Carlos Otoniel García Boror murió y fue sepultado como XX. Su familia supo del fallecimiento cinco días después. Ni el Hospital Temporal del Parque de la Industria ni el Hospital General San Juan de Dios, donde fue atendido por COVID-19, se responsabilizan por la falta de comunicación y las fallas en sus registros. Este es apenas uno de los casos que empiezan a salir a luz. La Procuraduría de Derechos Humanos (PDH) y el Ministerio Público (MP) conocen otros más.
Hoy su familia lo recuerda con un pequeño altar en la habitación principal de su casa. Una mesa con flores, velas, crucifijos y fotografías de otros muertos de la familia. No quieren llorarlo más en este espacio, sino en un cementerio. Quieren despedirse de él “como se debe”: con un funeral, con flores y, con sus nombres y apellidos: Carlos Otoniel García Boror.
Lo que su familia sabe hasta ahora, lo que les han dicho, es que Carlos Otoniel murió el 4 de junio. Y que lo enterraron, sin nombre, junto a otras personas que han muerto por coronavirus.
Lilian Boror Peralta, la mamá de Carlos Otoniel, saca las fotografías de la familia de la pequeña caja que guarda en un armario. En una de las imágenes, su hijo es todavía un niño de cinco años, vestido con el uniforme de educación física, que juega con su perro blanco, Pigüis.
Entonces, nadie imaginaba que Carlos Otoniel, con 27 años, enfermaría y sería trasladado de emergencia a un hospital. Nadie sospechaba que no resistiría y, menos, que en medio de una pandemia su mamá tendría que emprender una batalla legal para sacarlo de una fosa del Cementerio la Verbena.
El peregrinaje
La tarde del 30 de mayo comieron carne asada con ensalada de pepinos. Ese fue el último almuerzo que Carlos Otoniel compartiría con su familia. El muchacho no dejó de escuchar Hasta la miel amarga y Simplemente gracias. Una grupera y un merengue.
En la noche ya no quiso cenar. Ni escuchar más música. Su garganta estaba irritada y la cabeza no dejaba de dolerle. Apenas probó el pedazo de un tamal y unos chiquiadores.
–Nos fuimos a acostar y me pidió que durmiéramos cerca de él – recuerda Lilian.
Las horas pasaron y el frío de la madrugada aumentó al igual que la tos de Carlos Otoniel. En la mañana, sus papás lo acompañaron al Centro de Salud de San Miguel Petapa. Llovía.
–La doctora lo examinó y su diagnóstico fue que no estaba recibiendo suficiente oxígeno en sus pulmones. Nos dijo que para evitar un paro cardíaco sería trasladado al Hospital Temporal del Parque de la Industria – relata Lilian.
Carlos Otoniel subió a una ambulancia. Llevaba su Documento Personal de Identificación (DPI) el celular y un papel que contenía sus datos, el número telefónico de su papá, Mynor García Álvarez, y la dirección de su casa ubicada a unas cuadras del centro de San Miguel Petapa.
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En el hospital temporal le practicaron la prueba de COVID-19. El resultado fue positivo, según un informe de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) que investigó el caso.
Lilian llamó muchas veces al centro asistencial para preguntar por su hijo, pero nunca recibió una respuesta. No contestaban en los números a los que marcaba o le decían que no tenía información sobre Carlos. Escuchó su voz por última vez el día que ingresó al hospital, la tarde del 31 de mayo.
–Lo llamé y me dijo que le acababan de hacer el hisopado y que lo trasladarían a una sala. Después escuché que una mujer le pidió que no hablara mucho porque le hacía mal. De ahí ya no respondió – recuerda Lilian.
Ella, junto con su esposo Mynor García, llegó el martes 2 de junio al Parque de la Industria. Pero no consiguieron mucha información. Un hombre llamado Roberto Cabrera los atendió. Solo les dijo que la trabajadora social informó que probablemente lo cambiarían de sala.
Carlos estaba en cuidados intensivos sin mejoría, según algunos informes médicos a los que su familia tuvo acceso. La noche del 3 de junio, cuando eran casi las 11 de la noche, fue trasladado de emergencia al Hospital San Juan de Dios, era el único lugar en que podían realizarle la hemodiálisis que requería.
El cambio de hospital le fue notificado a su familia un día después, el 4 de junio. Sin perder tiempo, fueron al San Juan. Pero volvió a ocurrir lo mismo. Nadie les dio una respuesta y en los registros no aparecía su nombre. Lo buscaron por cinco días. No sabía que ya estaba muerto.
El 9 de junio, Mynor García recibió la noticia por teléfono. Una trabajadora del Hospital General San Juan de Dios le informó que su hijo había muerto alrededor del mediodía del 4 de junio y había sido enterrado sin identidad por “falta de datos”.
La respuesta de los hospitales
Lilian no se quedó conforme. Fue a la Procuraduría de Derechos Humanos (PDH) y puso una denuncia.
La PDH, entonces, empezó una investigación. El Hospital San Juan de Dios y del Hospital Temporal del Parque de la Industria le entregaron respuestas contradictorias en las que nadie se hacía responsable.
En un documento recibido por la PDH, la jefa del Departamento de Trabajo Social del Hospital General San Juan de Dios, Alba Ortiz Palacios, informó que llamó a la familia de Carlos Otoniel durante las horas que estuvo allí, pero que no le contestaron.
En tanto, Jorge Flores, Jefe del Departamento de Registros de este hospital, aseguró que en el momento del ingreso “no se pudo obtener mayor información de datos personales” del paciente.
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No obstante, el Hospital Temporal del Parque de la Industria asegura en su informe que entregó al personal del Hospital General San Juan de Dios “una nota de traslado” junto con el número telefónico de la “hija” de Carlos Otoniel.
Carlos Otoniel no tenía hijos y el número, en realidad, era el del teléfono de su papá.
El historial registra otras inconsistencias, la prueba de COVID-19 que le fue practicada en el Hospital General San Juan de Dios, a diferencia del hospital temporal, fue negativa.
La PDH terminó sus investigaciones con una recomendación para los dos hospitales: “Establecer una base de datos actualizada de los pacientes y los datos de sus familiares con el fin de mantenerlos informados acerca de cualquier eventualidad o emergencia para evitar que se repitan los hechos denunciados”.
No es el único
La historia de Carlos Otoniel no es única. La PDH tiene casi una decena de denuncias similares.
Uno de estos casos es el de una mujer que murió el 27 de mayo y fue enterrada sin identidad, pese a que dos días atrás el personal del Hospital Roosevelt se comunicó con sus hijos para que autorizaran su intubación.
Su familia no fue notificada del fallecimiento. Lo supieron dos días después, cuando llamaron al hospital.
La PDH también investiga otra denuncia en la que se señala que “muchos pacientes fallecidos a causa de COVID-19 –en el Hospital Roosevelt– han sido enterrados como xx”.
Brenda Dery Muñoz, Directora de Procuración de la PDH, en dos ocasiones ofreció dar una entrevista para hablar sobre este caso, a cargo de su unidad, pero no volvió a responder el teléfono.
La Defensoría de Salud de la PDH, por su lado ha conocido seis denuncias sobre personas que murieron por COVID-19 y que fueron enterradas sin identidad, de acuerdo con su encargada Zulma Calderón.
La funcionaria asegura que no puede hablar de estas, pues aún se encuentran en investigación. Pero afirma que no son las únicas que ha conocido. En una visita que realizó en el Hospital Temporal del Petén, supo de dos casos más.
La defensora de la salud explica que las personas han sido enterradas sin identidad por la deficiente comunicación con los familiares, las fallas en los registros de los traslados y la falta de protocolos adecuados para recibir a los pacientes con COVID-19.
–Llevamos casi un año en pandemia y estos problemas siguen – señala Calderón.
Hasta el 6 de diciembre, el Ministerio de Salud registraba que 1,009 personas fueron enterradas en el Cementerio La Verbena tras morir por COVID-19, 74 de ellas fueron sepultadas como xx, 23 mujeres y 51 hombres.
Sin embargo, no hay datos precisos de toda Guatemala, el Ministerio de Salud y el Registro Nacional de las Personas (Renap) no han dado una respuesta a las solicitudes de información pública. Con los datos requeridos se buscaba comprobar si ha habido un aumento en el número de enterrados como XX.
La cartera afirmó, en una resolución, que el Sistema de Información Gerencial de Salud no contaba con esa información. Sin embargo, en ese documento no se registra que haya consultado a los hospitales y cementerios de todo el país. El Renap, mientras tanto, ha impuesto un procedimiento distinto para tener acceso a datos públicos, lo que ha provocado el incumplimiento de los plazos establecidos en la Ley de Acceso a la Información Pública.
El 2021, un posible avance
El 18 de junio, nueve días después de que le informarán que su hijo había sido enterrado sin identidad, Lilian acudió a denunciar el caso al Ministerio Público (MP). Pero, después de cinco meses, no hay indicios de algún avance.
Melvin Medina, jefe de la Fiscalía de Delitos Administrativos, dice que no puede hablar sobre el caso de Carlos Otoniel porque no recuerda ningún detalle y tiene otros casos similares.
–No es el único. Tendría que ir de escritorio en escritorio para ver cuál es–, argumentó el fiscal, para después agregar que de cualquier forma no podría hablar sobre el expediente, ya que se encuentra en la fase de investigación.
Lilian guarda esperanza en esta fiscalía. Le aseguraron que en febrero del próximo año pedirán que el Ministerio de Salud entregue el expediente clínico de su hijo. No le dieron explicaciones sobre el tiempo de espera. La solicitud será conocida por el Juzgado Noveno de Primera Instancia Penal, según le comunicó el MP.
Alguien sí recuerda su nombre
A la familia de Carlos Otoniel cada semana le toca lidiar con los trabajadores Elektra. Llegan a su casa a cobrar el teléfono celular que su hijo compró a plazos cuando trabajaba como técnico en una empresa dedicada a la reparación de fotocopiadoras e impresoras.
Su mamá no puede demostrarles que él murió hace cinco meses porque en el certificado que recibió del Registro Nacional de las Personas no aparece ningún nombre.
–Ya estoy cansada. Lo que quiero es que exhumen el cadáver y que me lo den para darle su cristiana sepultura en su pueblo natal, que es acá en San Miguel Petapa–, dice Lilian.
La Liga de Higiene Mental empezó a acompañar a Lilian dos meses después de la muerte de su hijo, tras enterarse del caso a través de redes sociales.
Marco Antonio Garavito, el director de la organización, explica que esta familia no ha podido desarrollar un duelo real, tal como ocurre con las de los desaparecidos de la guerra.
–No tienen un lugar a donde ir a visitar a sus seres queridos, un lugar para dejarles flores. Esos mecanismos que ayudan a superar las pérdidas– explica Garavito.
Lilian y Mynor montaron una venta de verduras en su casa para pagarle a la abogada que los ha acompañado en el caso. La pandemia les arrebató su antiguo trabajo. Ambos prestaban un servicio de transporte escolar.
Hoy la camioneta que usaban se encuentra en el garaje de su casa, al lado de la motocicleta con la que Carlos Otoniel recorría las calles de San Miguel Petapa. Cuando estaba vivo, y tenía un nombre.
