Por: Shari Avendaño, María Victoria Fermín y Edgar López

Mientras que al mundo entero se le recomendaba quedarse en casa para evitar el contacto con un nuevo virus letal y contagioso, los waraos, la segunda etnia más numerosa de Venezuela, no tenían un lugar seguro para confinarse. Son los habitantes más antiguos del estado de Delta Amacuro, al noreste venezolano. Un pueblo originario que se formó a orillas del río Orinoco, el más grande del país, y que subsistió por siglos gracias a la pesca. Warao significa “gente de agua”. Aunque como toda comunidad indígena, su identidad y cosmovisión están muy relacionadas con la tierra que habitan, en el 2016 los waraos no tuvieron más opción que huir en un éxodo masivo hacia la frontera con Brasil.

En realidad, los nativos del Delta Amacuro migran desde la década de los sesenta, cuando empezaron las políticas arbitrarias de control hidrográfico, como el cierre del Caño Mánamo, que cambió el curso natural de uno de los brazos del río Orinoco, salinizando sus aguas y empobreciendo la calidad de sus suelos. Además, aparecieron epidemias como el cólera, la malaria y el sarampión, que golpearon ferozmente a sus pobladores. Sin embargo, fue la crisis venezolana que desató el gobierno de Hugo Chávez, lo que multiplicó la migración. Miles de waraos se encontraron sin alimento, atención médica ni empleos para sobrevivir. En la actualidad, según el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), en Brasil viven más de cinco mil indígenas venezolanos. El 66% son waraos. Se calcula que el 11% de la etnia ya se ha mudado al país vecino. Lamentablemente, durante la pandemia, ya sea en Venezuela o en Brasil, los waraos se encuentran en peligro constante.

Los waraos en Delta Amacuro

La cuarentena nacional que se mantiene en Venezuela desde el 17 de marzo acarreó mayores dificultades para las comunidades waraos, sobre todo las más alejadas de Tucupita, capital del estado de Delta Amacuro. 

La mayor preocupación de la Pastoral Indígena del Pueblo Warao, una orden misionera de la Consolata, es la restricción del comercio y transporte de alimentos. Algunos waraos tienen sembradíos de ocumo o plátano, pero su consumo único y repetido les causa problemas estomacales. El rendimiento agrícola es mínimo en esta zona por la calidad de sus suelos. Además, los waraos beben agua contaminada por el proyecto de minería a gran escala que impulsa el gobierno de Nicolás Maduro, el Arco Minero del Orinoco, que también ha mermado la actividad pesquera de los nativos de la zona. En 2019, cuando el Programa Mundial de Alimentos hizo una evaluación de seguridad alimentaria en Venezuela, el mayor índice de riesgo (21%) se registró en Delta Amacuro.

Por eso, muchos waraos se ven obligados a navegar en curiaras, unas canoas características de esta etnia, durante cuatro o cinco días hasta llegar a la población de Barrancas y conseguir productos de primera necesidad como harina de maíz, arroz y pasta. Esto sin contar que el comercio en esas zonas solo se maneja con dinero en efectivo, que también escasea en Venezuela, o en dólares a los que la mayoría de los indígenas no tiene acceso. Durante la cuarentena, algunos artesanos waraos han realizado trueques de alimentos por el valor de sus piezas. Los compradores mayoristas ya no los visitaban y no encontraban otra salida para aplacar el hambre.

Aunque experimentan a diario las consecuencias, desde la Pastoral Indígena consideran que el 80% de las comunidades warao desconoce la gravedad del nuevo coronavirus y cómo prevenirlo. En la página web del Ministerio de Pueblos Indígenas se invita a leer un libro titulado “Consejos basados en la ciencia del manual de prevención de coronavirus que podrían salvar su vida”. Lo han traducido del chino al español pero aún está pendiente la traducción a lenguas originarias, como el warao. Mientras tanto, el gobierno mantiene colgado un manual en línea para ayudar a los indígenas que ningún indígena puede leer.

Esa falta de empatía no es un resultado repentino de la crisis sanitaria. En el total de ciento noventa y cinco notas de prensa publicadas entre el 9 de marzo y el 6 de julio en el sitio web covid19.patria.org, a través del cual el gobierno nacional informa sobre la pandemia, no aparecen las palabras indígena, warao ni alguna otra que sugiera que el Estado toma en cuenta la identidad y las necesidades de sus pueblos originarios al crear las políticas públicas para prevenir el COVID-19.

Por eso, los wisidatu, los curanderos waraos, están combatiendo al nuevo coronavirus con la misma estrategia con la que enfrentan otras siglas desde hace años. Al igual que el VIH/Sida, la COVID-19 para los waraos es una jebu, una enfermedad que afecta a muchos y que la trae un mal viento. Y las jebus se eliminan con un canto ritual al que llaman joa.

iji Majanoko wanaka, ji majanoko wanaka…

[No toques mi casa, no toques mi casa]

Dibunokoneijikemonaru, kemonaru.

[Escucha y vete lejos de nosotros, vete lejos de nosotros]

Esta joa fue recopilada y traducida por el sacerdote Josia Kokal, de la orden de la Consolata, quien ha acompañado y seguido a la etnia desde hace más de una década. Para este misionero, los waraos tienen más posibilidades de que el viento escuche sus ruegos que el gobierno. La gestión de Nicolás Maduro ni siquiera se ocupa de la mayor amenaza para la salud de esta comunidad, el VIH/Sida, menos sabrán que hacer ahora con una nueva enfermedad.

Aunque la prevalencia del VIH ha disminuido en los últimos años, el infectólogo Mario Comegna recuerda que algunas comunidades warao, como Jeukubaka, fueron totalmente diezmadas por el sida. Y los que aún están enfermos, confirmó a Salud con Lupa, no reciben actualmente un tratamiento integral. Flor Pujol, viróloga molecular del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas, explica que la asistencia espasmódica del Estado es contraproducente: “Si el tratamiento con antirretrovirales, que es de por vida, no se administra con regularidad, resulta peor que la enfermedad. Si lo comienzas a tomar, pero lo interrumpes, el VIH crea resistencia”.

A este historial de abandono de atención médica por parte del gobierno, ahora se le suma una pandemia. En el municipio Antonio Díaz, uno de los cuatro que integran el estado de Delta Amacuro, existen tres ambulatorios tipo II para atender a más de quinientas comunidades. Allí no hay médicos permanentemente; apenas personal de enfermería que no cuenta con los insumos para tratar casos de COVID-19.

La acogida en Brasil

Brasil ha sido felicitado por la Acnur por la bienvenida que le ha brindado a los migrantes y refugiados venezolanos que huyen del país. Dicho reconocimiento se fundamenta en la validación de la definición ampliada de persona refugiada, establecida en la Declaración de Cartagena, y su incorporación a la legislación brasilera. Ello facilita la regularización de la situación migratoria y el acceso a bienes y servicios públicos esenciales de los venezolanos, entre ellos los waraos.

El 8 de julio, el presidente Jair Bolsonaro firmó una ley para prevenir la propagación del COVID-19 entre los pueblos indígenas. Esta nueva normativa crea un plan de emergencia. “Ofrece monitoreo diferenciado en casos de complejidad media y alta, en centros urbanos, con la construcción de hospitales de campaña en los municipios cercanos a las aldeas, la contratación de emergencia de profesionales de la salud y el suministro de ambulancias para el transporte, ya sea por río o por tierra o aéreo”, explica Agencia Brasil. Sin embargo, Bolsonaro no acogió las propuestas del Senadopara garantizar a los pueblos indígenas acceso a agua potable, distribución gratuita de materiales de higiene, limpieza y desinfección de los lugares que habitan. El presidente de Brasil también vetó la garantía de acceso a unidades de cuidados intensivos.

Huir a Brasil en procura de mejores condiciones de vida no ha sido una solución sostenible para los waraos. Y menos en el contexto de la pandemia, pues Brasil es el país de América Latina con mayores registros de personas contagiadas y fallecidas por COVID-19. Según la Acnur, nueve indígenas venezolanos han muerto por esta enfermedad en lo que va del año. La neumonía es la principal causa de mortalidad (24%) entre los que huyen a Brasil. Otro 8% muere de tuberculosis. Ambas enfermedades respiratorias que afectan a los waraos son condiciones de salud preexistentes que los dejan aun más frágiles frente al nuevo coronavirus. 

La cuarentena en los albergues

El pasado 7 de mayo, el Ministerio Público Federal de Paraíba,  un estado brasileño, confirmó que cuarenta waraos alojados en el Centro Social Arquidiocesano San José, en la localidad Joao Pessoa, habían contraído COVID-19. Las personas contagiadas fueron trasladadas y confinadas en el Centro de Actividad y Ocio Padre Juárez Benicio Gramame. La mayoría presentó síntomas leves. La más grave fue una mujer con treintaiún semanas de embarazo, que requirió cuidados intensivos, pero logró superar la enfermedad. No se registró ningún fallecido. 

Según el antropólogo brasileño, Jamerson Lucena, el Centro Social Arquidiocesano es un espacio conformado por tres casas arrendadas por la representación de la iglesia en la región. En cada hogar hay aproximadamente cuarenta personas. Antes de que se habilitara este espacio, algunos de ellos vivían en albergues improvisados y en casas pequeñas. Casi todos los waraos en el estado se encuentran bajo la responsabilidad de este abrigo, que se sostiene gracias a donaciones particulares, la Fundación Nacional del Indio, el Ministerio Público Federal y otros socios. El espacio cuenta con cocina, cuartos de baño, dormitorios y un lugar para orar. 

Por lo general, los waraos que llegan a Brasil inicialmente se instalan en espacios no aptos para residir y menos en tiempos de pandemia. Por ejemplo, el defensor público federal de Pernambuco, André Leão, dijo a Salud con lupa, que un grupo de aproximadamente cuarenta waraos ocupó una casa abandonada en Rua da Glória, en Recife, que Defensa Civil había declarado inhabitable por riesgo de colapso. La representación diplomática en Brasil del gobierno interino de Venezuela, encabezado por Juan Guaidó, ha hecho esfuerzos para trabajar con las autoridades de ese país en la asistencia de los indígenas venezolanos, incluyendo los waraos.  

La embajadora María Teresa Belandria informó que han elaborado cartillas con información sobre las medidas de prevención del COVID-19 traducidas al warao, al español y al portugués. Además, han distribuido aproximadamente diez mil tapabocas. Belandria refirió que la mayoría de  los waraos mayores de dieciocho años han obtenido documentos de identidad expedidos por las autoridades brasileñas. Ello les ha permitido recibir la ayuda de emergencia dispuesta por el gobierno federal: seiscientos reales (110 dólares) por mes, la cual estuvo vigente hasta el pasado 30 de junio. 

Solo hogares temporales

El zumbido de los mosquitos, los ronquidos de los vecinos y el llanto de algún recién nacido podían interrumpir el sueño en la cancha de la Escuela Municipal Carlos Gómez, en Manaos, capital del estado Amazonas.Hasta el 11 de junio de 2020, veintiséis familias ocupaban este espacio que se usó como albergue para los waraos. Allí, entre un bosque de hamacas, estuvo la cacica María Nieves junto a su esposo y sus siete hijos. Ella estaba encargada de velar por el bienestar de la comunidad y tratar, en lo posible, que el nuevo coronavirus no penetrara su hogar temporal. 

María recuerda las reglas: no se permitían peleas, consumir drogas o beber licor cachaza (bebida alcohólica de Brasil). En el contexto de la pandemia, se sumaron dos nuevas normas: no salir del albergue; y en caso de que fuera necesario, usar tapabocas. Muchos waraos se quejaban de la comida que les ofrecían en ese lugar, porque les causaba afecciones estomacales. Pero María expone otras razones para relajar las normas que ella misma repetía a los demás que debían obedecer.

“Yo tengo dos niños pequeños. Algunas madres necesitábamos pañales, que no nos daban en el abrigo, como tampoco jabón ni pasta de dientes. Nosotros protestamos, pero nada. Salíamos a pedir a los brasileños, pero a ellos —los administradores del albergue— eso no les gustaba. Yo salí dos veces con mi hija de siete meses en mis brazos”. 

El disgusto que refiere María se extendió a las autoridades locales: “A los jefes de la prefectura no les gustó que salgamos y nos llamaron la atención. A mí me dijeron que tenía cuatro advertencias firmadas. Yo nunca firmé una advertencia. Al final, me sacaron del abrigo. Ellos me dejaron en la calle con mis siete niños”. María y todos los integrantes de su familia fueron expulsados. Un día antes, una de sus hijas pequeñas había sido dada de alta. La niña permaneció tres semanas en un hospital por neumonía. En solidaridad, ocho grupos también abandonaron el albergue. Durante dos noches durmieron apretados en la sala de un sobrino de la cacica. Luego, gracias al apoyo de Cáritas y del sacerdote Kokal, pudieron alquilar varios apartamentos. 

Ya más tranquila y en su casa provisional, el 2 de julio María recordaba a quienes dejó en Delta Amacuro: su mamá y cinco hermanas. Antes de la pandemia solía  enviarles cincuenta reales (casi 10 dólares) cada vez que le era posible, pero ya no puede. Por lo pronto, Cáritas les proporciona comida y productos de aseo personal para que no tengan que volver a mendigar  en la calle. Aunque los waraos ya no estén en sus comunidades de origen, su conexión sigue intacta. Como la mayoría de migrantes, su vida se dividió en dos desde el momento en que decidieron partir. Hace unos días, una de las hermanas de la cacica María que permanece en Venezuela, la llamó por teléfono. Le dijo que necesitaban ayuda, tanto o más que ella, al otro lado de la línea.