En agosto, el presidente Bernardo Arévalo anunció la hoja de ruta para la creación de la Ley de Aguas en Guatemala, la cual espera se presentará en 2025 ante el …
En agosto, el presidente Bernardo Arévalo anunció la hoja de ruta para la creación de la Ley de Aguas en Guatemala, la cual espera se presentará en 2025 ante el Congreso de la República.
Según Patricia Orantes, ministra de Ambiente y Recursos Naturales, se emprenderá un proceso participativo para escuchar las opiniones, sugerencias, recomendaciones y necesidades de distintos sectores. Entre ellos, los alcaldes municipales, autoridades indígenas, organizaciones sociales que trabajan el tema y los sectores productivos.
Cada mes, se realizarán encuentros regionales en todo el país, foros académicos (en los que se incluirán los saberes ancestrales y comunitarios) y mesas de trabajo con usuarios del agua, según indicó la ministra en un video compartido en sus redes sociales.
«Con todos estos insumos, vamos a construir una propuesta de Ley de Aguas que, en su momento, vamos a devolver para enriquecerla y poderla llevar, con mucha fuerza, con mucho acuerdo y mucho consenso, al Congreso de la República», explicó Orantes.
Una ley de aguas permitiría, por ejemplo, que se regulara el uso desmedido e incontrolado de los recursos, se garantizara la preservación del agua o hubiera una autoridad que mediara en la resolución de conflictos.
Cuatro intentos antes de la Constitución del 85
Esta no es la primera iniciativa de ley de aguas que se presentará en Guatemala. En 1957, el presidente Miguel Idígoras Fuentes creó la Comisión Nacional de Riego. Entre otras funciones, esta comisión debía elaborar un anteproyecto de ley de aguas.
Según la investigación «La ley de aguas y regulación del derecho humano al agua en Guatemala: debates y desafíos», elaborada por Diego Padilla Vassaux y Lisamaría Santos Arroyo, desde entonces y hasta 1985, se trabajaron al menos cuatro anteproyectos de esta ley.
Ese año, 1985, la nueva Constitución estableció la ley de aguas como un mandato constitucional. En el artículo 127 se indicó que debería crearse una ley específica que regulara un régimen de aguas en Guatemala.
Desde entonces, el Congreso de la República de Guatemala ha conocido 13 iniciativas de ley de aguas. Ninguna de ellas se ha convertido en decreto.
Según la investigación de Padilla y Santos, todas ellas proponen crear una autoridad rectora para el tema, así como ciertas disposiciones regulatorias.
Las iniciativas, además, consideran el financiamiento de dicha autoridad y el establecimiento de un sistema de permisos para el uso del recurso hídrico. Reconocen derechos y obligaciones y plantean acciones para la conservación del agua y la resolución de conflictos por este recurso.
Las iniciativas estancadas
En la década de los noventa se presentaron cuatro iniciativas de ley de aguas. Todas fueron conocidas por el pleno del Congreso de la República, pero solo la número 1001, presentada en 1993, recibió dictamen favorable de una comisión y fue agendada para iniciar la fase de lecturas, el último paso para aprobar una iniciativa.
Según la investigación de Padilla y Santos, esta iniciativa de ley de aguas ha sido la que ha estado más cerca de aprobarse. Su fracaso, resumen, «tiene que ver con los azares del destino político del país». El mismo día que debía iniciar la lectura del proyecto, el 25 de mayo de 1993, fue el día que ocurrió el autogolpe de Estado del presidente Serrano Elías.
Entre el 2000 y el 2010, se presentaron cuatro iniciativas de ley de aguas. Dos de ellas, la 2865 y la 3419 fueron conocidas por el pleno del Congreso.
En 2005, se presentó la iniciativa 3118, la cual alcanzó la cantidad de votos requerida para ser aprobada. «Si no avanzó, fue por un bloqueo político, de última hora, que frenó el momentum adquirido hasta ese entonces», indica la investigación de Padilla y Santos.
Las iniciativas 1001 y 3118 tienen una característica en común: fueron construidas como un consenso político «desde arriba». No hubo una construcción desde un diálogo entre sectores, que es lo que propone el actual gobierno.
La primera, se trató de un trabajo encomendado por el entonces presidente Serrano Elías a la Secretaría de Recursos Hidráulicos de la Presidencia. La segunda fue promovida por el exdiputado Alfredo Cojtí, de Chimaltenango.
Los 48 Cantones de Totonicapán rechazaron esta última propuesta. El 6 de septiembre de 2005, pobladores de Momostenango, Totonicapán, ocuparon la carretera Interamericana, a la altura de Cuatro Caminos para protestar contra la iniciativa.
Según el reportaje «La ley maldita», elaborado por el biólogo y periodista Sebastián Escalón, tres días después, se ocuparon distintos puntos de dicho camino, en protesta a la privatización del agua. La iniciativa, si bien reconocía los derechos de las comunidades indígenas sobre sus recursos hídricos, las obligaba a solicitar permiso al Estado para el uso de su agua.
El Comité Coordinador de Asociaciones, Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif) también se opuso a esta iniciativa. Usó «canales de acceso privilegiado a la élite política para influir en la decisión de los diputados, sin reconocer su oposición de manera pública o sin demostrar una oposición frontal cuando le socializaron el proyecto de ley», señalan Padilla y Santos.
Según recuerda Rafael Maldonado, abogado ambientalista del Bufete para la Defensa de los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales, «había voluntad política» para aprobar esta iniciativa. Realmente había un acuerdo multipartidario en el Congreso para aprobarla» dice.
«Estuvo el poder económico empujando para que la iniciativa no se aprobara. Creo que no entendieron el tema de lo que lo que conllevaba la iniciativa en su conjunto», agrega Maldonado.
La iniciativa 3318 fue archivada.
El «boom» de 2016
El 11 de abril de 2016, unas 80 organizaciones sociales integrantes de la Asamblea Social y Popular marcharon desde Tecún Umán, en San Marcos, La Mesilla, Huehuetenango y Purulhá, Baja Verapaz hacia la ciudad capital.
Bajo la consigna «por el agua, la madre tierra, el territorio y la vida», buscaban evidenciar la contaminación y el desvío de ríos, así como la escasez de agua en las comunidades.
Ese año se vencía el reglamento 236-2006, de descargas y reuso de aguas residuales. Según el exdiputado Leocadio Juracán, esta fecha límite, sumada a la expectativa generada por la marcha del agua, permitieron la presentación de cinco iniciativas de ley de aguas entre 2016 y 2017.
Juracán, junto a la exdiputada Sandra Morán y otros compañeros, presentaron la iniciativa 5070: Ley Marco del Agua. Fue producto de un proceso de consulta realizado en las comunidades urbanas y rurales del país durante más de dos años.
Ese mismo año (2016), además, en el Congreso de la República, se creó una Comisión Extraordinaria de Recursos Hídricos.
A criterio de Juracán, la iniciativa 5070 tenía «contenido estructural». Es decir, buscaba solucionar los problemas relacionados al agua y reglamentar su manejo desde la raíz. Por el contrario, dice, otras iniciativas presentadas ese año «privilegiaban los intereses de la agroindustria, en el mejor de los casos. En el peor escenario, se crearon para distraer a la población (de la iniciativa 5070) y sustituirla. Por lo tanto, se secó la atención», indica.
Uno de los ejemplos a los que hace referencia Juracán es la iniciativa de ley 5161. El Organismo Ejecutivo —entonces presidido por Jimmy Morales—, junto a la bancada oficialista del partido FCN-Nación, presentó esta propuesta después de desmarcarse del movimiento creado por la Marcha por el Agua y los Diálogos por el Agua.
Por su parte, la bancada de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) presentó la iniciativa 5095 y el bloque del partido Unión de Cambio Nacional (UCN), la iniciativa 5067.
Todas estos proyectos fueron conocidos por el pleno del Congreso. Solo la 5161 —la planteada por el oficialismo— obtuvo un dictamen favorable de una comisión.
Este proyecto brindaba la rectoría para la administración del uso hídrico en Guatemala al Ministerio de Ambiente y nombraba al Instituto de Sismología, Vulcanología, Meteorología y Hidrología (INSIVUMEH) como su ente técnico-científico, asesor, consultor y de apoyo.
***
Además, desde 1985 se han presentado por lo menos nueve iniciativas sobre aspectos específicos del manejo y la conservación del agua en Guatemala. Todas ellas han sido conocidas por el Congreso de la República. Sin embargo, ninguna ha sido convertida en decreto.
Casi 40 años después de que la Constitución reconociera la necesidad de legislar el régimen de aguas en Guatemala, la ley aún no ha sido creada. A criterio de Juracán, no existe interés político en regular y sancionar el mal uso de los recursos hídricos. «Para las grandes empresas, mejor si no hay una regularización ni normas. No está regulado el uso y el manejo para que ellos sigan contaminando, robando y destruyendo», finaliza el exdiputado.
Según Rafael Maldonado, la inexistencia de una ley de aguas en Guatemala se explica a partir de tres factores: «La falta de voluntad política, del Ejecutivo y del Legislativo; la oposición del sector empresarial, que siempre se se opone a la regulación del agua en el país; y, en algunos casos, (como la 3118) cierta oposición de algunos grupos ciudadanos».
Ahora, con el proceso de construcción de la nueva iniciativa de ley de aguas, las autoridades «se fueron por la tangente con la construcción de este gabinete», considera Maldonado.
«Si realmente hubiera voluntad política, creo que el Presidente hubiera presentado esa iniciativa de ley directamente al Congreso para que se priorizara dentro de la agenda de legislativa y se aprobara», expone. «Si van a empezar con una construcción que lleve mucho tiempo, se va a perder el momento político para lograr la aprobación», concluye Maldonado.
No disponible
No disponible
