En Guatemala existe una resistencia arraigada a cambiar el modelo impuesto por «poderes fácticos de carácter político, económico y militar», según unas conclusiones preliminares de los relatores que participaron en …
En Guatemala existe una resistencia arraigada a cambiar el modelo impuesto por «poderes fácticos de carácter político, económico y militar», según unas conclusiones preliminares de los relatores que participaron en la visita in loco de la CIDH a Guatemala.
Las conclusiones, que serán parte del informe que la CIDH presentará en los próximos meses sobre la situación en Guatemala, indican que es el Ministerio Público (MP) el ente dedicado a la criminalización de personas de diversos sectores del país.
Aunque el MP negó tales afirmaciones en la entrevista que también sostuvieron con los relatores, estos mostraron su alarma por «la enorme cantidad de personas que han sido o se encuentran investigadas».
La Comisión también indicó que «existe un ánimo de represalia por las investigaciones de hechos de corrupción y graves violaciones a los derechos humanos» y que ello ocurre con la «intervención activa de ciertos actores privados».
El propósito de la visita, según la CIDH fue observar los impactos del proceso de debilitamiento de la institucionalidad democrática y la independencia judicial en el país.
También relatan que la última visita realizada al país fue en 2017.
La delegación fue liderada por la presidenta, Comisionada Roberta Clarke; junto al primer vicepresidente, Carlos Bernal; el segundo vicepresidente, José Luis Caballero; el Comisionado Arif Bulkan, y las Comisionadas Andrea Pochak, Relatora para Guatemala y Gloria De Mees; la Secretaria Ejecutiva, Tania Reneaum; la Secretaria Ejecutiva Adjunta, María Claudia Pulido; la Jefa de Gabinete, Patricia Colchero y especialistas de la Secretaría Ejecutiva.
Asimismo, integraron la delegación los Relatores Especiales para la libertad de Expresión, Pedro Vaca y sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Javier Palummo.
Observaciones finales de la visita in loco de la CIDH a Guatemala
Intervención de la relatora de país, comisionada Andrea Pochak
En esta oportunidad, dado el contexto actual de Guatemala, la Comisión ha decidido enfocar la presentación de sus consideraciones y hallazgos preliminares respecto de la institucionalidad democrática y la independencia judicial, en dos puntos:
- Impacto de la impunidad y la corrupción en la institucionalidad democrática: antecedentes y situación actual
En diferentes informes, desde la época del conflicto armado interno, la CIDH ha señalado que la lucha contra la impunidad y la corrupción debe ser una prioridad para la gobernabilidad democrática.
Asimismo, ha instado al Estado guatemalteco a comprometerse con el desmantelamiento de las redes criminales, y de las estructuras y poderes paralelos para asegurar la plena vigencia de los derechos humanos.
La Comisión ha documentado en sus tareas de monitoreo en los últimos 20 años, que la corrupción en Guatemala es estructural y endémica, se manifiesta en todos los niveles y en todos los territorios.
En su informe anual de 2023, la CIDH documentó que el proceso electoral mediante el cual se eligió democráticamente al Presidente Bernardo Arévalo, se vio empañado por acciones que plantearon graves amenazas al orden constitucional y al Estado de derecho.
En ese momento, la Comisión expresó su preocupación por una serie de acciones e interferencias indebidas y arbitrarias por parte del Ministerio Público, avaladas por el Poder Judicial que amenazaron con anular la voluntad de la mayoría de la población.
Las movilizaciones sociales convocadas por las autoridades ancestrales y comunidades indígenas en defensa de la institucionalidad democrática y el escrutinio internacional aseguraron una transición pacífica.
Tras el cambio de gobierno en enero de 2024, el Presidente refrendó su compromiso con los derechos humanos y con el sistema interamericano, en la lucha contra la impunidad y la corrupción, así como su visión para aumentar la rendición de cuentas y la eficacia del sector público, promover reformas para abordar las brechas significativas en el desarrollo humano, la lucha contra la pobreza y la inclusión social.
Al mismo tiempo, muchas de las personas con las que nos reunimos, advirtieron la existencia de una resistencia arraigada al cambio de visión y modelo impuesto por parte de poderes fácticos de carácter político, económico y militar que busca mantener la impunidad estructural tanto respecto de crímenes cometidos en el marco del conflicto armado como en casos de corrupción.
En este contexto, la lucha de las víctimas de las graves violaciones a los derechos humanos y de sus familiares no puede avanzar.
Estos retrocesos en la lucha contra la impunidad generan un sentimiento de frustración y revictimización de quienes padecieron graves violaciones de derechos humanos durante el conflicto armado.
Autoridades de distintos niveles y la sociedad civil se refirieron al ambiente de polarización política y los consecuentes riesgos a la gobernabilidad respecto del cual el Poder Legislativo juega un papel predominante.
La CIDH invita a avanzar en una agenda legislativa democrática basada en los principios de igualdad y no discriminación.
El fortalecimiento de la institucionalidad democrática y de los derechos humanos es tarea de toda la población guatemalteca y recae en todas sus instituciones.
El desarrollo de una cultura de tolerancia, de respeto a la ley y de rechazo a la impunidad requiere un esfuerzo de toda la población, para lo cual es necesario construir consensos.
- Instrumentalización del sistema de justicia
En Guatemala, el sistema penal se ha utilizado contra personas defensoras de derechos humanos, así como contra aquellas personas que participaron o participan en protestas y movilizaciones sociales pacíficas en la defensa de la democracia y el Estado de derecho, o han hecho parte de la lucha contra la corrupción y la impunidad.
En particular, se advierte un uso abusivo del sistema penal contra personas operadoras de justicia, personas defensoras de derechos humanos, legisladores, periodistas, estudiantes, profesores, integrantes de partidos políticos, funcionarios públicos y hasta contra el propio Presidente y Vicepresidenta de la República.
También contra integrantes de organizaciones indígenas, campesinas y sindicales. Esta práctica ha sido ampliamente documentada y denunciada por los diferentes sectores con quien la Comisión se entrevistó.
En reunión sostenida con el Ministerio Público, éste indicó que se trata de una institución autónoma e independiente, que aplica de manera objetiva la Constitución y las leyes guatemaltecas.
El Ministerio Público negó la existencia de una práctica de criminalización, con el argumento de que tiene el mandato legal de investigar todas las denuncias que recibe sin distinción de la persona denunciada, su cargo o profesión.
Sin embargo, alarma a la CIDH la enorme cantidad de personas que han sido o se encuentran investigadas por parte del Ministerio Público, en una práctica que se intensificó a partir de la salida de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) en el 2019.
En la gran mayoría de reuniones sostenidas durante la visita, recibimos testimonios de personas investigadas por el Ministerio Público o que tiene temor de serlo, solo por el ejercicio legítimo de sus funciones.
Algunas personas manifestaron haber pasado mucho tiempo en prisión preventiva por acusaciones penales derivadas de la defensa de los derechos humanos o del ejercicio de la libertad de expresión, asociación y reunión.
La Comisión Interamericana está profundamente preocupada por la cantidad de personas operadoras de justicia y sus representantes jurídicos que enfrentan denuncias penales.
Muchas de estas personas formaron parte de la CICIG y de la Fiscalía Especial contra la Corrupción e Impunidad (FECI).
Asimismo, en esta misma situación se encuentran personas exjuzgadoras y exfiscales de casos relacionados con el conflicto armado interno y/o de corrupción a gran escala, inclusive a cargo de juzgados de alto riesgo; así como magistrados del Tribunal Supremo Electoral.
Pasaron de investigar y juzgar casos a ser investigados e imputados por supuestos delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones.
Algunos de estos delitos son: abuso de autoridad, incumplimiento de deberes, conspiración, tráfico de influencias, asociación ilícita, obstrucción de la justicia, simulación de delito, revelación de información confidencial, usurpación de funciones, actividades en contra la seguridad de la nación, detenciones ilegales y resoluciones violatorias a la Constitución.
La criminalización, hostigamiento y denuncias disciplinarias se han extendido a abogados y abogadas que actuaron como querellantes en estas causas y/o en la defensa de las personas actualmente criminalizadas.
Según las organizaciones con las que la CIDH se reunió, existe un ánimo de represalia por las investigaciones y judicializaciones de los hechos de corrupción y graves violaciones a los derechos humanos realizados en el pasado reciente por la FECI con el apoyo de la CICIG.
Ello con la intervención activa de ciertos actores privados como, por ejemplo, la Fundación contra el Terrorismo, según fue referido.
A partir de la información recibida, la CIDH identifica 5 patrones específicos:
- La interposición de un alto número de denuncias contra la misma persona, en muchos casos por los mismos hechos, con la intención de dificultar su defensa. La Comisión conoció casos de personas operadoras de justicia que enfrentan entre 30 y 100 causas por ejercer su función.
- La presentación y tramitación de denuncias anónimas y/o infundadas, con el propósito de mantener un clima de presión, hostigamiento e intimidación.
- El uso de tipos penales abiertos, ambiguos o claramente inadmisibles para los hechos denunciados, por ejemplo, personas que no son funcionarias públicas son investigadas por delitos propios de funcionarios; juezas y jueces son sometidas a proceso exclusivamente por el contenido de sus sentencias; abogados y abogadas defensores son imputados por el delito de obstrucción de la justicia solo por ejercer su trabajo; se acusa por usurpación o por usurpación agravada y usurpación de áreas protegidas a integrantes de comunidades indígenas que habitan esos territorios ancestralmente, entre otros ejemplos.
- El uso abusivo de la prisión preventiva, inclusive mediante la imputación de delitos graves que no gozan de medidas alternativas; o la aplicación de cauciones millonarias imposibles de afrontar.
- Las afectaciones al debido proceso y al derecho de defensa a través del uso de prácticas dilatorias de los procesos penales o de la denegación del acceso a los expedientes; también se omite información sobre las causas en las que una persona está siendo investigada de manera oportuna y se impide la producción de prueba de descargo. Además, se tuvo noticia sobre el uso de la figura de «aceptación de cargos» ante la inminencia de la pérdida de la libertad.
Estas prácticas injustificadas y punitivas causan daños extensos y duraderos a las personas, sus familias y comunidades.
Muchas personas no han tenido otra opción más que el exilio o la clandestinidad, y quienes se quedan en el país enfrentan la amenaza de prisión o han sido detenidos.
Los casos de José Rubén Zamora y Stuardo Campo, a quienes la Comisión visitó el día de ayer, son un ejemplo de ello.
Respecto de los pueblos indígenas y comunidades campesinas, la Comisión escuchó un amplio número de testimonios a lo largo de todo el territorio de personas líderes indígenas criminalizadas por su rol de defensa de la tierra y el medio ambiente, quienes son acusadas con diferentes tipos penales que van desde daño a bien ajeno y obstrucción de vía pública hasta usurpación y usurpación agravada que facultan desalojos, incluso sin aviso previo, cuando el tema central es la titularidad de la tierra.
En Alta Verapaz la Comisión recibió información de miembros de comunidades enteras con órdenes de captura en su contra, algunos de los cuales fueron detenidos al salir de mesas de diálogo con el gobierno.
En Sololá, Quetzaltenango y El Estor, personas indígenas y autoridades ancestrales informaron a la CIDH que han sido acusadas penalmente por delitos como asociación ilícita, instigación a delinquir o delitos graves que no gozan de medidas sustitutivas. Dicha situación también fue evidenciada en Petén hacia comunidades campesinas y pueblos indígenas.
La criminalización de líderes indígenas bajo delitos como usurpación, así como los desalojos y desplazamiento forzado interno de comunidades tienen el efecto de negar sus derechos a la tierra, el territorio y los recursos naturales.
Se recibió información acerca de la falta de mecanismos para el reconocimiento y titulación de las tierras ancestrales que facilita el avance de proyectos de empresas hidroeléctricas, mineras y petroleras y de los monocultivos (como la palma africana) para la explotación de sus recursos y su consecuente contaminación.
Respecto a los desalojos, la CIDH recibió información consistente sobre el uso excesivo de la fuerza por parte de agentes policiales, así como la participación de agentes de seguridad privada, que además queman viviendas, cultivos, artículos personales y matan o roban los animales.
A raíz de esto, muchas comunidades se han visto forzadas a desplazarse y se ven privadas del acceso a sus derechos sociales, sometidas a situaciones de extrema pobreza, sin acceso a la justicia y con impacto diferenciado y desproporcional en niñas, niños y adolescentes, mujeres, personas mayores y personas con discapacidad.
En este contexto, organizaciones de la sociedad civil expresaron su preocupación por la actuación de la Fiscalía contra el Delito de Usurpación en concurso con autoridades judiciales para el beneficio de intereses privados, mediante la criminalización, el desalojo y el despojo de la tierra de comunidades indígenas provocando su desplazamiento interno en condiciones incompatibles con los estándares internacionales.
En la medida en que no se supere la criminalización de quienes ejercen sus derechos humanos y se continúe instrumentando la justicia con fines espurios, Guatemala no va a poder avanzar en la atención de sus problemas estructurales.
La criminalización generalizada evidencia la falta de independencia judicial. En este contexto es necesario avanzar en consensos para garantizar la vigencia del Estado de derecho.
La Comisión hace un llamado para que el principio de independencia judicial prime sobre intereses particulares en servicio del pueblo guatemalteco.
En este sentido, existe consenso en que, para reconstruir la confianza ciudadana en la independencia del Poder Judicial, el proceso de selección de magistrados y magistradas de las Altas Cortes debe ser consistente con los principios de igualdad, objetividad, transparencia y rendición de cuentas.
Recomendaciones
La CIDH tiene la facultad de formular recomendaciones a los Estados, según lo dispuesto en el artículo 41 de la CADH.
En el caso de Guatemala, el Pacto de San José hace parte del bloque de constitucionalidad reconocido en el artículo 46 de su Constitución nacional, por tanto, todos los poderes del Estado deben cumplir con las obligaciones contraídas voluntariamente en los instrumentos internacionales de derechos humanos de los que es parte.
En ese entendido, y en consideración a los temas planteados en la tarde de hoy, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos presenta algunas recomendaciones iniciales de carácter general que serán ampliadas y complementadas en sus observaciones preliminares y en el posterior informe de país.
- Adoptar e implementar políticas públicas para abordar la pobreza generalizada y erradicar los factores estructurales de discriminación que afectan a las personas como niñas, niños y adolescentes, mujeres, afrodescendientes, pueblos indígenas, personas con discapacidad, LGBTI, personas en movilidad, personas mayores, incorporando un enfoque culturalmente adecuado e interseccional.
- Implementar los mecanismos necesarios para prevenir, investigar y sancionar cualquier forma de corrupción que afecte el Estado de derecho.
- Instar al Ministerio Público a cesar la criminalización contra personas operadoras de justicia, personas defensoras de derechos humanos, legisladores, periodistas, estudiantes, profesores, integrantes de partidos políticos, funcionarios públicos; así como contra integrantes de organizaciones indígenas, campesinas y sindicales.
- Limitar el uso de la prisión preventiva conforme a los estándares internacionales en la materia, es decir, excepcionalidad, legalidad, proporcionalidad y razonabilidad.
- Liberar a toda persona que se encuentre en prisión preventiva, criminalizada por el ejercicio o defensa de derechos humanos, y cesar todo tipo de persecución y represalia en su contra.
- Tomando en cuenta las alegaciones de falta de objetividad ampliamente difundidas, realizar un examen independiente del funcionamiento del Ministerio Público y su impacto en los derechos humanos.
- Generar las condiciones para la atención y el retorno de las personas exiliadas, que incluya un plan de reparación integral.
- Poner en funcionamiento las Comisiones de Postulación para integrar la nómina de aspirantes para la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y Corte de Apelaciones para que puedan iniciar el proceso de selección y así contar con el tiempo suficiente para realizar eficazmente la labor encomendada en el plazo legalmente establecido.
- Garantizar que los procesos de selección y nombramiento de operadores de justicia se realicen con transparencia conforme a los estándares interamericanos, bajo criterios con base en el mérito y a las capacidades profesionales, y libre de injerencias indebidas de cualquier tipo.
- Restablecer la institucionalidad creada en el marco de los Acuerdos de Paz de 1996.
Por último, la Comisión espera que los diferentes poderes del Estado, junto con la sociedad guatemalteca puedan alcanzar una visión común de país que priorice la lucha contra la impunidad y la corrupción en defensa del Estado democrático de derecho, y la plena vigencia de los derechos humanos en el país.
Para cerrar, quisiera explicar los pasos siguientes a la visita de país. En primer lugar, la Comisión elaborará un documento con sus observaciones preliminares que será publicado próximamente y antes de un año, publicará su informe de país con hallazgos, conclusiones y recomendaciones.
Para ver el documento completo sobre las conclusiones de la visita in loco a Guatemala, puedes pulsar aquí.
