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Medios de El Salvador revelan que el presidente Bukele no ha cumplido su ocuto plan de seguridad

El Gobierno de El Salvador ha promovido nacional e internacionalmente la reducción en los homicidios desde el inicio de la gestión de Nayib Bukele, y lo ha atribuido al Plan Control Territorial, su estrategia de seguridad. El contenido del documento no ha sido transparentado a la ciudadanía. Hoy, Alharaca y La Prensa Gráfica revelan en una investigación conjunta que el Gobierno no ha cumplido su propio plan y que los lineamientos de la política distan mucho de las acciones de seguridad que se implementan en el país centroamericano.

El Salvador registró, a mediados de 2019, una reducción en su promedio diario de homicidio: de jornadas con más de 15 asesinatos, pasó a fechas en las que las autoridades …

El Salvador registró, a mediados de 2019, una reducción en su promedio diario de homicidio: de jornadas con más de 15 asesinatos, pasó a fechas en las que las autoridades no reportaban ninguno. Esta disminución coincidió con el inicio del Gobierno del presidente Nayib Bukele, quien la atribuyó a la ejecución de su Plan Control Territorial (PCT).

Dos años después del anuncio de su implementación, y pese a la constante mención en medios del éxito del Plan, el Gobierno salvadoreño no ha publicado el documento que contiene su principal política de seguridad pública. El medio digital feminista Alharaca y La Prensa Gráfica, el periódico impreso de mayor circulación en el país, tuvieron acceso a dos copias del mismo y verificaron su autenticidad a partir de varias fuentes independientes.

Los medios encontraron que el Gobierno no ha implementado su contenido, y más bien las acciones de política de seguridad que se ejecutan distan mucho de los lineamientos que plantea el documento. Las acciones de la Policía y el Ejército que el Gobierno destaca con regularidad en su comunicación difieren —y a veces van en contra— de este documento, que la administración misma ha presentado a terceros como su política pública de seguridad. Esta incongruencia entre el papel y las acciones oficiales pone en tela de juicio los grandes éxitos de los que Bukele se jacta y le atribuye al Plan, como la baja de homicidios y el que las mujeres estén supuestamente 61% más seguras en su mandato.

Medidas como la creación de un Sistema Nacional de Atención a Víctimas, descritas en el documento, no se han materializado. Los medios hicieron también una revisión del plan desde la perspectiva de género, y encontraron que tampoco se han llevado a la práctica propuestas como una campaña contra la violencia machista.

Analistas especializados en temas de seguridad consultados por ambos medios coinciden en que el contenido del Plan Control Territorial tiene muchas similitudes con políticas de seguridad promovidas por gobiernos anteriores, pese a que, públicamente, el Ejecutivo mantiene un desdén y una descalificación constantes hacia las iniciativas de administraciones previas.

El PCT también se desmarca de “errores del pasado” como las negociaciones con pandillas, grupos a los que indica se debe calificar como “terroristas”. Sin embargo, documentos de la Fiscalía General de la República, revelados por otras investigaciones periodísticas, detallan que miembros del actual Gobierno han mantenido negociaciones con líderes de pandillas. Negociaciones que también han sido cuestionados y están bajo investigación de Estados Unidos.

La administración Bukele también se ha caracterizado por mantener una batalla frontal contra medios de comunicación no alineados al Gobierno. Una reciente investigación de la organización Access Now, de la Universidad de Toronto, y con la validación de Amnistía Internacional, reveló que los teléfonos celulares de una treintena de periodistas han sido infectados con el software de espionaje Pegasus. Este software es desarrollado por la empresa israelí NSO Group, que afirma trabajar únicamente con gobiernos.

Tras la publicación del informe, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) y la Oficina Regional del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos para América Central y República Dominicana y el Caribe (OACNUDH) se pronunciaron expresando su “preocupación ante los nuevos hallazgos sobre la utilización de software malicioso Pegasus, empleado con fines de vigilancia ilegal en contra de periodistas y organizaciones de la sociedad civil de El Salvador, quienes investigan e informan sobre asuntos de relevancia pública; y exhortan al Estado a investigar los hechos denunciados de manera efectiva e imparcial, y a velar por la protección de la integridad de las víctimas”.

En materia de combate a la corrupción, la apuesta del PCT es la Comisión Internacional contra la Impunidad en El Salvador (CICIES), misma que fue desmantelada por iniciativa del Ejecutivo. Los derechos humanos, por otra parte, se incluyen en el plan como el marco de actuación para las fuerzas de seguridad del Estado. En la práctica, el Estado salvadoreño suma llamados de atención y fallos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

Las publicaciones de Alharaca y La Prensa Gráfica incluyen una descripción detallada de las medidas del plan, y el contexto de lo que en El Salvador se está aplicando como políticas de seguridad.

Redacción Ocote

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