativa regulatoria o incluso intereses extraños», cuestiona el economista.
«La competencia requiere de múltiples instrumentos para que ocurra de una manera provechosa y armoniosa, pero lamentablemente a nadie le interesa hablar de esas precondiciones para el buen funcionamiento del mercado», afirma Maúl.
También lista los aspectos negativos, no de la iniciativa, sino de un ecosistema nacional que debería cambiar para lograr una verdadera competencia económica, algo que considera, no se logrará solo con una ley.
- Carencia de política integral de competencia. La ley no puede ser una solución aislada, sino parte de toda una política de Estado para promoverla.
- Instituciones y regulaciones previas que limitan la competencia como registros, permisos, licencias y otros procesos que permiten la cooptación.
- Falta de estadísticas y evidencia científica para la toma de decisiones. Considera que no existen estudios ni datos o si hay no están actualizados para una toma de decisiones sobre bases sólidas y no en hipótesis.
- Necesidad de inversión y capacitación pública. Advierte de la complejidad técnica y humana para implementar una ley de competencia efectiva. Asegura que se necesita tiempo para fortalecer instituciones y personal.
