Protesta en Malacatán
MP no vincula a alcalde electo, pero vehículo y guardaespaldas lo relacionan con ataque a protesta
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Once personas enfrentan un proceso penal por el ataque a los manifestantes que bloquearon el paso en Malacatán, San Marcos, el 16 de octubre de 2023. Un hombre fue asesinado y dos resultaron heridos. Durante la audiencia de primera declaración, el juez indicó que un vehículo incautado pertenece a un alcalde electo y que tres sindicados son, presuntamente, miembros de su seguridad privada. También dijo que en su intento por escapar los procesados se refugiaron en un destacamento militar extremo que ordenó al MP investigar.


Por: Angélica Medinilla y María José Longo Bautista


El 16 de octubre de 2023, alrededor de 50 hombres con palos y armas dispararon contra manifestantes que habían cerrado el paso en el kilómetro 272 de la carretera CA2 Occidente, en el cruce conocido como Orizaba, en el municipio de Malacatán, San Marcos por la convocatoria al Paro Nacional.

Gonzalo Velásquez Gómez, comerciante del lugar, murió tras recibir un disparo en la cabeza. Familiares indicaron a Prensa Libre que Velásquez Gómez vendía productos a las personas que protestaban, cuando le dispararon. Osman Antulio Ramos Echeverría y Leyber Adalino Morales López resultaron heridos.

Ese día, la PNC detuvo a once señalados de participar en el atentado. En la investigación del Ministerio Público está registrado que los acusados salieron del vecino municipio de Ayutla.

La fiscalía municipal de Malacatán investiga los hechos. Al menos 13 fiscales y auxiliares fiscales se presentaron a la audiencia de primera declaración el pasado 8 de noviembre, en la sede del Organismo Judicial de la cabecera de San Marcos. 

«Quiero manifestarles a todos los presentes aquí, a los sindicados, que nosotros como fiscales del Ministerio Público estamos actuando de manera objetiva e imparcial. No nos vean como si nosotros tuviéramos la culpa de las acciones que se desplegaron el 16 de octubre de 2023», dijo un fiscal antes de solicitar que los 11 sindicados fueran ligados a proceso penal.

Más de 200 disparos en 15 minutos

El Ministerio Público (MP) estableció que cuatro de los detenidos portaban armas de fuego y dispararon contra manifestantes durante cerca de 15 minutos. En total, fueron más de 200 disparos, según la fiscalía. 

Los hombres que habrían participado en el tiroteo son: César Gudiel Ramírez Castillo, de 33 años; Elber Jovany Escobar, de 58; Edi Gabriel González López, de 34 y Oscar David Tuiguila Chay, de 41. 

El MP señala a los otros siete hombres de organizarse, junto con los cuatro armados, para amenazar con palos y piedras a las personas que protestaban en la carretera.

Estos son: Gober Misael Soto Alvarado, de 37 años; Jayro Edilberto Pérez Sánchez, de 25; Raudel Roelí Miranda Acabal, de 23; Eddy Marcotulio Lima Carlos, de 25; Marlon Alberto Hernández Ochoa, de 29; José Ricardo Alfonso Loza Mérida, de 28; y José Alan Pérez Leal, de 61.

La fiscalía logró individualizar a los sospechosos por fotogramas, videos de cámaras de seguridad y testimonios. En contra de los primeros cuatro, el fiscal leyó un extracto de la declaración de uno de los testigos: «Ellos cuatro empezaron a apuntar y disparar. Ellos pretendían quitar el lazo para que se liberara el paso».

Los once sindicados se abstuvieron de declarar y su defensa fue la que intervino en la audiencia de primera declaración. 

«La fotografía es clara, están allí, pero no están disparando, están caminando. Tienen un arma, posiblemente podríamos encuadrar ese actuar en una posesión ostentosa del arma de fuego», argumentó la abogada defensora María José López Mota. 

Los acusados ante el juez Juan José Barrientos durante la audiencia de primera declaración. Fotografía: María José Longo Bautista 

El juez Juan José Barrientos, del Juzgado de Primera Instancia Penal de Malacatán, ligó a proceso a los cuatro hombres señalados de participar en el tiroteo. Ramírez, Escobar, González y Tuiguila deberán enfrentar un proceso penal por los delitos de homicidio, homicidio en grado de tentativa e intimidación pública agravada y seguirán en prisión preventiva. 

Barrientos otorgó arresto domiciliario a los otros siete sindicados y resolvió ligarlos a proceso penal sólo por el delito de intimidación pública agravada.

El día del ataque, los once sospechosos intentaron huir y se escondieron en el destacamento militar en el caserío La Montaña, en Malacatán, a unos 5 kilómetros del incidente, pero la Policía los detuvo minutos después, a 34 kilómetros del lugar del ataque. Les incautó cuatro armas y dos vehículos.

El juez ordenó al Ministerio Público investigar por qué se refugiaron en el destacamento militar y que la fiscalía solicite al Ejército videos de las cámaras de seguridad del lugar. 

El vocero del Ejército, Rubén Téllez, aseguró a Ocote que los hombres no ingresaron al destacamento y que el Ejército colaborará con la investigación del MP.

Los vínculos con el alcalde electo de Ocós: el vehículo a su nombre

Durante la audiencia no se vinculó al alcalde electo con el ataque, a pesar de que uno de los dos vehículos incautados es de su propiedad –un picop marca Isuzu con placas particulares 644JPJ– y personal señalado de ser parte de su seguridad privada enfrenta proceso penal. 

Según los registros de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), el vehículo está registrado a nombre del alcalde electo de Ocós, Álvaro Guillermo López Rabanales. Fue el mismo auto que utilizó este año durante su campaña electoral.

El picop incautado por la PNC fue utilizado por Álvaro López Rabanales durante su campaña electoral. Fotografía: Facebook Álvaro López.

López Rabanales compitió en las elecciones por la alcaldía de Ocós –en la frontera con México– con el partido oficialista Vamos. Esta es la segunda vez que participó en un proceso electoral. En 2019 fue candidato a alcalde con la agrupación Fuerza, pero perdió contra Carlos Daniel Preciado Navarijo, extraditado a Estados Unidos por señalamientos de narcotráfico un año después de asumir el cargo. 

López es propietario de la gasolinera Villa del Mar y la distribuidora Santa Gabriela en Ocós. Entre 2009 y 2013 recibió Q1.9 millones del Estado por venta de combustible. La mayoría de las adjudicaciones fueron de las municipalidades de Ocós y Pajapita. 

Los vínculos con el alcalde electo de Ocós: el personal de seguridad

Previo a resolver la situación legal de los detenidos, el juez Juan José Barrientos dijo que uno de los vehículos incautados era conducido por un miembro de la seguridad de un alcalde electo. 

También comentó que es posible que tres de los sindicados sean seguridad del funcionario que asumirá el cargo edil en enero de 2024. 

El juez no indicó los nombres de los tres guardaespaldas y evitó nombrar a Álvaro Guillermo López Rabanales, alcalde electo por el partido oficialista Vamos.

Los fiscales de Malacatán indicaron que por la inmediatez del caso no darían detalles, pero afirmaron desconocer de dónde había obtenido esta información el juez, y aseguran que no es parte de la investigación que presentaron.

Los acusados escuchan los argumentos de sus abogados defensores en una sala de audiencias en la cabecera de San Marcos. Fotografía: María José Longo Bautista.

César Gudiel Ramírez Castillo, uno de los capturados, presuntamente es guardaespaldas del alcalde electo de Ocós. En publicaciones de Facebook de Ramírez Castillo y del mismo alcalde electo se le ve custodiando el lugar.

En un video en Facebook, de una concentración realizada el 2 de julio de 2023, puede verse a Ramírez al lado de López Rabanales, portando un arma y vigilando su entorno. También lo hacía en caravanas y en una de las gasolineras propiedad de López.

Este no es el primer proceso que enfrenta Ramírez. En 2022 fue detenido en los operativos para capturar a Rudy Leonel Grijalva García, alias «El Caballo», quien tenía orden de extradición a Estados Unidos por traficar cocaína. 

El MP señaló a Ramírez por el delito de lavado de dinero u otros activos. La fiscalía confirmó a Ocote que él aceptó los cargos en su contra. Recibió una condena de cuatro años de cárcel conmutables por una multa de Q 89,676.66, que pagó y logró recuperar su libertad ese mismo año.

En redes sociales, Ramírez comparte fotografías suyas portando armas y usando una gorra igual a las que usan los miembros de la Policía.

Ocote intentó hablar con Ramírez Castillo al finalizar la audiencia en la cual fue enviado a prisión, pero su abogada, Isela Barrios, no lo permitió. Dijo que, por seguridad, tampoco hablaría sobre la profesión de su cliente.

La estructura criminal a la que vinculan a «El Caballo» estaría liderada por Wilson Wilfredo Luargas García, alias «El Primazo». Luargas García fue condenado en Estados Unidos a cadena perpetua por traficar grandes cantidades de cocaína de carteles de drogas y grupos guerrilleros, entre ellos, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).  

Luego de la sentencia contra Luargas, el Departamento de Justicia de Estados Unidos señaló que el condenado se caracterizaba por emplear violencia contra sus rivales. Además, utilizaba los ingresos ilícitos de las ventas de drogas para adquirir armas y capacitar a sus guardias de seguridad paramilitares.

El alcalde electo Álvaro López tiene a Wilson Luargas en su red de contactos de Facebook. 

Un empleado de la esposa del alcalde electo

Otro de los capturados por el atentado contra manifestantes, Elber Jovany Escobar, está registrado como trabajador en la empresa Servicentro Villa del Mar hasta agosto de 2023. 

Según el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) su patrona era Gricelda Maritza Campollo Flores de López, esposa del alcalde electo de Ocós.

En 2019, Escobar acompañó a López en la campaña electoral con el partido Fuerza. En algunas fotografías publicadas en el Facebook de López, puede vérsele caminando a la par del entonces candidato. 

En septiembre de este año, también se le pudo ver junto a López, armado, en actividades por la celebración de la independencia. 

De los otros detenidos se sabe poco. El abogado de José Alan Pérez Leal dijo durante la audiencia que su defendido es mecánico y propietario de un taller en donde trabaja con Eddy Marcotulio Lima Carlos, en Ayutla.

Familiares de los demás sindicados que, junto con los dos anteriores, recibieron medidas sustitutivas dijeron que son albañiles. En el caso de Gober Misael Soto Alvarado, según el registro del portal Guatecompras trabajó en 2019 en la municipalidad de Ayutla, como policía de tránsito.

Ocote intentó comunicarse con Víctor Valenzuela, diputado electo y secretario general de Vamos, para consultarle sobre la vinculación de los detenidos con el alcalde electo del partido y obtener el contacto de López Rabanales. Pero al cierre de esta publicación, Valenzuela no había respondido a la solicitud de información requerida, pese a que se le llamó en repetidas ocasiones y se le mandó mensajes de texto a su celular. 

***

El Ministerio Público tiene tres meses para investigar y recabar pruebas contra los once sindicados. De momento, la fiscalía municipal de Malacatán no confirma si por este caso se pediría el antejuicio en contra del alcalde electo de Ocós, para poder investigarlo.

David de Léon, vocero del Tribunal Supremo Electoral (TSE), informó que mediante el acuerdo número 21-2023 de la Junta Electoral Departamental de San Marcos se adjudicó el cargo a López Rabanales. Por ahora, no existen impedimentos para que asuma como alcalde el 15 de enero del próximo año.  

El juez Juan José Barrientos programó la audiencia de etapa intermedia para el 22 de febrero del 2024. 

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