El centro de convenciones Épica, en el corazón de la zona 10 de la ciudad capital, está abarrotado. Aunque la convocatoria era para las ocho de la mañana, lleva más …
El centro de convenciones Épica, en el corazón de la zona 10 de la ciudad capital, está abarrotado. Aunque la convocatoria era para las ocho de la mañana, lleva más de cuarenta y cinco minutos de retraso: decenas de personas continúan entrando al salón principal, y los trabajadores acomodan más sillas.
Los asistentes se saludan, abrazan y conversan entre sí. Algunos visten trajes formales y otros, pantalones de lona, botas industriales y camisas con los nombres de algunas de las industrias más grandes del país: Corporación Multi inversiones (CMI), Progreso, AgroAmérica, Gentrac, Disagro… Frente al escenario, en un área separada por una banda, están los «invitados especiales»: los cargos más altos en las empresas organizadoras del evento: República, la Cámara de Industria de Guatemala (CIG) y la Fundación para el Desarrollo (Fundesa), junto a panelistas.
Es 12 de septiembre y hoy se celebra el «Summit 2024: Agua limpia, desarrollo humano», un evento organizado por el medio de comunicación República, la Cámara de Industria de Guatemala (CIG) y la Fundación para el Desarrollo (Fundesa). El cartel incluye a funcionarios públicos y empresarios y el expresidente de Colombia, Iván Duque, como keynote speaker.
El evento ocurre dos semanas después de que el gobierno de Bernardo Arévalo anunciara la creación del gabinete específico del agua. Una entidad interministerial que se encargará de coordinar y emprender esfuerzos gubernamentales relacionados a la conceptualización, diseño e implementación de proyectos y acciones enfocados en la conservación y gestión del agua y el ciclo hidrológico.
El gabinete será liderado por la vicepresidenta de la República, Karin Herrera, quien dio la conferencia inaugural. Arranca casi a las nueve de la mañana. Cuando comenzó su intervención, el salón estaba lleno: algunas personas se encontraban incluso de pie. «Hicimos un llamado al diálogo nacional en torno al agua, que todos los que estamos aquí, y los que no están, necesitamos. Por ese motivo estoy acá», expresó Herrera.
«Es momento de llegar a, por lo menos, un acuerdo mínimo para la protección del recurso hídrico que permita tener un impacto para todos. No estamos pidiendo soluciones perfectas, pero sí un compromiso firme de parte de todos», agregó la vicepresidenta.
La ministra de Ambiente y Recursos Naturales, Patricia Orantes también participó. La funcionaria explicó las acciones que el poder Ejecutivo realiza «en favor del agua»: le apuestan a darle otra oportunidad a la ley de aguas, a partir de un proceso de construcción participativo y a reglamentar el artículo 47 de la Ley Forestal, que permitiría «proteger los bosques productores de agua ubicados en las zonas altas de alta recarga», indicó.
Según la ministra, el gobierno que llegó a la presidencia con el Movimiento Semilla se encuentra frente a un «sentido de oportunidad», pues gobiernan «sin banderas políticas» y «sin corrupción». «Estamos determinados a invertir en política social, económica y ambiental de forma que vayamos cerrando la brecha de inversión pública que venimos arrastrando y que es vital para levantar a nuestra nación».
El sector privado puede ser un complemento valioso para las iniciativas públicas en favor del agua, añadió la ministra. «Puede financiar, aportar su expertise tecnológico de innovación a construir y operar infraestructuras de saneamiento donde el Estado no tiene la capacidad suficiente», aseguró Orantes, mientras el público asentía.
«Su participación debe estar bien regulada y orientada a asegurar los objetivos sociales de equidad y acceso universal (al agua)», agregó la funcionaria.
Por su parte, Iván Duque inició su intervención nombrándose «aliado de esta república» y reconociendo a Guatemala como uno de los 110 países más vulnerables ante el cambio climático. «La pregunta es: ¿Qué hacemos? ¿Somos espectadores de la acción climática o también tomamos acción desde la acción climática y la volvemos una parte estratégica de nuestro crecimiento, de nuestro desarrollo y también de nuestras oportunidades?», cuestionó.
«El Estado necesita al sector privado para ser exitoso en la acción climática y el sector privado para ser exitoso necesita que el entorno regulatorio no lo asfixie, no lo aniquile», indicó.
¿Una industria «verde»?
Rodrigo Arenas, presidente editor de República, moderó la conversación Guatemala 2050: industrial, verde y humana. En ella participaron «pesos pesados», según los describió Arenas: José Raúl González Merlo, CEO de Progreso, la empresa cementara más grande de Guatemala; Alfredo Vila, presidente de la Corporación San Diego y la Asociación de Azucareros de Guatemala (Asazgua) y José René González-Campo, director senior de asuntos corporativos y sostenibilidad de s CMI. Estas empresas son socios oficiales del evento.
La conversación inició con una pregunta de Arenas dirigida a González Merlo:
— José Raúl, ¿es posible tener una industria verde y humana? Te pregunto porque hay varias organizaciones y algunos medios de comunicación que tienen como objetivo cerrar o impedir industrias con la excusa de que son antónimos o contrapartes.
«El enemigo del medio ambiente no es la industria, es la pobreza», respondió González Merlo, para desarrollar después cómo en Francia la revolución industrial permitió aumentar la densidad de los bosques, pues la leña dejó de ser la principal fuente de energía.
«En Guatemala el 55%* de la fuente de energía es leña y simplemente no le vamos a poder pedir a esa mujer que deje de cortar el bosque porque hacerlo implica que no va a poder cocinar los alimentos de sus hijos. Lo que tenemos que hacer es proveerle de un ingreso digno para que pueda encontrar otra fuente alternativa de energía y eso implica y pasa necesariamente por un proceso de industrialización del país», explicó.
Por otro lado, González-Campo, argumentó que «la gente tiene que estar bien para poder comprar las cosas que hacemos». El representante de CMI dijo que «este tema del agua es súper relevante. Ninguna industria de las que estamos aquí podemos ver un futuro para nuestra industria, nuestra empresa y nuestros colaboradores sin agua. Y si quisieran una visión egoísta de que “solo nos importa eso”, sí, nos importa, pero también nos importa porque la gente tiene que estar bien para poder comprar las cosas que hacemos», indicó.
Después de que Vila conversó sobre la estrategia de sostenibilidad de la Asociación de Azucareros de Latinoamérica, Arenas agregó: «Regresamos a que el ser sostenible es un buen negocio y en ningún momento se busca lo contrario. Esto es algo bien importante. Hablábamos anoche con el (ex)presidente (Iván) Duque, y me decía que para él, el empresariado guatemalteco es excelente en muchas cosas».
— La vicepresidenta los retó a hacer un compromiso, un acuerdo —dijo Arenas entre risas— ¿Ustedes están dispuestos, están de acuerdo a hacer un compromiso para empezar a limpiar el agua de Guatemala?
«El reto no fue solo para mí, fue para todos los que estamos acá presentes y los que no lo estamos. Del lado de mi empresa, nosotros hemos asumido ese reto desde hace 125 años y estamos dispuestos a continuar. La pregunta es si estamos en buena compañía con todos ustedes para tomar esa conciencia y generar ese sentimiento en el resto de familiares y en el resto de nuestras comunidades», advirtió González Merlo.
En 2021, la iniciativa Climate TRACE lanzó una base de datos mundial sobre las emisiones de gases de efecto invernadero. Esta visibilizó la contribución de algunas empresas guatemaltecas. Entre ellas, Cementos Progreso.
Según constató el medio de comunicación NoFicción, la planta de Sanarante de dicha compañía fue el principal emisor de gases de efecto invernadero en Guatemala y Centroamérica. Las plantas de La Pedrera y San Juan Sacatepéquez también se encontraban entre los principales emisores a nivel nacional.
La gran ausencia
Conforme la jornada avanza, algunos asistentes se retiran, pero el salón nunca se queda vacío. Se reúnen afuera, disfrutan de la comida del evento y visitan los stands informativos de empresas como el Banco Industrial, CMI y la Universidad Galileo.
El evento continúa con paneles sobre diagnóstico, institucionalidad y potencial. En ellos participan funcionarios como Karin Slowing, directora del Instituto de Fomento Municipal (Infom) y Sebastián Siero, presidente de la Asociación Nacional de Municipalidades (Anam) y Harris Whitbeck, director del Instituto Guatemalteco de Turismo (Inguat). Después de sus intervenciones, se retiran.
La presencia de organizaciones de sociedad civil es reducida. En uno de los paneles sobre lagos participaron Manuel Ralda, director ejecutivo de AM-Amati y Eduardo Aguirre, miembro de la junta directiva de Amigos del Lago. En 2020, Amigos del Lago pretendía construir un megacolector que, según organizaciones sociales de San Pedro La Laguna, «buscaba mercantilizar los servicios de agua y saneamiento».
En sus intervenciones, tanto Karin Herrera como Patricia Orantes resaltaron la importancia de reconocer la perspectiva local en el manejo del agua. «No debemos olvidarnos de escuchar y respetar la sabiduría ancestral de los pueblos indígenas», indicó la vicepresidenta.
«Pensar que podemos satisfacer las necesidades de las comunidades rurales como lo hacemos con las de acá (en la ciudad capital) es un error», señaló también Mario López Pérez, consultor independiente, durante su intervención.
Sin embargo, en el evento no participaron autoridades indígenas ni comunitarias. Un día después, organizaciones y colectivos sociales e indígenas realizaron una conferencia de prensa. Manifestaron preocupación por la exclusión de los pueblos indígenas en el proceso y del enfoque de los diálogos sobre el agua.
«El agua es un bien sagrado, vital, no solo para la subsistencia humana, sino también para la diversidad de vida y equilibrio de la madre tierra y la perpetuación de las futuras generaciones», recordó Thelma Pérez de la Asociación Comunitaria para el Desarrollo/Servicios Jurídicos (SERJUS).
Úrsula Roldán, Directora del Instituto de Investigación en Ciencias Socio Humanistas de la Universidad Rafael Landívar, considera que la realización de este evento y el anuncio del gobierno sobre la formulación de una nueva iniciativa de ley de agua fue una «mala coincidencia».
«Fue muy lamentable que salieran al mismo tiempo porque la gente los está confundiendo y está pensando que la convocatoria del gobierno es con empresarios y, lo que entiendo, es que (la formulación de la ley de aguas) es un proceso de gobierno donde van a participar varios sectores y actores», indica Roldán.
A criterio de la investigadora, el proceso debe incluir a los pueblos indígenas y al sector campesino, con quienes el gobierno ha afirmado poseer un acuerdo de diálogo. «Tiene que ser un proceso con suficiente información y suficientemente discutido porque las dinámicas del agua son diferenciadas», agrega.
El tema ahora «requiere de una explicación directa del gobierno. «Sobre todo, con pueblos indígenas porque son los más demandantes de violaciones de derechos al agua», finaliza Roldán.
*Nota de edición: El 15 de octubre de 2024 a las 19:35 se corrigió un dato impreciso en la declaración de José Raúl González Merlo. En la versión anterior se había consignado erróneamente que el CEO de Progreso había dicho que en Guatemala el 5% de la fuente de energía es leña, en lugar del 55%.
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