En el noreste de la Amazonia brasileña ha estallado una guerra por el aceite de palma. La escalada de violencia provocada por las disputas por la tierra entre las empresas dedicadas a este monocultivo, por un lado, y las comunidades indígenas y tradicionales, por el otro, se ha intensificado en los últimos meses en esta región que contribuye con la mayor parte de la producción de aceite de palma del país y también con la mayoría de las multas impuestas por deforestación, contaminación y otros delitos ambientales cometidos por esa industria.

El 24 de septiembre, líderes comunitarios denunciaron el asesinato de una persona no indígena y dos indígenas Turiwara que fueron baleados en el municipio de Acará, en el estado de Pará. Las imágenes del momento del ataque han circulado por las redes sociales y en algunos videos es posible escuchar los disparos. Uno de los indígenas se encuentra hospitalizado y en estado grave luego de recibir un tiro en la cabeza y en el hombro derecho.

«Yo fui uno de los que recibió los disparos, estoy en la ambulancia ahora mismo… casi nos matan, [escapamos] por la gracia de Dios», dijo en un video justo después del ataque uno de los indígenas, al que la alianza periodística Tras las huellas de la palma no identifica por su seguridad. «Pedimos a todos que nos ayuden, por favor». Los heridos son de la comunidad Ramal Braço Grande, situada entre los municipios de Tomé-Açu y Acará, una zona reclamada por los pueblos Turiwara y Tembé como su tierra ancestral.

«Chica, ayúdenos. Sé que a cualquier hora, [en] cualquier momento, el próximo puedo ser yo por luchar por una comunidad, por luchar por [nuestro] pueblo», nos dijo un líder indígena ese mismo día en un mensaje de audio. Nos abstenemos de publicar su nombre debido a la difícil situación de seguridad en esa zona. 

A la mañana siguiente, el 25 de septiembre, ese mismo líder indígena envió un video en el que se veía la casa cultural de la aldea de Braço Grande arrasada por el fuego. «Aquí está la prueba: la casa cultural destruida. Pedimos ayuda», dijo en tono de angustia. «Esto sólo refleja lo que la empresa está planeando hacer con el pueblo Turiwara. Esto significa que está diciendo que si el pueblo Turiwara no deja de luchar por el medio ambiente, por los igarapés [arroyos], por las tierras, nos va a destruir uno por uno», agregó.

El líder le dijo a esta alianza que la comunidad había planeado reunirse en la casa cultural para coordinar sus acciones tras el último ataque. «Nos están bombardeando y, para completarlo, [ellos] entraron en nuestra comunidad ahora, dentro de nuestro pueblo, mientras nuestra gente estaba descansando después del día de miedo que tuvimos [ayer]… No aceptamos esto. Queremos justicia».

No son solo las comunidades indígenas las que señalan a las empresas de aceite de palma como responsables de la violencia. Las comunidades quilombolas, afrobrasileños descendientes de esclavos fugitivos, también han atribuido los ataques a los guardias de seguridad privados contratados por BBF, el mayor productor de aceite de palma de Brasil. La empresa niega las acusaciones.

En una declaración enviada por correo electrónico, BBF nos dijo que «lamenta los actos de violencia denunciados y aclara firmemente que no tiene ninguna relación con lo sucedido». La empresa aseguró que uno de los fusilados «es un delincuente persistente con varias rencillas con bandas locales y otras comunidades, y que recientemente fue detenido con munición de arma de fuego». También indicó que emprendería acciones legales contra un líder indígena «que ha intentado asociar calumniosamente el nombre de BBF con estos trágicos sucesos ocurridos esta mañana, apuntando a actos de terrorismo y vandalismo contra la empresa y sus empleados».

Más allá de las acusaciones de violencia, una base de datos elaborada por la alianza periodística Tras las huellas de la palma también ha constatado que BBF es la empresa de aceite de palma con mayor número de multas por infracciones ambientales en Brasil, y estas corresponden a las sumas más altas impuestas por los organismos de control medioambiental.

La empresa de palma más sancionada en Brasil

La base de datos muestra que los productores de aceite de palma en Brasil recibieron un total de 44 multas por parte de las autoridades federales y estatales en los últimos 12 años. Del total de sanciones registradas entre mayo de 2011 y noviembre de 2021, solo 20 revelaron los montos, que suman 1.37 millones de reales (unos 254 mil dólares). Sólo tres de estas multas se registraron como pagadas y varias de ellas no llevan ninguna información sobre los delitos ambientales cometidos.

Durante este periodo, la mayoría de las multas registradas se impusieron por contaminación (16 casos) y deforestación (11 casos). Casi todas las sanciones, 41 de 44, se produjeron en el estado de Pará, donde se registraron nueve reclamaciones por deforestación. El estado de Roraima, considerado la nueva frontera del aceite de palma, fue responsable de las otras dos multas relacionadas con tala de bosque.

Biopalma, empresa adquirida por BBF en 2020, tiene la multa más alta: 1.09 millones de reales (202 mil dólares) por destruir 217 hectáreas de vegetación autóctona en el municipio de Domingos do Capim, en Pará, en mayo de 2014, y sin contar con la licencia de las autoridades medioambientales. La multa no se pagó, según la base de datos del Instituto Brasileño del Medio Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables (IBAMA).

BBF también tiene en su historial la segunda multa más alta — 25 mil reales (4,630 dólares) por deforestación— impuesta por el IBAMA en febrero de 2018, después de que la empresa talara 4.1 hectáreas de bosque nativo sin autorización en el municipio de São João da Baliza, en el estado de Roraima.

En la misma fecha, la empresa recibió una tercera sanción, también por deforestación, en el mismo municipio. La multa de 10 mil reales (1,850 dólares) se describió como «extracción de mineral [arcilla] sin la debida autorización del organismo ambiental competente».

En una respuesta por correo electrónico, BBF dijo que la sanción que llevó a la multa de 1.09 millones de reales comenzó antes de que adquiriera Biopalma en noviembre de 2020. «Desde entonces, BBF ha actuado constantemente en la aclaración y solución de este proceso». La empresa señaló que aunque la notificación se registró el 28 de mayo de 2014, el proceso solo avanzó hasta el 8 de noviembre de 2018. BBF mencionó que, en ese momento, Biopalma había montado una defensa administrativa impugnando la multa y que ese proceso aún está pendiente de decisión en la oficina de IBAMA en Pará.

En cuanto a la multa de 25 mil reales, la empresa aseguró que adquirió los predios de la zona el 29 de mayo de 2008 y que «había comprado la tierra precisamente porque ya tenía el 50 % de su superficie deforestada y disponible para el cultivo de palma». Añadió que la superficie plantada abarca 3.3 hectáreas y no 4.1 hectáreas. «La empresa nunca ha alterado la vegetación autóctona», escribió BBF y reiteró que solo siembra palma aceitera en áreas que ya están degradadas y que cumplen con las normas de zonificación para el cultivo de palma aceitera establecidas por el gobierno federal en 2010, conocidas como ZAE-Dendê. BBF aseguró que, a pesar de todo esto, pagó la multa el 22 de noviembre de 2018.

Con respecto a la multa de 10 mil reales, la palmicultora aseguró que «recibió esta multa por la retirada de grava (arcilla/arena) sin la debida licencia ambiental en su momento», pero que tras un aviso de infracción, pagó la multa y obtuvo la correspondiente licencia ambiental.

La historia de infracciones no se limita a BBF y se repite con otras empresas. El IBAMA también multó a Palmaplan Agroindustrial Ltda. con 20 mil reales (3,700 dólares) — la tercera mayor multa por deforestación emitida por el organismo— en mayo de 2014 por desbrozar 3.05 hectáreas de vegetación nativa en un área protegida de Boa Vista, la capital del estado de Roraima, sin la debida licencia.

El Departamento de Medio ambiente del estado de Pará, SEMAS, también emitió multas por infracciones, siendo la más alta por un valor de 36,441 reales (6,731 dólares) contra Marborges. El SEMAS no proporcionó ninguna información sobre la infracción.

Palmaplan y Marborges no respondieron a las solicitudes de comentarios.

La alianza periodística Tras las huellas de la palma envió inicialmente 37 solicitudes de información a las autoridades medioambientales de cinco estados que producen aceite de palma en Brasil. Recibimos respuestas a 26 de las solicitudes, pero todas ellas decían que no podían encontrar la información pertinente o se limitaban a enviar enlaces en donde se podía buscar la información. En consecuencia, todos los datos publicados en este reportaje se obtuvieron mediante una búsqueda en las páginas web de las autoridades medioambientales, a la que se les aplicó el debido tratamiento de datos para depurar la información.

Un conflicto «muy complejo»

La Policía Federal de Brasil y el Ministerio Público Federal (MPF) están investigando los crímenes de finales de septiembre en Acará y otros casos anteriores de violencia que se han intensificado en la región en los últimos meses, además de los presuntos delitos medioambientales cometidos por BBF.

James Miranda, jefe regional de la Oficina de Defensa Institucional de la Policía Federal, que se ocupa de los casos de conflictos indígenas, dijo que su oficina estaba «investigando de cerca» lo sucedido. Añadió que tanto su oficina como la Oficina de Delitos Medioambientales de la Policía Federal estaban llevando a cabo investigaciones, ya que las comunidades también han presentado denuncias de delitos contra el medioambiente. Pero los detalles de estas investigaciones siguen siendo confidenciales. «Todo se está investigando. [Pero] son cosas que no podemos detallar porque la investigación está en curso», dijo Miranda.

Sin embargo, Miranda calificó todo como un conflicto «muy complejo». «No es un simple conflicto indígena, [implica] varios factores», le dijo a esta alianza periodística en una entrevista telefónica el día antes del ataque del 24 de septiembre en el municipio de Acará, en el estado de Pará. «A veces los tipos de delitos se mezclan. Por ejemplo, el delito medioambiental puede interferir en el conflicto indígena o viceversa».

El Ministerio Público Federal le aseguró a este equipo periodístico que tiene al menos tres investigaciones abiertas contra BBF por presuntos delitos medioambientales, amenazas y uso de guardias de seguridad privados contra las comunidades.

Un reporte publicado el 26 de septiembre por la ONG Global Witness también denunció violaciones de los derechos humanos, incluidas amenazas de muerte y torturas contra los indígenas de la misma región. Gabriella Bianchini, vocera de Global Witness, visitó recientemente la zona y dijo que la situación allí es muy grave.

«Siendo muy honesta, la situación es mucho peor de lo que cualquiera puede imaginar», aseguró en una entrevista en video el 21 de septiembre. «Obviamente, no hablo en nombre de las comunidades indígenas y tradicionales [pero lo que vimos] nos impactó mucho. Porque estábamos allí y las violaciones se producían a diario. Diariamente nos llegaba un miembro de una comunidad, un líder, reportando una forma de tortura, cualquier forma de amenaza, cualquier forma de humillación… nos impactó mucho lo que vimos».

En un comunicado de prensa, el Consejo Indigenista Misionero (CIMI), un grupo afiliado a la Iglesia Católica que aboga por los derechos de los indígenas, dijo que está siguiendo el caso, junto con la Orden de Abogados de Brasil (OAB), la sociedad de derechos humanos de Pará y la asociación de comunidades quilombolas de Pará.

Empeora la situación

Los impactos socioambientales de las plantaciones de palma aceitera en la región amazónica se vienen produciendo desde hace una década y han sido denunciados por las comunidades indígenas, quilombolas y tradicionales vecinas a los cultivos de palma en el estado de Pará, que concentra el 90% de la producción brasileña de este commodity.

El año pasado, Mongabay publicó una gran investigación en la que desvelaba los principales problemas provocados por los cultivos de palma aceitera en ese estado: deforestación, contaminación del agua y del suelo, escasez de peces y caza, junto con problemas sanitarios y conflictos sociales y territoriales.

En 2019, Mongabay fue a la región de Tomé-Açu, cerca de donde se produjo la reciente racha de violencia. En ese momento, se reportaron denuncias contra varias empresas de aceite de palma, se presenciaron acciones de protesta y la incautación de tractores, mientras las comunidades se esforzaban por ser escuchadas y luchaban por sus derechos. 

Sin embargo, la violencia se intensificó en la región tras la venta de Biopalma a BBF en 2020, según afirman los líderes comunitarios y las autoridades, ya que, al parecer, los acuerdos previos entre Biopalma y las comunidades no se han respetado luego de esta fusión empresarial. También hay disputas por las tierras que reclaman ambas partes, agravadas por la inacción de Funai, la agencia de asuntos indígenas del país, para demarcar las tierras ancestrales.

En un comunicado, la Asociación Brasileña de Antropología (ABA) pidió una «investigación imparcial» de los crímenes y garantías de seguridad para la comunidad de Braço Grande. También instó a la Funai a tomar «medidas urgentes de regularización de tierras» para las áreas reclamadas por los indígenas Turiwara y Tembé, y al Instituto Nacional de Reforma Agraria (INCRA) a concluir el proceso de regularización de los territorios quilombolas de Alto Acará Amarqualta y Nova Betel.

«Las tierras ocupadas por las comunidades fueron incorporadas ilegalmente por la empresa [BBF] a su patrimonio, ignorando los procesos de demarcación en curso de los territorios ocupados por las comunidades indígenas y quilombolas», escribió la ABA. «Se ha deflagrado una ‘guerra del aceite de palma’, como llaman las comunidades a la situación».

BBF rechazó las acusaciones, diciendo que el INCRA, la Funai y el Instituto de Tierras del Estado de Pará (Iterpa) ya declararon que «no hay superposición en las áreas que involucran a BBF, a los quilombolas y a las tierras indígenas». Añadió que el INCRA y la Funai enviaron aclaraciones al departamento agrario del Tribunal de Justicia del estado de Pará el 17 de mayo y el 15 de agosto, respectivamente. 

En un comunicado enviado por correo electrónico, el INCRA dijo que comenzó con los informes técnicos de identificación y delimitación de las comunidades quilombolas en Alto Acará y Tomé Açu en agosto y septiembre de 2022, añadiendo que, después de que estos concluyan, podrá proporcionar información precisa sobre el reclamo. Funai no respondió a las solicitudes de comentarios.

El año pasado, como informó Mongabay, BBF acordó pagar a cada comunidad 30.000 reales (unos 5,550 dólares) trimestrales durante tres años para financiar proyectos de desarrollo local, según comentaron los indígenas. «No es suficiente para nosotros, pero era lo que nos daban. Luchamos por más, pero fracasamos», dijo en 2021 Urutaw Turiwar Tembé, jefe de la aldea indígena Yriwar, en la zona de Tomé-Açu. Pero ninguno de estos proyectos se ha completado hasta ahora y, según él, en lugar de pagar el importe trimestral, Biopalma sólo lo hacía anualmente.

Pero en los últimos meses la empresa ha dejado de pagarla por completo y no ha dialogado con las comunidades, dicen los líderes y las autoridades. En respuesta, los grupos indígenas han tomado posesión de partes de las plantaciones de la empresa y de su maquinaria, y han comenzado a vender la fruta de la palma aceitera, por lo que BBF les acusa de robo. De hecho, hay una demanda pendiente en el tribunal agrario, en la que el juez intenta buscar una conciliación.

En un comunicado el 24 de septiembre, BBF dijo que sus áreas «han sido tomadas por un grupo criminal que se autodenomina indígena y quilombolas, desde hace más de nueve meses». Aseguró que el grupo «actúa con extrema violencia contra los trabajadores de la empresa y los residentes de las comunidades que la rodean, además de vandalizar la propiedad de BBF», y que «el factor que motiva» estas acciones es «el robo de la fruta de las áreas de plantación de BBF y su venta a las empresas que reciben la fruta de la palma que operan en las regiones».

En cuanto al pago, BBF dijo el 25 de septiembre que el acuerdo firmado por Biopalma con tres asociaciones que representan a las comunidades indígenas tradicionales en Pará «no implicó transferencias de efectivo, solo estructuración de proyectos». La empresa le aseguró a esta alianza periodística que desde el momento en que tomó el control de Biopalma, en noviembre de 2020, continuaron con el acuerdo y en mayo de 2021 firmó la primera adenda que «contemplaba la inclusión de aportes económicos, dado que la prioridad de los indígenas había cambiado en ese momento».

En agosto de 2021, BBF afirmó que se firmó otra adenda con un aumento mensual «para que los indígenas dejaran de obstruir e invadir las áreas de siembra de la empresa, lo que generaba riesgos para la integridad física de los trabajadores rurales e impedía la recolección de la fruta». Sin embargo, según indica la compañía, este acuerdo de cooperación fue «rescindido unilateralmente por los indígenas en noviembre de 2021, en desacuerdo con BBF, porque el interés de los líderes indígenas ya no era mejorar para su comunidad». De acuerdo con la compañía, «la venta ilegal de frutas se volvió altamente rentable, lo que parece estar contribuyendo al desinterés de los grupos mencionados en mantener el acuerdo».

BBF aseguró que ya ha registrado más de 650 informes policiales «con pruebas materiales» acusando de delitos a las comunidades indígenas, incluyendo vídeos y fotos, pero no ha recibido ninguna respuesta de las autoridades de Pará para resolver el caso.

Líderes, autoridades y defensores dijeron a esta alianza periodística que están preocupados por consecuencias más graves a medida que los conflictos se intensifican. 

«Lo que nos han dicho las comunidades es que hay una campaña de miedo, de amenazas contra las comunidades, para que se vayan [de la zona] y así BBF pueda dominar todo este territorio», dijo Bianchini de Global Witness.

Uno de los políticos que supuestamente está alimentando la violencia contra las comunidades tradicionales en Pará es el diputado estatal Delegado Caveira, partidario del presidente Jair Bolsonaro y quien acaba de ser elegido diputado federal. En tres vídeos enviados a este equipo periodístico se observa a Caveira hablar con contundencia: «Donde no llega la justicia, tiene que llegar la pólvora».

En los videos, el diputado enfatiza el objetivo de Bolsonaro de defender la propiedad privada. Refiriéndose específicamente al caso BBF, afirma que «el que tiene derecho es el que tiene la posesión» y «si esta finca fuera mía, hace tiempo que lo hubiera solucionado. Hubiera entrado y lo hubiera quemado [solucionado] con una bala».

Caveira también instó al gobierno de Pará a enviar representantes de la Comisaría de Conflicto Agrario para «sacar a estos falsos indígenas» de las propiedades de BBF. «Están quemando máquinas, están sembrando el terror, están acabando con muchos empleos… El presidente de la república lo dejó muy claro: no aceptamos la invasión de tierras en Brasil».

Hasta el momento de publicación de este reportaje Caveira no respondió a la solicitud de comentarios.

Así como en otras zonas, los conflictos son más intensos en las áreas con límites no definidos y en las zonas de transición, señaló Binachini de Global Witness. «Casi todas las personas con las que hablamos dijeron que se está enviando un mensaje: “Resuelvan estas cuestiones para fines de 2022, porque después no sabemos quién asumirá”», dijo en referencia a las elecciones presidenciales de octubre en Brasil y la posible derrota del presidente Jair Bolsonaro. El mandatario ha dejado claro desde hace tiempo que está en contra de la demarcación de nuevos territorios indígenas, que es una de las pocas promesas de campaña que ha logrado cumplir desde que asumió el cargo en 2019.

«Esto le está preocupando mucho a la gente, porque si Bolsonaro pierde las elecciones, puede haber un aumento importante de la violencia para intentar sofocar de una vez por todas lo que está ocurriendo allí antes de que las instituciones vuelvan a actuar como deberían», dijo Bianchini. «Da mucho miedo», concluye.

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*Tras las huellas de la palma es una investigación transfronteriza coordinada por Mongabay Latam en alianza con Ocote de Guatemala, La Barra Espaciadora de Ecuador, France 24 en español por Colombia y Contracorriente y Colectivo Linea 84 de Honduras.
Edición general: Alexa Vélez, Antonio Paz, Thelma Gómez, María Isabel Torres. Coordinación periodística: Antonio Paz. Investigación y análisis de base de datos: Gabriela Quevedo, Yuli Santana, Karla Mendes, Carmen Quintela, José David López, Jennifer Ávila, Arelí Palomo Contreras, Roberto Chávez, María Clara Calle, Noelia Esquivel, Alexis Serrano Carmona y Diego Cazar. Reporteros: Antonio Paz, Karla Mendes, José David López, Carlos Alonzo, Arelí Palomo Contreras, Roberto Chávez, María Clara Calle, Noelia Esquivel y Alexis Serrano Carmona. Visualización de datos y diseño: Rocío Arias y Daniel Gómez. Audiencias y redes: Dalia Medina y Richard Romero.