Era de noche, febrero de 2018, y Pricila regresaba en un minibus del trabajo a su casa en San Salvador. Cuatro policías entraron en el vehículo y pidieron que todos los pasajeros hombres se bajaran para hacer un control rutinario de drogas.
Pricila también tuvo que salir del bus. Ella es una mujer trans, pero los policías la trataron como un hombre. Cuando revisaron que todo estaba correcto y los dejaron entrar de nuevo en el vehículo, a ella la detuvieron. No la dejaron subir. “¿No entiendes que eres un hombre?”, le preguntaron.
“Uno de los policías me agarró los testículos y me apretó. Dije que me dejaran ir. Él dijo: ‘Te das cuenta de que eres un hombre porque sientes dolor. Si fueras mujer, no lo sentirías’. El dolor me tiró al suelo”, dice. La golpearon y la dejaron ahí.
Cuando Pricila fue a presentar una denuncia a la Policía, acompañada de una activista trans, el hombre que se encontraba en la recepción de la estación les dijo que no tenía sentido plantear acciones legales. “Dijo que era culpa mía, que tal vez había faltado al respeto al policía, que me lo merecía”.
Meses después, otro grupo de policías volvió a violentarla. La detuvieron una mañana por la calle y le cuestionaron por usar maquillaje. Le tiraron una botella de agua a la cara y le quitaron su bolso, donde guardaba su medicación antirretroviral. Tardó dos meses en conseguir de nuevo los medicamentos y su salud se deterioró.
A sus 32 años, Pricila también sufrió violencia por parte de las pandillas. En 2017, tres miembros de la Mara Salvatrucha le pidieron que guardara armas y droga en su casa. Cuando se negó, uno de ellos la tiró al piso y le golpeó en el estómago. Otro se levantó la camisa y le mostró su tatuaje: “Respeta estas dos letras”, le dijo. Como seguía negándose a colaborar, empezaron a cobrarle extorsión dos veces al mes.
Cuando ya no pudo pagar y después de más agresiones, se vio obligada a prostituirse. El 13 de febrero de 2019, fue testigo del secuestro de un amigo suyo, gay, por parte de la pandilla. También se había negado a unirse. Después llegaron las amenazas. Si seguía oponiéndose a entrar en la pandilla, ella sería la siguiente en ser secuestrada. La madrugada del día siguiente tiró algunas de sus cosas en una mochila, agarró el poco dinero que tenía y salió del país.
Pasó por México, donde sufrió otros abusos y llegó a Estados Unidos. Allí solicitó asilo. Todavía no ha obtenido respuesta. Su próxima audiencia está programada para diciembre de 2021.
Esta es una de las historias recogidas en el informe “Violencia y discriminación contra personas LGBT en El Salvador, Guatemala y Honduras, y obstáculos al asilo en Estados Unidos”, de Human Rights Watch.
El documento recoge los resultados de una investigación realizada por Neela Ghoshal, Cristian González Cabrera y Mirte Postema. Para realizarla entrevistaron a 116 víctimas de abusos en contra de personas LGBTIQ: 41 de El Salvador, 51 de Guatemala y 24 de Honduras. Veinte de estas personas eran solicitantes de asilo o refugiadas entre diciembre de 2019 y enero de 2020.
La investigación analiza las violencias que sistemáticamente reciben personas LGBTIQ en el norte de Centroamérica y expone cómo la única vía para muchas de estas es huir de sus países y buscar asilo en Estados Unidos, un proceso complejo y lleno de trabas.
Parte esta violencia, explican Ghoshal, Cabrera y Postema, viene de las pandillas: “Matan, agreden, amenazan y extorsionan por razones que las personas entrevistadas dijeron que podían estar vinculadas a un ánimo anti-LGBT, para afirmar el control o el dominio social o porque las pandillas reconocen que las personas LGBT, especialmente las que son pobres, pueden tener sistemas de apoyo social débiles para protegerlas”.
La discriminación laboral y educativa relacionada con la orientación sexual o con la identidad de género de estas personas, contribuye a la desigualdad económica. Esto implica que se vean obligadas a vivir en barrios pobres, a menudo, controlados por estas pandillas.
Pero este no es el único tipo de violencia. El informe también menciona la violencia policial: “Las entrevistas sugieren que algunos policías creen que pueden abusar de estas personas sin que existan consecuencias”. El caso de Pricila en El Salvador es un ejemplo.
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Esta marginación sistémica muchas veces comienza con el rechazo y el abuso por parte de las mismas familias: según las personas entrevistadas, sus padres y otros miembros de la familia las agredieron físicamente y las expulsaron de sus hogares.
Es un círculo. Esta misma actitud de sus familias y de la sociedad hace que sea complejo para estas personas encontrar un empleo que no esté vinculado al trabajo sexual, un negocio que las expone, de nuevo, a la violencia.
Las solicitudes de asilo
La única vía para muchas personas, ante este sistema que las rechaza y violenta, suele ser huir. Primero, dentro de su propio país. Después, la solución es escapar de Centroamérica y buscar asilo en el norte: en Estados Unidos, o, como segunda opción, en México.
Según recoge el informe, entre enero de 2007 y noviembre de 2017, al menos 4,385 personas solicitaron asilo en Estados Unidos, alegando persecución relacionada a su identidad de género o su orientación sexual. Más de la mitad de estas solicitudes (2,253) las realizaron personas de El Salvador, Guatemala y Honduras.
Los datos los sacaron de NBC News, que a su vez, los obtuvieron del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos, a través de una acta de libertad de información (Freedom of Information Act-FOIA).
Neela Ghoshal, una de las investigadoras y la redactora del informe, explica a Agencia Ocote que desconocen cuántas de estas 2,253 personas consiguieron asilo. En los próximos días realizarán una solicitud para actualizar los datos, aunque asegura que el proceso de FOIA puede prolongarse hasta un año para recibir la información.
“Las personas que huyen del Triángulo Norte en busca de seguridad en los Estados Unidos, al final de un viaje a menudo arduo por México, se enfrentan a una vertiginosa variedad de obstáculos legales, policiales, burocráticos y de procedimiento que hacen que sea cada vez más difícil para los solicitantes de asilo presentar una solicitud de asilo y recibir el estatus de refugiado”, explican en el informe.
Muchos de estos obstáculos, añaden, fueron creados entre 2016 y 2020 (con la llegada de Donald Trump a la presidencia estadounidense). El que más repercusión tuvo en el norte de Centroamérica fue el Acuerdo de Cooperación de Asilo (ACA), que hasta ahora únicamente se ha implementado en Guatemala. Se aprobó en julio de 2019 durante el gobierno de Jimmy Morales.
Este acuerdo, explica el informe, “permite a Estados Unidos expulsar rápidamente a los solicitantes de asilo no guatemaltecos hacia Guatemala, sin permitirles presentar solicitudes de asilo en Estados Unidos”.
Como resultado, añade, muchas personas LBGTIQ se ven obligadas a abandonar sus solicitudes de asilo y regresar a sus países de origen. Para personas hondureñas o salvadoreñas que huyeron de la violencia, ser trasladadas a la fuerza a Guatemala, donde temen enfrentar persecuciones similares, no es una opción.
Entre el 21 de noviembre de 2019 y el 16 de marzo de 2020, según la investigación, Estados Unidos transfirió a 939 solicitantes de asilo hondureños y salvadoreños a Guatemala. De estos, sólo 20 solicitaron asilo en Guatemala. Hasta septiembre de 2020, a ninguno de ellos se les había otorgado.
“Las deportaciones en virtud del Acuerdo de Cooperación de Asilo de Guatemala violan la ley estadounidense, según la cual el gobierno de los Estados Unidos solo puede excluir a una persona del procedimiento de asilo y devolverla a un país por el que haya pasado previamente si cuenta con lo que se conoce como acuerdo de tercer país seguro con ese país”, expone el informe.
Y en todo caso, recuerdan los investigadores, la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) sostiene que los solicitantes de asilo trasladados a un tercer país deben ser evaluados individualmente en cuanto a la idoneidad del traslado antes de llevarlo a cabo, con especial consideración a los grupos vulnerables, y deben ser protegidos contra la devolución o el regreso involuntario a su país de origen.
“Cuando Human Rights Watch y Refugees International realizaron entrevistas en Guatemala en febrero de 2020 a 30 personas sujetas a la ACA, solo una dijo que estaban solicitando asilo en Guatemala. Varias dijeron que no tenían familiares ni redes de apoyo en Guatemala y que temían por su seguridad. Muchas indicaron que regresarían a El Salvador y Honduras a pesar de expresar un temor de persecución allí”, continúa el documento.
Según información de la Asociación Lambda recogida en el informe, el gobierno guatemalteco no se ha coordinado con los grupos LGBTIQ para garantizar que las personas transferidas reciban información sobre sus derechos.
Entre las recomendaciones a Estados Unidos, el informe recuerda: “Dejar de utilizar aranceles, sanciones comerciales, ayuda extranjera u otras medidas para presionar a otros países para que celebren acuerdos de “terceros países”, especialmente si estos no pueden brindar protección legal o física efectiva a los solicitantes de asilo”.
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El informe cita otros programas llevados a cabo por el gobierno estadounidense, que añaden trabas a las solicitudes de asilo. El sistema Metering, por ejemplo, limita la cantidad diaria de solicitantes de asilo que pueden ingresar a los Estados Unidos en los cruces fronterizos. “Esta táctica de demora tiene un efecto particularmente pernicioso en los solicitantes de asilo LGBT, quienes enfrentan discriminación y violencia en las ciudades fronterizas mexicanas por razón de su identidad de género u orientación sexual”, explican.
Otro programa es el proceso de Revisión Rápida de Solicitudes de Asilo, iniciado por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) en octubre de 2019, que acelera los procedimientos de expulsión para los solicitantes de asilo que llegan a la frontera. Este proceso, dice el informe, crea condiciones por las que las personas traumatizadas pueden sentirse desanimadas para hablar abiertamente sobre la persecución de la que han huido.
El Protocolo de Protección al Migrante (MPP), también conocido como el programa “Remain in Mexico”, obliga a los solicitantes de asilo a permanecer en México mientras sus solicitudes se resuelven en Estados Unidos. Según explica la investigación, un memorando del Departamento de Seguridad Nacional exime a “personas de poblaciones vulnerables”, que pueden permanecer en Estados Unidos mientras se resuelve su reclamo. Sin embargo, no se incluyen a las personas LGBTIQ como miembros de grupos vulnerables.
En el informe, recomiendan al Departamento de Seguridad Nacional poner fin al protocolo y emitir reglamentos que aclaren que estas personas sí se encuentran en los grupos vulnerables.
También recomiendan al Congreso que prohiba el uso de fondos para implementar todos estos protocolos y acuerdos.
El impacto de la pandemia
Como todo en los últimos meses, las solicitudes de asilo también se vieron afectadas por la pandemia de COVID-19. Se suspendieron muchos de los programas, pero también se cortó el acceso a los asilos en la frontera de México y Estados Unidos.
Los Centros de Control y Prevención de Enfermedades (CDC) emitieron una orden para cerrar la frontera al inicio de la pandemia. El 20 de marzo, se publicó una cláusula de salud pública que autorizó a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza estadounidense a expulsar a migrantes no autorizados, incluidos solicitantes de asilo y niños no acompañados.
“Utiliza un fundamento de cuarentena médica para derogar las protecciones de la Ley de inmigración de Estados Unidos para los refugiados y cortocircuita el derecho de los solicitantes de asilo de tener la oportunidad de presentar reclamos o hacer que los examinen”, denuncia el informe.
“En los primeros cinco meses después de la publicación de la orden de los CDC, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza expulsó a más de 105 mil personas de los EE. UU”, añade. Este dato, explica Ghoshal, no está segregado por orientación sexual ni por identidad de género y a la fecha ya se acerca a las 150 mil personas.
El informe recomienda a los CDC y al Departamento de Seguridad Nacional retirar esta orden.
Las recomendaciones
En el documento se hace un análisis de las legislaciones, las acciones gubernamentales y la impunidad en los sistemas de justicia, y relaciona todo esto con el estigma social y la violencia contra las personas LGBTIQ en El Salvador, Guatemala y Honduras. Por esto, Human Rights Watch realiza una serie de recomendaciones directamente a las instituciones públicas estadounidenses, salvadoreñas, guatemaltecas y hondureñas.
Por ejemplo, recomiendan al Fiscal General de Estados Unidos dejar claro que el país cumplirá con las leyes nacionales e internacionales sobre refugiados y reconocerá que la persecución por motivos de orientación sexual e identidad de género, por huir de la violencia doméstica y por violencia de pandillas son motivos legítimos para la concesión de asilo.
Al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), terminar con las detenciones migratorias innecesarias y proporcionar a las personas información en su propio idioma.
Al Congreso estadounidense, llevar audiencias sobre el cumplimiento de Estados Unidos de su responsabilidad de asilo y protección, y sobre daños sufridos a las personas LGBTIQ obligadas a esperar en México antes de solicitar asilo, trasladadas a Guatemala o deportadas a sus países de origen.
En el informe, además, sugieren al Departamento de Estado y a la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) dar apoyo financiero y técnico a organizaciones LGBTIQ en el norte de Centroamérica.
También hay recomendaciones específicas para las instituciones de El Salvador, Guatemala y Honduras. Entre las comunes, están terminar el Acuerdo de Cooperación de Asilo firmado con Estados Unidos; llevar a cabo investigaciones sobre crímenes contra personas LGBTIQ; capacitar a jueces, fiscales, policías, en derechos de las personas LGBTIQ; aprobar leyes de identidad de género; reforzar las políticas en escuelas para evitar la discriminación y el bullying; garantizar la educación sexual…
“Los gobiernos demuestran hostilidad con las personas LGBTIQ —explica Neela Ghoshal —. Los países tienen instituciones de defensa de Derechos Humanos y El Salvador y Honduras tienen leyes para penalizar la discriminación a personas LGBTIQ, pero no ha habido condenas”.
Además, en Guatemala, recomiendan al Congreso aprobar la iniciativa 5674, que propone crear una ley para prevenir y sancionar los crímenes por prejuicio y también retirar la 5272, que busca aprobar una ley que limita los derechos de las personas LGBTIQ y las mujeres.
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Al presidente del Gobierno de Guatemala, le recomiendan crear políticas a favor de los derechos de personas LGBTIQ y expresar públicamente su apoyo a Jordán Rodas, procurador de los Derechos Humanos, después de los ataques en su contra.
Y a la fiscal general, entre otras sugerencias, emitir orientaciones que indiquen que la Ley de Femicidio y otras formas de violencia contra la mujer es aplicable a la violencia contra las mujeres trans.
