La mañana del martes 13 de agosto el Fondo de Tierras (FonTierras) dio a conocer que fue juramentado el dirigente campesino Daniel Pascual, como uno de los directores titulares de …
La mañana del martes 13 de agosto el Fondo de Tierras (FonTierras) dio a conocer que fue juramentado el dirigente campesino Daniel Pascual, como uno de los directores titulares de su Consejo Directivo.
Tras la publicación, diversas personas, entre ellas el expresidente de la Cámara de Industria y del CACIF, Juan Carlos Tefel, aseguraron que había sido un nombramiento del Gobierno del presidente Bernardo Arévalo.
«El líder de las invasiones de director de Fontierras. Esto dice mucho de las intenciones de este gobierno», aseguró Tefel en su cuenta de X.
Ricardo Méndez Ruiz, director de la Fundación contra el Terrorismo, también escribió: «Hoy Arévalo pone a este usurpador de propiedades al frente del Fondo de Tierras».
Este texto fue republicado también por Olav Dirkmaat, catedrático de Economía en la Universidad Francisco Marroquín.
Sin embargo, todas esas afirmaciones son falsas. Por ley, el Presidente de la República no puede nombrar directores para el FonTierras.
Pascual fue nombrado por las 22 organizaciones campesinas que cuentan con personalidad jurídica en Guatemala.
Se intentó conocer a través de mensajes directos en sus redes por qué Tefel o Méndez Ruiz aseguraron que el gobierno de Arévalo tuvo injerencia en el nombramiento de Pascual.
Al cierre de esta verificación no se había tenido respuesta de Tefel. Méndez Ruiz, por su parte, tiene bloqueados los mensajes en sus redes.
Lo que dice la ley
El FonTierras fue creado mediante el Decreto 24-99 (Ley del Fondo de Tierras) resultado de los Acuerdos de Paz, firmados en 1996. Dicha ley establece el procedimiento para conformar su órgano superior, el Consejo Directivo.
El artículo 10 de la Ley establece que el Consejo Directivo se integra con siete directores titulares y sus suplentes, en representación de siete entidades públicas y privadas.
Estas son el Ministerio de Agricultura, Ministerio de Finanzas Públicas y el Consejo Nacional de Desarrollo Agropecuario y la Cámara del Agro, adscrita al CACIF.
También las organizaciones indígenas con personalidad jurídica, las organizaciones campesinas con personalidad jurídica y el movimiento cooperativo federado y no federado.
Como las organizaciones campesinas y las indígenas no tienen reuniones periódicas, la ley establece que para elegir a los representantes de ambas, deben ser convocadas a reunirse por la Comisión Paritaria sobre Derechos relativos a la Tierra de los Pueblos indígenas.
Esta comisión está conformada por representantes del gobierno y de sectores indígenas, pero su mandato es solo para convocar.
Con la llegada del actual gobierno, esa comisión fue reactivada, pues en los anteriores no se había hecho.
La misma ley establece que el presidente del Consejo Directivo es el ministro de Agricultura (como director titular) o su suplente. Es esta persona la que debe juramentar al resto de miembros del consejo directivo.
Polémico para los empresarios
Quelvin Jiménez, abogado y dirigente Xinca, asegura que no le sorprenden las reacciones de desinformación de diversos sectores. «Esto era de esperarse con Daniel, que es una persona que verdaderamente representa a las organizaciones campesinas».
Según Jiménez, está documentado que en años anteriores los gobiernos han creado supuestas organizaciones indígenas o campesinas, que no las representan, para mantener el control sobre las entidades.
«Ahora que si se permitió que las organizaciones eligieran, la representación de alguien que viene de liderar organizaciones campesinas desde hace décadas generó inconformidad entre el sector empresarial», afirma el abogado.
