En la zona costera fronteriza entre Honduras y Guatemala están las tierras de lo que iba a ser el Parque Nacional Cuyamel-Omoa (PANACO). En 2011, las autoridades ambientales hondureñas, con información y apoyo de diferentes ONG propusieron que ahí se creara un  área protegida. Esas tierras ahora  están invadidas por monocultivos de palma y pasto king grass.

En esta zona de humedales, las plantaciones de palma aceitera han reemplazado a los mangles. Un poco más lejos, en zonas todavía pantanosas, hay enormes áreas completamente cubiertas por pastos que tampoco forman parte del ecosistema que, en algún tiempo, caracterizó a este lugar; se trata del king grass que se utiliza como biomasa para generar energía “limpia y renovable”. 

Los humedales de esta región pertenecen a la segunda barrera de arrecifes coralinos más importante del mundo: el Sistema Arrecifal Mesoamericano (SAM). El prospecto de parque integraba una propuesta de área natural protegida que, finalmente, no prosperó.  Esta zona de humedales ahora se muere ante el avance de los monocultivos de palma aceitera y king grass, bajo la mirada complaciente de las autoridades ambientales hondureñas.

Las zonas inundables de lo que sería el PANACO, localizadas en el municipio de Omoa, incluyen dos ríos caudalosos que bajan de las montañas, y en su recorrido hacia la costa, bañan con sus brazos a las planicies. Uno de ellos es el río Cuyamel que desciende de la Sierra de Omoa; el otro es el río Motagua, la frontera natural entre Honduras y Guatemala, con un gran problema de contaminación por basura de toda clase y que suma al deterioro de los humedales. 

Omoa es un lugar remoto, la vida cotidiana de sus 77 comunidades todavía se funde con la exuberante vegetación y 24 de ellas dependen principalmente de la pesca, la agricultura y el turismo.

La gran biodiversidad de esta zona y sus servicios ecosistémicos son tan importantes que, en 2013, fue declarada como el sitio de importancia internacional No. 2133 por la Convención sobre los Humedales o Convención RAMSAR.

A pesar de que las extensiones de palma de aceite se fueron instalando en los humedales de este sitio RAMSAR, y prospecto de parque nacional, no hay ninguna investigación al respecto en entidades del Estado, según las respuestas de las autoridades ambientales del país a la alianza periodística Tras las huellas de la palma cuando solicitó todas las sanciones y los procesos abiertos contra productores de palma de aceite en el país entre 2010 y 2021.

Esta alianza construyó una base de datos con 298 casos que reúne las multas y sanciones, entre 2010 y 2021, contra 170 empresas y personas vinculadas al negocio de la palma en seis de los principales países productores en la región —Colombia, Honduras, Guatemala, Ecuador, Brasil y Costa Rica—. En el caso de Honduras, se hicieron seis pedidos de información a las autoridades, pero en 12 años solo se lograron identificar tres casos y ninguno está relacionado con Omoa y sus humedales.

El  área protegida que no fue

El calor es soberbio. Llegamos a Cuyamel, en Omoa, para hablar con Gustavo Cabrera, un hombre de estatura baja, cabello negro y corto. Dice que muchos pasan por aquí preguntando por las comunidades que se hunden en el Caribe debido al avance del mar, un efecto visible del cambio climático en esta zona. También le preguntan por los desechos que acarrea el río Motagua y que contaminan la vida marina y terrestre. Todo esto sucede en el área en donde se planeaba declarar el Parque Nacional Cuyamel-Omoa (PANACO). 

Cabrera es originario de Omoa e hijo de agricultores, dice que creció con la convicción de querer a su pueblo y a su bosque. Es biólogo y uno de los miembros fundadores de la organización no gubernamental Cuerpos de Conservación de Omoa (CCO), creada en el 2001 con la idea de establecer un área protegida en el municipio: el PANACO.

Cabrera cuenta que fueron muchos los esfuerzos que tuvieron que hacer. A su favor tenían que los ecosistemas del lugar son parte del Sistema Arrecifal Mesoamericano (SAM). En  2006, CCO —como parte de la ONG Alianza Trinacional del Golfo de Honduras, Alianza TRIGOH— buscó establecer un corredor biológico binacional que enlazara el área protegida de Punta Manabique en Guatemala con el área protegida que ellos querían proponer en Omoa. En el mismo año se ratificó la Iniciativa de los Sistemas de Arrecifes del Caribe Mesoamericano, de 1997, que comprometía a los países “custodios” del SAM  (Belice, Guatemala, México y Honduras)  a realizar esfuerzos institucionales y financieros para cuidar el arrecife. 

Todas las cartas estaban sobre la mesa para crear PANACO. “Aún así, no se pudo, no hubo voluntad. Las autoridades no tenían interés”, dice Cabrera.

Los esfuerzos de CCO continuaron los años siguientes hasta que, dentro del mismo marco de la iniciativa del SAM, apareció en el escenario  la Comisión Europea con el proyecto Gestión Sostenible de Recursos Naturales y Cuencas del Corredor Biológico Mesoamericano en el Atlántico Hondureño (Procorredor). Cabrera cuenta que en este revuelo de fondos para el SAM, CCO logró incluir la propuesta del parque dentro de ese proyecto y finalmente obtuvieron recursos para realizar el diagnóstico biofísico del PANACO en el 2010. Se logró integrar la información necesaria para que el Instituto de Conservación Forestal (ICF), finalmente, hiciera la propuesta de declaratoria oficial del PANACO ante el Congreso Nacional.

El 28 de junio del 2011 se publicó en la gaceta oficial que el Estado Hondureño, a través del ICF, había dado a conocer su decisión de declarar al parque como área protegida mediante el Acuerdo Ministerial 008-2011. En esta resolución se delimitaban y protegían legalmente 30.031 hectáreas de área marina y terrestre. Este acuerdo fue el que sentó la base para, posteriormente, declarar toda el área del PANACO como sitio RAMSAR en 2013. Solo faltaba un paso para que el parque se hiciera realidad: que el Congreso realizara la declaratoria oficial.

Para la CCO esto era un triunfo. De inmediato se creó el Plan de Manejo para el periodo 2012-2024 del parque. En ese documento quedó escrito que la zona núcleo se tenía que destinar a la conservación. 

El expediente de declaratoria del PANACO se envió el 4 de septiembre de 2011 al Secretario General del Congreso Nacional de ese momento, Rigoberto Chang Castillo, del Partido Nacional. Veinte días después, Chang había presentado el proyecto de ley del PANACO ante el Congreso, esperando a que el presidente de la cámara legislativa de ese momento, Juan Orlando Hernandez —que hoy enfrenta un juicio en Estados Unidos por cargos de narcotráfico—, la aprobara y firmara. Esas son las últimas comunicaciones que se tienen sobre el estado de la propuesta del PANACO en los archivos del Congreso Nacional, según las solicitudes de acceso a la información realizadas para esta investigación.

Y es que resulta que el expediente desapareció.

Se solicitó copia del expediente al ICF y su respuesta fue: “Este Departamento no cuenta con dicha información, dado que el expediente que se custodiaba por el DAP [Departamento de Áreas Protegidas del ICF], se quemó durante el incendio ocurrido en las instalaciones de ICF el 26 de abril de 2013, lo cual fue comunicado al público mediante Acuerdo 01A-ICF-2013 y publicado en La Gaceta No. 33,122 de fecha 13 de mayo de 2013. Por  otro lado, el expediente presentado al Congreso Nacional de la República fue extraviado en dicho Órgano del Estado”. 

La propuesta del PANACO quedó en el limbo legal como área protegida y nunca fue declarada por el Congreso Nacional. Debido a su importancia regional e internacional, sus límites y superficie geográfica de 30.031 hectáreas coinciden con las hectáreas declaradas como sitio RAMSAR en 2013.

Entre 2011 y 2014, los humedales de Cuyamel, ubicados en la zona núcleo que pretendía proteger el PANACO, fueron destruidos. Alrededor de unas 1.170 hectáreas de humedal desaparecieron. 

La destrucción de los humedales de Cuyamel 

“Yo llegué aquí en el 2018, cuando gran parte de los humedales de lo que sería el PANACO ya habían muerto”, dice un habitante de Omoa. La gente del lugar habla de la antigua propuesta de área protegida y a susurros comentan cómo murió. No todos se atreven a contar los detalles porque, dicen, detrás están los grandes intereses económicos de “gente poderosa” de los monocultivos de palma aceitera y king grass, también conocido como zacate o pasto elefante. 

El desastre, aseguran, empezó con las plantaciones de palma. Los palmeros llegaron a esta zona de Omoa aproximadamente en 2012. Los pobladores de la zona recuerdan cómo con grandes tractores arrancaban los árboles “con todo y raíz” para preparar el terreno. También escarbaron para hacer canales y desviar el cauce del río Cuyamel. “¡Si viera usted cómo fue todo eso! Ahora esa laguna [Jaloa] ya casi está perdida, ya no la va ver usted como antes, ya no quedó nada”, dice Ezequiel —a quien llamaremos así para proteger su identidad— mientras caminamos hacia la laguna de Jaloa.

Gustavo Cabrera corrobora lo que dice Ezequiel y asegura que los palmeros alteraron la dinámica del humedal hasta llevarlo al desastre.

“El primer problema fue que drenaron el humedal, dejó de ser un ecosistema con su flujo natural de agua, ellos [los palmeros] vinieron a modificar todo. Lo secaron todo. Modificaron el ecosistema, entonces ahora el río agarra para donde le da la gana y no solo eso, ahora todo lo que son lagunas allá abajo… todos los sedimentos que antes retenían los humedales ahora van directo para la laguna [de Jaloa]… es un desastre completo”, dice Cabrera. 

Según el plan de manejo que se tenía para PANACO, la laguna de Jaloa y sus alrededores eran el corazón del humedal.

Los humedales de Cuyamel empezaron a destruirse al poco tiempo de que el ICF hiciera la propuesta de declaratoria del PANACO. Para el 2012, la Mesa de Organizaciones Comanejadoras de Áreas Protegidas de Honduras (MOCAHP) denunció públicamente la deforestación del lugar y presentó un informe de daños a los humedales. La prensa también lo reportó. En el 2013, TRIGOH emitió un comunicado de alerta ante la destrucción de las áreas que harían parte del parque Cuyamel-Omoa, y la Red Manglar urgió también sobre la tala ilegal de los manglares en el sitio Ramsar 2133. Todos exhortaron a las autoridades ambientales a actuar y detener el avance de la palma en el lugar.

El 4 de noviembre de 2013, la Cooperativa Mixta Palmas del Caribe COMPACAL Ltd., la única dedicada al cultivo de palma en la región, solicitó licencia ambiental para la siembra de palma aceitera en un total de 2000 hectáreas. Su proyecto está ubicado en lo que era la zona núcleo y de amortiguamiento de la antigua propuesta de área protegida en Omoa y dentro del actual sitio Ramsar 2133.

La cooperativa Mixta Palmas del Caribe COMPACAL Ltd. se constituyó el 18 de agosto de 2012. Tiene 25 miembros, entre los que destacan Guillermo Noriega Suárez y su hija Gilma Edelmira Noriega González. 

A Guillermo Noriega se le conoce en Honduras como el Magnate de la madera. En el año 2005, la Agencia de Investigación Ambiental de Estados Unidos (EIA, por sus siglas en inglés) detalló las operaciones de Noriega y su hija Gilma para obtener madera. En el informe sobre tala ilegal, se menciona la destitución de Gustavo Morales, ex-director del COHDEFOR (antiguo nombre del ICF) en el 2004, relacionada con la entrega indiscriminada de permisos de tala en el departamento de Olancho a la empresa Comercial Maderera Noriega. La hija del empresario detalló a los agentes encubiertos de la EIA que la base de ese negocio fue el pago a funcionarios de gobierno y su cercanía con una de las grandes figuras políticas del país: el expresidente de Honduras Porfirio Lobo Sosa. 

Con el paso del tiempo, los negocios de Noriega se diversificaron. “Don Guillermo no tenía palma en ese tiempo, creo que esa es una inversión nueva de él (…) Es un maderero, eso ha sido, él se ha dedicado al negocio de la madera, estuvo en la zona de Olancho y esa ha sido su principal actividad, no sabía que había sembrado palma…”, dice en entrevista con esta alianza periodística, el ex-mandatario Lobo Sosa. 

“Noriega no es uno de los grandes de la palma”, dice Lobo y acto seguido lo llama por teléfono. Según Lobo, Noriega le aseguró que efectivamente contaba con alrededor de 200 manzanas (aproximadamente 140 hectáreas) de palma aceitera, pero que actualmente le quedaban unas 50 manzanas porque la arena había soterrado las demás, principalmente porque, en el 2020, COMPACAL sufrió pérdidas por las inundaciones que los huracanes Eta e Iota causaron en la zona.

Esta alianza periodística se ha intentado contactar insistentemente con los representantes de COMPACAL, pero hasta la publicación de este reportaje, no se ha obtenido respuesta. 

Palma en expansión

Para septiembre de 2013, meses antes de que COMPACAL solicitara su licencia ambiental, Redmanglar ya había emitido un comunicado urgente alertando a las autoridades, tanto MiAmbiente como ICF, sobre cómo los palmeros y otros empresarios productores de agrocombustibles estaban destruyendo los humedales del sitio RAMSAR. En octubre de ese mismo  año, la Mesa de ONG’s Comanejadoras de Áreas Protegidas en Honduras (MOCHAP) emitió un comunicado en el que señalaba que las autoridades habían avalado la destrucción de 800 hectáreas del sitio, a favor de proyectos agroindustriales de palma aceitera.

Después de la solicitud de licencia ambiental de la compañía en el 2013, la Dirección de Evaluación y Control Ambiental (DECA) de MiAmbiente convocó al Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental (SINEIA) —un grupo de personas entre técnicos, autoridades y sociedad civil— que tiene la tarea de hacer una inspección del lugar, elaborar un informe y después un dictamen técnico para ver si se otorga o no la licencia.

En el informe técnico No. 66/2014 del 13 de enero del 2014 de COMPACAL se insiste en que el proyecto ya está operando y se necesita que el ICF verifique dónde se encuentran los plantíos —para ver si coinciden con área protegida o ecosistemas especiales o frágiles— y que determine si la siembra de palma se puede hacer en la zona.

El expediente llegó a la jefa del Departamento de Áreas Protegidas y Vida Silvestre del ICF, Alejandra Reyes, quien pidió a la Región Noroccidente del instituto que fuera a la zona. En el dictamen técnico APNO-01-2014, el biólogo Alex Vallejo, coordinador de Áreas Protegidas de esa región, declaró que la siembra de palma aceitera era viable.

Este documento sirvió para que Reyes avalara el proyecto de palma como técnicamente viable en el área que el mismo ICF había propuesto en el 2011 como Parque Nacional Cuyamel-Omoa.

En su dictámen, Vallejo nunca reportó el daño que ya se había causado previamente a los humedales. Para el año 2013 ya estaban sembradas, por lo menos, 510.62 hectáreas de palma en el corazón del humedal, como se ve en el mapa elaborado a partir de imágenes satelitales para esta investigación.

Fue en el 2014 cuando comenzaron las contradicciones entre diversas autoridades ambientales hondureñas. Alejandra Reyes solicitó la opinión del Departamento de Vida Silvestre (DVS) del ICF para que juzgara si un proyecto para siembra de pasto king grass se podía realizar en el área. También pidió el concepto de la Dirección General de Biodiversidad (DiBio) del MiAmbiente respecto al sitio, pues es un humedal RAMSAR, y le pidió que multara a una empresa por haber sembrado el pasto sin licencia.

En el dictamen DAP-008-2014 de la empresa de palma COMPACAL, Reyes no solicitó el pronunciamiento del DVS del ICF, ni los lineamientos de MiAmbiente con respecto a las Convenciones que salvaguardan el sitio RAMSAR. 

ICF solo le pidió al MiAmbiente que le cobrara una multa a la empresa palmicultora por iniciar operaciones sin autorización. El monto de la sanción fue por 5000 lempiras, el equivalente a tan solo 200 dólares. 

A pesar de que MiAmbiente terminó sancionando a COMPACAL, la entidad no mencionó este caso ni entregó información al respecto, cuando esta alianza periodística pidió, a través de solicitudes de información, el detalle de los procesos sancionadores en contra de empresas palmicultoras.

El 10 de febrero del 2014, la Dirección de Evaluación y Control Ambiental (DECA) de MiAmbiente, con el visto bueno del ICF, emitió su dictamen técnico No. 200/2014 en el que pide a COMPACAL —para avanzar con el trámite de licencia— realizar un Estudio de Auditoría Ambiental (EAA), dado que la plantación ya había comenzado y era un proyecto categoría 4, es decir, hace parte de los proyectos considerados de mayor riesgo para el medio ambiente por contener daños irreversibles y de gran magnitud, según la tabla de categorización ambiental de ese entonces. En el documento se menciona la contaminación por el uso de agroquímicos en suelo, aire, agua, flora y fauna. 

Una fuente directa de MiAmbiente con varios años de experiencia en trámites de licencia ambiental, y que pidió la reserva de su nombre, explica en entrevista que el “castigo” por empezar actividades sin licencia “es nada… queda en 5000 Lempiras sin importar la categoría [del proyecto], 1, 2,3 o 4…”. 

“Si bien el PANACO era un área aún en proyección, ya había sido sujeta a los diversos estudios de caracterización biológica, por lo cual el ICF declaró su viabilidad como área protegida y como sitio RAMSAR [que fue declarado en 2013], lo que implica que las autoridades ya tenían conocimiento de su importancia a nivel local, regional e internacional”, comenta la fuente experta.

A pesar de todo esto, el 16 de julio de 2014, el ministro de MiAmbiente, José Antonio Galdames Fuentes, en la resolución No.0871-2014 le otorgó a COMPACAL un Certificado Ambiental Provisional y le indicó que, en un término de seis meses, debía presentar un informe de cumplimiento de todas las medidas que se le impusieron y dejar un Fondo de garantía de 15 millones 500 mil Lempiras (aproximadamente 622 mil dólares) que se gastarían en caso de incumplimiento de las medidas y/o daño ambiental que no se remediara a tiempo. Además, le informó que tendría que pagar la multa de 200 dólares por haber empezado a cultivar palma aceitera sin licencia.

Días después, el 28 de julio de 2014, la apoderada legal de COMPACAL, Rebeca Lizeth Melara Raquel, le pidió a MiAmbiente que en lugar de entregar el informe de cumplimiento cada seis meses, pudiera hacerlo cada año. Además, pidió la devolución del dinero del fondo de garantía porque la base para calcular el monto no era por la totalidad del proyecto, correspondiente a 2000 hectáreas, sino para 698.8 hectáreas de cultivo inspeccionadas que les aprobaron en el certificado ambiental provisional. 

Lo cierto es que, para el 2014, en lo que iba a ser el PANACO, ya había 1.168,04 hectáreas de palma aceitera.

En 2015, MiAmbiente cedió a las peticiones  de la empresa y terminó cobrándole a COMPACAL tan solo 1 480 000 lempiras (aproximadamente 60 mil dólares) para su fondo de garantía.  

El momento en que todo acabó

El 16 de Julio de 2015, el ICF y Jesús Juan Canahuati Canahuati, dueño de la empresa HGPC Agrícola, que cultiva pasto king grass en los humedales que iban a ser protegidos por PANACO, firmaron un Convenio de Cooperación para recategorizar y redefinir el área protegida. Entre las obligaciones y responsabilidades de la empresa estarían “apoyar de manera técnica y financiera el proceso de re-definición y declaratoria del área de Cuyamel-Omoa”.

Para finales del 2015 no había mucho que hacer. Los humedales ya estaban llenos de palma y la HGPC Agrícola empezaría sembrar pasto king grass en una de sus fincas, después de la re-delimitación del área. El PANACO agonizaba.

Para el 7 de septiembre del 2016, el PANACO ya estaba oficialmente muerto. 

Con todo el apoyo financiero de HGPC Agrícola, PANACO se recategorizó y se redefinieron sus límites. Se hizo un nuevo diagnóstico biofísico y se creó otro expediente. En esa fecha se publicó en el diario oficial La Gaceta la nueva propuesta de área protegida mediante decreto ejecutivo del ICF No. 0392.

A la nueva área se le llamaría Subsistema de Áreas Protegidas Cuyamel-Omoa (SAPCO) y estaría dividida como Parque Nacional Omoa y Refugio de Vida Silvestre Cuyamel. La laguna de Jaloa quedaría fuera del área protegida. 

Tres años más tarde, el 18 de septiembre de 2019, mediante acuerdo legislativo No. 101-2019, el Congreso Nacional de Honduras emitió la declaratoria oficial del SAPCO, lograda con el apoyo de HGPC Agrícola.  

Esta alianza periodística intentó contactarse insistentemente con HGPC Agrícola para conocer su versión sobre su rol en la redelimitación del PANACO, y cómo esta benefició a sus plantaciones de pasto king grass, pero hasta el momento no fue posible obtener respuesta.

A pesar de que hay medidas de mitigación y requisitos para sembrar palma y king grass, la mayor parte de los humedales de Cuyamel ya no existen, los que quedan están severamente reducidos y dañados. La laguna de Jaloa, representante del corazón de los humedales de Cuyamel, ha quedado a merced de los cultivos de palma que la rodean y no pertenece a las nuevas áreas protegidas. El expediente del PANACO desapareció de los archivos del Congreso Nacional y del ICF. Nadie explica cómo pasó. 

Esto es lo que queda

“No queda mucho”, dice Ezequiel mientras caminamos entre plantíos de palma y potreros. Vamos buscando la laguna de Jaloa; el corazón de lo que era el humedal. Mientras andamos, recuerdo lo que dijo una luchadora ambiental de la zona: “Aquí se sobrevive de la pesca y del poco turismo que entra… con los pesticidas que utilizan para la palma se mueren los peces.Ya las lagunas se han secado y la gente no tiene dónde pescar”. Los recursos se van acabando.

Al final, lo que era el PANACO y los humedales de Cuyamel quedaron llenos de palma y pasto, incluida una parte de la laguna de Jaloa.

Pisamos suelos pantanosos donde nos hundíamos… eran parte de la laguna de Jaloa. Por fin llegamos a ella. Nos montamos en un cayuco (bote) y recorremos un pequeño tramo de lo que queda.

Las plantaciones de palma se convirtieron en las tumbas clandestinas de los humedales de Omoa y de gran parte de su vegetación. Las marcas que delimitaban la antigua zona núcleo del parque todavía se encuentran en la zona: son las lápidas del área natural que recuerdan lo que solía vivir ahí.

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*Tras las huellas de la palma es una investigación transfronteriza coordinada por Mongabay Latam en alianza con Ocote de Guatemala, La Barra Espaciadora de Ecuador, France 24 en español por Colombia y Contracorriente y Colectivo Linea 84 de Honduras.

Edición general: Alexa Vélez, Antonio Paz, Thelma Gómez, María Isabel Torres. Coordinación periodística: Antonio Paz. Investigación y análisis de base de datos: Gabriela Quevedo, Yuli Santana, Karla Mendes, Carmen Quintela, José David López, Jennifer Ávila, Arelí Palomo Contreras, Roberto Chávez, María Clara Calle, Noelia Esquivel, Alexis Serrano y Diego Cazar. Reporteros: Antonio Paz, Karla Mendes, José David López, Carlos Alonzo, Arelí Palomo Contreras, Roberto Chávez, María Clara Calle, Noelia Esquivel y Alexis Serrano. Visualización de datos y diseño: Rocío Arias y Daniel Gómez. Audiencias y redes: Dalia Medina y Richard Romero.