Catarina Elvira Sánchez es presidenta de la Asociación de Grupos de Mujeres Tejedoras Ixiles Q’IMB’AL. Tiene 29 años y teje en telar de cintura desde hace 17. 

Cuando tenía 12 años comenzó a vender huipiles, rebozos, fajas, aretes y pulseras para pagar sus estudios. Hoy teje de seis a diez horas al día. Para hacer un huipil sencillo, trabaja durante un mes y lo vende a Q1500. Por uno más elaborado, que le lleve tres meses, le pagan Q3,500. Según dice, el precio real debería ser de Q5 mil a Q7 mil, depende del diseño, pero debe rebajarlo porque no siempre le pueden pagar eso. 

Sánchez cuenta que cuando los revendedores llegan a su comunidad, pagan aún menos por las piezas que luego venden a costos elevados fuera del país. Otro problema que enfrenta es el plagio de sus diseños. 

«Nos afecta mucho porque la gente ya no nos compra. Quiere un precio muy barato sin comprender el sacrificio que hacemos como tejedoras. Las empresas compran por docena los huipiles a un precio injusto o nos copian, industrializan el diseño y después lo hacen con una máquina, venden más barato, pero son nuestros diseños», lamenta. 

Este es un problema común en varios territorios de Guatemala. Para solucionarlo, en el Congreso se presentaron dos iniciativas de ley en los últimos años. Una en 2017 y la otra en 2022. 

La 5247 busca reformar la ley de derecho de autor y la de propiedad intelectual, para que las comunidades y pueblos indígenas sean reconocidos como autores de sus creaciones y registren la propiedad intelectual colectiva de acuerdo a sus formas de organización. 

La iniciativa más reciente, la 6136, propone la creación de una Ley para la protección de la propiedad intelectual colectiva, sobre los textiles e indumentaria de los pueblos y comunidades indígenas de Guatemala.

A pesar de que Quiché es uno de los territorios en el que el que este problema está latente, ninguno de los diputados de este departamento en ambas legislaturas fueron los ponentes de las iniciativas. Las leyes, hasta ahora, están empolvadas en el Congreso. 

Para mujeres organizadas de Quiché y analistas de política, lo que ocurrió con estas dos propuestas de ley no es un hecho aislado. 

Concuerdan en que los diputados que han sido electos por el departamento Quiché en las últimas cinco elecciones —de 2003 a 2019— no han respondido a las necesidades específicas de las mujeres de este departamento. 

Ocote revisó 20 iniciativas de ley a favor de las mujeres que se presentaron al Congreso entre 2006 y 2022. En la mayoría de propuestas, los diputados y diputadas de Quiché no participaron como ponentes. 

Solo las diputadas de este distrito participaron en la presentación de cuatro de estas iniciativas. Ninguno de los hombres se involucró. 

Además, Ocote revisó la conducta de los diputados en la votación para la aprobación de las cinco leyes más recientes a favor de las mujeres, entre 2016 y 2022. En la mayoría de casos, menos de la mitad de los congresistas de Quiché votó a favor. Los demás se ausentaron y en algunos casos votaron en contra. 

Legislaturas en contra de las mujeres

El 8 de marzo de 2022, el Congreso de Guatemala aprobó con 101 votos a favor la iniciativa de ley 5272, la Ley para la Protección de la Vida y la Familia. Esta ley transgredía derechos humanos: buscaba penalizar los abortos espontáneos y prohibía el matrimonio igualitario.

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 Fue apoyada por seis de los ocho diputados de Quiché. Los otros dos se ausentaron.

La iniciativa había sido propuesta en la legislatura anterior —en abril de 2017— por 18 diputados. Entre ellos estaba Marco Antonio Lemus Salguero, uno de los parlamentarios por Quiché que llegó al Congreso con el Partido Patriota y quien fue capturado el 16 de enero de 2020 por el caso Asalto al Ministerio de Salud. 

Después de protestas y pronunciamientos internacionales, el presidente Alejandro Giammattei decidió rechazar la ley y no entró en vigencia.

Roselia de León Calel es integrante del consejo político del Colectivo de Organizaciones Ixiles, que trabaja en tres municipios: Santa María Nebaj, San Gaspar Chajul y San Juan Cotzal. Consultada acerca de las actitudes de los diputados de Quiché en este tipo de iniciativas, asegura que «hemos tenido retrocesos en la atención a las demandas de las mujeres, iniciativas que van en contra y no ayudan para lograr una igualdad en la participación política, acceso a la justicia, salud, educación y otros derechos de las mujeres».

Las demandas ignoradas 

A pesar de que en 2022 en Quiché se denunciaron 3,263 actos de violencia sexual, física, psicológica y económica contra las mujeres, el departamento aún no cuenta con un lugar para albergar a las víctimas. 

En 2021, el Grupo Guatemalteco de Mujeres, la Red de la No Violencia Contra las Mujeres y la Alianza Política Sector de Mujeres, denunciaron que el Congreso había recortado un 75 por ciento del presupuesto para el funcionamiento de los Centros de Apoyo Integral para Mujeres Sobrevivientes de Violencia (CAIMUS). 

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Estos centros se dedican a dar refugio y asistencia a sobrevivientes de violencia. Los que reciben fondos públicos están en los departamentos de Guatemala, Escuintla, Suchitepéquez, Baja Verapaz y Quetzaltenango. Este año se aprobó además una partida para un CAIMUS de Quiché (aunque todavía no ha recibido fondos). 

Siete de los ocho diputados de Quiché de la actual legislatura votaron a favor del recorte presupuestario de 2022. 

Los diputados de Quiché de anteriores legislaturas tampoco se involucraron en las propuestas de leyes para sancionar la violencia obstétrica y el acoso callejero que fueron presentadas en 2018 y 2019.  

En enero de 2016, el Congreso aprobó  la Ley de Búsqueda Inmediata de Mujeres Desaparecidas, con 89 votos a favor y 12 en contra. La iniciativa había sido planteada por cinco diputados, ninguno del distrito de Quiché. 

Siete de los ocho  diputados del departamento se ausentaron en esta votación. Sólo Estuardo Ernesto Galdámez Juárez, diputado del Partido Patriota (PP) y luego por el Frente de Convergencia Nacional (FCN) votó a favor de la misma.

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Landy Estrada Urizar, integrante de la Asamblea Multisectorial Departamental de Quiché, que agrupa organizaciones y movimientos sociales del departamento, recuerda que, a causa de la dependencia económica, muchas mujeres no se desligan del agresor. Por esta razón considera importantes no solo las leyes punitivas, sino también las que apoyan a las mujeres en temas económicos y empleos dignos. 

En los últimos años se han presentado iniciativas de ley para la protección a madres solteras, para el desarrollo económico de las mujeres y para el trabajo decente para las trabajadoras del hogar. Ninguna fue propuesta por diputados de Quiché y tampoco avanzaron en el Legislativo.     

Las niñas y adolescentes también son un grupo vulnerable en Quiché. Sólo de enero a octubre de 2022, el Observatorio en Salud Sexual y Reproductiva (OSAR) registró 188 embarazos en niñas de 10 a 14 años. Quiché es el tercer departamento con el mayor número de casos de embarazos en niñas y adolescentes.  

Una de las estrategias para prevenir esta situación es la educación integral en sexualidad. Las iniciativas para garantizarla tampoco han sido propuestas de los congresistas de este departamento. Por ejemplo, la Ley Marco para la Protección Integral a la Niña víctima de violencia sexual y para el Día Nacional de la Prevención del Embarazo en Adolescentes. 

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Según Wendy Ramírez, facilitadora departamental de OSAR Juvenil en Quiché, el observatorio y otras organizaciones han coordinado foros y promovido cartas de compromiso para apoyar leyes de educación integral en sexualidad y fiscalizar que se cumpla la Carta Acuerdo Prevenir con Educación, pero los candidatos a diputado de la primera casilla de Quiché no llegan o envían al que se postula en la segunda casilla y que no siempre alcanza un lugar en el Congreso. 

Para Manuela Castro Coxaj, integrante de la comisión política de la Asamblea Departamental Multisectorial Quiché, si se habla de las demandas de las mujeres en ese departamento, también hay que mencionar la desigualdad en el acceso a la tierra y al agua. 

«El acceso a la tierra es una demanda y lucha histórica de las mujeres porque es un medio de vida. Muchas mujeres campesinas han sido afectadas por hidroeléctricas, empresas extractivas y caciques de tierras que tienen grandes fincas. En la falta de acceso al agua son las mujeres las que deben caminar horas para llenar un tinaco para sus familias», explica Castro.    

Las iniciativas para el acceso a estos dos recursos han tenido la misma suerte que las otras. De nueve propuestas para ley de aguas y dos de tierras, ninguna fue propuesta por diputados de Quiché.   

«Hay temas que este Congreso no toca por nada del mundo. Como derechos de la población LGBTIQ+, derechos de la niñez, que incluyen derechos sexuales y reproductivos. Lo justifican en el conservadurismo y la religión”, dice Alejandro Valverth, integrante de la Asociación para el Desarrollo Legislativo y la Democracia (Legis).

Esta organización está especializada en derecho parlamentario, brinda capacitaciones y consultorías, hace investigaciones jurídico-sociales sobre temas legislativos y tiene un observatorio legislativo.

Una de las pocas leyes a favor de las mujeres apoyada por los diputados de Quiché fue la Ley del Día Nacional de la Comadrona. Para su aprobación, en 2022, recibió el voto a favor de siete de los ocho diputados, una se ausentó: Greicy Domenica De León De León, la única diputada que representa al departamento en el Congreso.  

Se buscaron entrevistas con los actuales congresistas y con los diputados que fueron electos en anteriores legislaturas. Se contactó a 13 de los diputados y exdiputados por correo electrónico. De estos también se llamó a ocho; sólo los asistentes de cuatro de ellos (de Raúl Solórzano, José Quezada, Herbert Figueroa y Greicy De León) dijeron que les trasladarían la consulta.

Sin representación en el Congreso

«La mayoría de diputados son hombres y la agenda de mujeres ha sido desatendida, no hay un apoyo a las iniciativas de ley», dice Wendy Ramírez Ventura, del OSAR Juvenil

En los últimos 20 años, en este departamento sólo han sido electas cuatro diputadas, en comparación con 23 diputados. 

Al mirar la participación de las mujeres indígenas, el número es aún más bajo. En Guatemala el porcentaje de electas para el Congreso cayó de 2.53 por ciento en el 2007 a 1.89 por ciento en el 2011.

De las cuatro diputadas de Quiché, Ocote no logró conocer la autoidentificación de cada una. Hasta donde se pudo averiguar, únicamente dos utilizaban indumentaria maya: Rosa Elvira Zapeta Osorio, de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) y Catarina Pastor Pérez, del Partido Patriota, quien murió en un accidente aéreo antes de cumplir un año en el Congreso. Zapeta Osorio también participó en el IV encuentro de parlamentarios indígenas.

En la legislatura actual, por este departamento hay siete hombres y una sola mujer: Greicy Domenica De León De León, del partido Vamos. 

Las integrantes de la Asamblea Departamental Multisectorial de Quiché denuncian que De León no las ha escuchado, aunque le han solicitado un acercamiento. Aseguran que tampoco ha trabajado para atender sus necesidades. 

Se solicitó una entrevista con la actual congresista por medio de su asistente, quien dijo que confirmaría la fecha. Al cierre de edición de este reportaje aún no se había concretado.

Karin Slowing Umaña, analista independiente en temas de desarrollo, política social y gestión pública , investigadora social y extitular de la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia (Segeplan) explica que es importante que exista una representación de diputadas porque los hombres suelen tener menos empatía con las demandas de las mujeres. 

«Para ellos no son relevantes. No entienden, no hay una conexión de representación real. La representación que supuestamente tienen los políticos en el Congreso no refleja a sus representados ni representadas», dice.

Aun así, recuerda, la llegada de las mujeres al Congreso tampoco es una garantía absoluta: «Cuando vemos a mujeres involucradas en los partidos no buscan la equidad de género o ampliación de derechos. Los partidos tienden a involucrar a mujeres que reproducen patrones de exclusión e inequidad, patrones masculinizados. Tampoco son un incentivo de ejemplo. Entonces no hay modelos de participación política femenina», agrega.   

En el Congreso hay tres iniciativas que buscan una mayor representación política de mujeres. Una de ellas, que propone una reforma a la Ley Electoral y de Partidos Políticos, fue presentada, entre otros congresistas, por Zapeta Osorio, exdiputada de la UNE en Quiché.

Las otras dos —la Ley de Desarrollo Integral de la Mujer, planteada en 2020, y otra reforma a la Ley Electoral, presentada en 2021— no fueron iniciativa de diputados de Quiché. Las tres están engavetadas.

Para el próximo periodo, el panorama es desalentador. De 15 partidos políticos que han inscrito planilla para diputados de Quiché, solo uno tiene en la primera casilla a una mujer: Stefani Xiomara Requena Molineros, del partido PIN.  

Diputados señalados

Al menos dos congresistas de Quiché han sido señalados por ejercer violencias contra las mujeres. En 2016 la Policía capturó a Jimmy Ronald Ren Ixcamparij, diputado de Quiché del Partido Patriota, por violencia contra la mujer. 

Ren Ixcamparij, que estuvo en el Congreso para el periodo 2012 -2016, fue señalado de agredir físicamente a su esposa, al punto de que necesitó ser hospitalizada. La víctima desistió de la denuncia, pero, aun así, el exdiputado fue ligado a proceso.   

En 2018, Ferdy Ramón Elías Velásquez, también diputado del distrito por el partido Unidad Nacional de la Esperanza, fue denunciado por su esposa, quien lo acusó de amenazas de muerte y violencia intrafamiliar.

Además, a lo largo de las últimas cinco legislaturas, otros congresistas del departamento han sido vinculados en casos de corrupción.

Estuardo Galdámez (Partido Patriota primero y FCN después) y Marco Antonio Lemus Salguero (Partido Patriota) fueron acusados de pertenecer a una estructura criminal que junto al ministro de Salud se dedicó a cobros ilícitos por la construcción y remozamiento de hospitales y centros de salud; al cobro por adquisiciones de bienes y servicios; y la contratación de plazas como pago de favores políticos, entre 2012 y 2014. 

El Ministerio Público (MP) también acusó al diputado Ferdy Rámon Elías Velásquez, de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), de cobrar al ministro de Salud el 10 por ciento de un crédito de Q60 millones que había sido aprobado por el Congreso. 

En abril de 2018, el MP y la CICIG acusaron a Mario Israel Rivera Cabrera de recibir Q 12.4 millones de contratistas del Estado por obras realizadas principalmente en el departamento de Quiché. Rivera fue diputado de Quiché durante tres períodos, desde 2004 hasta 2016, con los partidos FRG y la coalición UNE-GANA.

El 26 de abril de 2021 fue detenido Carlos Enrique López Girón. Tenía dos órdenes de captura en su contra y estaba prófugo. La fiscalía lo señaló de recibir para su campaña seis cheques de Q50 mil cada uno, sin reportarlo al TSE. En noviembre de 2022 el caso  de financiamiento electoral ilícito UNE fue cerrado por la jueza Claudette Domínguez. 

Además, este exdiputado fue señalado por asignar 17 plazas fantasma en el Congreso. López Girón estuvo cuatro periodos en el Congreso como diputado de Quiché. En este caso también fue beneficiado por la jueza Dominguez,quien resolvió no enviarlo a juicio. Ahora, su hijo Carlos López Maldonado ocupa una curul y pretende reelegirse para una nueva legislatura con el partido CABAL.

Para las elecciones de 2023 López Girón pretende regresar a la contienda en la primera casilla del partido Valor. Hasta el 17 de abril el Tribunal Supremo Electoral no había publicado la resolución de la inscripción de los candidatos de este partido en Quiché.

Josué Edmundo Lemus Cifuentes fue electo diputado en dos ocasiones. La primera en 2015, pero no pudo asumir el cargo por ser contratista del Estado y tener pagos pendientes. Entre 2006 y 2014 recibió más de Q50 millones por los proyectos adjudicados a sus dos empresas. Según una investigación del medio No Ficción, Lemus Cifuentes es el nuevo cacique de Quiché (considerado así por el poder que concentra en el departamento).

Intentó ser diputado una segunda vez más en las elecciones de 2019 y lo consiguió. También fue ministro de Comunicaciones de Giammattei, cargo que dejó para llegar al Congreso. Estuvo al frente de la cartera por año y medio y luego pasó a ocupar el curul que había ganado en las elecciones. Durante su gestión como ministro, el MP y la Contraloría General de Cuentas iniciaron una investigación por la transferencia irregular de Q135 millones.    

Reprobados en derechos humanos 

La asociación Legis también se encarga de hacer análisis cuantitativos de la votación de los diputados del Congreso. 

En estos análisis, evalúa si las votaciones promueven los derechos humanos, la lucha contra la corrupción, el bien común, la democracia y el Estado de derecho o si por el contrario benefician a un sector específico o atentan contra de los derechos humanos. Así, evalúan las votaciones como «progresivas» o «regresivas».

Por el voto progresivo se otorga un punto al congresista y por el regresivo o ausentarse se le quita uno. La asociación convoca cada dos meses a personas de la academia, catedráticos de posgrados, que analizan las leyes aprobadas y cada artículo. 

De acuerdo con este análisis, la legislatura de 2016 a 2020 terminó con sólo un 21 por ciento de diputados y diputadas a favor de los derechos humanos. En 2022 el punteo bajó aún más, a un 12 por ciento. 

En el caso de Quiché, los diputados actuales están en rojo. Los tres peores calificados son Josué Edmundo Lemus Cifuentes, con -79; Herbert Salvador Figueroa Pérez, con -73 y Greicy Domenica De León De León con -71. Lemus y De León buscan reelegirse con el partido Vamos. 

«El departamento de Quiché con sus diputados es aliado incondicional del pacto de corruptos, es un departamento en donde la población está muy mal representada», asevera Valverth. 

El voto como solución

Slowing y Valverth coinciden en la importancia de que las mujeres y la población en general reflexionen su voto para las próximas elecciones, ya que los diputados distritales representan a la población de cada departamento en el Congreso.  

«La gente espera maravillas de diputados. El problema es a quiénes están eligiendo. Están eligiendo gente que ya saben que no les van a responder. Partidos que ya saben la participación que tienen en la corrupción, en el tráfico de influencias, en el enriquecimiento particular y les dan su voto. Entonces, ¿cómo pueden esperar algo diferente? La pregunta es por qué no cambian su patrón de voto», dice Slowing.  

Recomienda a las organizaciones de mujeres analizar cómo ha sido el voto en Quiché y hacer conciencia, promover un análisis y una reflexión. «Un plan hormiga de cambio de mentalidad», sugiere. 

La Asamblea Departamental Multisectorial de Quiché reconoce el clientelismo como un problema. Landy Estrada asegura que hay mujeres a las que los partidos dicen que las observarán cuando voten y deben cumplir a cambio de la lámina o la playera que recibieron, o por el ofrecimiento de trabajo que le prometieron. Un empleo que es muy posible que no llegue. 

«Cada cuatro años las mujeres somos utilizadas como escalera. Cuando llegan a donde quieren, hacen caso omiso. Nosotras debemos buscar y exigir más espacios para incidir, pero incidir como se debe, porque a veces sólo somos tomadas en cuenta para hacer bulto», afirma Estrada. 

Para Valverth, los cambios no llegarán por medio de la elección de Presidente; se debe empezar por los diputados. «La población apoya la frase “deberían cerrar el Congreso”, pero sin un Congreso no se puede hablar de una democracia. Mientras no tengamos un Congreso que sepa de derechos humanos, que no esté subordinado a un Ejecutivo, que elija Cortes y represente a la ciudadanía, y además haya una ciudadanía que sepa la importancia del Congreso, este país está muy condenado», concluye Valverth.

Esta investigación forma parte del proyecto «Cuadrante electoral» –en el que participan Ocote, ConCriterio, Factor4, Quórum y Ojoconmipisto, bajo la coordinación de Laboratorio de Medios– centrado en las elecciones legislativas de Guatemala, 2023.