Este lunes 16 de mayo, elPeriódico publicó un pronunciamiento en el que José Rubén Zamora, presidente del medio, alertó de un intento de censura por parte de Dina Bosch Ochoa, hija de Dina Josefina Ochoa Escribá, presidenta de la Corte de Constitucionalidad (CC).

Denuncia a la opinión pública, a las organizaciones de prensa y a la comunidad internacional pic.twitter.com/3haHqK89XZ

— elPeriódico (@el_Periodico) May 16, 2022

En el comunicado, Zamora informa que el miércoles 11 de mayo, el medio fue notificado de una orden de restricción emitida por Anaelsee Ramírez Pérez, jueza contra el Femicidio y otras formas de Violencia contra la Mujer, contra Zamora; Gerson Ortiz, jefe de redacción del medio; y Cristian Velix, reportero del mismo. 

La orden de restricción se emitió en respuesta a una denuncia planteada por Dina Bosch Ochoa, quien señaló a los tres periodistas de “violencia contra la mujer en el ámbito público”. Bosch Ochoa planteó la denuncia a partir  de una nota periodística titulada “TSE renueva contrato de la hija de la presidenta de la CC”, publicada el 22 de abril de 2022 en elPeriódico.

En la publicación, el medio señala que el Tribunal Supremo Electoral renovó la contratación de Dina Bosch Ochoa como asesora de magistratura y cita un acuerdo público, del mismo TSE, en el que se indicó que su salario asciende a Q20 mil mensuales.

El comunicado de elPeriódico señala que la denuncia presentada por la hija de la magistrada de la CC fue rechazada originalmente por una judicatura de Femicidio y otras formas de Violencia contra la Mujer. Este juzgado argumentó que no existe una relación de convivencia personal o laboral entre la denunciante y los denunciados ni trabajan en la misma institución del Estado. Además, indicó que Dina Bosch Ochoa no fue personalmente a presentar la denuncia. 

Sin embargo, continúa el pronunciamiento del medio, después de que este juzgado rechazara la denuncia, el Ministerio Público presentó un recurso de reposición contra el fallo. 

Finalmente, la jueza Anaelsee Ramírez Pérez dictó la orden de restricción que, a solicitud de Dina Bosch, es extensiva a su núcleo familiar. Esto implica que elPeriódico no podrá publicar información sobre la presidenta de la CC, Dina Ochoa, a pesar de ocupar un cargo público y de que, según el artículo 35 de la Constitución Política de la República de Guatemala “no constituyen delito o falta las publicaciones que contengan denuncias, críticas o imputaciones contra funcionarios o empleados públicos por actos efectuados en el ejercicio de sus cargos”. 

Alejandro Balsells, abogado constitucionalista, explica que elPeriódico “debe impugnar esta orden para que el proceso siga activo y pelear por que se revierta“. De no cumplirse la misma, se incurriría en el delito de desobediencia.

Julia Corado, directora de elPeriódico asegura que “mañana (martes 17 de mayo) publicaremos otro comunicado que condena la orden de restricción e informaremos sobre las acciones legales”.

Amedrentar y callar a la prensa

Ruth Del Valle Cobar, defensora de las personas defensoras de Derechos Humanos y periodistas de la oficina del Procurador de los Derechos Humanos (PDH) recuerda que esta denuncia surge a partir de una publicación en la que se fiscaliza el ejercicio de una función pública. Del Valle asegura que la denuncia de Dina Bosch Ochoa y la orden de restricción emitida son un mecanismo de criminalización contra el ejercicio periodístico: “No existe vínculo entre la Ley contra el Femicidio y los hechos que publica elPeriódico”, resume.

Jorge Santos, director de la Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos en Guatemala (Udefegua), secunda a Del Valle. “Se está haciendo uso de una ley que no se relaciona con lo denunciado y restringe garantías legales. El objetivo es amedrentar y callar, pues la publicación señala su actuar como funcionaria y no como mujer”, cuestiona. Considera que “esta denuncia tiene que ver con un ejercicio perverso, desde funcionarios, de limitar la libertad de prensa”.

Santos asegura que la vía correcta sería hacer uso del derecho de aclaración y rectificación, o denunciar ante un tribunal de honor en un juicio de imprenta.  

La Ley de Emisión del Pensamiento establece en su artículo 37 que “los periódicos están obligados a publicar aclaraciones, rectificaciones, explicaciones o refutaciones que les sean enviados por cualquier persona individual o jurídica a la que se atribuyan hechos inexactos, se hagan imputaciones o sean personalmente aludidas”.

Además, el artículo 35 de la Constitución indica que los funcionarios pueden exigir que un tribunal de honor declare que una publicación es inexacta o que está infundada. De ser así, el mismo medio deberá publicar el fallo.

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En el comunicado publicado por elPeriódico, José Rubén Zamora asegura que el medio ya ha recibido 17 querellas que se basan en  la Ley contra el Femicidio y otras Formas de Violencia contra la Mujer. 

Zamora menciona acciones legales interpuestas por la exvicepresidenta Roxana Baldetti; por Sandra Torres, quien fue candidata a la Presidencia; por Sandra Jovel, exministra de Relaciones Exteriores del Gobierno de Jimmy Morales; y por Alejandra Carrillo, exdiputada y actual directora del Instituto de la Víctima.

Alejandrina Cano, directora ejecutiva de la Unión Nacional de Mujeres Guatemaltecas (UNAMG), recuerda que la Ley contra el Femicidio “fue una exigencia de las mujeres en Guatemala para penalizar el femicidio, la violencia física, psicológica, sexual y económica”.

Cano asegura que, a pesar de la naturaleza de la ley, la misma ha sido utilizada como mecanismo de denuncia en escenarios donde no procedía. “No todo señalamiento a una mujer tiene que ser por su condición de ser mujer”, afirma.

Stephanie Rodríguez, abogada especializada en Derechos Humanos y defensa de las mujeres, comparte que la Ley contra el Femicidio ha sido mal utilizada por empleadas públicas para denunciar, y por juzgadoras y juzgadores que se prestan a dictar medidas cuando no se trata de un caso de violencia contra la mujer.

“Esta ley nace con la necesidad de garantizar justicia contra uno de los delitos que más ocurre en el país: la violencia contra las mujeres. Es preocupante que la utilicen para censurar a la prensa”, dice Rodríguez.

Ruth Del Valle, la defensora de la PDH, agrega que la Organización de Naciones Unidas (ONU) y la Corte Interamericana de Derechos Humanos se han pronunciado contra la persecución a la libertad de expresión en el país, y afirma que “el Gobierno de Guatemala parece estar en negación o en ceguera absoluta”. 

En marzo de 2022, Michelle Bachelet, Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, se pronunció ante la persecución a periodistas en Guatemala y dijo que su oficina había documentado 33 ataques contra periodistas entre enero y noviembre de 2021. 

La Asociación de Periodistas de Guatemala (APG) registró 313 ataques en contra de periodistas y medios de comunicación entre enero de 2020 y marzo de 2022. “Lo que convierte al gobierno de Alejandro Giammattei en la gestión con más represiones, persecución e intolerancia hacia la prensa”, asegura la APG en un comunicado publicado en mayo de 2022.