Aterrizar una entrevista con Patricia Orantes, ministra de Ambiente y Recursos Naturales no es tarea fácil. Tres meses de solicitudes y un cambio de fechas después, la ministra llega a …
Aterrizar una entrevista con Patricia Orantes, ministra de Ambiente y Recursos Naturales no es tarea fácil. Tres meses de solicitudes y un cambio de fechas después, la ministra llega a la cita, en uno de los salones de reuniones del ministerio. Advierte: tiene una hora escasa para responder preguntas.
En un par de días presentará la creación del Gabinete Específico del Agua y eso la tiene en un «ir y venir». Este gabinete será una dependencia del Ejecutivo, que presidirá la vicepresidenta Karin Herrera, y donde participarán varios ministerios.
Estará encargado de implementar políticas, planes, proyectos, presupuestos y demás acciones alrededor de la conservación y gestión de aguas. Por ejemplo, la ley de aguas. Uno de los caballos de batalla de Orantes.
Según la ministra, los esfuerzos de la cartera a su cargo están orientados a la creación y aprobación de esta iniciativa, que ya tuvo varios intentos en legislaturas pasadas y que nunca llegó a convertirse en ley. Orantes asegura que el proceso participativo que coordinará el gabinete será la clave para que esta vez sí triunfe.
No es la única norma en el ojo de la funcionara. La ministra es crítica con el reglamento de evaluación, control y seguimiento ambiental, que regula, entre otros aspectos, las sanciones por infracciones. «El ministerio tiene que tener sus propios dientes», argumenta Orantes, para reclamar que hoy por hoy las normas son laxas con las empresas que contaminan el ambiente.
En la entrevista también estuvo presente Jaime Luis Carrera, el ingeniero agrónomo e investigador que dirige desde inicios de año el viceministerio del agua. Aunque Ocote solicitó que ambas conversaciones se llevaran a cabo en espacios separados, para poder profundizar más en algunos aspectos, la ministra decidió que se realizarían juntas. «Son un equipo», argumentó la oficina de comunicación social del ministerio.
Así, mientras Orantes establecía las prioridades, acciones y estrategias del ministerio, Carrera explicaba la situación del agua en el país.
Los funcionarios conversaron con Ocote sobre los dos temas que mantienen a su ministerio «ocupado»: el manejo de los desechos sólidos y la gestión del agua. También sobre las principales amenazas ambientales en el país y cómo la institución planea enfrentarlas.
¿Cómo encontró el Ministerio cuando tomó posesión?
Patricia Orantes: Encontramos el Ministerio bastante, bastante, bastante abandonado. Pero con un grupo interesante de personas muy comprometidas con el ambiente. No habían tenido por muchos años dirección, motivación, apoyo. Hoy hay un núcleo bonito, duro, que es el que está, en medio de las precariedades, levantando el Ministerio y dándole enfoque a las prioridades de estos cuatro años.
Una curiosidad es que estamos ubicados a la par del zoológico. Hay un paso directo entre el ministerio y el zoológico y cuando uno empieza a caminar por ese pasadizo, uno se da cuenta: «Uy, estamos en medio de los leones».
¿Cuando asumió como ministra, encontró malas prácticas que se estaban llevando a cabo?
Patricia Orantes: El ministerio tiene un mandato muy grande: el equilibrio ecológico y prevenir todos los tipos de contaminación. ¿Pero qué ha pasado? Se le ha puesto demasiada y exclusiva atención al tema de las evaluaciones de impacto ambiental por las que hay que pasar para obtener una licencia ambiental.
Todo el resto de temas: el agua, los bosques, los suelos y todos los tipos de contaminación del aire, visual, auditiva… no tienen herramientas. No existen programas para tratarlo, no existe presupuesto, no existe gente.
En estos cuatro años queremos empezar a levantar todas esas partes importantes que requiere el ministerio.
Y sí, muchas anomalías, estamos haciendo auditorías. Hay una anomalía que creo que es muy generalizada, de cómo la tormenta de corrupción e impunidad ha dejado a todos los ministerios.
Hay mucha más gente contratada como consultor que como empleado público. Tenemos un 55% de las personas que trabajan aquí contactadas como consultores. No son empleados públicos, porque ya el Servicio Civil está muy desmoronado. Y lo que pasa es que esas personas pueden saber mucho y tener buenas capacidades, buenas intenciones, pero no pueden firmar, no pueden representar al Ministerio.
En el otro 45%, había una cuarta parte vacía por falta de presupuesto. O sea, estaban las plazas ahí, pero no había presupuesto que las apuntalara, entonces no podían llenarse. Es un indicador muy fuerte de subadministración y de desinterés.
También hay un problema sistémico de salario bajo. Estamos tratando de traer a gente muy comprometida, muy buena, con experiencia, con mucha formación pero con un desafío porque las plazas están hechas para salarios muy bajos.
¿Los gobiernos anteriores le han puesto la atención suficiente a las amenazas que enfrenta el agua en Guatemala?
Jaime Luis Carrera: El viceministerio del agua es relativamente nuevo. Fue creado en el 2021. Es una ventaja tener una dependencia que pueda velar por la protección y conservación del agua.
Los desafíos son grandes en el agua, especialmente por la atomización de competencias y de funciones. En el caso de este viceministerio nuestra competencia se limita a la protección y conservación del recurso, pero no logramos tener la posibilidad de generar acciones a toda la gestión del ciclo hidrológico.
Yo creo que es un avance tener una dependencia que pueda velar de manera concreta y específica por la protección del recurso, pero sí tenemos que dar pasos adicionales para darle coherencia a las acciones sectoriales, del sector público, del sector privado y la sociedad civil, para garantizar que la gestión del ciclo completo del agua sea adecuada.
¿Qué acciones concretas ha realizado o realizarán para mitigar los efectos de la crisis climática?
Patricia Orantes: Estamos haciendo creo que bastante. Estamos bastante atorados y comprometidos con el tema del agua, primero. Hay un una prioridad muy fuerte de atender y darle seguimiento a las denuncias por el agua. Estamos recibiendo casi una denuncia diaria relacionada con el agua aquí el ministerio, entonces estamos equipando los laboratorios y haciendo todas las compras y contrataciones para que el Ministerio tenga la capacidad de atender muchas de esas denuncias.
Está el laboratorio de aguas del Ministerio, y creo que ningún otro en el país tiene capacidad de identificar contaminación por agroquímicos en los ríos. Imagínense, qué debilidad tenemos. Entonces todas esas capacidades las estamos levantando.
También vamos, como gobierno, a conformar un gabinete del agua. Esto nos va a permitir, como Ejecutivo, coordinar políticas que tienen que ver con el servicio de agua potable por parte de los gobiernos municipales. También coordinarnos con los otros grandes usuarios del agua: el Ministerio de Energía, con la hidroelectricidad; el Ministerio de Agricultura, en tema de riego…
Pero todo eso tiene sus limitaciones mientras no haya una ley de aguas. Sigue faltando una autoridad de aguas que asigne derechos, que levante toda la información sobre el agua que tenemos y la que demandamos.
Estamos lanzando el proceso nacional para construir juntos, finalmente, una ley de aguas porque es lo que el pueblo nos está pidiendo, es lo que la naturaleza está clamando.
Así es que: agua y desechos sólidos son los grandes temas que en este ministerio nos mantienen ocupados.
Ya hablamos sobre la ley de aguas y la construcción participativa, ¿pero podría explicarnos el paso a paso de la construcción?
Patricia Orantes: No, te quedo mal, porque estamos todavía afinando el proceso.
¿Cómo buscarán la aprobación de la ley de aguas? Ya se ha presentado en varias ocasiones en el Congreso y en ninguna ha avanzado.
Patricia Orantes: Este es un proceso de construcción social muy fuerte. La última etapa es llevarla al Congreso. Invitamos a todos los usuarios del agua, a todos los sectores. El Congreso tiene una invitación muy grande y particularmente la Junta Directiva, la Comisión de Ambiente, los jefes del bloque, la Academia, las organizaciones sociales…
La idea es compartirles un proceso para empezar a discutir cuáles deberían de ser las prioridades, qué características debería tener la autoridad del agua, qué debería hacer y qué no. Hablar sobre temas que son importantes. Uno de ellos, el que sobresale, tiene que ver con los modelos indígenas locales de manejo del agua.
Estamos convencidos de que la ley tiene que reconocer valorar, respetar y construir sobre esos modelos, no barrerlos. Que sean sus pilares de trabajo.
¿Cómo una ley de aguas mejoraría el abastecimiento, la protección y el acceso al agua en Guatemala?
Jaime Luis Carrera: La ley tiene algunos temas que obligadamente tienen que tratar. Uno es que identifica las normas claras. Entendernos, los distintos actores, en lo que no podemos hacer y en lo que sí se nos permite hacer.
Un segundo elemento es que está anclado en la generación de información, de datos. Tenemos que saber quién usa el agua, cuánto usa, cómo la usa, para que la usa, si saca algún provecho o no del recurso… Todo eso es importantísimo en términos de inventarios de usuarios.
Eso requiere que sepamos priorizar los usos del agua y que generemos condiciones para que se pueda asegurar el acceso a las distintas actividades económicas y productivas que también son usuarias del agua.
Un tercer elemento es la gobernanza. Ya lo decía la ministra, la institucionalidad debe ser una institucionalidad robusta. Guatemala es un país que vive del agua. Su producción económica en un 70% del Producto Interno Bruto depende de tener acceso a este recurso. Las exportaciones también dependen del agua.
Y en ese sentido, la ley, al generar la institucionalidad adecuada, al proveer de datos, al generar condiciones que nos preparan para el cambio climático y para gestionar el ciclo hidrológico, va a ayudar a garantizar el acceso, a generar certeza jurídica.
Mencionaba que reciben mínimo una denuncia diaria por agua. ¿Qué se denuncia?
Jaime Luis Carrera: Muchas de las que entran tienen que ver con la contaminación. Especialmente por descargas, que van directamente a los ríos. Hay también denuncias por desabastecimiento. Este es un buen ejemplo para evidenciar cómo las competencias de los ministerios se entrelazan. El tema del acceso y la calidad del agua potable es un tema que le compete al Ministerio de Salud. Tenemos una buena relación con Salud. Visitamos juntos los lugares en donde estamos encontrando alguna inconformidad o algún tipo de denuncia.
Obviamente también hay denuncias que tienen que ver con escasez de agua. Este año los primeros meses, el fenómeno del Niño implicó que muchos de los ríos del país tuvieran caudales muy por debajo de sus registros históricos.
Hubo una serie de manifestaciones sociales alrededor de estos problemas, que se fueron a visitar, que se fueron a investigar y hay distintas causas. Pero este año en particular el tema climático fue un tema muy, muy importante y que no hace más que indicarnos la necesidad y la urgencia de actuar y de no poder esperar más, porque esperamos que estos patrones climáticos se vayan intensificando en términos de frecuencia y en términos de impacto.
¿Cómo el Ministerio se está preparando para estos efectos que podemos esperar de la crisis climática?
Patricia Orantes: Es bien importante aclarar que el Ministerio de Ambiente no tiene una competencia para reducir riesgos y para atender emergencias climáticas.
(Según el mismo ministerio, la Dirección de cambio climático “es el órgano responsable de diseñar los planes, programas, y proyectos en materia de mitigación y adaptación al cambio climático, en observancia a los regulatorios nacionales e internacionales”)
Esos temas son competencia de CONRED. Pero estamos haciendo dos cosas. Uno, tratar de construir la gobernanza alrededor del agua. Porque el cambio climático el principal impacto que tiene es reducir el agua disponible.
Lo estamos haciendo tratando de rescatar la calidad del agua superficial, de ríos y lagos que están contaminados, porque el país está transitando muy rápido de la abundancia a la escasez. Y uno de los factores es la contaminación. Ahí hay toda una línea de trabajo con los gobiernos municipales, que eso va a tardar su rato, porque es un proceso de inversión pública de mediano y largo plazo.
Dos, el mismo gabinete del agua.
Tres, estamos terminando de armar una estrategia nacional de recuperación de nuestros bosques. Si bien está el INAB con una ley forestal y un mandato muy claro, ellos tienen un enfoque mayoritario para levantar la industria forestal. Nuestro enfoque es toda la parte ecosistémica. Tenemos que recuperar los bosques. Eso nos hace más resilientes al cambio climático.
Todo el tema de los desechos sólidos también nos hace más resilientes al cambio climático si lo manejamos bien. Y la priorización para apoyar el rescate y fortalecimiento del sistema de áreas protegidas.
Especialistas en crisis climática mencionan el impacto que tienen algunas industrias, como los monocultivos, especialmente el de palma africana. ¿Planean regular estos monocultivos?
Patricia Orantes: No nos compete. Sería una competencia del Ministerio de Agricultura. Entonces creo que sería importante hacerlo por ahí. Aquí hemos recibido muchas visitas del sector palmero. Estuvo la junta directiva de la gremial, estuvo uno de los grupos mayoritarios de producción de palma, hoy (27 de agosto) vinieron nuevamente en el marco de una visita de toda la junta directiva de la Cámara del Agro…
Lo que a nosotros nos compete es asegurar que el impacto ambiental sea el mejor o el mínimo posible. Sí debo decir que ahorita estamos empezando a cambiar todo el sistema de evaluaciones de impacto ambiental, no solo la palma, todos en general.
Hemos pasado por un periodo muy largo donde los estándares ambientales en el ministerio han sido muy bajos. Estamos en un proceso de elevar los estándares ambientales para todos los sectores en función de los riesgos potenciales que puedan significar al ambiente. Esa es nuestra misión.
El Ministerio Público ha archivado miles de denuncias por delitos ambientales. Un mínimo de casos llega a sentencias. ¿Cómo leen ustedes estas cifras?
Patricia Orantes: Yo creo que hablan por sí solas. Todo un cúmulo de legislación ambiental que el Ministerio Público está desestimando. Simplemente no le están poniendo atención. Y la verdad es que los niveles tan altos de impunidad ambiental que tenemos en el país, sí necesitan un Ministerio público autónomo, independiente, apegado a ley y que valore como está estipulado el derecho a un ambiente sano.
Queremos levantar las capacidades propias del ministerio para sancionar, para clausurar actividades, para suspender actividades y no depender al 100% de todo el sistema de justicia, que al país le va a tomar sus buenos años terminar de recuperarlo. El ministerio tiene que tener sus propios dientes y las reformas que estamos haciendo buscan esto.
¿Esto se puede hacer por medio del sistema de licencias ambientales, entonces?
Patricia Orantes: Sí, reformándolo. El sector privado está muy preocupado por una reforma más, aunque creo que hay suficiente comunicación y confianza. Pero más bien por lo que está preocupado es porque ha sufrido muchas reformas.
Las reformas cambian la regla de todo el mundo. Pero yo diría que hay dos grandes razones de reformas en el reglamento de Estudios de Impacto ambiental.
Una es para acelerar todo, para facilitar. Otra es para quitarle privilegios a determinados actores, no necesariamente sectores en general, pero actores de presión.
Y el tercero es para favorecer la impunidad ambiental. Así de claro.
Hoy tenemos un reglamento que no nos permite suspender ningún proyecto que esté directa y evidente y clara y objetivamente comprobado que está impactando fuertemente la naturaleza en incumplimiento a los compromisos asumidos en la licencia. No nos permite suspender cuando hay impactos muy fuertes de contaminación sobre la salud de la gente, lo cual es inaudito porque este ministerio es el Ministerio de Ambiente. Esa es nuestra razón de ser.
El reglamento lo que hoy permite es decirle «no» a alguien que pide una licencia porque le falta algo en el expediente, pero no podemos decirle a alguien «no» porque tu proyecto daña irremediablemente, irreparablemente el ambiente. Ese no es el tipo de desarrollo que busca el país.
¿Considera que las sanciones emitidas por los gobiernos anteriores a las agroindustrias señaladas por dañar el ambiente han sido suficientes?
Patricia Orantes: Ha habido muy pocas sanciones y ha habido un proceso de judicialización. Mucha de la gestión pública está judicializada. Nuestra unidad jurídica se pasa atendiendo expedientes.
La gente recibe una multa por 5 mil, 10 mil quetzales y lo llevan a un juez. No hay cultura de hacerse responsables por los daños y el incumplimiento a las normas. Todo el mundo se va al sistema de justicia.
Entonces yo diría que no. No solo con el tema de la agroindustria; en general. Hay un nivel de impunidad ambiental muy fuerte. Ahorita alguien va a un río y tira una camionada de pollos muertos, porque tenían una infección o le sale más caro disponer de ellos adecuadamente; y no pasa nada.
Estamos promoviendo una reforma al artículo ocho de la Ley de mejoramiento del medio ambiente, por diversas razones, y una de ellas es elevar las multas. Lass multas han ido quedando viejitas.
Hay muchas empresas grandotas que han incorporado en su modelo de negocios el pago de las multas: «Yo voy a seguir contaminando aquí y no me importa cada año que viene el ministerio y me cobra una multa. Lo voy a seguir pagando porque no me hace ni cosquillas».
En 2020 se denunció un ecocidio en el área de Manchón Guamuchal. ¿Qué investigaciones y qué acciones está realizando el Ministerio ante esto?
Patricia Orantes: Yo no tengo información.
Jaime Luis Carrera: Yo tampoco he visto… seguramente debe haber habido una auditoría, pero no hemos visto que se le haya dado seguimiento. No tenemos información, al menos.
En el tema de los impactos al agua uno de los desafíos grandes para poder determinar impactos es estar en el momento. Una contaminación que cae hoy, se diluye en dos o tres días. Lo que se necesitaría para monitorear todos los ríos y cuerpos de agua del país, es realmente impensable.
El agua, al ser un recurso móvil, que se mueve, que se oxigena, implica una serie de desafíos poder demostrar muchos de aquellos contaminantes que son más solubles.
Efectivamente hay otros procesos que son más fáciles de determinar. Especialmente cuando son procesos continuos: una descarga que continuamente está dando, por ejemplo.
¿Qué necesitarían para que eso fuera posible?
Patricia Orantes: Bueno, ya estamos. Estamos, relativamente. Tenemos 21 delegaciones departamentales. Por alguna extraña razón no hay delegación departamental en el departamento de Guatemala, que es donde ocurre el 90% de la actividad económica, que se asume que de aquí sale todo.
Pero, claramente, para departamentos como Petén, Huehuetenango, tener una delegación en el centro del departamento no es suficiente.
Este es un ministerio chiquito, tenemos un presupuesto de 250 millones de quetzales.
Los últimos gobiernos no le han dado la importancia. El Ministerio está subdesarrollado. Ahorita empezamos un proceso de fortalecimiento. Las delegaciones están en el piso. A veces las casas se les están cayendo encima, no tienen agua, no tienen computadoras, no tienen uniforme… Todo estaba centralizado. Si querían arreglar un carro, tenían que traerlo desde Petén… Y el personal muy abandonado.
También estamos equipando a los diferentes laboratorios del agua. Estamos montando un laboratorio de monitoreo de la calidad del aire de cara a un reglamento de calidad que estamos haciendo. Pero también los laboratorios de agua son caros.
Volviendo al tema de la contaminación. En Alta Verapaz, varias comunidades han denunciado que los desechos de las plantaciones de palma aceitera están contaminando y secando los ríos. ¿Ustedes han recibido denuncias por estos hechos, las están atendiendo?
Patricia Orantes: Sí, ese es un tema que está a cargo del viceministerio de ambiente, que es el que maneja todo el tema de los estudios de impacto ambiental y los permisos ambientales. Déjenme decirles que esto lo platicamos abiertamente con la gremial de palma y con el grupo de palma más grande del país, que nos visitó hace unas semanas y es que nosotros estamos recibiendo denuncias de políticos de Europa, de organizaciones sociales y derechos humanos de Europa. De organizaciones sociales y comunidades de aquí y de diputados del Congreso. La Comisión de Ambiente del Congreso han pedido al Ministerio de Ambiente que realice inspecciones ambientales a la palma de Alta Verapaz y el sur de Petén.
Tenemos un calendario de visitas que empezó en agosto y va a terminar en octubre para visitar todas las empresas de palma en esos dos departamentos. Poder revisar si están cumpliendo con sus compromisos ambientales que asumieron con el ministerio en su momento y entender bien por dónde está la cosa. En su momento estaremos entregando su informe al Congreso.
En caso de que no estuvieran cumpliendo, ¿qué se haría? ¿Cuál es el siguiente paso?
Patricia Orantes: Hoy por hoy, el reglamento es muy débil en términos de sanciones. En general queremos elevar los estándares ambientales para todos los proyectos de alto y mediano impacto. Porque lo que ha pasado en este ministerio es que le exigen a los proyectos estándares muy bajos. Parte de nuestro compromiso en estos cuatro años es llevar los estándares a donde tienen que estar.
La idea es desincentivar el incumplimiento. Ahorita no hay mucho incentivo para que la mayoría cumpla. Creo que el Ministerio Público es el primero que da el ejemplo. Hay tanto delito ambiental y simplemente se lava las manos. Aquí en el ministerio, vamos a ponernos las pilas para evitar la impunidad ambiental.
¿Cuándo esperan tener esta reforma?
Patricia Orantes: Es prioridad número uno. Si todo va bien, debería de estar listo en el primer trimestre del año entrante (2025). Es un proceso meticuloso. Es un proceso técnico y que tiene que ser abierto a todos los usuarios. No lo vamos a hacer de espalda a nadie, no lo vamos a negociar con los usuarios, porque nosotros somos el rector. Pero sí queremos aprender de lo que no funciona, de cómo mejorar todo y tenemos que tocar base con expertos. No nos vamos a apresurar, porque tiene que ser un reglamento realmente bien parado.
En 2011 se emitió un acuerdo gubernativo que estableció normas y parámetros para tratar las aguas residuales que van a dar al lago Atitlán. Sin embargo, muchos municipios todavía no están tratando estas aguas. El Ministerio es quien tenía que hacer cumplir este acuerdo. ¿Qué está haciendo al respecto?
Jaime Luis Carrera: Lo que se ha hecho es poder acompañar algunos procesos de formulación de algunas de las plantas de tratamiento. Ahorita estamos acompañando a la AMSCLAE y al FODES para habilitar una nueva planta en Panajachel. Es una planta interesante, subterránea. Quizás una muestra de cómo hay que ajustar la tecnología a las realidades de cada uno de los territorios. El relieve de los municipios que descargan en el lago de Atitlán es muy particular y necesita de soluciones contextualizadas.
Este acompañamiento se ha dado también en la visita a los alcaldes. Hemos estado desde inicios del año hablando con los alcaldes, buscando los espacios de diálogo, recordándoles, específicamente, aquellos compromisos que tienen de acuerdo al reglamento.
Tenemos grandes complicaciones en poder sancionar porque son instrumentos que nacen sin esos dientes. A los sumo son algunos apercibimientos. Lo que estamos tratando de hacer es no dejar sólos a los alcaldes, sino buscar las formas de poder identificar aquellas fuentes de financiamiento, como el FODES, en el caso de Panajachel, que nos permitan asegurar que no sea un pretexto el tema del dinero.
El mantenimiento de la operación de las plantas y los sistemas de tratamiento es un tema que muchas veces supera la planificación municipal. Es un tema técnica y financieramente fuerte, especialmente para algunas municipalidades pequeñas. Este es otro de los trabajos que estamos haciendo como ministerio, liderando una alianza de distintas entidades gubernamentales que permitan apoyar en el financiamiento y en la asistencia técnica.
Más allá de las plantas de tratamiento, ¿qué más está haciendo el Ministerio para combatir la contaminación ambiental en el lago?
Jaime Luis Carrera: Es importante hablar de las competencias. Si bien acompañamos algunos procesos, sobre todo para asegurarnos de que las plantas cumplan con los parámetros que la normativa identifica, no somos no somos competentes en las plantas de tratamiento. Lo hemos dicho: este es un tema de las municipalidades.
También es un tema en términos de dictámenes del Ministerio de Salud, con quienes generalmente trabajamos también muy de la mano. Lo que hacemos es acompañar para poder asegurarnos de que la eficiencia de las plantas en la descarga es la adecuada.
Patricia Orantes: Creo que es bien importante comprender el momento en el que está Guatemala. El Código Municipal de 1980 y pico le dio a las municipalidades la competencia para recolectar y manejar la basura y para tratar las aguas negras. Hoy estamos en 2024 y hemos pasado por una historia institucional, por un régimen de corrupción e impunidad, por un relevo municipal… Lo cierto es que los gobiernos municipales no pueden atender esos temas. No están pudiendo. Y esas son las dos principales causas de la contaminación de todos los cuerpos de agua.
Lo que nos queda a nosotros como ministerio podría ser castigar: «No ha cumplido; sanciones». Eso no sirve de nada porque el tema es demasiado generalizado. Demasiado.
Probablemente el 95% de los munis, son las que no están cumpliendo. Entonces, estamos en un proceso de replantearnos, pensando si le quitamos… (se corrige)no le quitamos, nosotros no somos nadie para quitarle, pero pensando otras opciones institucionales. En diversos países lo que sí está pasando es que se está reconcentrado la competencia de tratamiento de aguas. Un sistema de tratamiento de aguas es carísimo.
Como ministerio estamos empujando dos préstamos por 500 millones de quetzales que queremos llevar al Congreso el año entrante, para apoyar a los alcaldes a sanear, basura y tratamiento de aguas. Eso no le va a ser ni cosquillas a la cantidad de esfuerzo que hay que hacer.
No hay ahorita herramientas institucionales para acabar con la contaminación. Pero lo importante es que estamos empezando a levantar el tema y el proceso con mucho, mucho compromiso.
Ustedes mencionan como su otra prioridad el tema de los desechos. ¿Qué acciones está realizando el ministerio?
Patricia Orantes: La competencia de desarrollar el tren de aseo, de colecta de la basura y de disposición y tratamiento adecuado es de los gobiernos municipales. Nosotros lo vemos desde el punto de vista de la contaminación, obviamente, y estamos trabajando en tres carriles paralelos: estamos viendo mucho interés de empresas por tener acceso a esas montañas de basura para, a través de ciertas tecnologías, básicamente con calor, traducirlo en energía eléctrica. Otras empresas lo que quieren es el acceso a la basura orgánica para producir enormes cantidades de biofertilizante y las dos son enormes oportunidades.
Lo que estamos haciendo es desarrollar la base legal que las munis podrían utilizar para entrar a hacer esos encadenamientos público-privados. Ese es uno.
También el modelo financiero, porque hay muchas empresas que dicen: «Bueno, yo les voy a quitar el problema a las municipalidades, que me regalen su basura. Pero las municipalidades tienen que pagar el tren de aseo… Entonces necesitamos un modelo financiero equilibrado, que le deje beneficios también a la muni y a la empresa.
El otro es que estamos trabajando con municipalidades más chiquitas, que están tirando su basura al río. Aquí queremos adoptar un paquete de 10 medidas altamente costo-efectivas. Baratas para la muni, pero de gran impacto ambiental. Que empiezan por circular su botadero de basura y tomar algunas medidas de manejo mínimas. No van a convertirse en relleno sanitarios, no va a ser economía circular, pero el municipio va a poder decir algo importante que es: «Este municipio ya no tira su basura al río».
Y un tercero es todo lo que tiene que ver con educar, concientizar e ir cambiando la cultura. Este no es un problema sólo de los gobiernos municipales, sino es un tema de toda Guatemala. Cada uno como ciudadanos tenemos que hacernos responsables de nuestra propia basura. Es un tema de comunicación, educación y es un tema de empezar a separar la basura.
No lo queremos hacer en todo el país porque no todo el país está preparado. La mitad de la gente en este país todavía quema su basura, es impresionante. Y menos de la mitad tiene tren de aseo. Pero tal vez en las grandes ciudades queremos promover que la gente empiece a separar la basura desde su hogar.
Porque al entregar aunque sean dos, tres bolsas al recolector, eso ya arma un mercado de recolección y reciclar. Y lo que va llegando al basurero puede ser sólo una quinta parte de todo lo que ahorita está llegando.
Sabemos la importancia de la cobertura forestal para las infiltraciones de agua, pero también sabemos que las ciudades están creciendo sin control y que eso también está impidiendo la regeneración de los mantos subterráneos. ¿Qué puede hacer el MARN ante esto?
Jaime Luis Carrera: Hoy sabemos que sólo el 30% de las áreas estratégicas para la recarga hídrica tiene cobertura forestal. Eso quiere decir que necesitamos restaurar esas áreas. Necesitamos hacer acciones en el área metropolitana que nos permitan hacer recarga de los mantos acuíferos. Porque se estima que entre el 60% – 70% del agua del área metropolitana viene de pozos.
Podemos pensar en recuperar algunos depósitos de agua superficial, como el lago de Amatitlán, que podría ser un elemento importante en el futuro para asegurar acceso y seguridad. No necesariamente el problema es técnico, sino más bien tiene que ver con las decisiones políticas, la gobernanza, el financiamiento.
Mucho de esto requiere de obras, de infraestructuras relativamente caras, tener la posibilidad de almacenar agua, colectar agua y poder movilizarla a las áreas en las que se necesita.
Hay zonas en las que ante la escasez de agua la solución ha sido abrir un pozo. ¿Se plantea regular esto de alguna manera?
Jaime Luis Carrera: Sí, de hecho una ley de aguas debería regular el acceso y el aprovechamiento de agua. Tanto superficial como subterránea. Además, cada municipio tiene algunas competencias para regular la construcción de pozos. Es algo que se puede hacer.
O las obligaciones que se le pueden requerir a las inmobiliarias o a los procesos de construcción de distintos tipos de infraestructura. Pero, efectivamente, es algo que se debe regular.
Se sabe que en Guatemala, al menos en el área metropolitana, se está generando una sobreexplotación relativamente intensa y rápida de los servicios. Se estima que cada año el manto freático gana una profundidad de entre tres y cuatro metros. Entonces, tenemos que ponerle atención y encontrar las estrategias más viables para el país.
¿En este momento el ministerio tiene alguna estrategia que impida la privatización del recurso del agua?
Jaime Luis Carrera: Ese es un tema, también, que tiene que irse de nuevo a la regulación de la ley. Porque la Constitución habla de un bien y de un recurso público, pero en la práctica la tierra es privada y el agua que circula, ya sea subterránea o superficialmente, se usa como un bien privado.
Es un tema que de alguna manera obedece también a algunas normas más antiguas, pero que debe ser regulado en un orden nuevo a través de esta ley de aguas.
¿Qué otros temas cree que debe considerar la ley de aguas?
Jaime Luis Carrera: Un tema importantísimo es la posibilidad de poder tener programas de regulación hidrológica. Con eso me refiero a poder construir infraestructura que nos permita almacenar, retener el agua y luego distribuirla. Eso nos va a servir tanto para el cambio climático, como para la gestión de riesgos, como para la posibilidad de asegurar agua para todos. ¿Y por qué es tan importante? Guatemala es un país donde llueve mucho. Es un país, en términos teóricos, de abundante agua, pero solo tenemos capacidad de almacenar el 1.5% de lo que cae sobre el país.
Eso quiere decir que en pocas horas, el agua que cayó en Guatemala está en el mar, en el Pacífico, en el Caribe o ya viajó a los países vecinos. Entonces tenemos muy poca capacidad para poder generar este tipo de infraestructura que nos permita aprovechar el potencial de agua que tenemos. Asegurar que lo que recolectamos en la época en que llueve lo podemos utilizar en aquellos territorios y en aquellos momentos donde no tenemos precipitación.
Fotografías: Christian Gutiérrez
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