La noche del 8 de marzo de 2022, en la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, los diputados del Congreso aprobaron la Ley para la Protección de la Vida y la Familia.  El decreto estableció sanciones graves, incluida la cárcel, para las mujeres que aborten y prohibió de forma explícita el matrimonio entre personas del mismo sexo.

La aprobación de la iniciativa 5272 fue noticia internacional. Y un día después grupos de mujeres y personas diversas salieron a protestar a las calles. Después del rechazo nacional e internacional, el presidente Alejandro Giammattei anunció que la vetaría cuando llegara a su despacho. Solicitó a los diputados que fuera engavetada. Así ocurrió una semana después.  

Esta no es la única iniciativa de ley que atenta contra las mujeres y la población LGBTIQ+ que ha pasado por el Congreso. Un año antes, en julio de 2021, un grupo de diputados y diputadas presentaron otra propuesta de ley regresiva. La llamaron Ley para Garantizar la Protección Integral de la Niñez y Adolescencia contra Trastornos de la Identidad de Género.

Con la iniciativa 5940, estos congresistas buscan prohibir que en las aulas y en la televisión se transmitan conocimientos sobre las personas trans. También califican como «trastorno» la identidad de las personas cuya expresión de género es diferente al sexo que les fue asignado. Aunque hasta el momento no ha sido aprobada, todavía sigue en trámite.  La Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología, una de las tres que la deben conocer, ya la dictaminó favorablemente para que sea votada en el pleno de diputados. 

Iniciativas regresivas

Especialistas han señalado que estas dos iniciativas violentan convenios y pronunciamientos internacionales que buscan proteger la integridad de la niñez, mujeres y comunidad LGTBIQ+. La misma Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha indicado que la criminalización del aborto crea un contexto facilitador de abortos inseguros y de altas tasas de mortalidad materna. 

La corte de este organismo también estableció que ninguna norma puede restringir los derechos de una persona. Esto, a partir de su orientación sexual, su identidad de género o su expresión de género.

Para Juan Pablo Hernández, director ejecutivo de Visibles, ambas iniciativas buscan legalizar el odio contra las personas diversas. También pretenden calificar como anormal a la diversidad y limitar aún más la educación sexual. Lamenta que esta clase de iniciativas se promuevan. Y en cambio, otras que busquen castigar los crímenes de odio o que avalen la identidad de género no avancen. 

Ocote analizó quiénes de los diputados, que las presentaron y votaron por  estas dos iniciativas, buscan su reelección en la contienda electoral de 2023.

Los diputados que buscaron aumentar las penas por abortar ahora buscan su reelección

Según la información del Congreso de la República y del Tribunal Supremo Electoral, de los 101 diputados que votaron a favor de la 5272, 75 buscarán su reelección este año. Y otros cinco optarán a otros cargos.

Veinticinco  de los que optan a su reelección—el 33.3%— figuran como candidatos a diputados del partido oficial Vamos. Entre esos congresistas están Shirley Rivera y Allan Rodríguez, que han sido presidentes de ese organismo.  Rivera ocupa la primera casilla en el departamento de Guatemala y Rodríguez la misma posición en Sololá, algo que les da más posibilidades de reelegirse. 

En la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) hay 14 diputados que promovieron esas leyes y que hoy buscan ganar de nuevo una curul.  Uno de ellos es José Inés Castillo Martínez. Castillo fue señalado en el caso Asalto al Ministerio de Salud por supuestamente solicitar plazas en esa institución. Otro es César Augusto Fión Morales, que tiene a un hermano que es diputado en el Parlacen y que ha sido contratista del Estado. 

Otros ocho diputados son del partido Todos. Uno es Felipe Alejos, que enfrentó un antejuicio y a quien nunca le retiraron la inmunidad por un caso de corrupción en la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT). El funcionario fue señalado de ser intermediario para agilizar el crédito fiscal a favor de empresarios.

En las filas de Valor-Unionista, la alianza que busca llevar a la presidencia a Zury Ríos, hay cinco diputados que apoyaron la 5272. 

Los diputados que hablaron de «trastornos» quieren seguir en el Congreso

Dos de los diputados de Valor fueron creadores de la propuesta que atenta contra las personas trans. Se trata de Ana Lucrecia Marroquín Godoy De Palomo y Efraín Menéndez Anguiano.

Marroquín Godoy está en la segunda casilla y Menéndez Anguiano en la tercera del Listado Nacional del partido de Zury Ríos. 

Diecinueve congresistas elaboraron la iniciativa 5940. Entre ellos también está Josué Edmundo Lemus Cifuentes, diputado y exministro de Comunicaciones de Giammattei. Lemus también busca seguir en el Congreso con el partido Vamos. El funcionario figura en la primera casilla de ese partido en el departamento de Quiché. 

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Presidenciables y alcaldes 

Tres candidatos a la presidencia son diputados de la actual legislatura y también apoyaron esas leyes. Se trata de Manuel Eduardo Conde Orellana, de Vamos, y que a la vez es secretario general y diputado del PAN. También Rudio Lecsan Mérida Herrera, del Partido Humanista; y Armando Castillo Alvarado, de VIVA. 

Además, otros congresistas que apoyaron esas leyes buscan convertirse en alcaldes para los próximos cuatro años. Herbert Salvador Figueroa Pérez busca ser el jefe edil de Uspantán, en el departamento de Quiché con el partido CREO.

José Barahona Morales es el candidato a alcalde del partido Nosotros, en Flores, Petén. Luis Fernando Sanchinel busca llegar a la alcaldía de San Luis Jilotepeque, en Jalapa, con el Comité Cívico la Milpa. 

Entre los candidatos también aparecen las diputadas María Eugenia Castellanos Pinelo y Karla Martínez Hernández, que  buscan llegar al Parlamento Centroamericano con el partido Vamos. La última es hija de Sofía Hernández, que en 2021 fue vicepresidenta del Congreso.