«En América Latina, únicamente Guatemala y Cuba no cuentan con una Ley de Competencia, que tenga por objeto promover y defender la libre competencia». La Comisión de Economía del Congreso …
«En América Latina, únicamente Guatemala y Cuba no cuentan con una Ley de Competencia, que tenga por objeto promover y defender la libre competencia». La Comisión de Economía del Congreso de la República sentenció esta frase para dar el dictamen favorable a la iniciativa 5074 en 2022.
Es uno de los motivos de los diputados de la comisión que entonces pidieron al Pleno de diputados aprobar la propuesta de Ley de Competencia. El objetivo de la misma es romper con los acuerdos entre empresas de diversos sectores económicos que fijan precios y cuotas de producción en el país, en detrimento del consumidor.
Ocho años sin aprobarse una Ley de Competencia
La iniciativa fue presentada en 2016, cuando iniciaba la gestión del presidente Jimmy Morales y Mario Taracena presidía el Congreso. Fueron cinco diputados los que la presentaron, entre ellos Carlos Barreda, quien fungía como primer secretario de la Junta Directiva, con el partido Unidad Nacional de la Esperanza (UNE).
Barreda recuerda que «hubo mucho acompañamiento técnico, asistencia internacional, mucho diálogo político y negociación con las cámaras empresariales». Dichas negociaciones y diálogos se recogen en el resumen del dictamen 2016 (páginas 2 a la 5).
Lo que propone la Ley de Competencia
La ley se basa en un principio básico: el derecho a la competencia. En un país donde se garantiza este derecho, hay variedad de oferentes (empresas) y demandantes (consumidores) con libertad para realizar intercambios económicos.
¿Qué quiere decir esto? Si hay varias empresas que ofrezcan productos, habrá una competencia para atraer consumidores: bajada de precios, mejora de calidad…
Si no existe este derecho a la competencia, un pequeño grupo de empresas o de sectores puede ponerse de acuerdo para fijar los precios de los productos. Esto da pie a que existan monopolios: un único productor domina el mercado y fija precios.
La ley busca garantizar que exista ese derecho.
Carlos Barreda considera que la ley de Competencia combatirá tres prácticas anticompetitivas que actualmente registra la economía de Guatemala:
- Fijación de precios: Empresas con posición de dominio, monopolios u oligopolios fijan precios altos unificados, perjudicando a los consumidores.
- Repartición de mercado: Empresas acuerdan dividirse el mercado, anulando cualquier competencia, lo que alienta la fijación de precios y productos y servicios de baja calidad.
- Manipulación de la producción: Empresas manipulan la producción, ya sea aumentándola para bajar precios y afectar a competidores o reduciéndola para aumentarlos simulando desabastecimientos.
Entre otros sectores que toman decisiones en beneficio de las empresas que los controlan están el del azúcar, el gas propano, las medicinas, el pollo y el cemento, según Barreda.
¿Cómo va a lograr esto la Ley de Competencia?
- Investigación: Ante denuncia o de oficio, se iniciaría una investigación para determinar si hay indicios de que una empresa ha realizado prácticas anticompetitivas.
- Notificación de cargos: Si la investigación revela suficientes pruebas de una violación, se notificaría a la empresa para que pudiera defenderse y presentar evidencia a su favor.
- Decisión y sanción: Después de considerar las pruebas y argumentos, el Directorio de la Superintendencia emitiría una decisión sobre si hubo violación de la Ley de Competencia. En caso afirmativo, se impondrían las sanciones correspondientes, que pueden incluir multas, medidas correctivas, prohibiciones, etc.
- Sanción económica: La pena máxima de hallarse culpable una empresa de prácticas anticompetitivas está establecida en hasta 200 mil salarios mínimos diarios no agrícolas (Unos Q22 millones para 2024).
- Apelación: La empresa tendría el derecho de apelar la decisión y las sanciones impuestas si considerara que se ha cometido un error en el proceso o en la evaluación de la evidencia. Contaría con el proceso administrativo y luego en los tribunales correspondientes.
- Cumplimiento y seguimiento: Ante resolución final, la empresa sancionada debería cumplir con las medidas impuestas. Las autoridades tendrían que darle seguimiento para garantizar el cumplimiento de las sanciones y que no violara de nuevo la libre competencia.
«Pero al final hubo ciertos grupos económicos que se opusieron y por años la iniciativa se detuvo. Son tres gobiernos los que lleva (sin aprobarse)», enfatiza.
Economista de profesión, viceministro de Finanzas durante el gobierno de Álvaro Colom y actual diputado al Parlamento Centroamericano con el partido VOS, Barreda asegura que la alianza entre el sector empresarial y los gobiernos de Morales y de Alejandro Giammattei les permitió engavetar la iniciativa en el Congreso.
En un análisis para la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (ASIES), la economista Claudia García Mancilla, enfatiza en la necesidad de la ley. La legislación guatemalteca tipifica como delitos las prácticas desleales y monopólicas en la economía nacional ( la Constitución, el Código de Comercio y el Código Penal garantizan la libertad de empresa y prohíben y penalizan las prácticas monopólicas) pero no existe el ente rector para su control. Algo como lo que sucedía con la evasión de impuestos antes de que existiera la SAT.
«La Constitución garantiza la propiedad privada. Reconoce la libertad de industria, de comercio y de trabajo»
El Código de Comercio «tipifica el monopolio, la concentración y el acaparamiento». Mientras que el Código Penal «penaliza los monopolios y la competencia desleal», según el análisis de la experta.
Vacíos y lagunas en la iniciativa y en el sistema
Sin embargo, el economista Hugo Maúl Rivas, investigador del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN) considera que una ley de este tipo, más que regular, será un control que dañará la economía al perseguir a las empresas.
Maúl asegura que la iniciativa no aborda adecuadamente las condiciones estructurales que limitan la competencia y sugiere que se necesitan políticas de Estado integrales y una mayor inversión en capacidad institucional para promoverla.
«Hablamos de competencia en países europeos donde hay desarrollo institucional y lo queremos aplicar en situaciones como la nuestra, en donde coexisten informalidad laboral, tributaria, incumplimiento de normativa regulatoria o incluso intereses extraños», cuestiona el economista.
«La competencia requiere de múltiples instrumentos para que ocurra de una manera provechosa y armoniosa, pero lamentablemente a nadie le interesa hablar de esas precondiciones para el buen funcionamiento del mercado», afirma Maúl.
Hugo Maúl también lista los aspectos negativos, no de la iniciativa, sino de un ecosistema nacional que debería cambiar para lograr una verdadera competencia económica, algo que considera, no se logrará solo con la nueva ley.
- Carencia de política integral de competencia. La ley no puede ser una solución aislada, sino parte de toda una política de Estado para promoverla.
- Instituciones y regulaciones previas que limitan la competencia como registros, permisos, licencias y otros procesos que permiten la cooptación.
- Falta de estadísticas y evidencia científica para la toma de decisiones. Considera que no existen estudios ni datos o si hay no están actualizados para una toma de decisiones sobre bases sólidas y no en hipótesis.
- Necesidad de inversión y capacitación pública. Advierte de la complejidad técnica y humana para implementar una ley de competencia efectiva. Asegura que se necesita tiempo para fortalecer instituciones y personal.
Tanto Hugo Maúl como Claudia García consideran que de aprobarse la ley, debería tener control sobre todos los sectores económicos del país. Recuerdan que hay algunos que cuentan con la protección de contar con leyes propias y eso los hace actuar en contra del consumidor.
Estos sectores son el bancario, el de hidrocarburos, el de generación y distribución de energía eléctrica, el de las telefónicas y el de transporte.
«Habría que revisar qué decisiones toman los gobiernos para permitir que solo existan dos o tres empresas en un sector. Culpamos a empresas como las telefónicas, que se reparten el mercado, pero no hablamos sobre la ley que los políticos crearon para permitirlo», dice Maúl.
«Se deben quitar todas las trabas y protecciones que el Estado ha creado para que puedan ingresar más entidades en todos los sectores y que pueda haber una verdadera libertad de decisión», finaliza.
Barreda está de acuerdo en que deben quitarse esos privilegios, pero también considera que la Ley de Competencia, que crearía una Superintendencia de Competencia, velará por sectores no protegidos por leyes específicas y que confabulan para beneficiarse del mercado.
Los siguientes pasos para lograr aprobar la ley
«Ahora que el gobierno de Bernardo Arévalo anunció que quería una Ley de Competencia, se preocuparon de que pudiera presentar una propuesta más fuerte y fuera penal (con delitos y prisión). Pareciera que ahora si quieren aprobar la iniciativa a la cual se habían opuesto», dice Barreda.
En las consideraciones de la Comisión de Economía de 2022, los diputados advierten que «la oposición a esta (iniciativa) después de la consecución de amplios consensos podría responder únicamente al deseo de obstaculización del tema en favor de algunos pocos actores, con lo que se estaría perjudicando a la economía del país entero» (página 9).
Barreda asegura que con las modificaciones y diálogos realizados en 2016, 2017, 2018 y 2022 y las nuevas propuestas que la actual Comisión de Economía analiza durante abril, se espera que la iniciativa sea aprobada en mayo en tercer debate y en lectura y aprobación por artículos.
El pleno ya la aprobó en dos lecturas el 4 y el 11 de abril, y ahora está en la Comisión de Economía, para añadir los cambios consensuados. Tienen abril para resolverlos. A inicios de mayo debe regresar al Pleno.
La Comisión de Economía y Comercio Exterior, presidida por el diputado Jorge Ayala, se reunió con el objetivo de conocer el cuadro comparativo de los dictámenes favorables de la #Iniciativa5074, #LeyDeCompetencia, así como analizar las propuestas de enmiendas a dicho proyecto de… pic.twitter.com/w0dlEIXnVH
— Congreso Guatemala (@CongresoGuate) April 17, 2024
Los diputados de diversas bancadas que consensuaron a principios de abril para pasar las primeras dos lecturas en el Pleno confirman que la iniciativa 5074 debe pasar la tercera lectura y la aprobación por artículos en el mes de mayo.
Los congresistas pretenden aprobarla antes de que termine el primer período de sesiones 2024, previsto para mediados de mayo.
Aseguran que para el segundo periodo, entre agosto y noviembre, las elecciones de magistrados para cortes de Apelaciones y de Corte Suprema de Justicia más el presupuesto 2025 se llevarán todas las discusiones políticas.
La comunidad internacional también presiona para su aprobación, pues tratados económicos como el que se tiene pendiente con la Unión Europea la tienen como requisito para garantizar la competencia para sus empresas y productos.
