Después de las tormentas
#CADF2020
Una entrevista con J.M. Vivanco sobre la situación de los Derechos Humanos en Centroamérica
Por:

El abogado José Miguel Vivanco, director de la División de las Américas de Human Rights Watch, hace en esta entrevista, realizada durante el Foro Centroamericano de Donantes 2020, un repaso sobre la situación de los derechos humanos, de los defensores y defensoras y de las instituciones y líderes políticos en Centroamérica.


El 3 de septiembre, en el Foro Centroamericano de Donantes 2020 (CADF), desde Radio Ocote, el podcast de Agencia Ocote, organizamos un espacio de entrevistas públicas llamado “Tenaces, conversaciones con Radio Ocote”.

A través de esta plataforma conversamos con varias personas durante tres días acerca de la situación de los derechos humanos en Centro América, los pueblos originarios, los defensores y defensoras, la libertad de expresión y la cultura.

El cierre de estas charlas fue una entrevista con José Miguel Vivanco, abogado y defensor de derechos humanos chileno y director de la División de las Américas de Human Rights Watch.

Vivanco tiene una larga trayectoria en la defensa de los Derechos Humanos en la región. Ha trabajado como asesor jurídico y abogado en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos (OEA) y en 1990 fundó el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), una organización que se dedica a presentar denuncias y elevar casos a la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Reproducimos por escrito la entrevista que le hicimos a José Miguel Vivanco en el CADF.

 ¿A qué temas en relación a los derechos humanos en Centroamérica considera usted que es importante poner atención, en dónde tiene puestas mayores preocupaciones?

Lo lamentable, lo grave, es que es difícil hacerte una lista corta. La situación de Centroamérica desde el punto de vista de los derechos fundamentales es tan dramática que cuesta hacer una especie de discriminación y seleccionar.

Las instituciones democráticas y la conducta de los líderes políticos en Centroamérica se han ido degradando de forma tal que aquí lo que se requiere es cirugía mayor.

Sobre la base de medidas de parche es muy difícil que uno pueda aspirar o soñar con un mejor desempeño desde el punto de vista de los derechos fundamentales.

Déjame ir concretamente a algunos puntos. El descrédito de las instituciones democráticas: es un fenómeno en toda la región y en el mundo entero. Pero la desconfianza que existe hacia instituciones como el Poder Judicial, los congresos de Centroamérica…

Muchas veces esto arrastra la credibilidad de los medios de comunicación independientes. Y con el florecimiento de las redes sociales en todo el mundo, la calidad de la información y las posibilidades de manipulación son enormes. Más bien se incrementa una especie de desconfianza radical hacia la cosa pública.

Y la actividad pública en Centroamérica, que está plagada de escándalos y corrupción, uno tras otro, uno tras otro. La corrupción en pandemia. Uno se podría imaginar que, ante una emergencia de tal envergadura, justamente porque se suspenden los mecanismos de competencia y de transparencia, inevitablemente se aprovechan algunos burócratas para hacer grandes negociados sin rendir cuentas.

La impunidad que campea, galopa en la región; la violencia, proveniente tanto del Estado como del crimen organizado, de las maras que azotan barrios de Honduras, de El Salvador; las condiciones carcelarias; los retrocesos desde el punto de vista de la libertad de expresión; las dificultades que enfrenta la sociedad civil para sobrevivir, para hacer una tarea de fiscalización pública de temas vinculados a derechos humanos, abusos, concentración de poder… Y un Poder Judicial que ha dado muestra de ser fácilmente intimidable, que ha dejado de ser un poder del Estado y muchas veces es fácilmente corruptible.

Por supuesto hay excepciones, por ejemplo, el rol que cumple la Corte de Constitucionalidad en Guatemala. Notable. Es una pelea que dan, quijotesca, por los principios, por la Constitución. Igual que la Sala de lo Constitucional de la Suprema Corte en El Salvador. Creo que en Honduras es muy difícil rescatar alguna instancia de defensa y de promoción.

Mira la pelea que está dando el defensor del pueblo en Guatemala (Jordán Rodas, Procurador de los Derechos Humanos), donde es altamente probable que lo procesen hasta penalmente por defender los Derechos Humanos. Pareciera una comedia de lo absurdo, pero desgraciadamente es en las circunstancias en las que nos encontramos.

Perdona la extensión de mi respuesta, pero ni siquiera hemos mencionado a Nicaragua, que es quizás el caso más extremo, porque ahí directamente se han perdido todas las fachadas y estamos ante una dictadura familiar. Ese es lamentablemente el contexto en el que nos movemos y son las condiciones que explican la migración, el flujo migratorio de una región del hemisferio occidental que no da más.

En estos meses estamos viendo que hubo un retroceso en derechos básicos como la salud, la educación, el trabajo… ¿Están en riesgo los derechos humanos? ¿Estamos retrocediendo tanto que costará después recuperarlos?

Yo creo que estamos pasando por una etapa muy oscura, donde estamos asistiendo a gravísimos retrocesos y donde los gobernantes gobiernan sobre la base de propaganda, de medias verdades o abiertas mentiras, distorsiones, manipulación… Donde acá lo importante es llegar al poder y mantenerse en él y ojalá hacerse reelegir.

Creo que hubo épocas mejores. Obviamente no estoy pensando en las guerras de Centroamérica, pero sí hubo momentos donde había más ilusiones, más esperanza. En el caso de Guatemala, eso está ligado a los mecanismos que dejó Naciones Unidas para examinar los compromisos en el marco de los Acuerdos de Paz, pero también todo lo que representaron las investigaciones de CICIG (Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala), una experiencia única en el mundo. No hay una experiencia tan notable, positiva, valiosa como la que se dio en Guatemala con una entidad diseñada, creada y administrada por Naciones Unidas, con una capacidad de investigación real.

Y real en casos específicos, no para hacer informes genéricos y abstractos, sino en casos que podían comprometer a las máximas autoridades. La Policía, el ministro del Interior (Gobernación), jefes de Estado. Si no, es de mirar el caso de Otto Pérez Molina y su vicepresidenta. Esos logros que te permiten generar algún nivel de esperanza en el principio del Estado de Derecho, del imperio de la ley, donde todos, independientemente de cómo vestimos, del color de la piel, de si somos ricos o pobres, o estamos en algún sector con privilegios o tenemos protección porque estamos cercanos al poder de turno, todos rendimos igualmente cuentas cuando existen evidencias de que hemos cometido un crimen.

Esta noción se logró desarrollar sobre la base de un trabajo notable, especialmente durante la última gestión en CICIG, dirigida por el jurista colombiano Iván Velásquez, que fue un modelo para la región, para el mundo. Y desgraciadamente, los mafiosos, los poderosos a los que CICIG le estaba pisando los callos, pudieron finalmente doblegar a CICIG y expulsarla del país, con la complicidad de la administración de Estados Unidos, del gobierno de Trump. Si no hubiera habido este apoyo directo por parte del vicepresidente (Mike) Pence, CICIG estaría probablemente trabajando y produciendo resultados en Guatemala.

Tú me preguntaste por el desempleo, salud, educación. Yo te diría que estas materias que son esenciales para sociedades con tanta desigualdad e inequidad, con una falta de oportunidades para que las poblaciones tan vulnerables -no solo los sectores indígenas-, en general aquellos que no cuentan con esos accesos al trabajo y que prácticamente sobreviven sobre la base de una economía informal- todas esas aspiraciones que normalmente hacen parte del debate político, hoy día simplemente son tocadas por la retórica de los dirigentes políticos. Uno no ve políticas públicas serias, programas sociales serios que tiendan a avanzar.

Hoy salía una noticia muy importante en Associated Press que revelaba que uno de los senadores más influyentes de Estados Unidos, Patrick Leahy, que además tiene un gran interés por Centroamérica, anunciaba que él veía con mucho escepticismo que El Salvador, bajo el gobierno de Bukele, calificara para recibir fondos adicionales que se otorgarían que tienen que ver con desarrollo social, dados los niveles de corrupción y el debilitamiento del Estado de Derecho en  El Salvador.

Llegamos a la situación en la que todo el pueblo paga por la conducta de un régimen como el de Bukele, que como sabemos ha demostrado un desprecio enorme por este tipo de valores.

Aprovechando que mencionó el tema de la CICIG, y que justo se cumple un año de su salida de Guatemala, ¿ve alguna luz dentro de tanta sombra, hacia el combate a la corrupción y la impunidad en Guatemala?

No. No. Quiero ser muy franco. Yo no vengo a vender nada. Soy muy escéptico, no tengo mayores esperanzas, salvo si hay un cambio de gobierno en Washington. Creo que una prueba de que las cosas pueden ser siempre peores es lo que ha ocurrido con el gobierno de Trump.

Si en los Estados Unidos eligen a un gobierno liderado por un populista irresponsable, que miente sistemáticamente y que está obsesionado por permanecer en el poder, que ataca a los medios de comunicación constantemente, que la política exterior de los Estados Unidos está fundada en la Guerra Fría entre aquellos aliados incondicionales a los que no se les hace preguntas, con los que no hay dificultad en la relación bilateral, y aquellos que son enemigos ideológicos.

Para esta administración, América Latina está constituida por tres países: Venezuela, Nicaragua y Cuba. Solo estos tres países merecen una atención selectiva, donde están haciéndose constantemente evaluaciones. Obviamente yo creo que estos tres países merecen una fiscalización estricta y rigurosa, porque estamos ante tres dictaduras, pero el resto tienen carta blanca para hacer y deshacer.

Desde el punto de vista de políticas migratorias, las relaciones con México y Centroamérica, los programas de apoyo al desarrollo, una política multilateral liderada muchas veces por Washington que tiene una influencia enorme en Centroamérica pero que esté dirigida a fortalecer a las instituciones democráticas, al Poder Judicial, iniciativas como la de CICIG, eso sí se puede dar y podría haber una mejoría, si en Washington hay un gobierno al que le preocupen estos temas.

De lo contrario, si esa situación no varía, creo que las condiciones en Centroamérica seguirán igual o van incluso a empeorar.

Quiero poner sobre la mesa un tema que hemos estado discutiendo estos días, que es el de defensores de derechos humanos y defensores del territorio. ¿Nos puede hacer un análisis de cómo está la situación en Centroamérica?

Depende de dónde. Creo que donde la están pasando peor, por lejos, es en Nicaragua. En Nicaragua, desde abril de 2018, el régimen de Ortega y Murillo ha arremetido contra todos. Defensores, activistas, líderes de base, dirigentes sindicales, dirigentes campesinos, periodistas que con suerte lograron escapar y seguir trabajando por fuera de Nicaragua. Otros no tuvieron esa suerte y terminaron en El Chipote, en la prisión principal que usa el régimen tanto para criminales comunes como para detenidos políticos.

En Nicaragua lo que se dio fue una experiencia brutal de arrasar con todo aquel que se opuso o que manifestó, aunque sea pacíficamente, contra el régimen. Las matanzas organizadas por la Policía Nacional y por estos zampones, delincuentes armados que operan junto a la Policía, que son civiles pero tienen licencia para disparar, matar, torturar, violar, detener. Estas operaciones, te confieso que no las había visto en América Latina en los últimos 15 años.

Esta es una región que oscila entre la violencia, el golpe de Estado, la democracia, las elecciones… pero lo que ocurrió en abril, mayo y junio de 2018 fue una matanza dirigida, organizada, avalada y promovida por Ortega y por Murillo.

Eso no fueron incidentes aislados ni tampoco hechos espontáneos. Ahí lo que hubo fue que, aldea por aldea, villa por villa, pueblo por pueblo, se organizaron para aterrorizar y matar. Son al menos 2,000 las personas gravemente heridas y casi 400 muertos en cuestión de meses. Ortega y Murillo lograron superar esa crisis. Y desde esa fecha amedrentan y atacan a periodistas, políticos, campesinos, líderes locales, defensores de derechos humanos.

Hay defensores históricos como Vilma Nuñez de Escorcia que ha trabajado toda la vida en la defensa de los Derechos Humanos en Nicaragua y prácticamente le han confiscado y detenido su organización de Derechos Humanos. Son organismos que operan a pulso, con prácticamente sin recursos y solamente gracias al compromiso y al cariño, al esfuerzo y la valentía de un grupo de personas que están dispuestas a arriesgar su vida, su integridad, su libertad, por defender los derechos de otros.

Ahora, en el resto de la región. Por ejemplo, en Guatemala, en Honduras y en El Salvador, el trabajo de los defensores de derechos humanos sigue siendo de alto riesgo. Sigue siendo un trabajo muy difícil, muy duro. Son víctimas de campañas de intimidación, de estigmatización. Quizás el caso más extremo es el de El Salvador, con Bukele. Tiene una red de robots que utiliza en redes sociales para intimidar a aquellos que se atreven a denunciar algo. Y les caen encima con todo. Con campañas de difamación con el propósito de silenciarlos.

El marco de actividad de las organizaciones, del periodismo y del defensor del pueblo, de aquellos que tienen como misión defender los derechos y las libertades públicas, se ha ido reduciendo.

Con esta crisis sanitaria, la judicialización de muchos casos de violencia, por ejemplo, contra las mujeres se han ido atrasando. ¿Esto también ha afectado a casos de agresiones contra defensores y defensoras?

La justicia nuestra no es precisamente la más dinámica. De este tema se habla en todas las cumbres, por lo menos cuando había cumbres. Incluso en las mejores épocas, cuando había líderes que provenían de la lucha por la recuperación democrática en Sudamérica y Centroamérica. Siempre uno de los temas de la agenda era reformar la justicia, promover procedimientos donde se respetara el debido proceso, donde se garantizaran los derechos básicos, con mayor transparencia y actividad.  Porque hay conciencia de que en materia de justicia, el cuello de botella es total.

Las posibilidades de que una causa de alguien que ha sido víctima de abusos progrese son remotas y lentas.

Nos encontramos con una pandemia con un poder judicial que, en los mejores casos, con fiscales y jueces que hacen esfuerzos por defender su función, aun así, tienen un rendimiento yo diría bastante pobre, sobre todo por la lentitud, que es un tema real. Porque tú presentas una denuncia, aspiras a que se hagan las investigaciones, pero hay una mezcla de ineptitud, incapacidad, negligencia, falta de preparación, de recursos…

Es un conjunto de factores que no se resuelven con la aprobación de un nuevo Código Penal. Por supuesto que es mejor tener un Código Penal que refleja garantías del debido proceso y por lo tanto mañana a ti o a mí no nos pueden sacar de nuestros hogares y hacernos una especie de linchamiento donde tenemos muy pocas posibilidades de defensa. Por supuesto que prefiero vivir en un país donde al menos las reglas del juego, teóricas, sean compatibles con los estándares internacionales. Ahí se ha hecho algún esfuerzo.

Pero en la práctica, en los hechos, el rendimiento de nuestros tribunales es muy deficitario y tú te darás cuenta que en pandemia, además, es un fenómeno que nadie se lo imaginaba, no estaba en ninguno de nuestros cálculos, poder contar con un sistema judicial accesible que pueda realmente atender las demandas, asistir a aquellas mujeres que buscan un amparo frente a una situación de violencia doméstica… Ya ni hablar de interrupción del embarazo si es que incluso la vida de ellas está en peligro y con informe médico certificado, o de alguien de una comunidad gay o lesbiana que es objeto de discriminación o de un maltrato o vejación por parte de las fuerzas públicas. ¿Qué esperanza tiene de encontrar justicia, protección y amparo frente a estos tipos de abusos, en pandemia? Es difícil.

Lo único que te queda en la pandemia es la opinión pública. Y eso se traduce en contar con sociedad civil organizada, una defensoría del pueblo que pueda visibilizar estos asuntos y llegar a los medios de comunicación.

Obviamente eso no significa justicia, no es ni verdad ni justicia, ni satisface estándares elementales para una democracia que aspira a cumplir con este tipo de valor. Pero te diría que la prioridad uno es visibilizar estos abusos y documentarlos. Aspirar a que el poder judicial pueda hacer algo en pandemia es una ilusión.

¿Cómo ha visto usted el papel de los gobiernos, de los órganos ejecutivos a lo largo de los últimos años en los ataques a los defensores?

Ha habido de todo. Me cuesta pensar en un buen período. Porque incluso en algunas oportunidades, cuando se ha elegido líderes valiosos, con un buen récord en materia de libertades públicas y derechos, el problema es tan mayúsculo, que esos cuatro años de administración no alcanzan.

La historia de nuestra región es que muchas veces son sustituidos por un populista que llega al poder con promesas vacías de mano dura frente a la delincuencia, frente a la corrupción, cuando el propio político está involucrado en hechos de corrupción.

En general, aquellos que han ocupado el poder ejecutivo, que han sido elegidos democráticamente en elecciones que no han sido cuestionadas, su paso por el poder no ha hecho una gran diferencia. No todos son iguales, obviamente. Ya ha habido algunas experiencias que han generado esperanza. Pero esto supone una profunda reforma de la fuerza pública.

Supone el fortalecimiento de una capacidad eficaz, de unos fiscales capaces de llegar hasta el fondo, como lo intentó hacer con mucha valentía Claudia Paz y Paz en Guatemala, caso excepcional, único.

Pero desgraciadamente en general, el récord de aquellos que se desempeñan en tareas ejecutivas no ha logrado cambiar el curso de las cosas. Yo creo más en la sociedad civil, creo en los medios de comunicación que muestran independencia hacia el poder y que tienen capacidad de investigación propia. Ya sea en las comunicaciones radiales, muchas veces en comunicaciones en televisión, pero especialmente esos proyectos de prensa escrita con capacidad de investigación.

Creo también en las organizaciones no gubernamentales de derechos humanos y en el apoyo que la comunidad internacional les pueda dar. Ahí hay un motor que puede ayudar a cambiar las cosas y a forzar a la clase política a respetar esencialmente la Constitución.

Muchas de las personas que son afectadas por estos ataques pertenecen a pueblos indígenas. ¿Le estamos poniendo atención a este grupo poblacional, no sólo desde el gobierno, también desde los medios de comunicación, por ejemplo?

Yo quiero ser justo. En la tarea que se hace en Centroamérica por parte de la sociedad civil y por parte de aquellos que ejercen el periodismo sustantivo, con investigaciones serias, es de tal envergadura la agenda de trabajo, que me parece que eso explica que temas tan importantes y urgentes como la situación de los pueblos originarios, los pueblos indígenas, haya quedado un poco rezagada.

No creo que eso uno lo pueda explicar porque no haya mayor interés. El interés existe, lo que no existen son los recursos para visibilizar lo que eso representa.

Cuando tienes una situación como la de Jordán Rodas en Guatemala, que podría terminar penalmente procesado…. Ojalá no ocurra y vamos a hacer lo posible y lo imposible porque eso no llegue a ese extremo, pero si fuera por los corruptos, por los mafiosos, por aquellos que no creen en la universalidad de los derechos humanos, si fuera por ellos habría que destituir al defensor del pueblo y hasta procesarlo penalmente. Sólo por intentar promover obligaciones jurídicas elementales a las que está obligado Guatemala desde el punto de vista de la mujer y la comunidad LGBTIQ.

Además, imagínate, se han permitido en el caso de Guatemala de contar con una sentencia de la Corte Suprema de Justicia que prohíbe al defensor del pueblo trabajar en estos dos ámbitos. Está prohibido y si lo hace está faltando a una sentencia totalmente contradictoria con estándares fundamentales y con las obligaciones jurídicas de Guatemala.

¿Cómo es posible que hayamos llegado a ese extremo? Creo que este es un síntoma de la degradación a la que nos ha conducido la clase política y la falta de reacción a tiempo por parte de aquellos que creemos en los derechos fundamentales tanto dentro como fuera de Guatemala. 

¿Qué análisis hace sobre la situación de los medios de comunicación tomando en cuenta que venimos de constantes ataques a periodistas y que por la misma crisis en la que nos encontramos están cerrando medios y despidiendo a periodistas?

Todas las preguntas que me haces me llevan a dar malas noticias. Qué más quisiera que buscar temas o respuestas que pudieran generar por lo menos la esperanza. No tonta o vacía, una esperanza realista de que las cosas van a ir mejorando. Sin embargo, yo no veo cómo uno pueda movilizar apoyo para estas causas nobles que uno defiende, que van contra la discriminación, contra la injusticia, contra los atropellos y la impunidad, sin apoyo y sin el rol que necesariamente debe cumplir en una sociedad democrática la prensa.

Y no digo los medios de comunicación comprados por algún sector político. Me refiero a los medios de comunicación rigurosos, serios, que poco a poco se van abriendo espacio y ganando credibilidad. Esos medios existen y cumplen una función importantísima, tanto en Guatemala como en El Salvador. Y hay que defenderlos y apoyarlos frente a estas campañas que se arman para avasallarlos.

Ojalá existieran muchos más. Ojalá pudieran nuevas generaciones de periodistas sumarse a esos esfuerzos. Pero para poder hacerlo se requieren recursos, para poder darle empleo a gente con energía, gente joven, que esté dispuesta a intentar ejercer lo que han aprendido en la universidad, con rigor, profesionalismo, seriedad, y mostrar en una vitrina pública los negocios oscuros, revelar lo que es la colusión entre el poder y los sectores que no están por esta causa.

Si eso no existe y nos quedamos simplemente con las redes sociales, ese es un problema. Yo soy un defensor entusiasta del rol que cumplen las redes sociales porque permiten democratizar el acceso a información, pero las redes sociales necesitan no de chismes y de prejuicios y de opiniones que puedan ser simplemente provocadoras y que incrementan la desconfianza.

Para que las redes sociales puedan operar de una manera saludable, es imprescindible la función que cumplen los periodistas. Porque los periodistas, sobre la base de ciertos estándares profesionales, pueden colocar la información sobre la mesa. Lo que se trata es que sobre eso pueda haber debate público, debate libre, donde habrá todo tipo de opiniones. Pero ojalá que, en función de un libreto, de un texto que es el que el periodismo independiente y riguroso puede poner sobre la mesa.

¿Cómo conseguir combatir esa desinformación que circula en redes sociales cuando a veces sale de los mismos poderes?

En eso yo soy muy liberal. Yo creo en el liberalismo. Te puede sonar iluso o ingenuo lo que te voy a decir, pero yo no encuentro otra fórmula. La desinformación se combate con más información. Lo otro es una sociedad autoritaria que dice: esto está permitido, esta es la verdad oficial. No creo que exista una verdad oficial.

Creo que hay que tratar al público, a la población, como adultos. Y cada uno se va formando una opinión sobre la base del flujo de información. Va a entrar basura mezclada: desinformación, propaganda y esfuerzos oficiales por distorsionar la verdad. Pero en mi opinión, en una sociedad democrática, abierta, respetuosa, tolerante y pluralista, donde nadie tiene el dominio de la verdad, la clave es permitir el mayor flujo posible. Donde el público, poco a poco, se va formando una opinión.

Obviamente es posible ponerle algunos parámetros. Como, por ejemplo, el discurso de odio. Hay temáticas y maneras de manipular y cuando por ejemplo Facebook le ha jalado las orejas nada menos que al propio Trump y le ha dicho que esa información que está dando es mentira, me parece que es muy valioso. Se puede hacer. Y hay que buscar fórmulas para combatir esa desinformación oficial o deliberada, la mentira. Pero independientemente de esas circunstancias que son extremas, creo que el ideal es posibilitar, facilitar el mayor flujo de ideas, de información, de opiniones. Y ahí el periodismo independiente juega un rol vital.

¿Puede nombrar algunos avances, si considera que los ha habido, en la situación de los derechos humanos en Centroamérica? ¿Hacia dónde podemos mirar?

Me cuesta encontrar ejemplos positivos. Yo te diría que hoy lo que a uno lo estimula y le genera un compromiso vital con la causa de los derechos fundamentales es la conducta valiente de algunos funcionarios públicos. Es emocionante poder ver cómo en El Salvador, cinco magistrados de la Sala de lo Constitucional son capaces de enfrentar el poder de un aprendiz de tirano como es Bukele, que se conduce como un demagogo populista que avasalla contra aquel que se le cruza en el camino. Y sin embargo estos cinco magistrados se mantienen firmes, comprometidos con la Constitución de su país.

Muchas veces, para alguien como yo, que estoy en Washington, que puede analizar estos hechos y emitir una opinión, es muy distinto estar donde las papas queman, en el país, jugándosela día a día como lo hacen esos magistrados, como lo hace la sociedad civil de El Salvador. Esos periodistas que trabajan para medios como El Faro o Gato Encerrado, Factum, que con las uñas investigan y colocan un texto que es impecable sobre la mesa y que nos muestran un hecho de corrupción, de abuso de poder.

Lo mismo, yo diría, se aplica para Guatemala. Ver a esos periodistas que trabajan con seriedad y con rigor, al igual que el defensor del pueblo, los jueces de la Corte de Constitucionalidad que no se dejan, resisten. Y muchas veces resisten ante un político que tiene un apoyo enorme, porque no son políticos impopulares.

No es fácil hacerlo y eso realmente es muy estimulante. Es muy valioso y hay que hacer todo lo que tengamos a nuestro alcance para prestar apoyo a aquellos que luchan en el terreno por resguardar y preservar estos márgenes mínimos de democracia frente a los tiempos tan duros en los que estamos.

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