Belice, el Imperio Británico y la política exterior de Juan José Arévalo (1945-1948)[1]
Los recuentos históricos sobre Belice están generalmente teñidos de nacionalismos y centrados en las disputas legales del conflicto. Esta revisión es un acercamiento a otros rasgos y dimensiones del conflicto. Su objetivo es dar a conocer no solo un episodio importante del conflicto histórico alrededor de Belice, sino mostrar un elemento de la amplia agenda diplomática que desplegó el gobierno de Juan José Arévalo desde su llegada a la presidencia, en marzo de 1945. Su política exterior tuvo grandes consecuencias para el futuro de la Revolución y la trayectoria política del país. Espero que en el repaso de este episodio se genere un interés más profundo por este olvidado elemento de nuestra historia internacional. El conflicto que retrataré entre Guatemala y el Imperio Británico inició en febrero de 1948, en esos ambiguos años que cubren el fin de la Segunda Guerra Mundial y el inicio de la Guerra Fría. Gran Bretaña envió royal marines y barcos de guerra a Belice. La investigación está basada en archivos diplomáticos de Gran Bretaña, Estados Unidos, México y nuevas cartas personales de altos funcionarios guatemaltecos.
Dos posturas encontradas
Para entender concretamente el problema, primero debemos aclarar cómo inició el conflicto en torno a Belice. La ocupación efectiva de Belice comenzó a fines del siglo XVI con la presencia en el Caribe de bucaneros británicos y el creciente mercado de madera en Londres, algo que el Imperio Español fue incapaz de evitar. Para la independencia de Guatemala, Londres se había convertido en el centro financiero, comercial y de transporte del mundo, y América Latina, batida en guerras civiles, era un importante centro de su influencia.
Guatemala siguió el ejemplo de otras ex-colonias españolas y reclamó el derecho Uti Possidetis, Ita Possidetis sobre Belice, una especie de sucesión automática de derechos. Los ingleses, de la mano de Lord Palmerston, se basaron en la soberanía a partir de la ocupación efectiva y al derecho de conquista.
El tratado entre británicos y guatemaltecos sobre le territorio se dio hasta 1859, mientras los Conservadores gobernaban el país, luego de haber destruido la Federación Centroamericana en la última guerra civil. El punto clave de la discordia fue el artículo 7 del tratado, en el que Gran Bretaña se comprometió a construir una carretera a cambio de Belice. Los británicos nunca honraron el pacto.
El conflicto no tuvo mayores sobresaltos hasta el inicio de la Segunda Guerra Mundial, cuando el dictador guatemalteco Jorge Ubico inició pláticas con la Alemania de Hitler para quedarse con Belice, en caso los británicos fueran derrotados. La derrota alemana evitó cualquier acuerdo pero el tema se mantuvo una vez estalló una revolución en octubre de 1944.
En su reporte anual sobre la situación en Guatemala en 1944, el embajador británico John Hurleston Leche dijo que las relaciones con el nuevo gobierno de la Junta Revolucionaria eran “extremadamente amigables”. Sobre el presidente electo, Juan José Arévalo Bermejo, Leche aseguraba que era anti-Eje, pero “tal vez es demasiado a la izquierda para un país tan atrasado” como Guatemala.
Sobre el tema de Belice, el embajador aseguraba que estaba en suspenso, pero recordó que, días antes de renunciar, Ubico pagó cada centavo de la deuda inglesa, una medida altamente criticada que podía traerles problemas.
Así fue, en efecto. Los nuevos constituyentes plasmaron en el artículo 1 de las disposiciones preliminares que el país “de clara que Belice es parte de su territorio y de interés nacional las gestiones para lograr su reincorporación a la República”.
Dos meses después, en abril de 1945, telegramas llenos de ansiedad y paranoia comenzaron a salir de Belice y de las bases militares británicas en el Caribe. En uno de ellos, el Comandante de área del Norte del Caribe escribió a la Oficina de Guerra que Guatemala estaba determinada a “anexar a Honduras Británica”.
Más mesurada, la Oficina del Exterior dijo que no era necesaria ninguna precaución militar. Eso no evitó que el Ministro del Aire, en un memo Top Secret, informara a Nassau que estuvieran alertas y que preparan 29 aviones Liberators y 35 Mitchell. Una minuta de la Oficina del Exterior tomó nota de los movimientos militares y aseguró que se verían “marcadamente tontos” –“remarkably foolish”–, si los rumores de invasión eran falsos. Así fue, de hecho.
El HMS Sheffield
Aunque en abril de 1945 el gobierno de Arévalo no tenía intención de invadir Belice, el tema era central en la construcción de una política exterior que se caracterizó durante seis años por su agresividad. Belice era tan importante, que desde 1946 Arévalo inició una campaña de propaganda en buena parte de América Latina, enviando misiones especiales para influir en la opinión pública sobre el tema del colonialismo en el continente. México (Belice), Argentina (Malvinas) y Chile (Antártida), los países con similares problemas, fueron el centro de la estrategia guatemalteca.
Fue hasta inicios de 1948 que el conflicto finalmente estalló.
El 20 de febrero de 1948 el periódico mexicano Excelsior publicó una alarmante noticia: en una breve descripción afirmaba que oficiales mexicanos y ciudadanos guatemaltecos estaban preparando una expedición armada para invadir Belice. La noticia era falsa, pero el contexto alertó a los británicos. Por un lado, según el embajador mexicano en Londres, desde finales de 1947 chilenos y argentinos acordaron fortalecer las bases militares cerca de Malvinas y Antártida. Además, el gobierno británico acababa de anunciar su plan de enviar refugiados y nuevos colonos a Belice y de la construcción de una Federación con sus colonias del Caribe, a la que Arévalo se opuso tajantemente.
La Oficina del Exterior elaboró un nutrido informe sobre la necesidad de que Gran Bretaña revisara su política sobre Belice. Dijo que era importante negarse a que la recién estrenada Corte Internacional de Justicia –a quien Guatemala buscaba para que aceptara el caso– lo tratara. Pero lo más importante era el riesgo de perder una parte del territorio por “el precedente insatisfactorio” que podría tener en los casos chileno y argentino, y que el cambio de actitud puede ser interpretado como una debilidad”.
Es decir, y esto es importante, Gran Bretaña volvería la disputa por Belice en un referente de otras disputas que agobiaban al tambaleante Imperio, por lo que debía desplegar el músculo político y militar necesario para enviar las señales que deseaba.
La Oficina del Exterior decidió enviar el 23 de febrero de 1948 al HMS Sheffield, que llevaba consigo dos pelotones del Cuerpo de Marines Reales y una compañía de marineros entrenada para bombardeos. Además, aseguró que el HMS Devonshire podía pasar a recoger tropas a Jamaica. El HMS Sparrow seguiría días después.
En Belice la situación se vivía con ansiedad y cierto miedo. La Oficina del Exterior lamentaba que unos meses antes la fuerza local había sido parcialmente desbandada y contaba ahora con 300 elementos que tenían poco equipamiento bélico y un estándar bajo de entrenamiento o eficiencia: eran sobre todo jóvenes “con poca o ninguna experiencia en la guerra”. Otro memo sugirió armar una “fuerza local voluntaria”.
La noticia generó divisiones dentro de Belice. Los colonos británicos forzaron a emitir comunicados apoyando, mientras que varios beliceños “anti-británicos habían sido golpeados seriamente” por la policía, según la embajada británica en ciudad de Guatemala. El miedo a revueltas no era nuevo en el Caribe británico. En 1919 se dieron varias contra los colonos blancos en Trinidad y Tobago, Jamaica y la misma Belice, algo que se repitió en 1934.
El envío de barcos se dio pese a los problemas financieros de la Gran Bretaña, que en el otoño de 1947 había tenido que cancelar maniobras navales para ahorrar combustible.
“Excitación delirante”: La crisis del gobierno de Arévalo
En una conversación con el embajador británico Galliene, el coronel Mark A. Devine Jr., agregado militar de la embajada norteamericana en Guatemala y un marcado anticomunista, le confió su postura sobre el conflicto. Le dijo que lo que más lamentaba de la situación era que, mientras en Londres decidían enviar los catamaranes de guerra a costas beliceñas, el gobierno de Arévalo estaba a punto de ser derrocado. Ahora, al contrario, todos los sectores se habían apostado detrás de él para sostenerlo frente a lo que veían como una amenaza extranjera.
El coronel Devine estaba en lo cierto. A inicios de 1948, las medidas del gobierno habían despertado rencillas y tensiones entre los sectores más conservadores y algunos moderados. Solo en los primeros dos meses de 1948 se activaron frentes políticos difíciles de flanquear.
Los ferrocarrileros, aglutinados en el Sindicato de Apoyo Mutuo Ferrocarrilero (SAMF), presionaron a la UFCO-IRCA por el cumplimiento del Código de Trabajo. Obligaron al gobierno a enfrentar las caras displicentes en Washington, celosos del rojizo aroma que parecía despedir la medida.
Sumando a esta situación, el Procurador General de la Nación (PGN), ente fiscal bajo el mandato de Arévalo, propuso una reforma a la Ley de Amparo. La propuesta buscaba que los amparos presentados contra el Presidente fueran conocidos por jueces de primera instancia, en lugar de las cortes de más alto rango, como la Corte Suprema de Justicia. La propuesta, aprobada por el Congreso, causó tensiones con el gremio de jueces y el Colegio de Abogados.
A eso se sumó la tensión alrededor del Arzobispo Metropolitano, Mariano Rossell Arellano. La decisión de cerrar una estación de radio por su contenido falangista y otras medidas para privar a conventos de hacer trabajo social, además de la promovida migración republicanos españoles.
Pero el problema que más tensiones provocó fue la suspensión del artículo 36 de la Constitución, sobre libertad de expresión, para castigar al dueño del vespertino La Hora, el polémico Clemente Marroquín Rojas, que era cercano al Jefe de las Fuerzas Armadas y principal opositor del gobierno dentro de la línea revolucionaria, el Mayor Francisco Arana. El Mayor había logrado acuerdos sobre una candidatura presidencial con el Frente Popular Libertador (FPL), que tenía mayoría en el Congreso y varios puestos en el Ejecutivo.
El FPL se dio a la tarea de rechazar la suspensión del artículo constitucional en una sesión extraordinaria en el Congreso. Fue un fuerte golpe a Arévalo, que por unas horas tambaleó esperando un golpe militar de Arana.
Pero el rechazo legislativo al decreto de Arévalo se dio el mismo día en que fue noticia la inminente llegada del Sheffield a Belice. Eso evaporó cualquier tensión en contra de Arévalo.
Arévalo aprovechó el respiro para destituir a todos sus ministros vinculados con el FPL y encomendó a Arana la defensa del país.
Con la oposición controlada, Arévalo decidió enviar unidades del ejército a la frontera con Belice, mientras más de cuatro mil personas se alistaron para apoyar al ejército en Petén. El Congreso dio un ultimátum al Ejecutivo para romper relaciones, pero el gobierno se negó. Lo que sí hizo fue ejercer una censura en todos los periódicos y expulsar a los periodistas ingleses que había en el país.
El fin del sueño por Belice
Para el gobierno guatemalteco era estratégico incluir en la disputa otros actores y fuerzas: siendo un país pequeño con escasos recursos el apoyo de Estados Unidos y del resto de países latinoamericanos era la única forma para lograr contrapesos favorables.
Para iniciar, Guatemala se enfocó en presionar por reacomodos y empezó por mecanismos propios de una economía de guerra: el boicot a británicos y estadounidenses. Cuestionado en la Cámara de los Comunes por los bloqueos, el Secretario del Exterior británico Bevin dijo que le importaba poco el bloqueo comercial.
El bloqueo a los estadounidenses tendría mejores resultados. El cierre de la frontera buscaba presionarlos indirectamente: la compañía maderera Weiss-Fricker estaba teniendo “serias pérdidas” de un cuarto de millón de dólares, y sus abogados sugerían que solamente con una “fuerte protesta diplomática” se lograría un resultado favorable.
Un militar norteamericano, el coronel Benny, le había platicado al Jefe del Escuadrón de las Indias Occidentales que Estados Unidos “estaba ansioso de ver que Inglaterra permitiera una concesión a Guatemala”, al abrir un puerto libre en el sur de Belice para uso guatemalteco. El reporte británico decía que había compañías petroleras norteamericanas como la la Atlantic Refining Co., la Ohio Oil Co. y la Standard Oil, que tenían una propuesta idéntica y que se debía a que esa salida era clave para sacar el petróleo al Caribe, algo imposible de hacer de otra manera.
El embajador estadounidense, Edwin J. Kyle, dijo en un tono contundente le dijo a su par británico que era “imperativo que dejaran Belice de una sola vez, mientras más rápido, mejor”. En cuestión de días, los norteamericanos lograron que los británicos aceptaran retirar el Sheffield, bajo la condición de que Guatemala no usaría el retiro como una victoria diplomática.
Mientras seguían las negociaciones se dio inicio a la IX Conferencia Internacional Americana, celebrada en Bogotá, Colombia. En términos estratégicos, el espacio era fundamental para presionar por contrapesos que permitieran a Guatemala impulsar con más firmeza sus acciones. En su informe anual de marzo de 1948, el Presidente Arévalo la llamó “la gran Batalla de Bogotá”.
Los guatemaltecos estaban seguros de que Estados Unidos se abstendría de apoyarlos debido a que “así lo tiene prometido a Inglaterra y Francia, países interesados”, según aseguró el nuevo embajador en Washington.
Aunque Argentina fue cuidadosa sobre la información que salía en la prensa local tras el desembarco del Sheffield, el Senado y el Congreso, con mayoría peronista, dictaminaron varias resoluciones para apoyar la postura de Guatemala.
Chile fue reacio en apoyar explícitamente a Guatemala. El embajador británico en Santiago agradeció a un miembro de la Cancillería chilena por “no rebajarse al nivel de un grupo de indios centroamericanos”.
Guatemala logró una votación de 17 contra cuatro para aprobar el numeral del acta constitutiva de la OEA que planteaba el problema de las colonias europeas en América. El delegado guatemalteco, el abogado Enrique Muñoz Meany, recalcó que la delegación rechazó una negociación con Estados Unidos “para sacar por unanimidad de votos una fórmula excesivamente tibia e incolora, o sacar por mayoría de votos una fórmula enérgica, enfática y terminante sobre abolición del coloniaje”, con el apoyo de argentinos, mexicanos y venezolanos para la redacción.
Pero la propuesta no planteaba ningún camino concreto para resolver el problema. Los británicos se dieron por satisfechos.
En una medida de emergencia, Guatemala solicitó la mediación de Estados Unidos para solucionar el conflicto. Los británicos se negaron a aceptarla. Paralelamente, la Oficina de Guerra dio información de mantener un pelotón bien armado en Belice, en caso de un nuevo intento de invasión.
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[1] El siguiente es un resumen de un artículo publicado en la revista Anuario de Estudios Centroamericanos, editado por la Universidad de Costa Rica. Para hacer más sencilla la lectura se han suprimido los pies de página. Al final del artículo se deja claras las fuentes primarias y secundarias utilizadas. La versión completa está disponible en el siguiente enlace:
https://revistas.ucr.ac.cr/index.php/anuario/article/view/42186/43787
Rodrigo Véliz Estrada
Titular de la Cátedra Pardo, Universidad del Valle de Guatemala, Guatemala
